28 de abril de 2007
25 de abril de 2007
Misoginia católica
José Antonio Crespo
En el debate sobre la despenalización del aborto, muchos se quejan de la intromisión de la Iglesia, no porque no deba asumir y defender su propia postura, respetable aunque poco —o nada— tolerante. Es parte de la democracia deliberativa a la que aspiramos. El problema con la Iglesia es que, siendo al mismo tiempo una institución religiosa y un Estado formal (el Vaticano), no debiera traspasar los límites de su propio ámbito. No llamar, por ejemplo, a confrontar al Estado o a desobedecer las leyes civiles por no coincidir éstas con las sagradas (según su propio credo). Ni promover que la defensa de una idea del ámbito religioso —como concebir que el alma humana se genera en el momento mismo de la concepción— amerita desconocer al Estado laico. Y es que a la Iglesia católica jamás le acomodó el Estado laico, pues éste históricamente le limitó y expropió su otrora enorme poder político, económico, educativo, judicial y militar.
Por su parte, mujeres que respaldan la despenalización del aborto señalan que algunos jerarcas de la Iglesia, prelados o líderes católicos, podrán tener el derecho legal para opinar lo que quieran, pero no cuentan con mucha autoridad moral que digamos. Dicen, por ejemplo, que el cardenal Norberto Rivera o Jorge Serrano Limón son dos personajes cuya trayectoria personal debería constituir un autofreno al hablar sobre un asunto de índole legal y moral como éste. Que ya nada más falta que el padre pederasta, Marcial Maciel, emita también su opinión contra la despenalización del aborto. Piensan que, en general, la Iglesia sostiene posiciones nada favorables a la mujer, que practica y fomenta una misoginia estructural desde sus mismas premisas ontológicas. Que su oposición a despenalizar el aborto, así como sus posturas contrarias a la anticoncepción, son parte de ello. Hay mucho de cierto. Desde los fundamentos doctrinarios del catolicismo —que no necesariamente del cristianismo original— hay un gran desprecio por la mujer. Resulta que los primeros cristianos, o al menos muchas de sus corrientes, concebían a Dios como un principio dual, uno masculino y otro femenino, cuya acción complementaria daba lugar a la creación (simbolizada en el hijo, Jesús). Y esa era justo la idea original de la Trinidad, semejante a la concepción de lo divino en otras religiones y filosofías orientales (el ying-yang de budismo y taoísmo, por ejemplo). Un principio masculino y otro femenino que, en interacción, generan nueva vida. De hecho, ese es el proceso biológico de la concepción humana.
Así, en el Apocryphon de Juan, un gnóstico, se lee la siguiente concepción de Dios: "Yo soy el Padre, yo soy la Madre, yo soy el Hijo". La escuela de los esenios concedía también a Dios una faceta femenina. En el Evangelio de la Paz, que ellos seguían, Jesús llega a decir: "Yo os guiaré hasta el reino de los ángeles de nuestra Madre (refiriéndose a la divinidad)". Pero en los albores de la Iglesia católica, ya no como religión sino como institución política, esa concepción original de la Trinidad cambió, pues no le convencía otorgarle la misma relevancia al principio femenino que al masculino. Entonces, en la doctrina de la Trinidad se sustituyó el principio femenino por uno neutro, asexuado, el Espíritu Santo (que sin embargo asumió también una función masculina al ser responsable del embarazo virginal de María). Esta supremacía de lo masculino en el catolicismo se tradujo en la prohibición de que las mujeres ejerzan el ministerio y menos aún ocupen cargos dentro de la jerarquía eclesial. Sólo les queda incorporarse a las órdenes monacales, en posición subordinada. En una carta a Timoteo, san Pablo define el rol de la mujer católica: "Que la mujer aprenda en silencio, con toda sumisión, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre; ella debe mantener silencio". Y explicaba en su Epístola a los corintios la natural superioridad masculina: "Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón (Eva, de la costilla de Adán); y tampoco el hombre fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón (Eva fue creada para acompañar a Adán)".
Pero no en todas las corrientes cristianas se asumía semejante misoginia. Los gnósticos concedieron siempre a la mujer un papel de igualdad y liderazgo en la promoción y enseñanza de su fe. Lo que provocaba el escándalo de Tertuliano, un padre de la Iglesia del siglo III: "Las mujeres de los herejes ¡cuán perversas son! Pues son lo suficientemente audaces para enseñar, para disputar, para ejecutar exorcismos, para emprender curas, ¡quizá incluso para bautizar!". En el siglo IV, una erudita de las enseñanzas cristianas (no ortodoxa), Hypatia, fue linchada con conchas de ostión por varios monjes, crimen justificado por san Cirilo, al haberse atrevido ella a enseñar a los hombres, desafiando así la voluntad de Dios. En 1977, Paulo VI explicó la imposibilidad de que la mujer asumiera el ministerio católico en virtud de que "Nuestro Señor (Jesucristo) fue varón". San Agustín, conocido padre de la Iglesia del siglo V, reforzaba la superioridad que el varón debía tener dentro de la familia católica: "Un esposo está para gobernar sobre su esposa, así como el espíritu gobierna sobre la carne". La equiparación de lo masculino con lo superior (el espíritu) y lo femenino con lo pecaminoso (la carne) es evidente. Ante todo ello, ¿cómo sorprenderse de las ideas de Carlos María Abascal o de Serrano Limón sobre la mujer? Y también explica la gran sumisión de muchas mujeres católicas, digamos devotas, ante la abrumadora supremacía masculina. Por eso Mariana Gómez del Campo, dirigente capitalina del PAN, considera que, al despenalizarse el aborto, "los hombres obligarán a las mujeres a abortar". Es lo que lógicamente se infiere de una cosmovisión misógina, como la católica.
Por su parte, mujeres que respaldan la despenalización del aborto señalan que algunos jerarcas de la Iglesia, prelados o líderes católicos, podrán tener el derecho legal para opinar lo que quieran, pero no cuentan con mucha autoridad moral que digamos. Dicen, por ejemplo, que el cardenal Norberto Rivera o Jorge Serrano Limón son dos personajes cuya trayectoria personal debería constituir un autofreno al hablar sobre un asunto de índole legal y moral como éste. Que ya nada más falta que el padre pederasta, Marcial Maciel, emita también su opinión contra la despenalización del aborto. Piensan que, en general, la Iglesia sostiene posiciones nada favorables a la mujer, que practica y fomenta una misoginia estructural desde sus mismas premisas ontológicas. Que su oposición a despenalizar el aborto, así como sus posturas contrarias a la anticoncepción, son parte de ello. Hay mucho de cierto. Desde los fundamentos doctrinarios del catolicismo —que no necesariamente del cristianismo original— hay un gran desprecio por la mujer. Resulta que los primeros cristianos, o al menos muchas de sus corrientes, concebían a Dios como un principio dual, uno masculino y otro femenino, cuya acción complementaria daba lugar a la creación (simbolizada en el hijo, Jesús). Y esa era justo la idea original de la Trinidad, semejante a la concepción de lo divino en otras religiones y filosofías orientales (el ying-yang de budismo y taoísmo, por ejemplo). Un principio masculino y otro femenino que, en interacción, generan nueva vida. De hecho, ese es el proceso biológico de la concepción humana.
Así, en el Apocryphon de Juan, un gnóstico, se lee la siguiente concepción de Dios: "Yo soy el Padre, yo soy la Madre, yo soy el Hijo". La escuela de los esenios concedía también a Dios una faceta femenina. En el Evangelio de la Paz, que ellos seguían, Jesús llega a decir: "Yo os guiaré hasta el reino de los ángeles de nuestra Madre (refiriéndose a la divinidad)". Pero en los albores de la Iglesia católica, ya no como religión sino como institución política, esa concepción original de la Trinidad cambió, pues no le convencía otorgarle la misma relevancia al principio femenino que al masculino. Entonces, en la doctrina de la Trinidad se sustituyó el principio femenino por uno neutro, asexuado, el Espíritu Santo (que sin embargo asumió también una función masculina al ser responsable del embarazo virginal de María). Esta supremacía de lo masculino en el catolicismo se tradujo en la prohibición de que las mujeres ejerzan el ministerio y menos aún ocupen cargos dentro de la jerarquía eclesial. Sólo les queda incorporarse a las órdenes monacales, en posición subordinada. En una carta a Timoteo, san Pablo define el rol de la mujer católica: "Que la mujer aprenda en silencio, con toda sumisión, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre; ella debe mantener silencio". Y explicaba en su Epístola a los corintios la natural superioridad masculina: "Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón (Eva, de la costilla de Adán); y tampoco el hombre fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón (Eva fue creada para acompañar a Adán)".
Pero no en todas las corrientes cristianas se asumía semejante misoginia. Los gnósticos concedieron siempre a la mujer un papel de igualdad y liderazgo en la promoción y enseñanza de su fe. Lo que provocaba el escándalo de Tertuliano, un padre de la Iglesia del siglo III: "Las mujeres de los herejes ¡cuán perversas son! Pues son lo suficientemente audaces para enseñar, para disputar, para ejecutar exorcismos, para emprender curas, ¡quizá incluso para bautizar!". En el siglo IV, una erudita de las enseñanzas cristianas (no ortodoxa), Hypatia, fue linchada con conchas de ostión por varios monjes, crimen justificado por san Cirilo, al haberse atrevido ella a enseñar a los hombres, desafiando así la voluntad de Dios. En 1977, Paulo VI explicó la imposibilidad de que la mujer asumiera el ministerio católico en virtud de que "Nuestro Señor (Jesucristo) fue varón". San Agustín, conocido padre de la Iglesia del siglo V, reforzaba la superioridad que el varón debía tener dentro de la familia católica: "Un esposo está para gobernar sobre su esposa, así como el espíritu gobierna sobre la carne". La equiparación de lo masculino con lo superior (el espíritu) y lo femenino con lo pecaminoso (la carne) es evidente. Ante todo ello, ¿cómo sorprenderse de las ideas de Carlos María Abascal o de Serrano Limón sobre la mujer? Y también explica la gran sumisión de muchas mujeres católicas, digamos devotas, ante la abrumadora supremacía masculina. Por eso Mariana Gómez del Campo, dirigente capitalina del PAN, considera que, al despenalizarse el aborto, "los hombres obligarán a las mujeres a abortar". Es lo que lógicamente se infiere de una cosmovisión misógina, como la católica.
24 de abril de 2007
Reformar al Estado
Javier Corral Jurado
El proceso legislativo para la reforma del Estado dio inicio formalmente con la aprobación de la ley que da método a su negociación, organiza la ejecución técnica, define los temas principales, establece un mecanismo de consulta especializada y conforma un órgano dictaminador que incluye directamente a los presidentes de los partidos. La ley compromete además a los legisladores a concretar la reforma en un año, y aunque no hay cargo, descuento o rebaja de sus dietas si no lo cumplen, siempre estará pendiendo la peor espada a la que se puede enfrentar un político, que es la sanción de la opinión pública, sobre todo si se identifica que el proceso fue fársico.
He ahí el principal cuestionamiento que muchos nos hacemos de esa convocatoria que en esta semana pone en operación su secretariado técnico: ¿existe realmente una voluntad política para transformar el andamiaje constitucional del país? ¿Existe clase política reformadora para ello? ¿Es posible una reforma del Estado con meras reformas legales sin tocar la Constitución? ¿Sin cambiar el régimen político y redistribuir facultades, funciones y recursos entre poderes del Estado y niveles del gobierno? ¿Sin reubicar a los poderes fácticos a su papel intermediario frente al Estado, y no como sustitutos de él?
Si en la exposición de motivos de toda iniciativa legal y en los considerandos de todo dictamen legislativo se encuentra el espíritu de la ley, es claro que los legisladores federales tienen toda la decisión de acometer tan honda tarea. No otra conclusión resulta de leer el diagnóstico -brutalmente cierto- que sobre el deterioro de nuestras instituciones pone en sus considerandos el dictamen aprobado por el Senado, cámara de origen en este empeño, y a cuya cabeza se ha puesto el priísta Manlio Fabio Beltrones.
Ese texto impecable fue suscrito por unanimidad de los miembros que integran la Cámara Alta y dice en su sexto párrafo: "La necesidad de emprender una profunda reforma del Estado está presente desde hace casi 20 años. Desde entonces se ha ido avanzando en la legislación mexicana sobre todo en el aspecto electoral y aun nuestra democracia ha dado muestras, por un lado, de imperfecciones, y por otro lado, pareciera que la cultura autoritaria y antidemocrática ha mostrado una gran capacidad de autoconservación y supervivencia. Estamos ya en un momento peligroso de agotamiento de las instituciones, de profundización de las desigualdades, de estancamiento del progreso económico, de desbordamiento de la delincuencia y de la penetración de la delincuencia organizada y el narcotráfico en las esferas del Estado".
¿Qué debe corresponder a esa descripción terrible del país? Una acción con valor y valores de los representantes populares. Valentía, que no es ausencia de miedo, sino conciencia clara de cómo superarlo, sobre todo en un sector mayoritario de la política que vulnerable por sus faltas bien acreditadas ha ido perdiendo voz y arrojo ante el chantaje, amenaza e intimidación de los poderes fácticos.
¿Quiénes la harán? Fundamentalmente, los presidentes de los partidos, los coordinadores parlamentarios y los legisladores presidentes e integrantes de las comisiones legislativas encargadas de la materia en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Del estudio de esos perfiles, pocos son los que han acreditado en el campo de los hechos voluntad transformadora, y en las distintas posiciones que se han desempeñado más bien han actuado contra el Estado, o cediendo su soberanía en áreas estratégicas, o debilitando su función rectora en actividades prioritarias, o dejando en el mercado competencias del Estado a través de ineficaces y costosas privatizaciones. Algunos de ellos han sido reformadores sí, pero al revés.
Quizá por su conformación más experimentada, un número menor de integrantes en relación con la Cámara de Diputados, así como el ritmo de maratón que supone su duración de seis años, el Senado aparece como el espacio idóneo para el mayor impulso. No digo que vive ahí una clase política dispuesta a agotarse con sus reformas, incluso dispuesta a jubilarse para darle porvenir al futuro, pero sí tienen mejores condiciones.
En la Cámara de Diputados no se vislumbran esas condiciones. Pues no sólo está ausente también la corresponsabilidad que el PRD debiera asumir como segunda fuerza electoral del país en la negociación y construcción de acuerdos, sino la bancada priísta está bajo la férula de Emilio Gamboa Patrón, quien tiene sin duda virtudes personales estimables, pero entre ellas por supuesto no está el ser un espíritu reformador, más bien ha actuado en defensa del statu quo. Por más que Héctor Larios, el diputado coordinador de la bancada panista, tenga la visión y la decisión de provocar cambios importantes en la estructura jurídica del Estado mexicano, entre las fobias del PRD y los intereses muy particulares de esa conducción priísta quedará atrapado.
Lo importante es que ya empezó el proceso, y tendremos un año, sólo un año, para darnos cuenta si se pudo, y si era en serio.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
He ahí el principal cuestionamiento que muchos nos hacemos de esa convocatoria que en esta semana pone en operación su secretariado técnico: ¿existe realmente una voluntad política para transformar el andamiaje constitucional del país? ¿Existe clase política reformadora para ello? ¿Es posible una reforma del Estado con meras reformas legales sin tocar la Constitución? ¿Sin cambiar el régimen político y redistribuir facultades, funciones y recursos entre poderes del Estado y niveles del gobierno? ¿Sin reubicar a los poderes fácticos a su papel intermediario frente al Estado, y no como sustitutos de él?
Si en la exposición de motivos de toda iniciativa legal y en los considerandos de todo dictamen legislativo se encuentra el espíritu de la ley, es claro que los legisladores federales tienen toda la decisión de acometer tan honda tarea. No otra conclusión resulta de leer el diagnóstico -brutalmente cierto- que sobre el deterioro de nuestras instituciones pone en sus considerandos el dictamen aprobado por el Senado, cámara de origen en este empeño, y a cuya cabeza se ha puesto el priísta Manlio Fabio Beltrones.
Ese texto impecable fue suscrito por unanimidad de los miembros que integran la Cámara Alta y dice en su sexto párrafo: "La necesidad de emprender una profunda reforma del Estado está presente desde hace casi 20 años. Desde entonces se ha ido avanzando en la legislación mexicana sobre todo en el aspecto electoral y aun nuestra democracia ha dado muestras, por un lado, de imperfecciones, y por otro lado, pareciera que la cultura autoritaria y antidemocrática ha mostrado una gran capacidad de autoconservación y supervivencia. Estamos ya en un momento peligroso de agotamiento de las instituciones, de profundización de las desigualdades, de estancamiento del progreso económico, de desbordamiento de la delincuencia y de la penetración de la delincuencia organizada y el narcotráfico en las esferas del Estado".
¿Qué debe corresponder a esa descripción terrible del país? Una acción con valor y valores de los representantes populares. Valentía, que no es ausencia de miedo, sino conciencia clara de cómo superarlo, sobre todo en un sector mayoritario de la política que vulnerable por sus faltas bien acreditadas ha ido perdiendo voz y arrojo ante el chantaje, amenaza e intimidación de los poderes fácticos.
¿Quiénes la harán? Fundamentalmente, los presidentes de los partidos, los coordinadores parlamentarios y los legisladores presidentes e integrantes de las comisiones legislativas encargadas de la materia en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Del estudio de esos perfiles, pocos son los que han acreditado en el campo de los hechos voluntad transformadora, y en las distintas posiciones que se han desempeñado más bien han actuado contra el Estado, o cediendo su soberanía en áreas estratégicas, o debilitando su función rectora en actividades prioritarias, o dejando en el mercado competencias del Estado a través de ineficaces y costosas privatizaciones. Algunos de ellos han sido reformadores sí, pero al revés.
Quizá por su conformación más experimentada, un número menor de integrantes en relación con la Cámara de Diputados, así como el ritmo de maratón que supone su duración de seis años, el Senado aparece como el espacio idóneo para el mayor impulso. No digo que vive ahí una clase política dispuesta a agotarse con sus reformas, incluso dispuesta a jubilarse para darle porvenir al futuro, pero sí tienen mejores condiciones.
En la Cámara de Diputados no se vislumbran esas condiciones. Pues no sólo está ausente también la corresponsabilidad que el PRD debiera asumir como segunda fuerza electoral del país en la negociación y construcción de acuerdos, sino la bancada priísta está bajo la férula de Emilio Gamboa Patrón, quien tiene sin duda virtudes personales estimables, pero entre ellas por supuesto no está el ser un espíritu reformador, más bien ha actuado en defensa del statu quo. Por más que Héctor Larios, el diputado coordinador de la bancada panista, tenga la visión y la decisión de provocar cambios importantes en la estructura jurídica del Estado mexicano, entre las fobias del PRD y los intereses muy particulares de esa conducción priísta quedará atrapado.
Lo importante es que ya empezó el proceso, y tendremos un año, sólo un año, para darnos cuenta si se pudo, y si era en serio.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
23 de abril de 2007
Pone en marcha BID nuevo portal DataGob
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puso hoy en marcha un portal, el DataGob, que ofrece acceso a unos 400 indicadores de gobernabilidad y abarca una amplia variedad de temas.
La institución crediticia dijo en un comunicado, que la nueva herramienta brinda acceso a indicadores compilados por 30 fuentes, que incluyen instituciones académicas, ONGs, empresas privadas y organismos multilaterales.
DataGob contiene información sobre el apoyo popular a la democracia, el costo de registrar una empresa, el dispendio en el gasto público o sobornos a la policía en países de América Latina y el Caribe y otras regiones en vías de desarrollo del mundo.
El sitio web contiene cuatro grandes áreas (democracia, mercados, gestión pública y estado de derecho) así como una serie de indicadores socio-económicos.
El Banco Interamericano de Desarrollo considera que DataGob puede resultar útil para periodistas, investigadores, analistas de políticas y miembros de grupos de la sociedad civil interesados en medir y evaluar el desempeño de la gobernabilidad y el impacto de las reformas en sus países.
El BID destacó que los usuarios pueden obtener datos y componer tablas y gráficos comparativos para imprimir o exportar a distintos programas de computación.
El portal, que tiene versiones en castellano e inglés, también cuenta con información sobre las metodologías para armar los indicadores, su fiabilidad, validez conceptual y utilidad para analizar cambios a lo largo del tiempo y diferencias entre países.
DataGob fue desarrollado por la División de Estado, Gobernabilidad y Sociedad Civil del Departamento de Desarrollo Sostenible del BID.
El proyecto ha sido financiado por el Ministerio para la Cooperación Internacional del Reino Unido, a través de su Fondo Fiduciario de Mercados y Gobernabilidad para la Reducción de la Pobreza.
El nuevo sitio de internet forma parte de Global Link, un portal para otras bases de datos elaborado por el BID que incluye Sociómetro, DataIntal y EQXiS.
La institución crediticia dijo en un comunicado, que la nueva herramienta brinda acceso a indicadores compilados por 30 fuentes, que incluyen instituciones académicas, ONGs, empresas privadas y organismos multilaterales.
DataGob contiene información sobre el apoyo popular a la democracia, el costo de registrar una empresa, el dispendio en el gasto público o sobornos a la policía en países de América Latina y el Caribe y otras regiones en vías de desarrollo del mundo.
El sitio web contiene cuatro grandes áreas (democracia, mercados, gestión pública y estado de derecho) así como una serie de indicadores socio-económicos.
El Banco Interamericano de Desarrollo considera que DataGob puede resultar útil para periodistas, investigadores, analistas de políticas y miembros de grupos de la sociedad civil interesados en medir y evaluar el desempeño de la gobernabilidad y el impacto de las reformas en sus países.
El BID destacó que los usuarios pueden obtener datos y componer tablas y gráficos comparativos para imprimir o exportar a distintos programas de computación.
El portal, que tiene versiones en castellano e inglés, también cuenta con información sobre las metodologías para armar los indicadores, su fiabilidad, validez conceptual y utilidad para analizar cambios a lo largo del tiempo y diferencias entre países.
DataGob fue desarrollado por la División de Estado, Gobernabilidad y Sociedad Civil del Departamento de Desarrollo Sostenible del BID.
El proyecto ha sido financiado por el Ministerio para la Cooperación Internacional del Reino Unido, a través de su Fondo Fiduciario de Mercados y Gobernabilidad para la Reducción de la Pobreza.
El nuevo sitio de internet forma parte de Global Link, un portal para otras bases de datos elaborado por el BID que incluye Sociómetro, DataIntal y EQXiS.
Iglesia en manos de la democracia
Ricardo Raphael
Comienza a ser hora para que la Iglesia católica mexicana se someta a un escrutinio ético de su comportamiento. Ya no se trata aquí de revisar su participación en el espacio público únicamente a la luz del principio de la laicidad, sino de evaluarle desde otra aspiración más amplia y que incluye a este valor moral: la construcción de una sociedad donde coexistan pacíficamente los diferentes.
A propósito de diversos temas del debate público mexicano que hoy han entrado en colisión, los líderes de esta institución religiosa se muestran poco diestros para deliberar con quienes no comparten su respectiva visión de las cosas.
En lugar de dialogar con el estoicismo moral que se requiere para respetar al otro en una sociedad plural, la curia católica ha optado por demoler la reputación de quienes, por sus ideas y convicciones, difieren de los mandatos del papado romano.
Ha sido frente al tema de la despenalización del aborto en la ciudad de México donde su intolerancia se manifiesta con mayor descaro. Desde su religiosa tribuna se han escuchado declaraciones rudas y excesivas que muy poco ayudan a la exposición de los argumentos.
Para exhibir la naturaleza de este comportamiento tiene sentido retomar aquí algunas líneas del comunicado de prensa que el señor Hugo Valdemar Romero Ascensión, vocero de la Arquidiócesis Primada de México, envió a los medios de comunicación a finales del mes pasado:
"Los grupúsculos feministas van a hacer una marcha para matar a los bebés y a los niños. ellas seguramente llevarán a la Santa Muerte al frente porque son protagonistas de la muerte, del homicidio, del holocausto de la masacre de los niños no nacidos, ellas pugnan por la carnicería cruel, espantosa, injusta que es el aborto. estos grupos muestran un complejo de inferioridad terrible y el enorme odio que tienen a su género." Esta declaración destila mucha bilis y poca reflexión. Trasluce odio y deseo de castigo en contra de quienes no comparten la prédica católica ortodoxa. No hay en ella ánimo alguno de razonar o de explicarse, sino descalificación pura e implacable. No hay en ella humildad, prudencia o serenidad, sino rabia.
En una democracia, nadie debería oponerse a que esta Iglesia haga uso amplio de la libertad para expresar sus convicciones. Como cualquier otra organización religiosa, ella está en todo su derecho para hacer proselitismo a favor de sus causas, para promover los valores de su fe, y también para intentar influir en la conciencia de los creyentes.
Sin embargo, en esta ocasión se presenta un exceso en el ejercicio de ese derecho. Una cosa es participar en el espacio público defendiendo las motivaciones propias y otra muy diferente es pretender aplastar arbitrariamente las del otro. Justo ahí donde las razones hubiesen sido muy necesarias, han sido colocados ácido y pólvora verbales.
La política democrática no sólo aspira a ganar poder, sino también a construir complejas reflexiones. Ha de ser vista como un creativo instrumento para tejer una ética compartida entre las muchas morales subsistentes dentro de la sociedad.
En palabras de Junger Habermas, la ética deliberativa de la democracia exige que todas las partes configuren voluntaria y conscientemente relaciones de reconocimiento recíproco entre individuos libres e iguales. Y para que tal cosa ocurra es necesario que unos desciendan del púlpito propio para razonar, mientras otros reciben respeto amplio a la hora de usar su voz y manifestar sus pensamientos.
¿Dónde dejó la Iglesia esa inteligencia tan notable de Erasmo de Rotterdam o de tantos otros de sus más admirados hombres y mujeres que en otros tiempos supieron trascender la pequeñez de la moral personal para construir un lugar habitable para toda la comunidad?
Al hacerse de este tono rijoso, la Iglesia católica mexicana se está pareciendo cada día más a otras expresiones religiosas fundamentalistas. Fragua una inquisición de nuevo cuño, una réplica contemporánea y muy poco evolucionada de la persecución religiosa.
Este fundamentalismo, no sobra decirlo, es el peor mal de nuestros tiempos. Su fuerza es infinita para derrumbar sociedades, destruir instituciones y despedazar a los Estados. Es la antítesis de la responsabilidad para con el semejante y enemigo acérrimo del consenso social requerido para vivir en paz y de acuerdo con la conciencia propia.
Con su prédica flamígera y fustigante, la Iglesia católica mexicana demuestra que no ha celebrado todavía la revisión de sus valores, prácticas y tradiciones más autoritarios. O peor aún, que no sabe cómo actuar y moverse en el nuevo escenario democrático mexicano.
El aporte que con su cerrazón impone es diametralmente opuesto al modelaje de una sociedad que aprecia el diálogo y la deliberación instruida de los asuntos públicos.
Nadie le está pidiendo a esta Iglesia que modifique las razones de su fe. La cuestión es muy otra: que en los temas del poder civil, los líderes religiosos dejen por un momento su altiva investidura para tratar con igualdad y reciprocidad a quienes no comparten sus mismos principios morales.
En México urgen iglesias que sepan actuar en un contexto político y social con aspiraciones democráticas. Iglesias que se deshagan del mapa mental opresivo a través del cual este país resolvió antes sus conflictos; iglesias que se hagan cargo de la ética necesaria para promover la cooperación entre personas presumiblemente responsables y todas respetables.
Hombres y mujeres en todo el mundo se encuentran hoy a la caza de una nueva espiritualidad. Sin embargo, tal cosa no tendría por qué implicar una conversión hacia lo dogmático. Ese es precisamente el gran aporte que la ética podría ofrecer a las religiones: un cuestionamiento racional y razonable para que en la búsqueda de lo espiritual el dogmatismo y su consecuencia más inmediata, el fundamentalismo, queden desterrados.
Ahora resulta evidente que la Iglesia católica habrá de invertir mucha de su fuerza espiritual para adaptarse a la nueva ética democrática que el resto de los mexicanos estamos construyendo para coexistir libre, pacífica y solidariamente.
Sin embargo, concurrir a un espacio público concebido como democrático lleva a humanizarse, es decir, a utilizar el espíritu para dejar atrás la soberbia y la arrogancia de lo sobrehumano.
Analista político
A propósito de diversos temas del debate público mexicano que hoy han entrado en colisión, los líderes de esta institución religiosa se muestran poco diestros para deliberar con quienes no comparten su respectiva visión de las cosas.
En lugar de dialogar con el estoicismo moral que se requiere para respetar al otro en una sociedad plural, la curia católica ha optado por demoler la reputación de quienes, por sus ideas y convicciones, difieren de los mandatos del papado romano.
Ha sido frente al tema de la despenalización del aborto en la ciudad de México donde su intolerancia se manifiesta con mayor descaro. Desde su religiosa tribuna se han escuchado declaraciones rudas y excesivas que muy poco ayudan a la exposición de los argumentos.
Para exhibir la naturaleza de este comportamiento tiene sentido retomar aquí algunas líneas del comunicado de prensa que el señor Hugo Valdemar Romero Ascensión, vocero de la Arquidiócesis Primada de México, envió a los medios de comunicación a finales del mes pasado:
"Los grupúsculos feministas van a hacer una marcha para matar a los bebés y a los niños. ellas seguramente llevarán a la Santa Muerte al frente porque son protagonistas de la muerte, del homicidio, del holocausto de la masacre de los niños no nacidos, ellas pugnan por la carnicería cruel, espantosa, injusta que es el aborto. estos grupos muestran un complejo de inferioridad terrible y el enorme odio que tienen a su género." Esta declaración destila mucha bilis y poca reflexión. Trasluce odio y deseo de castigo en contra de quienes no comparten la prédica católica ortodoxa. No hay en ella ánimo alguno de razonar o de explicarse, sino descalificación pura e implacable. No hay en ella humildad, prudencia o serenidad, sino rabia.
En una democracia, nadie debería oponerse a que esta Iglesia haga uso amplio de la libertad para expresar sus convicciones. Como cualquier otra organización religiosa, ella está en todo su derecho para hacer proselitismo a favor de sus causas, para promover los valores de su fe, y también para intentar influir en la conciencia de los creyentes.
Sin embargo, en esta ocasión se presenta un exceso en el ejercicio de ese derecho. Una cosa es participar en el espacio público defendiendo las motivaciones propias y otra muy diferente es pretender aplastar arbitrariamente las del otro. Justo ahí donde las razones hubiesen sido muy necesarias, han sido colocados ácido y pólvora verbales.
La política democrática no sólo aspira a ganar poder, sino también a construir complejas reflexiones. Ha de ser vista como un creativo instrumento para tejer una ética compartida entre las muchas morales subsistentes dentro de la sociedad.
En palabras de Junger Habermas, la ética deliberativa de la democracia exige que todas las partes configuren voluntaria y conscientemente relaciones de reconocimiento recíproco entre individuos libres e iguales. Y para que tal cosa ocurra es necesario que unos desciendan del púlpito propio para razonar, mientras otros reciben respeto amplio a la hora de usar su voz y manifestar sus pensamientos.
¿Dónde dejó la Iglesia esa inteligencia tan notable de Erasmo de Rotterdam o de tantos otros de sus más admirados hombres y mujeres que en otros tiempos supieron trascender la pequeñez de la moral personal para construir un lugar habitable para toda la comunidad?
Al hacerse de este tono rijoso, la Iglesia católica mexicana se está pareciendo cada día más a otras expresiones religiosas fundamentalistas. Fragua una inquisición de nuevo cuño, una réplica contemporánea y muy poco evolucionada de la persecución religiosa.
Este fundamentalismo, no sobra decirlo, es el peor mal de nuestros tiempos. Su fuerza es infinita para derrumbar sociedades, destruir instituciones y despedazar a los Estados. Es la antítesis de la responsabilidad para con el semejante y enemigo acérrimo del consenso social requerido para vivir en paz y de acuerdo con la conciencia propia.
Con su prédica flamígera y fustigante, la Iglesia católica mexicana demuestra que no ha celebrado todavía la revisión de sus valores, prácticas y tradiciones más autoritarios. O peor aún, que no sabe cómo actuar y moverse en el nuevo escenario democrático mexicano.
El aporte que con su cerrazón impone es diametralmente opuesto al modelaje de una sociedad que aprecia el diálogo y la deliberación instruida de los asuntos públicos.
Nadie le está pidiendo a esta Iglesia que modifique las razones de su fe. La cuestión es muy otra: que en los temas del poder civil, los líderes religiosos dejen por un momento su altiva investidura para tratar con igualdad y reciprocidad a quienes no comparten sus mismos principios morales.
En México urgen iglesias que sepan actuar en un contexto político y social con aspiraciones democráticas. Iglesias que se deshagan del mapa mental opresivo a través del cual este país resolvió antes sus conflictos; iglesias que se hagan cargo de la ética necesaria para promover la cooperación entre personas presumiblemente responsables y todas respetables.
Hombres y mujeres en todo el mundo se encuentran hoy a la caza de una nueva espiritualidad. Sin embargo, tal cosa no tendría por qué implicar una conversión hacia lo dogmático. Ese es precisamente el gran aporte que la ética podría ofrecer a las religiones: un cuestionamiento racional y razonable para que en la búsqueda de lo espiritual el dogmatismo y su consecuencia más inmediata, el fundamentalismo, queden desterrados.
Ahora resulta evidente que la Iglesia católica habrá de invertir mucha de su fuerza espiritual para adaptarse a la nueva ética democrática que el resto de los mexicanos estamos construyendo para coexistir libre, pacífica y solidariamente.
Sin embargo, concurrir a un espacio público concebido como democrático lleva a humanizarse, es decir, a utilizar el espíritu para dejar atrás la soberbia y la arrogancia de lo sobrehumano.
Analista político
20 de abril de 2007
Transparencia sindical
Ernesto Villanueva
En México, la transparencia vive varias velocidades y ritmos. En el ámbito del Ejecutivo federal las cosas van razonablemente bien. En los otros poderes federales, órganos constitucionales autónomos y estados federados hay de todo.
Pero una de las zonas de mayor opacidad reside en las relaciones entre los trabajadores y sus representantes. Es paradójico que buena parte de los trabajadores no conozca a sus líderes y, por ende, las formas y modos de la vida sindical.
Menos aún, por supuesto, se puede saber en la vida cotidiana cuánto y para qué se destinan las cuotas sindicales. Vamos, incluso el contenido de los contratos colectivos de trabajo, que son normas que debieran ser públicas, permanecen a buen recaudo.
De vez en cuando, en casos como el de los trabajadores mineros, la vida sindical adquiere visibilidad mediática circunstancial y temporal para regresar, sin embargo, a su bajo perfil o áreas marginales de atención pública habituales.
El asunto no es menor ni accesorio; antes bien, se trata de uno de los temas inexplorados sobre los que se ha escrito poco, hay escasa doctrina y casi nula aplicación, así sea indirecta vía solicitudes de información a las secretarías del Trabajo federal y locales.
La presencia de las organizaciones civiles sobre el tema también brilla por su ausencia. El temor fundado por la eventual afectación a la integridad física de quienes se atrevan a ahondar sobre esta cuestión es una de las razones básicas que explican que ni trabajadores ni activistas sociales se empleen a fondo en promover prioritariamente la transparencia sindical.
En el ámbito político, una de las primeras monedas de cambio de legisladores para discutir la viabilidad de una ley de acceso o su reforma es "encorchetar" o dejar fuera el tema sindical para que el proceso legislativo pueda salir adelante.
En el mundo empresarial tampoco hay precisamente grandes incentivos para la transparencia sindical. Se prefiere pragmáticamente cumplir con el expediente de contar con un sindicato a modo y negociar bajo el agua que sujetarse a las reglas de la apertura y la claridad.
En ese contexto de incentivos mínimos o ausentes en el debate argumental, cualquiera pensaría que no hay nada que hacer. Que el interés de los trabajadores, la inmensa mayoría de los mexicanos, es un bien sacrificable porque así debe ser como principio. Que la democracia informativa admite casos de excepción como la transparencia sindical, cuya discusión es preferible dejarla sólo a los núcleos duros de la marginalidad. Hay aquí desconocimiento sobre el valor de la transparencia en los sindicatos. Veamos. La transparencia en los sindicatos debería ser un tema de la agenda pública por varias razones:
A) Porque otorgaría poder a los trabajadores sobre el destino de sus recursos y defensa de sus intereses y los de sus familias. B) Porque permitiría contar con herramientas para acotar o reducir los casos de corrupción donde pierden por igual la empresa y los trabajadores, quienes pagan esos costos. C) Porque los sindicatos son personas privadas, pero no tienen datos personales en cuanto a su organización y funcionamiento, razón por la cual no hay una causal de exclusión de la apertura informativa. D) Porque en el contexto nacional la inclusión expresa de la transparencia sindical en las leyes de acceso a la información es un asunto de interés público en analogía al caso de los partidos políticos.
Así se ha ido entendiendo por fortuna en el ámbito del derecho extranjero y a nivel nacional. En el primer caso, el artículo cuarto, numeral dos de la Ley de Acceso a la Información de Polonia prevé a los sindicatos como sujetos obligados (recuérdese la gran tradición de lucha sindical de ese país).
Lo mismo sucede con la ley de Estonia y de algunos otros países bálticos y nórdicos. En México, las leyes de acceso a la información de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Morelos y Nuevo León en mayor o menor medida también prevén garantías de acceso a la información sobre los sindicatos y su funcionamiento.
Se trata de un tema que ahora que ha salido a la palestra pública por casos de corrupción difícilmente podrá dejarse de lado para bien del país.
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Pero una de las zonas de mayor opacidad reside en las relaciones entre los trabajadores y sus representantes. Es paradójico que buena parte de los trabajadores no conozca a sus líderes y, por ende, las formas y modos de la vida sindical.
Menos aún, por supuesto, se puede saber en la vida cotidiana cuánto y para qué se destinan las cuotas sindicales. Vamos, incluso el contenido de los contratos colectivos de trabajo, que son normas que debieran ser públicas, permanecen a buen recaudo.
De vez en cuando, en casos como el de los trabajadores mineros, la vida sindical adquiere visibilidad mediática circunstancial y temporal para regresar, sin embargo, a su bajo perfil o áreas marginales de atención pública habituales.
El asunto no es menor ni accesorio; antes bien, se trata de uno de los temas inexplorados sobre los que se ha escrito poco, hay escasa doctrina y casi nula aplicación, así sea indirecta vía solicitudes de información a las secretarías del Trabajo federal y locales.
La presencia de las organizaciones civiles sobre el tema también brilla por su ausencia. El temor fundado por la eventual afectación a la integridad física de quienes se atrevan a ahondar sobre esta cuestión es una de las razones básicas que explican que ni trabajadores ni activistas sociales se empleen a fondo en promover prioritariamente la transparencia sindical.
En el ámbito político, una de las primeras monedas de cambio de legisladores para discutir la viabilidad de una ley de acceso o su reforma es "encorchetar" o dejar fuera el tema sindical para que el proceso legislativo pueda salir adelante.
En el mundo empresarial tampoco hay precisamente grandes incentivos para la transparencia sindical. Se prefiere pragmáticamente cumplir con el expediente de contar con un sindicato a modo y negociar bajo el agua que sujetarse a las reglas de la apertura y la claridad.
En ese contexto de incentivos mínimos o ausentes en el debate argumental, cualquiera pensaría que no hay nada que hacer. Que el interés de los trabajadores, la inmensa mayoría de los mexicanos, es un bien sacrificable porque así debe ser como principio. Que la democracia informativa admite casos de excepción como la transparencia sindical, cuya discusión es preferible dejarla sólo a los núcleos duros de la marginalidad. Hay aquí desconocimiento sobre el valor de la transparencia en los sindicatos. Veamos. La transparencia en los sindicatos debería ser un tema de la agenda pública por varias razones:
A) Porque otorgaría poder a los trabajadores sobre el destino de sus recursos y defensa de sus intereses y los de sus familias. B) Porque permitiría contar con herramientas para acotar o reducir los casos de corrupción donde pierden por igual la empresa y los trabajadores, quienes pagan esos costos. C) Porque los sindicatos son personas privadas, pero no tienen datos personales en cuanto a su organización y funcionamiento, razón por la cual no hay una causal de exclusión de la apertura informativa. D) Porque en el contexto nacional la inclusión expresa de la transparencia sindical en las leyes de acceso a la información es un asunto de interés público en analogía al caso de los partidos políticos.
Así se ha ido entendiendo por fortuna en el ámbito del derecho extranjero y a nivel nacional. En el primer caso, el artículo cuarto, numeral dos de la Ley de Acceso a la Información de Polonia prevé a los sindicatos como sujetos obligados (recuérdese la gran tradición de lucha sindical de ese país).
Lo mismo sucede con la ley de Estonia y de algunos otros países bálticos y nórdicos. En México, las leyes de acceso a la información de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Morelos y Nuevo León en mayor o menor medida también prevén garantías de acceso a la información sobre los sindicatos y su funcionamiento.
Se trata de un tema que ahora que ha salido a la palestra pública por casos de corrupción difícilmente podrá dejarse de lado para bien del país.
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
El aborto a referéndum
José Antonio Crespo
Los sectores sociales que se oponen a la despenalización del aborto propusieron que esa reforma se someta a la voluntad ciudadana a través de la figura del referéndum (el plebiscito se aplica a actos de gobierno y no a leyes emanadas de la Asamblea capitalina). En principio, en una democracia cabal, el referéndum constituye un ejercicio democrático que abre la participación de todo ciudadano a una decisión importante y difícil, en lugar de que lo haga solamente un grupo de legisladores. Me parece que, en efecto, la despenalización del aborto es un tema adecuado para poner a prueba la democracia directa, que sólo debe sustituir a la democracia representativa en algunos casos, esporádicos, relevantes y socialmente conflictivos. Requisitos que reúne el asunto del aborto. Temas de alta polarización social suelen y pueden ser dirimidos justamente a través de la democracia directa. Esta opción puede tener la ventaja de que los ciudadanos sentirán que ellos mismos son los que aportarán su voto en favor o en contra en algo que consideran de especial relevancia, en lugar de dejarlo a sus representantes. La resolución ciudadana, tomada mediante el referéndum, gozará por tanto de mayor legitimidad que la surgida de un congreso de representantes (aunque no por ello, las decisiones parlamentarias son ilegítimas). Se trataría, sin lugar a dudas, de la voluntad de la mayoría de aquellos que quisieran participar en esa resolución.
Y, por eso mismo, temas tan polémicos como el aborto se han terminado por dirimir a base de la democracia directa en algunos países católicos, como España e Italia. Sin embargo, el propio procedimiento democrático es sujeto de críticas y cuestionamientos por grupos radicales que están en favor o en contra de la despenalización, pues cuestionan que algo tan esencial pueda ser sometido a votación (ni de los legisladores ni del cuerpo ciudadano). Lo consideran algo que, por su naturaleza, no puede ni debe ser decidido mediante la regla de mayoría, al ser un tema —dicen— que trasciende a los números y los votos. Muchos de quienes están en contra de la despenalización advierten que la vida de un ser humano no puede ser sujeta a un procedimiento censatario. Que se trata de un derecho natural (y divino) que no puede violentarse porque una mayoría legislativa o ciudadana se pronuncie en ese sentido. Por su parte, los más radicales promotores de la despenalización sienten que el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su tipo de vida es también algo que está —o debería estar— por encima de la voluntad ciudadana. Que es un derecho inherente y propio de las mujeres que puedan experimentar ese dilema y, por tanto, más allá de procesos políticos.
En principio, ambos bloques tendrían la razón a partir de sus propias premisas. Pero ello sería posible y adecuado sólo si todos compartiéramos las mismas convicciones al respecto. Si todos estuviéramos seguros de que la vida se inicia en la concepción misma, probablemente estaríamos contra la legalización del aborto (incluso en casos de violación, si además fuéramos congruentes). Y si todos creyéramos que es derecho exclusivo y natural de la mujer decidir si interrumpe o no un embarazo no deseado, sería ya algo permitido sin necesidad de tanto jaleo. Pero justamente porque no hay consenso al respecto —ni lo habrá tratándose de posturas irreductibles— es que la democracia (sea en su expresión representativa o directa) es prácticamente el único método civilizado para dirimir tan espinosos dilemas. La otra opción es la confrontación de los grupos que están en favor o en contra, o las amenazas de muerte de "Guardias Nacionales" y otros grupos fundamentalistas (amagos minimizados por la dirigente del PAN capitalino, muy preocupada, eso sí, por la defensa de la vida).
La propuesta de someter lo del aborto a referéndum tiene un trasfondo estratégico. No es que quienes lo solicitan sean inequívocamente democráticos. Pueden serlo o no (normalmente, su propensión a imponer a todos sus propios criterios sugiere lo segundo). Pero ante el hecho de que el PAN tiene sólo 17 de 66 curules en la Asamblea del Distrito Federal, con un referéndum se abría la posibilidad de que los grupos que se oponen a despenalizar el aborto se movilicen en mayor medida que quienes apoyan la reforma. Y hay fundamento en ese cálculo. Aunque varias encuestas sugieren que en la capital la mayoría de los ciudadanos están por despenalizar el aborto, muchos de ellos podrían no concurrir a las urnas, al no ver en ese asunto algo directamente relacionado con su problemática personal. En cambio, los grupos conservadores seguramente acudirían en masa, dada su enorme oposición a la ley.
Pero el referéndum tiene fuertes límites en el DF. De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del DF, la solicitud del referéndum requiere de 0.5 % de firmas inscritas en el padrón electoral (como 300 mil, cotejadas por el Instituto Electoral del Distrito Federal) o lo pueden hacer uno o más diputados locales. La decisión de realizarlo lo toma una mayoría calificada de la Asamblea. En todo caso, el resultado del referéndum no es vinculante para la Asamblea, sino será tomada sólo como un elemento más en su deliberación interna. En ese sentido, esta figura de democracia directa está actualmente tan limitada que resulta una consulta simbólica, y que no merece mucho el esfuerzo. Habría que pensar en convertirla en un mecanismo eficaz de toma de decisiones, aunque sea en casos extraordinarios, como lo es el aborto.
Y, por eso mismo, temas tan polémicos como el aborto se han terminado por dirimir a base de la democracia directa en algunos países católicos, como España e Italia. Sin embargo, el propio procedimiento democrático es sujeto de críticas y cuestionamientos por grupos radicales que están en favor o en contra de la despenalización, pues cuestionan que algo tan esencial pueda ser sometido a votación (ni de los legisladores ni del cuerpo ciudadano). Lo consideran algo que, por su naturaleza, no puede ni debe ser decidido mediante la regla de mayoría, al ser un tema —dicen— que trasciende a los números y los votos. Muchos de quienes están en contra de la despenalización advierten que la vida de un ser humano no puede ser sujeta a un procedimiento censatario. Que se trata de un derecho natural (y divino) que no puede violentarse porque una mayoría legislativa o ciudadana se pronuncie en ese sentido. Por su parte, los más radicales promotores de la despenalización sienten que el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su tipo de vida es también algo que está —o debería estar— por encima de la voluntad ciudadana. Que es un derecho inherente y propio de las mujeres que puedan experimentar ese dilema y, por tanto, más allá de procesos políticos.
En principio, ambos bloques tendrían la razón a partir de sus propias premisas. Pero ello sería posible y adecuado sólo si todos compartiéramos las mismas convicciones al respecto. Si todos estuviéramos seguros de que la vida se inicia en la concepción misma, probablemente estaríamos contra la legalización del aborto (incluso en casos de violación, si además fuéramos congruentes). Y si todos creyéramos que es derecho exclusivo y natural de la mujer decidir si interrumpe o no un embarazo no deseado, sería ya algo permitido sin necesidad de tanto jaleo. Pero justamente porque no hay consenso al respecto —ni lo habrá tratándose de posturas irreductibles— es que la democracia (sea en su expresión representativa o directa) es prácticamente el único método civilizado para dirimir tan espinosos dilemas. La otra opción es la confrontación de los grupos que están en favor o en contra, o las amenazas de muerte de "Guardias Nacionales" y otros grupos fundamentalistas (amagos minimizados por la dirigente del PAN capitalino, muy preocupada, eso sí, por la defensa de la vida).
La propuesta de someter lo del aborto a referéndum tiene un trasfondo estratégico. No es que quienes lo solicitan sean inequívocamente democráticos. Pueden serlo o no (normalmente, su propensión a imponer a todos sus propios criterios sugiere lo segundo). Pero ante el hecho de que el PAN tiene sólo 17 de 66 curules en la Asamblea del Distrito Federal, con un referéndum se abría la posibilidad de que los grupos que se oponen a despenalizar el aborto se movilicen en mayor medida que quienes apoyan la reforma. Y hay fundamento en ese cálculo. Aunque varias encuestas sugieren que en la capital la mayoría de los ciudadanos están por despenalizar el aborto, muchos de ellos podrían no concurrir a las urnas, al no ver en ese asunto algo directamente relacionado con su problemática personal. En cambio, los grupos conservadores seguramente acudirían en masa, dada su enorme oposición a la ley.
Pero el referéndum tiene fuertes límites en el DF. De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del DF, la solicitud del referéndum requiere de 0.5 % de firmas inscritas en el padrón electoral (como 300 mil, cotejadas por el Instituto Electoral del Distrito Federal) o lo pueden hacer uno o más diputados locales. La decisión de realizarlo lo toma una mayoría calificada de la Asamblea. En todo caso, el resultado del referéndum no es vinculante para la Asamblea, sino será tomada sólo como un elemento más en su deliberación interna. En ese sentido, esta figura de democracia directa está actualmente tan limitada que resulta una consulta simbólica, y que no merece mucho el esfuerzo. Habría que pensar en convertirla en un mecanismo eficaz de toma de decisiones, aunque sea en casos extraordinarios, como lo es el aborto.
17 de abril de 2007
Delitos de prensa
Javier Corral Jurado
Con justificado beneplácito ha sido promulgado por el presidente Calderón el decreto que derogó del Código Penal Federal varios artículos que hacían de injuria, difamación y calumnia delitos de opinión con sanción de cárcel. Más aún, la introducción de nuevas figuras dentro del daño moral, y la precisión que exceptúa de responsabilidad a quienes reproducen fielmente una información -"aun en los casos en que no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, siempre y cuando se cite la fuente"-, nos debe congratular. Son pasos a los que no debemos regatear mérito y ponderar en justa dimensión.
En la penalización de los delitos de opinión y en la laxitud civil del daño moral anidaban rémoras del subdesarrollo legislativo que en materia de libertades de expresión e información se mantuvieron por décadas en nuestras leyes, aun cuando nuestro país suscribiera tratados internacionales que desde los 60 orientaban lo que hoy es una tendencia mundial: salvaguardar el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión, y proteger el honor y la vida privada. Se trata del equilibrio de garantías individuales que desde el primer dato del constitucionalismo mexicano, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, quedó registrado en 1814.
No debe ser la cárcel, sino la acción civil con la que el Estado intervenga cuando se abuse de la libertad, tratándose de la opinión, la manifestación de las ideas, porque pertenecen dentro del alma espiritual de la persona al preciado atributo de la conciencia.
Derogar esos delitos del Código Penal es un acierto que debemos a legisladores que en diversas épocas del Congreso de la Unión insistieron en ello en la última década, y a cuyo más exitoso y eficaz esfuerzo concurrieron los diputados de la 59 Legislatura, quienes aprobaron esas reformas el 18 de abril de 2006, por unanimidad de 361 presentes, y fueron avalados por la cámara revisora el pasado 6 de marzo, pues en el Senado obtuvieron 102 votos y una sola abstención.
Esperaban turno otras iniciativas sobre el tema, pero es de reconocer que quienes encabezaron ese empeño fueron los diputados que integraron el grupo de trabajo de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios, al visualizar que los escollos para el trabajo de los informadores comenzaba por la legislación misma. Ese grupo, animado por Beatriz Mojica Morga, del PRD, Ruth Trinidad Hernández Martínez, del PAN, Jesús González Schmal, de Convergencia, y Luis Antonio González Roldán, del PVEM, presentó una propuesta integral y se dedicó a promover el proyecto.
Ahora sólo los jueces de lo civil conocerán y resolverán si las personas, periodistas y comunicadores actúan dentro o fuera de la ley al difundir información u opiniones, eliminando la pena de prisión a quien abuse de la libertad de expresión, dejando la posibilidad de demandar la reparación del daño causado a terceros.
La reforma contiene nuevas hipótesis en materia de daño moral, e introduce como novedad legislativa, sobre todo para la interpretación de los juzgadores, "el derecho a la propia imagen", aunque sin abundar en la exposición de motivos o las consideraciones de los dos dictámenes de ambas cámaras sobre esta concepción particular del derecho al honor y reputación.
En protección de la tarea informativa, se adiciona un párrafo al artículo 1916 bis: "En ningún caso se considerarán ofensas al honor las opiniones desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional. Tampoco las realizadas en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho cuando el modo de proceder o la falta de reserva no tenga un propósito ofensivo".
Estas disposiciones significan pasos importantes hacia un camino arduo de lo que supone el discurso que certifica la despenalización. Reconociendo el acierto, hay que advertir que para la prosecución de ello esta despenalización es parcial, y si no se toman medidas rápidas en la garantía de algunos de los derechos que los periodistas han reivindicado en el mundo democrático, la insuficiencia la puede volver regresiva. Es parcial porque la Ley de Imprenta de 1917 sigue vigente y no mereció reforma o ajuste. Además de vetusta, es una norma también de carácter penal, pues entre sus sanciones impone cárcel y multa; está regida bajo una óptica moral de principios del siglo pasado, y aun cuando varios tratadistas han señalado su carácter preconstitucional a la del 17, la SCJN la ha confirmado mediante varias resoluciones.
Es insuficiente porque no se acompaña del reconocimiento de algunos derechos profesionales que la actividad de los periodistas ha logrado en otras normas, no sólo frente al Estado, sino frente a la propia empresa periodística. Casos excepcionales hemos visto de encarcelamientos de reporteros o conductores por esa labor, pero sin esas normas complementarias no serán tan infrecuentes los empobrecidos, casi siempre los trabajadores y no los propietarios. Siempre la cuerda se rompe por lo más delgado.
Que el beneplácito continúe, y con más y mejores hechos, se convierta en auténtica fiesta de la libertad de expresión.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
Con justificado beneplácito ha sido promulgado por el presidente Calderón el decreto que derogó del Código Penal Federal varios artículos que hacían de injuria, difamación y calumnia delitos de opinión con sanción de cárcel. Más aún, la introducción de nuevas figuras dentro del daño moral, y la precisión que exceptúa de responsabilidad a quienes reproducen fielmente una información -"aun en los casos en que no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, siempre y cuando se cite la fuente"-, nos debe congratular. Son pasos a los que no debemos regatear mérito y ponderar en justa dimensión.
En la penalización de los delitos de opinión y en la laxitud civil del daño moral anidaban rémoras del subdesarrollo legislativo que en materia de libertades de expresión e información se mantuvieron por décadas en nuestras leyes, aun cuando nuestro país suscribiera tratados internacionales que desde los 60 orientaban lo que hoy es una tendencia mundial: salvaguardar el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión, y proteger el honor y la vida privada. Se trata del equilibrio de garantías individuales que desde el primer dato del constitucionalismo mexicano, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, quedó registrado en 1814.
No debe ser la cárcel, sino la acción civil con la que el Estado intervenga cuando se abuse de la libertad, tratándose de la opinión, la manifestación de las ideas, porque pertenecen dentro del alma espiritual de la persona al preciado atributo de la conciencia.
Derogar esos delitos del Código Penal es un acierto que debemos a legisladores que en diversas épocas del Congreso de la Unión insistieron en ello en la última década, y a cuyo más exitoso y eficaz esfuerzo concurrieron los diputados de la 59 Legislatura, quienes aprobaron esas reformas el 18 de abril de 2006, por unanimidad de 361 presentes, y fueron avalados por la cámara revisora el pasado 6 de marzo, pues en el Senado obtuvieron 102 votos y una sola abstención.
Esperaban turno otras iniciativas sobre el tema, pero es de reconocer que quienes encabezaron ese empeño fueron los diputados que integraron el grupo de trabajo de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios, al visualizar que los escollos para el trabajo de los informadores comenzaba por la legislación misma. Ese grupo, animado por Beatriz Mojica Morga, del PRD, Ruth Trinidad Hernández Martínez, del PAN, Jesús González Schmal, de Convergencia, y Luis Antonio González Roldán, del PVEM, presentó una propuesta integral y se dedicó a promover el proyecto.
Ahora sólo los jueces de lo civil conocerán y resolverán si las personas, periodistas y comunicadores actúan dentro o fuera de la ley al difundir información u opiniones, eliminando la pena de prisión a quien abuse de la libertad de expresión, dejando la posibilidad de demandar la reparación del daño causado a terceros.
La reforma contiene nuevas hipótesis en materia de daño moral, e introduce como novedad legislativa, sobre todo para la interpretación de los juzgadores, "el derecho a la propia imagen", aunque sin abundar en la exposición de motivos o las consideraciones de los dos dictámenes de ambas cámaras sobre esta concepción particular del derecho al honor y reputación.
En protección de la tarea informativa, se adiciona un párrafo al artículo 1916 bis: "En ningún caso se considerarán ofensas al honor las opiniones desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional. Tampoco las realizadas en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho cuando el modo de proceder o la falta de reserva no tenga un propósito ofensivo".
Estas disposiciones significan pasos importantes hacia un camino arduo de lo que supone el discurso que certifica la despenalización. Reconociendo el acierto, hay que advertir que para la prosecución de ello esta despenalización es parcial, y si no se toman medidas rápidas en la garantía de algunos de los derechos que los periodistas han reivindicado en el mundo democrático, la insuficiencia la puede volver regresiva. Es parcial porque la Ley de Imprenta de 1917 sigue vigente y no mereció reforma o ajuste. Además de vetusta, es una norma también de carácter penal, pues entre sus sanciones impone cárcel y multa; está regida bajo una óptica moral de principios del siglo pasado, y aun cuando varios tratadistas han señalado su carácter preconstitucional a la del 17, la SCJN la ha confirmado mediante varias resoluciones.
Es insuficiente porque no se acompaña del reconocimiento de algunos derechos profesionales que la actividad de los periodistas ha logrado en otras normas, no sólo frente al Estado, sino frente a la propia empresa periodística. Casos excepcionales hemos visto de encarcelamientos de reporteros o conductores por esa labor, pero sin esas normas complementarias no serán tan infrecuentes los empobrecidos, casi siempre los trabajadores y no los propietarios. Siempre la cuerda se rompe por lo más delgado.
Que el beneplácito continúe, y con más y mejores hechos, se convierta en auténtica fiesta de la libertad de expresión.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
16 de abril de 2007
Emilio Azcárraga Milmo
Octavio Islas
El 16 de abril de 1997, a bordo de su yate ECO, en Miami, Florida, falleció Emilio Azcárraga Milmo, quien en sus años de gloria, al frente de Televisa, fue considerado “el empresario más poderoso que ha visto México”.
Azcárraga Milmo nació en San Antonio, Texas, el 6 de septiembre de 1930. A los 42 años de edad, y en momentos particularmente difíciles para los concesionarios de la televisión en México, asumió la dirección de Telesistema Mexicano (TSM) tras la muerte de su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, ocurrida en Houston, Texas el 23 de septiembre de 1972.
El gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez entonces llegaba a su segundo año (1972), y el locuaz presidente estimulaba fuertes críticas hacia los concesionarios de la televisión.
Azcárraga Milmo mostró gran habilidad para anticiparse a los planes del presidente Echeverría y negociar, con empresarios del Grupo Monterrey, la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México (TIM), de la cual resultó Televisa (Televisión Vía Satélite).
Rápidamente Azcárraga Milmo logró transformar a Televisa en el principal grupo de presión al interior del sistema político mexicano. En 1990 se declaró soldado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y cinco años después manifestó ser únicamente “soldado del presidente”. Entre Televisa y el PRI, más que una relación de carácter simbiótico incestuosa, es posible reconocer un intrincado sistema de negociaciones. Azcárraga Milmo pretendía expandir el efectivo dominio de Televisa y los presidentes en turno realizaban determinados esfuerzos para contenderlo.
Azcárraga Milmo también desarrolló buenas relaciones con algunos políticos opositores. Carlos Castillo Peraza, mentor político del presidente Felipe Calderón, formó parte de la nómina de Televisa como asesor. Después de algunas entrevistas con Azcárraga Milmo, Andrés Manuel López Obrador fue entrevistado en vivo para Televisa cuando asumió el cargo de presidente del Partido de la Revolución Democrática.
Entre 1973 y 1997, Televisa se consolidó como la catedral de la educación sentimental en México. Azcárraga Milmo se declaró “muy guadalupano”. Las telenovelas –que Televisa llegó a exportar a más de 120 países-- representaron formidable escaparate del culto al guadalupanismo.
Además Azcárraga Milmo insistió en la necesidad de cuidar y respetar los valores de la familia mexicana. La decidida participación de Roberto Gómez Bolaños en la campaña contra el aborto admite ser interpretada como lógica secuela de la posición asumida por Televisa.
Jacobo Zabludovsky sintetizó la política informativa de Televisa y Raúl Velasco la oferta de entretenimiento. En un discurso pronunciado el 7 de junio de 1994, en una reunión con dueños de periódicos, Cuauhtémoc Cárdenas, entonces candidato del PRD a la presidencia, expresó duras críticas hacia Televisa:
Televisa, digámoslo con claridad, se ha constituido en uno de los pilares que hoy sostienen al régimen autoritario que padecemos. Televisa sirve al Estado y se sirve de él para exaltar una política contraria al interés nacional y a los personeros de esa política. Con ese mismo propósio, cada 24 horas desacredita las opciones democrática, miente sobre la realidad del país, oculta la verdadera dimensión y naturaleza de los hechos sociales y trata de confundir a la ciudadanía sobre el carácter de la lucha política a favor del derecho del sufragio.
Los espacios informativos de Televisa perdieron credibilidad intentando ocultar el evidente desplome del anquilosado sistema político.
En 1993 Emilio Azcárraga Milmo fue considerado el hombre más rico de América Latina, con una fortuna estimada en cinco mil millones de dólares.
Emilio Azcárraga Milmo efectivamente parecía intuir la grave amenaza que podría representar Carlos Slim para Televisa y quizá por ello: “veía hacia abajo a Slim porque lo consideraba un arribista”.
Hoy Carlos Slim es considerado el segundo hombre más rico del planeta y se ha convertido en “el empresario más poderoso que ha visto México”.
En un nuevo sistema de competencia Slim representa el principal frente de preocupaciones para Televisa.
Referencias
Fernández C., y Paxman, A. (2000). El tigre Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. México: Grijalbo.
Azcárraga Milmo nació en San Antonio, Texas, el 6 de septiembre de 1930. A los 42 años de edad, y en momentos particularmente difíciles para los concesionarios de la televisión en México, asumió la dirección de Telesistema Mexicano (TSM) tras la muerte de su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, ocurrida en Houston, Texas el 23 de septiembre de 1972.
El gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez entonces llegaba a su segundo año (1972), y el locuaz presidente estimulaba fuertes críticas hacia los concesionarios de la televisión.
Azcárraga Milmo mostró gran habilidad para anticiparse a los planes del presidente Echeverría y negociar, con empresarios del Grupo Monterrey, la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México (TIM), de la cual resultó Televisa (Televisión Vía Satélite).
Rápidamente Azcárraga Milmo logró transformar a Televisa en el principal grupo de presión al interior del sistema político mexicano. En 1990 se declaró soldado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y cinco años después manifestó ser únicamente “soldado del presidente”. Entre Televisa y el PRI, más que una relación de carácter simbiótico incestuosa, es posible reconocer un intrincado sistema de negociaciones. Azcárraga Milmo pretendía expandir el efectivo dominio de Televisa y los presidentes en turno realizaban determinados esfuerzos para contenderlo.
Azcárraga Milmo también desarrolló buenas relaciones con algunos políticos opositores. Carlos Castillo Peraza, mentor político del presidente Felipe Calderón, formó parte de la nómina de Televisa como asesor. Después de algunas entrevistas con Azcárraga Milmo, Andrés Manuel López Obrador fue entrevistado en vivo para Televisa cuando asumió el cargo de presidente del Partido de la Revolución Democrática.
Entre 1973 y 1997, Televisa se consolidó como la catedral de la educación sentimental en México. Azcárraga Milmo se declaró “muy guadalupano”. Las telenovelas –que Televisa llegó a exportar a más de 120 países-- representaron formidable escaparate del culto al guadalupanismo.
Además Azcárraga Milmo insistió en la necesidad de cuidar y respetar los valores de la familia mexicana. La decidida participación de Roberto Gómez Bolaños en la campaña contra el aborto admite ser interpretada como lógica secuela de la posición asumida por Televisa.
Jacobo Zabludovsky sintetizó la política informativa de Televisa y Raúl Velasco la oferta de entretenimiento. En un discurso pronunciado el 7 de junio de 1994, en una reunión con dueños de periódicos, Cuauhtémoc Cárdenas, entonces candidato del PRD a la presidencia, expresó duras críticas hacia Televisa:
Televisa, digámoslo con claridad, se ha constituido en uno de los pilares que hoy sostienen al régimen autoritario que padecemos. Televisa sirve al Estado y se sirve de él para exaltar una política contraria al interés nacional y a los personeros de esa política. Con ese mismo propósio, cada 24 horas desacredita las opciones democrática, miente sobre la realidad del país, oculta la verdadera dimensión y naturaleza de los hechos sociales y trata de confundir a la ciudadanía sobre el carácter de la lucha política a favor del derecho del sufragio.
Los espacios informativos de Televisa perdieron credibilidad intentando ocultar el evidente desplome del anquilosado sistema político.
En 1993 Emilio Azcárraga Milmo fue considerado el hombre más rico de América Latina, con una fortuna estimada en cinco mil millones de dólares.
Emilio Azcárraga Milmo efectivamente parecía intuir la grave amenaza que podría representar Carlos Slim para Televisa y quizá por ello: “veía hacia abajo a Slim porque lo consideraba un arribista”.
Hoy Carlos Slim es considerado el segundo hombre más rico del planeta y se ha convertido en “el empresario más poderoso que ha visto México”.
En un nuevo sistema de competencia Slim representa el principal frente de preocupaciones para Televisa.
Referencias
Fernández C., y Paxman, A. (2000). El tigre Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. México: Grijalbo.
Espino vs. Calderón
José Antonio Crespo
Aunque el PAN se empeñe —desde que está en el poder— en reproducir varias de las viejas prácticas que el PRI desarrolló como partido hegemónico, arrastra indefectiblemente algunos rasgos, desde su origen, que le complican ese propósito. Así sucede con la relación entre el partido y el gobierno, pues sus estatutos y organización, propios de un partido que nació y vivió en la oposición por décadas, le da al PAN un margen de autonomía que tiene doble filo: podría ser visto como un rasgo indiscutiblemente democrático, que le da a su militancia un poder por encima incluso del Presidente de la República, pero también puede provocar desentendimiento e incluso confrontación entre partido y gobierno, con saldo negativo para ambos. En lo primero, Felipe Calderón pudo ganarle al candidato oficial, Santiago Creel, con el respaldo de militantes y adherentes. En lo segundo, el dirigente del partido, Manuel Espino, le pone cuantas trabas puede al nuevo huésped de Los Pinos. De modo que Calderón no puede hacer las cosas como sus predecesores priistas, pero eso no significa que se tenga que quedar de brazos cruzados y no intente ejercer su influencia desde la jefatura de gobierno, según sus necesidades políticas. Que Vicente Fox no lo haya podido hacer —cuando perdió su favorito a la candidatura presidencial— no significa que Calderón no pueda hacerlo con mayor eficacia.
Por lo cual, se queja ahora Espino de que en la contienda por ocupar los cargos de consejeros nacionales del PAN, que el año próximo elegirán al dirigente de ese partido, funcionarios del gobierno de Calderón se entrometen, rompiendo la equidad que debe prevalecer en toda elección democrática. La mala relación entre ambos políticos, evidente a cualquiera que ponga atención, introduce mayor tensión en ese proceso que antaño era esencialmente terso y civilizado (y es que, cuando hay poder de por medio, las cosas se complican inevitablemente). Calderón, siendo presidente del partido en 1997, le abrió a Espino la escalera para ascender dentro de la jerarquía panista, al nombrarlo dirigente en Sonora. Y como suele suceder en política, ahora Felipe ya no sabe cómo deshacerse de esa excelente adquisición. Para ello requiere contar con una mayoría de fieles en el Consejo Nacional y así nombrar como próximo dirigente a su candidato e impedir que se quede Espino o quien éste pretenda dejar en su lugar.
Pero Espino tampoco está manco, como lo ha demostrado en más de una ocasión. Al disputar la presidencia del partido, una vez que Luis Felipe Bravo terminara su mandato, casi todos suponían que Carlos Medina Plascencia —afecto a Calderón— sería el nuevo dirigente nacional. Pero Espino operó de modo tal que sorpresivamente arrolló en esa contienda. Y creo firmemente —contra lo que señala Federico Döring— que el respaldo que entonces le brindaron Fox y Marta Sahagún no fue determinante. Fue su capacidad de operación política. Misma que puso también al servicio de Felipe durante la elección presidencial, según lo dijo a Salvador Camarena. Lo hizo cuando el asunto de Hildebrando —el cuñado incómodo de Calderón— puso en riesgo la posible victoria panista. Se entrevistó con algunos gobernadores priistas para acordar que no dirigieran su voto corporativo contra el candidato blanquiazul: "No veíamos cómo levantar (la campaña) y yo personalmente me metí para operar algunas cosas y conozco el modo de trabajar, de operar, del PRI, lo que he padecido toda la vida".
A cambio de ese favor, Espino les ofreció a esos gobernadores algo así como impunidad: "Yo fui a hacer algo poco usual, fui a apretarles a algunos gobernadores. A advertirles que si en su estado perdíamos iban a tener una bronca fuerte. Porque había varios gobernadores con problemas serios, de diversa índole, y yo sabía cómo estaban operando a favor de su candidato (Roberto Madrazo). Entonces, yo dije, ‘mira, con que pares esta operación, con que dejes correr las cosas, con eso". Vaya que si aprendió Espino de los priistas, pues su operación resultó exitosa, según él mismo lo reconoce: "Hay lugares donde era impensable el resultado que obtuvimos, impensable". Desde luego, estas declaraciones tienen su toque de promoción personal; es como decir, Felipe ganó gracias a mí. Pero su versión no es nada descabellada. Así que, para operar políticamente (al estilo priista), Espino no es un aprendiz. Sólo que, del lado de Calderón, probablemente además hay gente que, a golpe de "padecer a los priistas", también les aprendieron las mañas y quizá las están poniendo en práctica en la lucha por la dirigencia del PAN.
Y es que si Calderón no logra remover del partido a los espinistas el año que viene, se leería como una fuerte derrota de Los Pinos, que podría minar significativamente su imagen y su autoridad política. Pues un Presidente de la República que es derrotado por el dirigente de su partido no puede inspirar ya mucho respeto que digamos. Cuenta Calderón al periodista Salvador Camarena que, cuando ganó la candidatura presidencial a Creel, "fui para decirle (a Fox): ‘oiga, esto para mí no es una derrota del gobierno" (El presidente electo, 2007). Pues quizá para Felipe no, pero para todo el resto del país desde luego que sí. Lo bueno es que para ese entonces Fox ya no tenía credibilidad alguna, por lo cual esa derrota no lo dañó más de lo que ya estaba. Y, por lo visto, no le caló como sí lo hizo la otra derrota, la del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, lo cual le generó profundos deseos de represalia, según confesó hace poco. Pero un descalabro frente a Espino, al poco tiempo de haber asumido Felipe, sí podría constituir un duro golpe de imagen, de respetabilidad y de eficacia política.
Por lo cual, se queja ahora Espino de que en la contienda por ocupar los cargos de consejeros nacionales del PAN, que el año próximo elegirán al dirigente de ese partido, funcionarios del gobierno de Calderón se entrometen, rompiendo la equidad que debe prevalecer en toda elección democrática. La mala relación entre ambos políticos, evidente a cualquiera que ponga atención, introduce mayor tensión en ese proceso que antaño era esencialmente terso y civilizado (y es que, cuando hay poder de por medio, las cosas se complican inevitablemente). Calderón, siendo presidente del partido en 1997, le abrió a Espino la escalera para ascender dentro de la jerarquía panista, al nombrarlo dirigente en Sonora. Y como suele suceder en política, ahora Felipe ya no sabe cómo deshacerse de esa excelente adquisición. Para ello requiere contar con una mayoría de fieles en el Consejo Nacional y así nombrar como próximo dirigente a su candidato e impedir que se quede Espino o quien éste pretenda dejar en su lugar.
Pero Espino tampoco está manco, como lo ha demostrado en más de una ocasión. Al disputar la presidencia del partido, una vez que Luis Felipe Bravo terminara su mandato, casi todos suponían que Carlos Medina Plascencia —afecto a Calderón— sería el nuevo dirigente nacional. Pero Espino operó de modo tal que sorpresivamente arrolló en esa contienda. Y creo firmemente —contra lo que señala Federico Döring— que el respaldo que entonces le brindaron Fox y Marta Sahagún no fue determinante. Fue su capacidad de operación política. Misma que puso también al servicio de Felipe durante la elección presidencial, según lo dijo a Salvador Camarena. Lo hizo cuando el asunto de Hildebrando —el cuñado incómodo de Calderón— puso en riesgo la posible victoria panista. Se entrevistó con algunos gobernadores priistas para acordar que no dirigieran su voto corporativo contra el candidato blanquiazul: "No veíamos cómo levantar (la campaña) y yo personalmente me metí para operar algunas cosas y conozco el modo de trabajar, de operar, del PRI, lo que he padecido toda la vida".
A cambio de ese favor, Espino les ofreció a esos gobernadores algo así como impunidad: "Yo fui a hacer algo poco usual, fui a apretarles a algunos gobernadores. A advertirles que si en su estado perdíamos iban a tener una bronca fuerte. Porque había varios gobernadores con problemas serios, de diversa índole, y yo sabía cómo estaban operando a favor de su candidato (Roberto Madrazo). Entonces, yo dije, ‘mira, con que pares esta operación, con que dejes correr las cosas, con eso". Vaya que si aprendió Espino de los priistas, pues su operación resultó exitosa, según él mismo lo reconoce: "Hay lugares donde era impensable el resultado que obtuvimos, impensable". Desde luego, estas declaraciones tienen su toque de promoción personal; es como decir, Felipe ganó gracias a mí. Pero su versión no es nada descabellada. Así que, para operar políticamente (al estilo priista), Espino no es un aprendiz. Sólo que, del lado de Calderón, probablemente además hay gente que, a golpe de "padecer a los priistas", también les aprendieron las mañas y quizá las están poniendo en práctica en la lucha por la dirigencia del PAN.
Y es que si Calderón no logra remover del partido a los espinistas el año que viene, se leería como una fuerte derrota de Los Pinos, que podría minar significativamente su imagen y su autoridad política. Pues un Presidente de la República que es derrotado por el dirigente de su partido no puede inspirar ya mucho respeto que digamos. Cuenta Calderón al periodista Salvador Camarena que, cuando ganó la candidatura presidencial a Creel, "fui para decirle (a Fox): ‘oiga, esto para mí no es una derrota del gobierno" (El presidente electo, 2007). Pues quizá para Felipe no, pero para todo el resto del país desde luego que sí. Lo bueno es que para ese entonces Fox ya no tenía credibilidad alguna, por lo cual esa derrota no lo dañó más de lo que ya estaba. Y, por lo visto, no le caló como sí lo hizo la otra derrota, la del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, lo cual le generó profundos deseos de represalia, según confesó hace poco. Pero un descalabro frente a Espino, al poco tiempo de haber asumido Felipe, sí podría constituir un duro golpe de imagen, de respetabilidad y de eficacia política.
10 de abril de 2007
El 11 de abril tampoco se olvida
Javier Corral Jurado
Dice el segundo párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente" .
En los renglones anteriores está contenida la llamada facultad de veto del Presidente de la República a leyes aprobadas por el Congreso. A esa prerrogativa del titular del Poder Ejecutivo apeló, infructuosamente, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, arquitecto Pedro Cerisola y Weber, para que el presidente Vicente Fox objetara las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, mejor conocidas como ley Televisa, que mañana 11 de abril cumplen un año de haber sido promulgadas.
Son varias las etapas bochornosas de ese proceso legislativo indigno, pero ninguna tan contradictoria como el apresuramiento y la forma en que Fox refrendó las reformas. Al proceso en su conjunto que aprobó las reformas -y a la distancia de un año prácticamente está armado todo el rompecabezas de intereses y operadores que las hacen posibles- podemos calificarlo no sólo como uno de los actos de mayor sometimiento político al imperio mediático, sino también como un proceso de negociación político-electoral al que concurrieron en distintos momentos los tres principales partidos y sus candidatos presidenciales. La fase de publicación a cargo de Fox es una de las más ilustrativas de su desdoblamiento ético y político. Pifia en el sueño democrático de una lucha vencida por la acción de unos cuantos.
De oponerse a las reformas, congratularse del "parón" que se les dio en el Senado en diciembre de 2005, Fox pasó a ser uno más de los cabilderos de Televisa en la víspera de la votación en el Senado el 30 de marzo de 2006; de varios senadores panistas que votarían en contra logró ubicar a uno en la abstención y corrigió el sentido negativo de otros dos. A los intereses electorales puestos en juego para la aprobación de la ley, sumó su interés personal, aún indescifrable.
Por ello sonaron tan falsas sus palabras en Cancún, Quintana Roo, ese viernes 7 de abril, cuando a nombre de la nueva división de poderes, de la autonomía del Congreso y del avance democrático, felicitó las reformas. El mandatario dio la bienvenida a cualquier acción futura del Legislativo para "enriquecer" el proceso, y destacó el carácter "democrático" del proceso aplicado en su aprobación, al ser una ley que nadie impuso, como seguramente ocurrió -dijo- con la anterior, donde los gobiernos procedieron "a su modo y conveniencia".
Sólo tres días antes, el 4 de abril, había recibido, de su secretario de Comunicaciones, 53 observaciones para vetar lo aprobado en el Congreso. La respuesta pública a ese dictamen técnico rayó en el cinismo: "El presidente nunca conoció el oficio de la SCT", declaró su vocero Rubén Aguilar, omitiendo un dato fundamental: La Consejería Jurídica con fecha 5 de abril -sólo unas horas después de haberlo recibido- le regresó al secretario Cerisola su oficio de observaciones porque nadie se las había pedido.
Pero para el encargado del despacho de los asuntos relativos a la nueva legislación no había duda, había que dejar por escrito su postura y "advertir de disposiciones contrarias a la Constitución".
Entre las cosas sobresalientes de ese dictamen, hoy en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -"toda vez que la información que fuera solicitada a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal resulta relevante para la resolución de la acción de inconstitucionalidad"-, advierte: "El debilitamiento del Estado en su papel rector del espectro radioeléctrico. El doble régimen regulatorio para servicios convergentes lo cual se presta a que los concesionarios de radio y televisión interpreten qué ley les conviene aplicar en sus trámites según sus intereses particulares, y la manera en que ello afecta la capacidad del regulador.
"El trato preferencial y los derechos que se obsequian a los concesionarios dominantes de la radio y la televisión, las concesiones a perpetuidad mediante refrendo automático.
"El otorgamiento de una concesión seguirá siendo discrecional y sujeto a presiones. Propicia que sólo grupos económicamente fuertes puedan acceder a las frecuencias. Se abre la posibilidad a la inversión extranjera hasta 100%, cuando la tecnología evolucione y existan servicios móviles en estas bandas".
Cerisola le reafirmó a Fox la idea central del debate que se tuvo en el Senado: "Como quedó redactada la reforma, existe el riesgo de que el Estado no recupere el espectro analógico".
Es imposible olvidarnos de ese 11 de abril, que mañana cumple un año impune.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
Dice el segundo párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente" .
En los renglones anteriores está contenida la llamada facultad de veto del Presidente de la República a leyes aprobadas por el Congreso. A esa prerrogativa del titular del Poder Ejecutivo apeló, infructuosamente, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, arquitecto Pedro Cerisola y Weber, para que el presidente Vicente Fox objetara las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, mejor conocidas como ley Televisa, que mañana 11 de abril cumplen un año de haber sido promulgadas.
Son varias las etapas bochornosas de ese proceso legislativo indigno, pero ninguna tan contradictoria como el apresuramiento y la forma en que Fox refrendó las reformas. Al proceso en su conjunto que aprobó las reformas -y a la distancia de un año prácticamente está armado todo el rompecabezas de intereses y operadores que las hacen posibles- podemos calificarlo no sólo como uno de los actos de mayor sometimiento político al imperio mediático, sino también como un proceso de negociación político-electoral al que concurrieron en distintos momentos los tres principales partidos y sus candidatos presidenciales. La fase de publicación a cargo de Fox es una de las más ilustrativas de su desdoblamiento ético y político. Pifia en el sueño democrático de una lucha vencida por la acción de unos cuantos.
De oponerse a las reformas, congratularse del "parón" que se les dio en el Senado en diciembre de 2005, Fox pasó a ser uno más de los cabilderos de Televisa en la víspera de la votación en el Senado el 30 de marzo de 2006; de varios senadores panistas que votarían en contra logró ubicar a uno en la abstención y corrigió el sentido negativo de otros dos. A los intereses electorales puestos en juego para la aprobación de la ley, sumó su interés personal, aún indescifrable.
Por ello sonaron tan falsas sus palabras en Cancún, Quintana Roo, ese viernes 7 de abril, cuando a nombre de la nueva división de poderes, de la autonomía del Congreso y del avance democrático, felicitó las reformas. El mandatario dio la bienvenida a cualquier acción futura del Legislativo para "enriquecer" el proceso, y destacó el carácter "democrático" del proceso aplicado en su aprobación, al ser una ley que nadie impuso, como seguramente ocurrió -dijo- con la anterior, donde los gobiernos procedieron "a su modo y conveniencia".
Sólo tres días antes, el 4 de abril, había recibido, de su secretario de Comunicaciones, 53 observaciones para vetar lo aprobado en el Congreso. La respuesta pública a ese dictamen técnico rayó en el cinismo: "El presidente nunca conoció el oficio de la SCT", declaró su vocero Rubén Aguilar, omitiendo un dato fundamental: La Consejería Jurídica con fecha 5 de abril -sólo unas horas después de haberlo recibido- le regresó al secretario Cerisola su oficio de observaciones porque nadie se las había pedido.
Pero para el encargado del despacho de los asuntos relativos a la nueva legislación no había duda, había que dejar por escrito su postura y "advertir de disposiciones contrarias a la Constitución".
Entre las cosas sobresalientes de ese dictamen, hoy en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -"toda vez que la información que fuera solicitada a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal resulta relevante para la resolución de la acción de inconstitucionalidad"-, advierte: "El debilitamiento del Estado en su papel rector del espectro radioeléctrico. El doble régimen regulatorio para servicios convergentes lo cual se presta a que los concesionarios de radio y televisión interpreten qué ley les conviene aplicar en sus trámites según sus intereses particulares, y la manera en que ello afecta la capacidad del regulador.
"El trato preferencial y los derechos que se obsequian a los concesionarios dominantes de la radio y la televisión, las concesiones a perpetuidad mediante refrendo automático.
"El otorgamiento de una concesión seguirá siendo discrecional y sujeto a presiones. Propicia que sólo grupos económicamente fuertes puedan acceder a las frecuencias. Se abre la posibilidad a la inversión extranjera hasta 100%, cuando la tecnología evolucione y existan servicios móviles en estas bandas".
Cerisola le reafirmó a Fox la idea central del debate que se tuvo en el Senado: "Como quedó redactada la reforma, existe el riesgo de que el Estado no recupere el espectro analógico".
Es imposible olvidarnos de ese 11 de abril, que mañana cumple un año impune.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
8 de abril de 2007
3 de abril de 2007
Nueva comunicación
Javier Corral Jurado
A Gustavo Esteva, alma generosa
Llenos de esperanza, inundado el ambiente de un espíritu libertario, acompañados de algunas de las voces de mayor prestigio del periodismo mexicano, concluimos en Oaxaca el Primer Encuentro Nacional sobre Comunicación y Sociedad, a que convocamos varias organizaciones sociales respaldadas por el Patronato para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Oaxaca, que preside el pintor Francisco Toledo.
Donde confluyen anhelo y voluntad surge el propósito de construir una nueva sociedad. "Sabemos que sólo es factible crearla si lo intentamos desde la propia sociedad, con toda su pluralidad. El actual sistema de partidos e ideologías no la representa cabalmente", afirmamos en la declaración que conjuntó ideas y propuestas de 53 ponentes en 21 discusiones. De ahí también emerge el primer capítulo estatal de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información.
El encuentro se realiza en Oaxaca porque durante el conflicto y los días que corren se han evidenciado las peores facetas del actual sistema de medios de comunicación. De la turbulencia y el drama del movimiento oaxaqueño, se atraviesa por un momento de frustración, pero puede reencender de manera más radical y decidida la protesta social estando latente la irritación, acumulados los agravios y ostensibles la prepotencia y soberbia de quienes nada aprendieron y dicen gobernar aún, pero hace mucho dejaron de estar en la conciencia del pueblo y por eso ya no gobiernan.
A lo largo de los trabajos, sin la mirada incluso de los medios nacionales impresos, sentimos la hostilidad de quienes no quieren que hablemos del tema, desdeñando nuestra discusión bajo la pretendida culminación del conflicto, aun cuando saben que el movimiento sigue pensando que otro Oaxaca es posible.
Dos jóvenes estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, al inicio de la segunda ronda de discusión, participaron con preguntas sensibles al ámbito comunicacional. Una de ellas preguntó: "¿Cómo puedo desahogar mi coraje?", a propósito del encarcelamiento injusto de su primo; y la otra preguntó: "¿Qué futuro podemos esperar?". Ante ello hemos propuesto transformar la irritación en cultura de participación que toma en sus manos su destino, y con sus manos construye presente y futuro, para que el coraje construya y no se desaliente, desanime o se caiga en la frustración.
La comunicación es ese instrumento fundamental. Por ello decidimos darnos otras alternativas de medios y ejercer a plenitud nuestras libertades. Esa es la importancia del encuentro en Oaxaca. Afirmar en una entidad donde se conjugan un tiempo y un espacio especial, momento en que se entrelazan sentimientos, aspiraciones, propuestas y acciones, un nuevo modelo de comunicación social para México. Donde el derecho a la información "comprende la capacidad de expresión e información, por lo que ciudadanas y ciudadanos no serán simples espectadores o consumidores de información, sino protagonistas de la comunicación, lo cual debe quedar garantizado en la ley y respaldado por la práctica institucional".
"Donde los medios locales sin fines de lucro operados por comunidades, barrios y grupos sociales para satisfacer sus necesidades de comunicación y difundir sus puntos de vista deben recibir reconocimiento legal, apoyo técnico y facilidades de financiamiento del Estado. Los medios públicos habrán de servir a la sociedad, con base en financiamiento del Estado, pero bajo la conducción ciudadana. Vigilaremos que los medios estén al servicio de la gente, no de las estructuras de poder económico y político".
"No permitiremos la concentración de información ni de medios en unas cuantas manos. Impediremos las prácticas monopólicas, contrarias al interés público, como lo marca el artículo 28 constitucional; insistiremos en la abrogación de las reformas a la leyes de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones".
"Un marco legal apropiado para las radios comunitarias, que les permita actuar con libertad y autonomía, reconozca su condición especial y permita obtener ingresos por publicidad, a condición de que se inviertan en capacitación, producción y equipamiento".
"El uso social de los tiempos del Estado en los medios electrónicos, dedicados a información cultural, educativa y de orientación cívica. Debe hacerse explícita la prohibición de su uso para la promoción de cualquier gobernante".
"La garantía estatal de que los avances tecnológicos y la convergencia digital sirvan para el mejor aprovechamiento del espectro. Además de multiplicar los servicios a través de una misma red, se trata de dar entrada a más emisores, que reflejen la pluralidad política y la diversidad cultural de la nación".
"El compromiso de que la convergencia tecnológica no privilegie a quienes ya detentan el poder mediático, sino que permita a todos el apropiado acceso a la información y el conocimiento y a la capacidad de producir contenidos".
Sí, en Oaxaca hemos definido que nos daremos una nueva comunicación, para una nueva sociedad.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
A Gustavo Esteva, alma generosa
Llenos de esperanza, inundado el ambiente de un espíritu libertario, acompañados de algunas de las voces de mayor prestigio del periodismo mexicano, concluimos en Oaxaca el Primer Encuentro Nacional sobre Comunicación y Sociedad, a que convocamos varias organizaciones sociales respaldadas por el Patronato para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Oaxaca, que preside el pintor Francisco Toledo.
Donde confluyen anhelo y voluntad surge el propósito de construir una nueva sociedad. "Sabemos que sólo es factible crearla si lo intentamos desde la propia sociedad, con toda su pluralidad. El actual sistema de partidos e ideologías no la representa cabalmente", afirmamos en la declaración que conjuntó ideas y propuestas de 53 ponentes en 21 discusiones. De ahí también emerge el primer capítulo estatal de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información.
El encuentro se realiza en Oaxaca porque durante el conflicto y los días que corren se han evidenciado las peores facetas del actual sistema de medios de comunicación. De la turbulencia y el drama del movimiento oaxaqueño, se atraviesa por un momento de frustración, pero puede reencender de manera más radical y decidida la protesta social estando latente la irritación, acumulados los agravios y ostensibles la prepotencia y soberbia de quienes nada aprendieron y dicen gobernar aún, pero hace mucho dejaron de estar en la conciencia del pueblo y por eso ya no gobiernan.
A lo largo de los trabajos, sin la mirada incluso de los medios nacionales impresos, sentimos la hostilidad de quienes no quieren que hablemos del tema, desdeñando nuestra discusión bajo la pretendida culminación del conflicto, aun cuando saben que el movimiento sigue pensando que otro Oaxaca es posible.
Dos jóvenes estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, al inicio de la segunda ronda de discusión, participaron con preguntas sensibles al ámbito comunicacional. Una de ellas preguntó: "¿Cómo puedo desahogar mi coraje?", a propósito del encarcelamiento injusto de su primo; y la otra preguntó: "¿Qué futuro podemos esperar?". Ante ello hemos propuesto transformar la irritación en cultura de participación que toma en sus manos su destino, y con sus manos construye presente y futuro, para que el coraje construya y no se desaliente, desanime o se caiga en la frustración.
La comunicación es ese instrumento fundamental. Por ello decidimos darnos otras alternativas de medios y ejercer a plenitud nuestras libertades. Esa es la importancia del encuentro en Oaxaca. Afirmar en una entidad donde se conjugan un tiempo y un espacio especial, momento en que se entrelazan sentimientos, aspiraciones, propuestas y acciones, un nuevo modelo de comunicación social para México. Donde el derecho a la información "comprende la capacidad de expresión e información, por lo que ciudadanas y ciudadanos no serán simples espectadores o consumidores de información, sino protagonistas de la comunicación, lo cual debe quedar garantizado en la ley y respaldado por la práctica institucional".
"Donde los medios locales sin fines de lucro operados por comunidades, barrios y grupos sociales para satisfacer sus necesidades de comunicación y difundir sus puntos de vista deben recibir reconocimiento legal, apoyo técnico y facilidades de financiamiento del Estado. Los medios públicos habrán de servir a la sociedad, con base en financiamiento del Estado, pero bajo la conducción ciudadana. Vigilaremos que los medios estén al servicio de la gente, no de las estructuras de poder económico y político".
"No permitiremos la concentración de información ni de medios en unas cuantas manos. Impediremos las prácticas monopólicas, contrarias al interés público, como lo marca el artículo 28 constitucional; insistiremos en la abrogación de las reformas a la leyes de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones".
"Un marco legal apropiado para las radios comunitarias, que les permita actuar con libertad y autonomía, reconozca su condición especial y permita obtener ingresos por publicidad, a condición de que se inviertan en capacitación, producción y equipamiento".
"El uso social de los tiempos del Estado en los medios electrónicos, dedicados a información cultural, educativa y de orientación cívica. Debe hacerse explícita la prohibición de su uso para la promoción de cualquier gobernante".
"La garantía estatal de que los avances tecnológicos y la convergencia digital sirvan para el mejor aprovechamiento del espectro. Además de multiplicar los servicios a través de una misma red, se trata de dar entrada a más emisores, que reflejen la pluralidad política y la diversidad cultural de la nación".
"El compromiso de que la convergencia tecnológica no privilegie a quienes ya detentan el poder mediático, sino que permita a todos el apropiado acceso a la información y el conocimiento y a la capacidad de producir contenidos".
Sí, en Oaxaca hemos definido que nos daremos una nueva comunicación, para una nueva sociedad.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
27 de marzo de 2007
Amedi
Javier Corral Jurado
Con motivo de la renovación de su Consejo Directivo 2007-2010, la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información (Amedi) reformó su acta constitutiva de 2002 e introdujo cambios importantes que la enrutan más por el camino de movimiento nacional ciudadano que del inicial grupo académico dedicado a la investigación de la comunicación. La asamblea de socios determinó reformar los estatutos para facilitar el ingreso de ciudadanos en general, crear capítulos estatales que la hagan realmente de carácter nacional y con representación en el órgano directivo central, y constituir un Consejo Consultivo que evalúe, asesore y oriente el trabajo de la asociación conformado por hombres y mujeres de reconocido prestigio.
La Amedi es una asociación civil de carácter permanente que desde 2002 ha desempeñado tareas para promover el ejercicio pleno del derecho a la información y la libertad de expresión en un marco plural que fomente la conformación de una opinión pública informada. Parte de la promoción de un concepto fundamental: reconocer la información como un bien y un derecho público.
Tanto el relevo directivo como ese tránsito en el objetivo ciudadano y la conformación del grupo asesor se concretaron la semana pasada en un emotivo acto celebrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, al que acudió un heterogéneo grupo de personalidades, confirmando el carácter plural de la organización y su disposición al crecimiento mediante la inclusión social y política.
Coordinado por Miguel Ángel Granados Chapa, el consejo quedó integrado por Carmen Aristegui, Alberto Aziz Nassif, Jorge Carpizo, Jesús Cantú Escalante, Jaime Cárdenas, Felipe Cazals, José Antonio Crespo, Denisse Dresser, Gustavo Esteva, Rafael Estrada Sámano, Gael García Bernal, Néstor García Canclini, María Teresa Gómez Mont, Daniel Giménez Cacho, Mónica Lozano, Loretta Ortiz, Carlos Ortiz Tejeda, Raúl Padilla López, Carlos Padilla, Francisco Paoli Bolio, Ricardo Raphael, Gustavo Reyes Terán, Fernando Serrano Migallón, Luis Javier Solana, Francisco Toledo, Raúl Trejo Delarbre, Francisco Valdés Ugalde, Ernesto Velásquez y José Woldenberg.
He recibido el encargo de presidir la Amedi, convencido que desde la organización social debemos y podemos continuar con la causa democratizadora de los medios de comunicación; articular y dar cauce a la inquietud ciudadana que sobre este trascendental asunto es transversal a partidos, profesionales, asociaciones, colegios, sindicatos. Acepté la responsabilidad porque, además de la generosidad con que respondió ese prestigiado grupo de consejeros, han resuelto acompañarme en la tarea un comité directivo de primer orden en el tema Jorge Fernando Negrete, Beatriz Solís Leree, Raúl Trejo Delarbre, Dolores Béistegui, Agustín Pineda, Lorenzo Córdova, Miguel Ángel Granados Chapa, Virgilio Caballero, Luis Núñez Gornés, Rosalía Winocur, Sergio Zermeño y Leoncio Acuña.
Nos convoca una idea de organización social en torno de uno de los asuntos más complejos de la transición mexicana a la democracia: la democratización de los medios. Mientras lobbys, consultores, grupos de presión económica y algunos despachos disfrazados de organismos sociales trabajan presionando a los políticos en el Congreso, al Presidente y a los ministros en la Corte, no hay respuestas organizadas desde el impulso de la sociedad. Todo se convierte en un problema técnico. En realidad, eso es el pensamiento único, no existen problemas políticos ni sociales desde los que se aborde la posibilidad de otro mundo.
Pasar de la preocupación a la ocupación, dispuestos a transformar nuestra inconformidad, irritación o crítica en cultura de participación personal, directa y propósitiva.
Así como hay ciudadanos que defienden su derecho a tener casa digna, trabajo bien remunerado, atención médica, salud, educación, derecho al agua, a la seguridad pública y a un medio ambiente sano y sustentable, defendemos nuestro derecho legítimo a la información, a la libertad de expresión, a una comunicación social digna que atienda las necesidades de las personas y de la nación, y no sólo responda a los intereses mercantiles, estrictamente económicos de unos cuantos.
Desde la Amedi queremos recorrer el país para generar la conciencia social de que la información es un derecho que pertenece a los mexicanos. Por supuesto, continuaremos desarrollando investigación de vanguardia en el ámbito de los medios, dando prioridad a los desafíos de la convergencia tecnológica en lo social, cultural, político, económico, y a las consecuencias que tal confluencia de telecomunicaciones, tecnologías de la información y servicios acarrean para el ejercicio y ampliación del derecho a la información.
Se trata de ensanchar la ruta de la organización social. No renunciamos al principal deber de todo ciudadano de la República: el deber político; lo complementaremos con una actividad independiente y autónoma, que busca entre otras cosas que este tema de la agenda nacional le cueste también a la política, pero desde la óptica ciudadana.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
La Amedi es una asociación civil de carácter permanente que desde 2002 ha desempeñado tareas para promover el ejercicio pleno del derecho a la información y la libertad de expresión en un marco plural que fomente la conformación de una opinión pública informada. Parte de la promoción de un concepto fundamental: reconocer la información como un bien y un derecho público.
Tanto el relevo directivo como ese tránsito en el objetivo ciudadano y la conformación del grupo asesor se concretaron la semana pasada en un emotivo acto celebrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, al que acudió un heterogéneo grupo de personalidades, confirmando el carácter plural de la organización y su disposición al crecimiento mediante la inclusión social y política.
Coordinado por Miguel Ángel Granados Chapa, el consejo quedó integrado por Carmen Aristegui, Alberto Aziz Nassif, Jorge Carpizo, Jesús Cantú Escalante, Jaime Cárdenas, Felipe Cazals, José Antonio Crespo, Denisse Dresser, Gustavo Esteva, Rafael Estrada Sámano, Gael García Bernal, Néstor García Canclini, María Teresa Gómez Mont, Daniel Giménez Cacho, Mónica Lozano, Loretta Ortiz, Carlos Ortiz Tejeda, Raúl Padilla López, Carlos Padilla, Francisco Paoli Bolio, Ricardo Raphael, Gustavo Reyes Terán, Fernando Serrano Migallón, Luis Javier Solana, Francisco Toledo, Raúl Trejo Delarbre, Francisco Valdés Ugalde, Ernesto Velásquez y José Woldenberg.
He recibido el encargo de presidir la Amedi, convencido que desde la organización social debemos y podemos continuar con la causa democratizadora de los medios de comunicación; articular y dar cauce a la inquietud ciudadana que sobre este trascendental asunto es transversal a partidos, profesionales, asociaciones, colegios, sindicatos. Acepté la responsabilidad porque, además de la generosidad con que respondió ese prestigiado grupo de consejeros, han resuelto acompañarme en la tarea un comité directivo de primer orden en el tema Jorge Fernando Negrete, Beatriz Solís Leree, Raúl Trejo Delarbre, Dolores Béistegui, Agustín Pineda, Lorenzo Córdova, Miguel Ángel Granados Chapa, Virgilio Caballero, Luis Núñez Gornés, Rosalía Winocur, Sergio Zermeño y Leoncio Acuña.
Nos convoca una idea de organización social en torno de uno de los asuntos más complejos de la transición mexicana a la democracia: la democratización de los medios. Mientras lobbys, consultores, grupos de presión económica y algunos despachos disfrazados de organismos sociales trabajan presionando a los políticos en el Congreso, al Presidente y a los ministros en la Corte, no hay respuestas organizadas desde el impulso de la sociedad. Todo se convierte en un problema técnico. En realidad, eso es el pensamiento único, no existen problemas políticos ni sociales desde los que se aborde la posibilidad de otro mundo.
Pasar de la preocupación a la ocupación, dispuestos a transformar nuestra inconformidad, irritación o crítica en cultura de participación personal, directa y propósitiva.
Así como hay ciudadanos que defienden su derecho a tener casa digna, trabajo bien remunerado, atención médica, salud, educación, derecho al agua, a la seguridad pública y a un medio ambiente sano y sustentable, defendemos nuestro derecho legítimo a la información, a la libertad de expresión, a una comunicación social digna que atienda las necesidades de las personas y de la nación, y no sólo responda a los intereses mercantiles, estrictamente económicos de unos cuantos.
Desde la Amedi queremos recorrer el país para generar la conciencia social de que la información es un derecho que pertenece a los mexicanos. Por supuesto, continuaremos desarrollando investigación de vanguardia en el ámbito de los medios, dando prioridad a los desafíos de la convergencia tecnológica en lo social, cultural, político, económico, y a las consecuencias que tal confluencia de telecomunicaciones, tecnologías de la información y servicios acarrean para el ejercicio y ampliación del derecho a la información.
Se trata de ensanchar la ruta de la organización social. No renunciamos al principal deber de todo ciudadano de la República: el deber político; lo complementaremos con una actividad independiente y autónoma, que busca entre otras cosas que este tema de la agenda nacional le cueste también a la política, pero desde la óptica ciudadana.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
26 de marzo de 2007
Salvando al mundo con un yogurt
En Bangladesh, a 225 km de Dhaka, la empresa francesa Danone está construyendo una pequeña fábrica de yogurt.
Este pequeño edificio, de tan sólo un piso, es la nueva gran idea de Muhammad Yunus, ganador del Premio Nóbel de la Paz por su trabajo en microcrédito.
Dentro del inmueble el economista asiático espera revolucionar al mundo, que aún sigue transformándose con su primer gran idea.
“Yo espero que esto sea un importante punto de referencia en la historia de los negocios”, comenta Yunus días después de la ceremonia de inauguración de la fábrica en Noviembre. “El concepto que representa es muy poderoso”, añadió.
El concepto llamado “empresas con iniciativas sociales”, no es tan conciso o tan claro como “microcrédito”, pero Yunus cree que representa la evolución de su antigua idea con una nueva dirección.
La primera idea de Yunus inició con un préstamo de 27 dólares y la noción de que los marginados, particularmente las mujeres de bajos recursos, podrían convertirse en emprendedoras si tan sólo tuvieran los recursos para iniciar su propio negocio.
La institución que fundó, Grameen Bank, tomó más de tres décadas en recibir reconocimiento internacional, pero actualmente ha transformado la forma en que funcionan los bancos, y los países en vías de desarrollo.
Este programa fomenta el espíritu emprendedor de las personas como un medio para aliviar la pobreza; dejando a un lado la caridad.
Replicas del programa han sido adoptadas en casi todos los países incluyendo África, América Latina, e inclusive en Harlem.
La industria de micropréstamos, de 9,000 millones de dólares, han atraído nombres como Citigroup, Deutsche Bank y la fundación de Bill y Melinda Gates.
Dichas industrias afirman que las amenazas por incautar activos no siempre funcionan para que la gente pague sus deudas. Grameen, en cambio, tiene una tasa de cobranza de 98%, mucho más alta que la industria estándar de crédito.
El experimento del yogurt
En otoño de 2005 Yunus invitó al CEO de Danone, Franck Riboud, a comer y le propuso construir su primer “empresa de iniciativa social”. Riboud aceptó. El yogurt Danone sería usado para combatir la malnutrición, a un costo de 7 centavos por envase.
Todas las ganancias de la inversión conjunta con Grameen serán reinvertidas a Danone; removiendo solamente el costo inicial, unos 500,000 dólares, después de tres años.
La fábrica -que prevé abrir por lo menos 50 más - dependerá en que los microacreedores de Grameen compren vacas para vender su leche, los microprovedores vendan el yogurt de puerta en puerta y los 6.6 millones de miembros de Grameen lo compren para sus hijos. Se les dará trabajo a entre 15 y 20 mujeres. Danone estima dar ingresos a alrededor de 1,600 personas.
Envases biodegradables hechos de maicena, paneles solares para generar electricidad y drenajes de recolección de lluvia hacen que la empresa sea amigable al medio ambiente.
Organizaciones internacionales como UNICEF creen que este modelo de negocio sustentable podría revolucionar la manera de mejorar la nutrición; están monitoreándolos de cerca- y podría ser que hasta repliquen el modelo buscar su replica por todo el mundo.
Para Riboud esta empresa es para expandirse a nuevos mercados con productos que mejoran la nutrición. “Es una estrategia de crecimiento para nuestra compañía”, comenta el director. “Estamos convencidos que en este mundo, cuando eres una compañía de productos de consumo y el país está en desarrollo, es absurdo pensar solamente en la punta de la pirámide”.
Riboud, como Yunus, dice que el modelo económico tradicional no está funcionando. Agregando, “yo no quiero hacer eventos de caridad, la fortaleza es que es un negocio, y si es un negocio, es sustentable. Los accionistas están felices”.
El CEO de Danone añade que pueden ver los beneficios sociales, algo que a final de cuentas será reportado como algo importante, junto con las ganancias de Danone y Stonyfield yogurt y Evian y Volvic que hacen agua mineral.
“Lo que estamos diciendo es que la maximización de los ingresos no es la única manera de medir valor”, dice Emmanuel Faber, encargado de las operaciones en Asia y el Pacífico. “Esta es una nueva forma de escoger acciones por un impacto social”.
Ideas como estas estan siendo discutidas en corporaciones como GE, Unilever, Coca-Cola, PepsiCo y Cargill, dice Marc Ban Ameringen, director ejecutivo de la “Global Alliance for Improved Nutrition en Ginebra.
“La idea de Danone de crear un dividendo social entre los accionistas, es algo muy vanguardista. Apoya tu marca, te deja capital, no vas a perder dinero y le estas dando a tus accionistas una visión de algo socialmente bueno.”
Yunus inclusive dice que en las escuelas de negocios deberían de empezar a impartir maestrías ó MBAs, por sus siglas en inglés, y educarlos para crear capital social.
En países como Bangladesh, paralizados por las huelgas y un gobierno inepto, es obvio que Yunus vea en los negocios una solución para resolver los problemas sociales. Sin una asociación como Grameen y otras organizaciones altruistas, la situación en Bangladesh podría estar mucho peor.
Mientras mitad del país sigue viviendo en la pobreza extrema, Grameen afirma que 5% de sus acreedores escapan la pobreza cada año; ayudando a disminuir desde un 1% a 2% la pobreza en este país.
Este pequeño edificio, de tan sólo un piso, es la nueva gran idea de Muhammad Yunus, ganador del Premio Nóbel de la Paz por su trabajo en microcrédito.
Dentro del inmueble el economista asiático espera revolucionar al mundo, que aún sigue transformándose con su primer gran idea.
“Yo espero que esto sea un importante punto de referencia en la historia de los negocios”, comenta Yunus días después de la ceremonia de inauguración de la fábrica en Noviembre. “El concepto que representa es muy poderoso”, añadió.
El concepto llamado “empresas con iniciativas sociales”, no es tan conciso o tan claro como “microcrédito”, pero Yunus cree que representa la evolución de su antigua idea con una nueva dirección.
La primera idea de Yunus inició con un préstamo de 27 dólares y la noción de que los marginados, particularmente las mujeres de bajos recursos, podrían convertirse en emprendedoras si tan sólo tuvieran los recursos para iniciar su propio negocio.
La institución que fundó, Grameen Bank, tomó más de tres décadas en recibir reconocimiento internacional, pero actualmente ha transformado la forma en que funcionan los bancos, y los países en vías de desarrollo.
Este programa fomenta el espíritu emprendedor de las personas como un medio para aliviar la pobreza; dejando a un lado la caridad.
Replicas del programa han sido adoptadas en casi todos los países incluyendo África, América Latina, e inclusive en Harlem.
La industria de micropréstamos, de 9,000 millones de dólares, han atraído nombres como Citigroup, Deutsche Bank y la fundación de Bill y Melinda Gates.
Dichas industrias afirman que las amenazas por incautar activos no siempre funcionan para que la gente pague sus deudas. Grameen, en cambio, tiene una tasa de cobranza de 98%, mucho más alta que la industria estándar de crédito.
El experimento del yogurt
En otoño de 2005 Yunus invitó al CEO de Danone, Franck Riboud, a comer y le propuso construir su primer “empresa de iniciativa social”. Riboud aceptó. El yogurt Danone sería usado para combatir la malnutrición, a un costo de 7 centavos por envase.
Todas las ganancias de la inversión conjunta con Grameen serán reinvertidas a Danone; removiendo solamente el costo inicial, unos 500,000 dólares, después de tres años.
La fábrica -que prevé abrir por lo menos 50 más - dependerá en que los microacreedores de Grameen compren vacas para vender su leche, los microprovedores vendan el yogurt de puerta en puerta y los 6.6 millones de miembros de Grameen lo compren para sus hijos. Se les dará trabajo a entre 15 y 20 mujeres. Danone estima dar ingresos a alrededor de 1,600 personas.
Envases biodegradables hechos de maicena, paneles solares para generar electricidad y drenajes de recolección de lluvia hacen que la empresa sea amigable al medio ambiente.
Organizaciones internacionales como UNICEF creen que este modelo de negocio sustentable podría revolucionar la manera de mejorar la nutrición; están monitoreándolos de cerca- y podría ser que hasta repliquen el modelo buscar su replica por todo el mundo.
Para Riboud esta empresa es para expandirse a nuevos mercados con productos que mejoran la nutrición. “Es una estrategia de crecimiento para nuestra compañía”, comenta el director. “Estamos convencidos que en este mundo, cuando eres una compañía de productos de consumo y el país está en desarrollo, es absurdo pensar solamente en la punta de la pirámide”.
Riboud, como Yunus, dice que el modelo económico tradicional no está funcionando. Agregando, “yo no quiero hacer eventos de caridad, la fortaleza es que es un negocio, y si es un negocio, es sustentable. Los accionistas están felices”.
El CEO de Danone añade que pueden ver los beneficios sociales, algo que a final de cuentas será reportado como algo importante, junto con las ganancias de Danone y Stonyfield yogurt y Evian y Volvic que hacen agua mineral.
“Lo que estamos diciendo es que la maximización de los ingresos no es la única manera de medir valor”, dice Emmanuel Faber, encargado de las operaciones en Asia y el Pacífico. “Esta es una nueva forma de escoger acciones por un impacto social”.
Ideas como estas estan siendo discutidas en corporaciones como GE, Unilever, Coca-Cola, PepsiCo y Cargill, dice Marc Ban Ameringen, director ejecutivo de la “Global Alliance for Improved Nutrition en Ginebra.
“La idea de Danone de crear un dividendo social entre los accionistas, es algo muy vanguardista. Apoya tu marca, te deja capital, no vas a perder dinero y le estas dando a tus accionistas una visión de algo socialmente bueno.”
Yunus inclusive dice que en las escuelas de negocios deberían de empezar a impartir maestrías ó MBAs, por sus siglas en inglés, y educarlos para crear capital social.
En países como Bangladesh, paralizados por las huelgas y un gobierno inepto, es obvio que Yunus vea en los negocios una solución para resolver los problemas sociales. Sin una asociación como Grameen y otras organizaciones altruistas, la situación en Bangladesh podría estar mucho peor.
Mientras mitad del país sigue viviendo en la pobreza extrema, Grameen afirma que 5% de sus acreedores escapan la pobreza cada año; ayudando a disminuir desde un 1% a 2% la pobreza en este país.
23 de marzo de 2007
TV iberoamericana: hacia la concentración
Daniel E. Jones
Profesor titular en la Facultad de Comunicación Blanquerna (Universidad Ramon Llull) e investigador en el Institut de la Comunicació (Universidad Autónoma de Barcelona).
Iberoamárica constituye un área social, política, económica y culturalmente variada y compleja, compuesta por unidades territoriales y humanas tambián diversas en ambos lados del Atlántico. Por ello, cualquier intento de generalización resulta muchas veces de una enorme arbitrariedad, pues Iberoamárica existe más como proyecto que como realidad, y las enormes diferencias de todo orden que separan a unos países de otros (y a unas clases sociales de otras) han dificultado desde antiguo cualquier intento unificador.
Paralelamente, el área iberoamericana convive con otros ámbitos o espacios de carácter político, económico, cultural y comunicativo que se le superponen y que tienen tanta o mayor fuerza integradora, por ejemplo el panamericano (representado por la Organización de Estados Americanos [OEA]) y el paneuropeo (representado por la Unión Europea [UE]), o bien por marcos regionales como el noratlántico (el de la OTAN), y otros de menor dimensión co-mo el Mercosur, la Comunidad Andina, o el Tratado de Libre Comercio de Amárica del Norte (TLCAN). Además, desde la perspectiva política, Iberoamárica sólo cuenta con las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno que se celebran anualmente desde 1991, que han puesto en marcha una Secretaría de Cooperación Iberoamericana permanente, con sede en Madrid.
De todas maneras, por una serie de características comunes que diferencian en mayor o menor medida a sus componentes nacionales de los de otras regiones del planeta, ha existido desde el siglo XIX un cierto interás por realizar estudios científicos desde cualquier perspectiva o disciplina que contemplaran Iberoamárica (antes, Hispanoamárica) en su globalidad. Como no podía ser menos, tambián ha ocurrido lo propio con los investigadores que han analizado el fenómeno televisivo desde diferentes perspectivas acadámicas.
Por tanto, intentar una aproximación panorámica a la televisión en el área iberoamericana en la actualidad no resulta una labor fácil. Esto es debido no sólo a que se trata de un ámbito o espacio comunicativo y cultural muy extenso, variado y con grandes desequilibrios internos, sino tambián a la dificultad de encontrar fuentes fiables, sistemáticas, homogáneas, completas y accesibles sobre los diferentes mercados, industrias y actores que componen su entramado mediático.
Es cierto que el área comunicativa y cultural iberoamericana es, en definitiva, una entelequia, y no está cubierta por ningún medio de comunicación propio en su totalidad. Sobre todo, han existido tímidos intentos por cubrir el ámbito o espacio hispanoamericano: desde España (a travás de la Agencia Efe, el diario El País, la revista femenina ¡Hola! y los canales vía satálite de TVE), desde Cuba (a travás de la agencia Prensa Latina), desde Máxico (a travás del fracasado Servicio Eco de Noticias, de Televisa) y más recientemente desde Venezuela (a travás del canal de noticias vía satálite Telesur).1
A pesar de estas dificultades, parece necesario que se pueda disponer de textos que presenten, aunque sea de manera panorámica, la estructura de la televisión en Iberoamárica en la actualidad, tanto para que se pueda divulgar puertas adentro como puertas afuera de esta comunidad de naciones. Por Iberoamárica se entiende, por tanto, el área que conforman la península ibárica, Brasil y los 18 Estados soberanos de habla española pertenecientes al continente americano. Se ha incluido tambián Puerto Rico con estatus de "Estado libre asociado" a Estados Unidos, y los aproximadamente 40 millones de "hispanos" o "latinos" que viven en este último país. Aunque la información sobre ástos es parcial debido a la dificultad para acceder a fuentes que permitan estudiarlos desde el punto de vista mediático como un ente autónomo y diferenciado dentro de Estados Unidos.
A partir de unas cuantas fuentes internacionales accesibles y de mayor fiabilidad Banco Mundial, Unesco; de varias revistas anglosajonas de prestigio en el campo profesional Screen Digest, Fortune; de algunos anuarios consolidados Unesco, El País, Agencia Efe, McCann-Erickson Latin America/Caribbean, y de ciertos estudios monográficos recientes, se ha podido reconstruir el mapa actual de la televisión iberoamericana que se expone aquí, es decir de la industria televisiva y de los grupos empresariales más importantes e influyentes en este sector, con lo que se completa una visión de carácter general sobre mercados, actores y estrategias.
El sistema mediático en Iberoamérica
Ciertamente, las industrias mediáticas iberoamericanas con la excepción de las españolas no resisten una comparación con las noratlánticas o las japonesas, aunque, dado su nivel de desarrollo en relación con otras regiones del orbe, las empresas y grupos emisores son relativamente importantes. Pero, dentro del área, el papel de los medios es altamente desigual, dependiendo del potencial económico, el progreso tecnológico y la magnitud demográfica de cada país en particular.
En términos de dimensión, los medios brasileños, mexicanos, españoles y argentinos son, con mucho, los más potentes del área, concentrando conjuntamente dos tercios del total de la prensa, y de las emisoras de radio y televisión. Paralelamente, tres factores han caracterizado, aunque de manera desigual, al sistema mediático iberoamericano a lo largo de su historia: el dominio de la oligarquía; la penetración de capitales estadounidenses y europeos, y el protagonismo de las diferentes iglesias. Puede verse cada unos de estos aspectos por separado:
a) Los medios han estado en manos de familias ricas tradicionales, con su propiedad vista como una extensión de su influencia política y social o de sus intereses económicos en la banca, la industria o la agricultura. Sin embargo, estos lazos oligárquicos se han debilitado considerablemente desde 1945, especialmente en los países más grandes y en los sectores audiovisuales, cuando han entrado capitalistas de nuevo cuño.
b) En segundo lugar, hay una gran penetración mediática de Estados Unidos, particularmente en el suministro de noticias y producción audiovisual de ficción (películas, teleseries). Aparte del papel dominante desempeñado por las agencias internacionales (dos de ellas estadounidenses: Associated Press y United Press International), el gobierno de Estados Unidos canaliza noticias a los medios de la región a travás de la United States Information Agency (USIA). El capital financiero, la industria, la tecnología y las producciones culturales estadounidenses controlan el corazón mismo del sistema mediático latinoamericano, pues son hegemónicos entre los grandes anunciantes, las principales agencias publicitarias y, cada vez más, los propios medios de comunicación hegemónicos. En efecto, la penetración mediática estadounidense y europea en Amárica Latina y en la península ibárica ha entrado ya en una nueva fase, a travás de formas directas de actuación, sobre todo en la prensa diaria (especialmente la gratuita), en las revistas (de consumo y tácnicas), en las emisoras radiofónicas y en la televisión vía satálite.
c) En tercer lugar, las iglesias, especialmente la católica y las evangálicas, desempeñan tambián un importante papel. Estas confesiones tienen unos respetables antecedentes en la defensa del derecho a la libertad de expresión (particularmente en América Latina), promueven el acceso de la comunidad a los medios y, en algunos casos, incluso dirigen medios nacionales, aunque cada vez les resulta más difícil competir con los grupos multimedios comerciales.
La región iberoamericana suele estar por debajo de la media mundial en todo tipo de indicadores de carácter sociográfico. Ciertamente, tiene dos países que han alcanzado un nivel de desarrollo aceptable España y Portugal, que se sitúan entre los más débiles de la Unión Europea pero los demás se encuentran claramente entre los países en vías de desarrollo, aunque tres de ástos tienen un mercado más grande y un grado de equipamiento generalmente superior al resto: Brasil, Máxico y Argentina.
Por tanto, las distintas industrias culturales y comunicativas contemporáneas tienen un nivel de implantación desigual en el área. Cuentan con unas raíces y una trayectoria autónoma, pues pertenecen a ápocas diferentes, y corresponden a ramas industriales que tienen algunos elementos comunes, aunque todas ellas se dedican a la producción y distribución de bienes culturales (prensa y libro, cine y video, televisión por cable y por satálite, disco compacto musical y multimedios, telecomunicaciones e Internet). De todas maneras, en los últimos años se está produciendo una creciente integración tecnológica y empresarial (generalmente a cargo de grandes grupos multimedios transnacionales, intra o extra iberoamericanos) y tambián una mayor penetración de los productos a travás de su venta conjunta en grandes superficies comerciales, en tiendas multimedios y, cada vez más, a travás de Internet.
Estas diferentes industrias, asimismo, tienen una importancia económica, social y cultural distinta en el área iberoamericana a comienzos del siglo XXI. A continuación se explica brevemente la situación de la industria televisiva en relación con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), comparándola con otras grandes áreas del planeta.
Televisión hertziana, cable y satálite
En las últimas tres dácadas la televisión iberoamericana se ha erigido como el medio hegemónico particularmente en las grandes áreas urbanas de los países más desarrollados. La gran transformación de la comunicación pública se produjo, precisamente, con la expansión de la televisión, y ásta llegó tempranamente a los países iberoamericanos: en 1949, es decir ocho años despuás del nacimiento de la NBC en Nueva York, apareció el Canal 6 de la Televisión Cubana; al año siguiente nació la TVS Canal 4 de São Paulo y el Canal 4 de la ciudad de México; en 1951 apareció LS82 TV Canal 7 de Buenos Aires; en 1952 la Radio TV Dominicana y la Televisora Nacional de Caracas; en 1954 la Cadena Uno de Bogotá y el primer canal de San Juan de Puerto Rico; en 1956 la Televisión Española en Madrid, y en 1957 la Radiotelevisão Portuguesa en Lisboa. Las emisoras más tardías fueron TV Cerro Corá Canal 9, de Asunción (Paraguay), y la Empresa Nacional de TV Canal 7, de La Paz (Bolivia).
Asimismo, la televisión en color apareció con bastante prontitud en estos países. El sistema NTSC había nacido en Estados Unidos en 1953 y ya en 1959 se había implantado en Cuba, en 1966 en Puerto Rico, en 1968 en Máxico y en 1969 en la República Dominicana. Pero hubo países en los que se adoptó el sistema alemán PAL (nacido en 1967): en Brasil en 1972, en España en 1975, en Argenti-na en 1978 y en Uruguay en 1981.
Entre 1960 y 1992, la tasa de receptores de televisión por mil habitantes pasó de 15 a 186, según la Unesco (1963-), mientras que las emisoras se acercaban ya al medio millar. El crecimiento ha sido imparable hasta la actualidad, con una tasa de 314 televisores por cada mil habitantes y 655 canales en toda el área en 2005 (Agencia Efe, 2006). La mayoría de canales son tambián de propiedad privada: de los 491 canales censados en 1990, 70% eran privados, 20% públicos, 1% de la Iglesia católica y 9% de otros tipos de propiedad.
Asimismo, la televisión iberoamericana está atravesando en los últimos años un proceso de importantes cambios de orden tecnológico, económico, político y de contenidos como probablemente no haya vivido nunca en etapas anteriores. A uno y a otro lado del Atlántico están apareciendo realidades nuevas producto de la desregulación administrativa (la ruptura del monopolio público en España y en Portugal), la aparición de nuevos canales internacionales, temáticos, regionales y locales, la competencia del video domástico, la implantación acelerada del cable y de la televisión de pago (especialmente en Argentina, Uruguay y España2), la consolidación creciente de la televisión directa por satálite y, más recientemente, las plataformas de televisión digital por satálite. Por su parte, los grandes grupos empresariales de la comunicación oriundos del área iberoamericana, además de los estadounidenses de cobertura global, con intereses crecientes en la región (emisión directa por satálite), están modificando en la actualidad el panorama televisivo.
Este comienzo de siglo se caracteriza por el nacimiento de alianzas empresariales internacionales de carácter estratágico,3 la implantación de nuevas tecnologías cada vez más sofisticadas (la migración analógica a la digital), la creciente integración entre televisor, ordenador personal y teláfono móvil, la creación de mercados especializados (sectoriales, regionales, locales), la aparición de nuevos usos sociales del medio, la ruptura de todo tipo de monopolios, la crisis de las inversiones publicitarias debido a la multiplicación y diversificación de la oferta,4 la aparición de la televisión de pago y la necesidad de nuevas producciones originales para atender a una demanda cada vez más fraccionada y diversificada.
Todo este agitado panorama se desenvuelve en medio de un capitalismo agresivo y omnipresente, con el consiguiente abandono de antiguas políticas de comunicación que intentaban regular los mercados nacionales (en plena crisis de los servicios públicos), con la desaparición de todo tipo de fronteras (ideológicas, políticas, geográficas, lingüísticas) y con una aceleración de las transformaciones tecnológicas imprevisible a medio plazo.
Indudablemente, el parque de televisores5 más importante del área es el brasileño, con aproximadamente 60.7 millones de aparatos en 2005, seguido del mexicano (28 millones) y el español (24 millones), sin contar con el parque de los "latinos" en Estados Unidos.
Sin embargo, con las tasas de posesión más altas en 2005 figuraban Chile, con 645 televisores por cada mil habitantes, seguido de Portugal, con 599, y España, con 544; en el extremo opuesto aparecían Nicaragua, con 64 televisores, y Guatemala, con 53. Ese mismo año, Estados Unidos tenía una tasa de mil 63 televisores por cada mil habitantes (Agencia Efe, 2006). España está en un gran proceso de renovación de su parque de televisores, y a fina-les de 2006 unos seis millones de personas veían ya en sus casas la emisión de la Televisión Digital Terrestre (TDT), según un cálculo del Ministerio de Fomento (El País, 25 de noviembre de 2006).
Por lo que respecta a la televisión por cable, Iberoamárica supone aproximadamente 6% del total mundial (equivalente sólo al parque japonás), a gran distancia de Estados Unidos, con 26%, o de Alemania, con 7%. De todas maneras, existe un país iberoamericano que destaca claramente del resto y es Argentina, con unos seis millones de abonados a la televisión por cable (es decir más de la mitad de los hogares, especialmente en Buenos Aires), lo que supone 2% del total mundial y 40% de toda la región (liderados por el grupo argentino Clarín y por el estadounidense Citicorp). En Brasil han crecido tambián en los últimos años las redes de cable, sobre todo en las grandes áreas urbanas de São Paulo y Río de Janeiro (especialmente en manos de Globo Cabo), y en España existió desde finales de los años 90 un gran proyecto de implantación de segundos operadores de cable de fibra óptica en todo el país (que se debía sumar a la amplia red con la que ya contaba Telefónica), aunque ha quedado prácticamente paralizado por la implantación de la tecnología ADSL (cable de cobre).
La situación de la televisión por satálite es bien diferente, pues la tasa de penetración en América Latina (sobre todo en Brasil y Máxico), así como en la península ibárica, es bastante alta. En conjunto, Iberoamárica supone aproximadamente 12% del total mundial, es decir equivalente a la penetración en Estados Unidos o Japón, aunque muy inferior a la de Europa central y del norte (especialmente las de Alemania y Reino Unido).
Sin embargo, los canales vía satálite transmitidos directamente desde las plataformas de PanAmsat, Astra e Hispasat o a través de las redes locales de cable de más áxito en el área iberoamericana eran ya en 1994 los estadounidenses MTV en sus versiones Latino, Brasil y España, con 13.4 millones de hogares; Discovery Channel, con cinco millones, y el deportivo ESPN, con 4.3 millones; otros importantes eran los infantiles TNT y Cartoon Network, y los noticiosos CNN y NBC (Advertising Age International, Chicago, 16 de enero de 1995). Una dácada más tarde, en 2002, el crecimiento era evidente, aunque no había variado mucho el panorama general: Discovery Channel, con 16.5 millones de hogares; ESPN, con 14.6 millones; Canal Fox, con 14.5 millones; USA, con 14 millones; Nikelodeon, con 13.9 millones, y Cartoon Network, con 13.8 millones de hogares (McCann-Erikson Latin American/Caribbean, 2004).
Asimismo, hay que destacar la aparición de las plataformas digitales por satálite a mediados de los años 90, tanto las españolas Canal Satálite Digital (liderada por Prisa y Canal Plus France) y Vía Digi-tal (Telefónica), como las latinoamericanas SkyNews Latin America (News Corporation) y DirecTV Latin America (Hughes Electronics y Cisneros), con una penetración creciente en los respectivos mercados. Más recientemente, en 2003, las dos plataformas españolas se han fusionado en una nueva llamada Digital Plus y controlada por Prisa, Canal Plus France y Telefónica (con 1.3 millones de abonados en 2005). Por su parte, en febrero de 2004 se unieron SkyNews y DirecTV en Amárica Latina (que acaparan conjuntamente 3.2 millones de suscriptores).
Hegemonía de los actores globales
Desde la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en las últimas dos o tres dácadas, los grupos empresariales estadounidenses, europeos y japoneses más importantes han intentado operar en todas partes del mundo, o como mínimo en los mercados más rentables y más fácilmente "colonizables" los europeos y los latinoamericanos, especialmente debido a la fragmentación política y económica de ástos. Por tanto, la penetración de empresas extranjeras en el campo de las industrias culturales y comunicativas (con tecnologías viejas o actuales) en Iberoamárica no es un fenómeno nuevo.
La liberalización económica que se aceleró desde los años 70, culminó entre otras cosas con la entrada de España y Portugal en la Unión Europea en 1986 y con la aparición de macro-mercados regionales en Amárica, como el TLCAN y el Mercosur, entre otros. Esto provocó la consiguiente penetración de las grandes empresas europeas en el negocio de la cultura y la comunicación en la península ibárica, como puente hacia Amárica Latina, un auge de los grandes grupos estadounidenses y la aparición en los 90 de empresas transnacionales nuevas: las españolas.
Desde entonces, la transnacionalización de los mercados iberoamericanos ha sido imparable, pues muchos de los grandes grupos extranjeros han ido absorbiendo gradualmente empresas nacionales en estos sectores como en otros de la economía. Una parte importante de la burguesía autóctona, particularmente la de las grandes concentraciones urbanas e industriales, parece que hubiera optado por vender sus empresas (sobre todo de la incipiente industria electrónica, editorial, fonográfica, televisiva, periodística y publicitaria) para dedicarse a actividades financieras más rentables a corto plazo.
De esta manera, el control de las gigantescas corporaciones transnacionales sobre los mecanismos de la producción y la comercialización de contenidos simbólicos en los mercados iberoamericanos es cada día más decisivo y exógeno y, consiguientemente, el margen de maniobra de las autoridades políticas, más dábil, pues la toma de decisiones se hace cada vez más en las capitales económicas y financieras globales. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en los mercados iberoamericanos de la televisión, controlados por un grupo de grandes corporaciones transnacionales. Y su peso es muy fuerte porque actúan como lobby, tanto ante instancias supranacionales como la Unión Europea o el Mercosur, como ante los diferentes gobiernos del área, vigilando para que los poderes públicos no adopten ninguna medida que afecte a sus intereses estratágicos ni cuestione su hegemonía.
Verdaderamente, nos encontramos ante un colectivo organizado, con una capacidad de presión económica y política decisiva, además de una plataforma de expresión e influencia mediática que es la más colosal de toda la historia de la humanidad. Son las siguientes corporaciones globales: las estadounidenses Time Warner, Disney, Viacom/CBS, Universal (actualmente General Electric), TeleCommunications Inc. y Hugues Electronics, la japonesa Sony y la australiana News Corporation, a las que habría que sumar tambián la alemana Bertelsmann y las francesas Lagardère Group y Vivendi, entre las más significativas.
Estas corporaciones transnacionales gigantes están integradas verticalmente y diversificadas horizontalmente en las industrias de la cultura, la comunicación, el entretenimiento y otras múltiples actividades en diferentes sectores económicos como la electrónica de consumo, Internet, los satálites y los cables de telecomunicaciones o los parques temáticos. Su facturación es en algunos casos superior al PIB de algunos países iberoamericanos. En 2005, por ejemplo, los grupos Time Warner (con 43 mil 652 millones de dólares de facturación), Disney (con 31 mil 944 millones) y News Corporation (con 23 mil 859 millones) estuvieron por encima del PIB de la mayoría de países iberoamericanos, es decir Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Panamá, Uruguay, Bolivia, Honduras, Paraguay y Nicaragua (El País, 2006; Fortune, 2006a; 2006b).
Asimismo, estos grupos ejercen un papel clave en la orientación de la opinión pública iberoamericana (a travás de múltiples diarios, revistas, libros, portales de Internet y emisoras de radiotelevisión) y al intento de conformación de sus gustos musicales o audiovisuales (con discos, películas, programas de televisión o anuncios), pero tambián a la transmisión de valores áticos, estáticos, culturales y científicos. Son, precisamente, los paladines de la globalización (es decir, "americanización") del mundo frente a cualquier hecho diferencial (lingüístico, átnico, cultural, religioso), por su claro dominio no sólo económico, sino también ideológico, informático y simbólico. Además, la compra de Time Warner por parte de America Online en enero de 2000 significó un salto cuantitativo y cualitativo hacia una integración económica y tecnológica entre las industrias culturales tradicionales y los navegadores y portales de Internet que supone un hito histórico y el inicio de una nueva era dentro del ámbito de las TIC, a pesar de los enormes problemas internos surgidos con posterioridad.
Estrategias de los actores iberoamericanos
Pero tambián, a partir de la segunda mitad de los años 90 se ha producido la aparición de grupos transnacionales de origen español, con una proyección sobre todo iberoamericana, que se han sumado a los que ya existían del otro lado del Atlántico. Algunas de las razones que explican este renovado interás de España por esta macro-área vienen dadas por el papel de este país como miembro de la Unión Europea y el liderazgo (sobre todo de carácter cultural y económico, aunque tambián político) que pretende ejercer sobre un colectivo de más de 600 millones de personas hispano o luso-hablantes en un mundo cada vez más globalizado, homogeneizado e híbrido.
Despuás de haber pasado por etapas duras y momentos históricos ciertamente difíciles, España se encuentra en estos momentos de su historia en una situación de privilegio (desarrollo económico y tecnológico, estabilidad política y auge cultural, mediático y editorial) frente a otros países más dábiles en estos campos, incluso los más destacados, como Brasil, Máxico, Argentina y Portugal.
Aunque no se puede hablar propiamente de un intento de neocolonización formal, es cierto que los grandes grupos empresariales españoles se han expandido con gran fuerza hacia los mercados de Portugal y Amárica Latina en la última dácada, como es el caso de la banca (BSCH y BBVA), la hostelería (Marsans y Meliá), la energía (Repsol, Endesa y Gas Natural), las líneas aáreas (Iberia), las telecomunicaciones (Telefónica) y las industrias culturales y mediáticas (Prisa, Planeta, Zeta, Vocento y la misma Telefónica).
Por su parte, los grupos iberoamericanos más importantes son, además de cuatro de los españoles citados (Telefónica, Prisa + Sogecable, Planeta + Antena 3 TV y Vocento + Gestevisión Telecinco), el estadounidense Univisión, los mexicanos Televisa y TV Azteca, los brasileños Globo y Abril, el venezolano Cisneros y el argentino Clarín. Pero, con la excepción de Telefónica (que facturó 48 mil 833 millones de dólares en 2005, sobre todo debido a sus actividades en telefonía fija y móvil en España y en el resto del área iberoamericana), los otros grandes grupos tienen unas ventas anuales que oscilan entre los mil y los dos mil millones de dólares cada uno. En cierta medida, sólo los españoles Telefónica y Prisa están en una fase de gran expansión nacional, transnacional y multimedios, además de haber apostado claramente por las TIC, sobre todo a travás de la televisión digital y los portales Terra e Inicia (vendido por Prisa a Tiscali), respectivamente, que son visitados por millones de usuarios de Internet de toda el área iberoamericana.
El resto de grandes grupos está todavía demasiado centrado en actividades tradicionales: Planeta en el libro (aunque tambián en la prensa y el audiovisual); Zeta, Vocento y Abril en la prensa; Televisa y Clarín en la prensa y en la televisión abierta y de pago; Globo, Univisión y Cisneros en la televisión hertziana, por cable y satélite. Algo similar pasa con las empresas de telecomunicaciones: una gran parte de compañías telefónicas latinoamericanas han sido absorbidas por Telefónica y sólo persiste una grande todavía independiente (América Telecom, de México, con una facturación de 16 mil 719 millones de dólares en 2005 y accionista de referencia de Televisa).
Sin embargo, los grupos españoles, que ya son importantes en el área iberoamericana (compitiendo abiertamente con los líderes Globo, Cisneros, Clarín, Univisión y Televisa), parecen tener estrategias tanto o más ambiciosas y maduras que los otros grandes del área. Su interés se centra ahora sobre todo en Internet y en todas las posibilidades de acceso del público (a través del ordenador, del televisor o del teléfono móvil) y la puerta que se abre a la comercialización de todo tipo de bienes y servicios propios (en especial, contenidos audiovisuales, informativos o de entretenimiento), pero tambián como intermediarios financieros.
En definitiva, el gran abanico de posibilidades de las TIC trasciende con mucho el campo de la televisión tradicional y se adentra con fuerza en sectores nuevos, todavía imprevisibles y con grandes expectativas de lucro, en los que son precisos acuerdos estratégicos con otros tipos de actores económicos o tecnológicos ajenos al negocio audiovisual. Sin ir más lejos, es lo que llevó a Telefónica a establecer en febrero de 2000 una alianza global con el grupo español BBVA para poner en marcha la banca electrónica, como están intentando hacer las principales compañías financieras y de telecomunicaciones del mundo desarrollado, aunque el resultado hasta ahora no parece significativo.
Además, Telefónica cuenta con el portal Terra Networks, de gran penetración en España y que aspira al liderazgo en toda América Latina, en competencia con el tambián español Inicia (ahora de Tiscali), los estadounidenses StarMedia Network (de Fernando Espuelas y otros) y Yupi Incorporated (de la Sony), el brasileño Universo Online (de Abril y Folha da Manhá) y el mexicano T1-msn (de Telmex y Microsoft).
En este sentido, en mayo de 2000, después del fracaso de la fusión con la empresa de telecomunicaciones holandesa KPN, Telefónica invirtió 12 mil 500 millones de dólares en la adquisición del portal estadounidense Lycos, con lo que el nuevo Terra-Lycos pasó a ser el cuarto del mundo (con una presencia importante en EU, América Latina, Europa y Asia), aunque a una cierta distancia de America Online, Yahoo!, Microsoft y de Google, y con un desarrollo posterior irregular.
Algunas conclusiones
A lo largo de este texto se han ido explicando algunas de las principales características del sector televisivo iberoamericano, hoy afectado más que nunca por el desarrollo de las nuevas TIC. Por tanto, se pueden resumir aquí los rasgos fundamentales:
a) La televisión hertziana cuenta con grandes mercados como el brasileño, el mexicano, el español y el "latino" en Estados Unidos y, en general, está muy implantada en todas las áreas urbanas. Con la excepción de Argentina, Uruguay (y en un futuro Brasil y España), el cable no se ha extendido en IberoAmérica debido a su enorme costo y a las grandes áreas territoriales por cubrir. La televisión por satélite, más barata y de fácil acceso, aunque con gran dominio de las plataformas digitales estadounidenses. Paulatinamente, los diferentes países están reconvirtiendo la tecnología televisiva y se está produciendo la migración del sistema analógico al digital, aunque más lento de lo que desearían los poderes públicos y empresariales.
b) Los grandes actores empresariales globales (fundamentalmente estadounidenses, europeos y japoneses) tienen una presencia hegemónica en toda el área iberoamericana, con un control decisivo de todo tipo de soportes y contenidos televisivos.
c) En la última década se ha producido la aparición de grupos transnacionales de origen español. Tal es el caso paradigmático de Telefónica, que ha pasado a ser no sólo el principal operador telefónico de Iberoamérica, sino que compite abiertamente en toda el área con el grupo mexicano América Telecom y con los grupos mediáticos anteriormente asentados, como Globo, Televisa, Cisneros y Clarín, sobre todo en el terreno de las nuevas TIC.
Por otra parte, conviene recordar que la "nueva economía" hacia la que irremediablemente marcha el capitalismo mundial tendrá, sin duda, repercusiones fundamentales en la estructura empresarial de la comunicación y la cultura de masas. Si durante el siglo XX se asistió a la integración vertical y a la diversificación horizontal de los grandes grupos mediáticos, en el XXI estos mismos actores dejarán de ser autónomos para formar parte de corporaciones económicas y tecnológicas mucho más poderosas, y con intereses políticos y sociales que trascenderán con mucho los meramente comunicativos y culturales. La globalización parece imparable, lo que lleva a los actores más dinámicos de las zonas más desarrolladas a adquirir un protagonismo mayor, como está ocurriendo cada vez más con el sudeste asiático.
Asimismo, da la impresión de que los grupos "nacionales" tendrán cada vez más dificultades para mantener una independencia económica y tecnológica que los desborda por todas partes. Por tanto, en un área política, social, cultural y lingüística bastante homogánea como la iberoamericana, la tendencia natural será la consolidación de los medios y empresas que operan a escala macroregional. Sin embargo, los grandes desequilibrios económicos y sociales que existen entre unos países y otros (y entre unas regiones y otras dentro de los mismos países) hacen que, inevitablemente, se tienda a una mayor marginación de las zonas más deprimidas.
Aquellos países, regiones, ciudades, zonas rurales o clases sociales más débiles (y que son una amplia mayoría en IberoAmérica) quedarán cada vez más excluidos de las TIC. Cuanto más moderna, sofisticada y cara es la tecnología que se quiere implantar, más alejada queda de las grandes capas marginales de la población. Por ello, ahora más que nunca se hace necesaria la adopción de unas políticas "iberoamericanas" o como mínimo "latinoamericanas" de comunicación que si no corrijan, por lo menos frenen los grandes desequilibrios. Éstos son mucho mayores ahora que cuando las viejas políticas "nacionales" de comunicación se intentaron poner en práctica, sin éxito, en los años 70. Han pasado ya 30 años y las desigualdades y los problemas entonces denunciados no sólo persisten, sino que han aumentado de manera alarmante.
Bibliografía
Agencia Efe, Anuario iberoamericano 2006, Madrid, Ediciones Pirámide, 2006.
Luis A. Albornoz (coord.), Al fin solos...: la nueva televisión del Mercosur, Buenos Aires, Ediciones CICCUS/La Crujía, 2000.
Alejandro Alfonzo, Televisión de servicio público y televisión lucrativa en América Latina, Caracas, Ministerio de Cultura, 1990.
Enrique Bustamante, Radio y televisión en España: historia de una asignatura pendiente de la democracia, Barcelona, Gedisa, 2006.
José de Almeida Castro, 25 años de televisión vía satálite: Organización de la Televisión Iberoamericana: hispanidad plus fútbol, São Paulo, Edipromo/Talento, 1997.
Fortune (2006a), America's Largest Corporations: 5 Hundred 2006, New York, Time Warner.
Fortune (2006b), The World's Largest Corporations: 2006 Global 500, New York, Time Warner.
Elizabeth Fox, Latin American Broadcasting: From Tango to Telenovela, Luton, University of Luton/John Libbey, 1997.
Elizabeth Fox, Silvio Waisbord (eds.), Latin Politics, Global Media, Austin, University of Texas Press, 2002.
Valerio Fuenzalida, La televisión pública en América Latina: reforma o privatización, Santiago de Chile, FCE, 2000.
Nástor García Canclini, Carlos Moneta (coords.), Las industrias culturales en la integración latinoamericana, Buenos Aires, EUDEBA, 1999.
Néstor García Canclini (coord.), Iberoamérica 2002: diagnóstico y propuestas para el desarrollo cultural, México, OEI/Santillana, 2002.
Octavio Getino, Cine y televisión en América Latina: producción y mercados, Buenos Aires, Ediciones CICCUS, 1998.
Guy Hennebelle, et al., "Les télévisions du monde: un panorama dans 110 pays", en CinémAction Télérama, núm. 48, París, Cerf-Corlet, 1987.
Edward S. Herman y Robert W. McChesney, Los medios globales: los nuevos misioneros del capitalismo corporativo, Madrid, Cátedra, 1999.
Daniel E. Jones, "Tecnologías de la comunicación en IberoAmérica: mercados, actores, estrategias", en Signo y Pensamiento, núm. 36, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2000, pp. 19-32.
Fernando Labrada (dir.), La industria audiovisual iberoamericana: datos de sus principales mercados, 1997, Madrid, Media Research & Consultancy Spain, 1997.
Ana López Arjona (dir.), Inventario de medios de comunicación en América Latina y el Caribe: análisis de resultados, Quito, CIESPAL, 1993.
Sérgio Mattos (org.), A televisão e as políticas regionais de comunicação, São Paulo, Intercom, 1997.
McCann-Erickson Latin America/Caribbean, Latin America/ Caribbean Media Fact Book 2003-2004, Miami, McCann-Erickson Latin America / Caribbean, 2004.
Simon Murray (dir.), Latin American Television, Shrub Oak, Baskerville Communications, 1995.
Rodolfo Neri Vela, Comunicaciones por satélite, México, Thomson, 2003.
Guillermo Orozco Gómez (coord.), Historias de la televisión en América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Venezuela, Barcelona, Gedisa, 2002.
El País, Anuario El País 2006, Madrid, Ediciones El País, 2006.
Sandra Reimão (org.), Televisão na América Latina. 7 estudos, São Bernardo do Campo, UMESP, 2000.
Omar Rincón (comp.), Televisión pública: del consumidor al ciudadano, Buenos Aires, La Crujía, 2005.
José Carlos Rueda Lafond, M del Mar Chicharro Merayo, La televisión en España, 1956-2006: política, consumo y cultura televisiva, Madrid, Fragua, 2006.
Graciela Schneier Madanes (dir.), L'Amerique Latine es ses télévisions: du local au mondial, París, Anthropos/INA, 1995.
Screen Digest, Screen Digest, London, Screen Digest, mensual, 1993-.
John Sinclair, Televisión: comunicación global y regionalización, Barcelona, Gedisa, 2000.
Thomas E. Skidmore (ed.), Television, Politics and Transition to Democracy in Latin America, Washington, Wooddrow
Wilson Center Press/Baltimore, John Hopkins University Press, 1993.
Unesco, Statistical Yearbook = Annuaire statistique, París, Unesco, 1963-.
Unesco, Informe mundial sobre la comunicación y la información: 1999-2000, Madrid, Ediciones Unesco/Cindoc, 2000.
Unesco, Informe mundial sobre la cultura, 2000-2001: diversidad cultural, conflicto y pluralismo, Madrid, Ediciones Unesco/Ediciones Mundi-Prensa, 2001.
1 Sin embargo, esta expansión no es nueva en el negocio editorial, porque ya desde comienzos del siglo XX se implantaron en América Latina empresas editoriales españolas, fenómeno que ha aumentado en las últimas décadas, sobre todo con los grupos Planeta y Prisa (su filial Santillana). Más recientemente, tambián se ha querido atender esta área a travás de algunos portales de Internet en lengua española y portuguesa, como los españoles Terra Networks e Inicia, el brasileño Universo Online, el argentino El Sitio, el mexicano T1-msn o los estadounidenses StarMedia Network y Yupi Inc., entre los más significativos.
2 En 2003, la penetración de la televisión de pago (por cable o satálite) en América Latina tenía una media de 16.2% de los hogares, con países con un porcentaje muy alto (Argentina, 44%, y Uruguay, 41.6%), otros con un porcentaje medio (México, 19.3%; Chile, 19.2%; Venezuela, 18%, y Colombia, 17.2%) y otros con un porcentaje muy bajo (Bolivia, 4.2%; Nicaragua, 4.1%, y Honduras, 3.6%), según datos de McCann-Erickson Latin America/Caribbean, 2004. Por su parte, en España llegaba en 2005 a 20.8% de los hogares (El País, 2006).
3 Por ejemplo, las que se dan entre Planeta y De Agostini (en toda IberoAmérica), Prisa y Televisa (en México), Prisa y Canal Plus France (en España), Televisa y Mediapro (en España) y Vocento y Mediaset (en España).
4 El medio televisivo se ha convertido en el principal soporte publicitario para los países iberoamericanos. En los principales mercados, la publicidad en televisión suponía en 2001 76% de todas las inversiones en medios en México, 62% en Venezuela, 56% en Colombia y 55% en Argentina. Por su parte, en 2003 alcanzaba 41% de las inversiones en España, que ha subido a 44% en 2005 (McCann-Erickson Latin America/Caribbean, 2004; El País, 2006).
5 A comienzos del siglo XXI, sólo tres países del área son fabricantes de televisores (aunque sea con tecnología japonesa o coreana): Brasil, España y Argentina y, en menor medida, México y Portugal.
Paralelamente, el área iberoamericana convive con otros ámbitos o espacios de carácter político, económico, cultural y comunicativo que se le superponen y que tienen tanta o mayor fuerza integradora, por ejemplo el panamericano (representado por la Organización de Estados Americanos [OEA]) y el paneuropeo (representado por la Unión Europea [UE]), o bien por marcos regionales como el noratlántico (el de la OTAN), y otros de menor dimensión co-mo el Mercosur, la Comunidad Andina, o el Tratado de Libre Comercio de Amárica del Norte (TLCAN). Además, desde la perspectiva política, Iberoamárica sólo cuenta con las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno que se celebran anualmente desde 1991, que han puesto en marcha una Secretaría de Cooperación Iberoamericana permanente, con sede en Madrid.
De todas maneras, por una serie de características comunes que diferencian en mayor o menor medida a sus componentes nacionales de los de otras regiones del planeta, ha existido desde el siglo XIX un cierto interás por realizar estudios científicos desde cualquier perspectiva o disciplina que contemplaran Iberoamárica (antes, Hispanoamárica) en su globalidad. Como no podía ser menos, tambián ha ocurrido lo propio con los investigadores que han analizado el fenómeno televisivo desde diferentes perspectivas acadámicas.
Por tanto, intentar una aproximación panorámica a la televisión en el área iberoamericana en la actualidad no resulta una labor fácil. Esto es debido no sólo a que se trata de un ámbito o espacio comunicativo y cultural muy extenso, variado y con grandes desequilibrios internos, sino tambián a la dificultad de encontrar fuentes fiables, sistemáticas, homogáneas, completas y accesibles sobre los diferentes mercados, industrias y actores que componen su entramado mediático.
Es cierto que el área comunicativa y cultural iberoamericana es, en definitiva, una entelequia, y no está cubierta por ningún medio de comunicación propio en su totalidad. Sobre todo, han existido tímidos intentos por cubrir el ámbito o espacio hispanoamericano: desde España (a travás de la Agencia Efe, el diario El País, la revista femenina ¡Hola! y los canales vía satálite de TVE), desde Cuba (a travás de la agencia Prensa Latina), desde Máxico (a travás del fracasado Servicio Eco de Noticias, de Televisa) y más recientemente desde Venezuela (a travás del canal de noticias vía satálite Telesur).1
A pesar de estas dificultades, parece necesario que se pueda disponer de textos que presenten, aunque sea de manera panorámica, la estructura de la televisión en Iberoamárica en la actualidad, tanto para que se pueda divulgar puertas adentro como puertas afuera de esta comunidad de naciones. Por Iberoamárica se entiende, por tanto, el área que conforman la península ibárica, Brasil y los 18 Estados soberanos de habla española pertenecientes al continente americano. Se ha incluido tambián Puerto Rico con estatus de "Estado libre asociado" a Estados Unidos, y los aproximadamente 40 millones de "hispanos" o "latinos" que viven en este último país. Aunque la información sobre ástos es parcial debido a la dificultad para acceder a fuentes que permitan estudiarlos desde el punto de vista mediático como un ente autónomo y diferenciado dentro de Estados Unidos.
A partir de unas cuantas fuentes internacionales accesibles y de mayor fiabilidad Banco Mundial, Unesco; de varias revistas anglosajonas de prestigio en el campo profesional Screen Digest, Fortune; de algunos anuarios consolidados Unesco, El País, Agencia Efe, McCann-Erickson Latin America/Caribbean, y de ciertos estudios monográficos recientes, se ha podido reconstruir el mapa actual de la televisión iberoamericana que se expone aquí, es decir de la industria televisiva y de los grupos empresariales más importantes e influyentes en este sector, con lo que se completa una visión de carácter general sobre mercados, actores y estrategias.
El sistema mediático en Iberoamérica
Ciertamente, las industrias mediáticas iberoamericanas con la excepción de las españolas no resisten una comparación con las noratlánticas o las japonesas, aunque, dado su nivel de desarrollo en relación con otras regiones del orbe, las empresas y grupos emisores son relativamente importantes. Pero, dentro del área, el papel de los medios es altamente desigual, dependiendo del potencial económico, el progreso tecnológico y la magnitud demográfica de cada país en particular.
En términos de dimensión, los medios brasileños, mexicanos, españoles y argentinos son, con mucho, los más potentes del área, concentrando conjuntamente dos tercios del total de la prensa, y de las emisoras de radio y televisión. Paralelamente, tres factores han caracterizado, aunque de manera desigual, al sistema mediático iberoamericano a lo largo de su historia: el dominio de la oligarquía; la penetración de capitales estadounidenses y europeos, y el protagonismo de las diferentes iglesias. Puede verse cada unos de estos aspectos por separado:
a) Los medios han estado en manos de familias ricas tradicionales, con su propiedad vista como una extensión de su influencia política y social o de sus intereses económicos en la banca, la industria o la agricultura. Sin embargo, estos lazos oligárquicos se han debilitado considerablemente desde 1945, especialmente en los países más grandes y en los sectores audiovisuales, cuando han entrado capitalistas de nuevo cuño.
b) En segundo lugar, hay una gran penetración mediática de Estados Unidos, particularmente en el suministro de noticias y producción audiovisual de ficción (películas, teleseries). Aparte del papel dominante desempeñado por las agencias internacionales (dos de ellas estadounidenses: Associated Press y United Press International), el gobierno de Estados Unidos canaliza noticias a los medios de la región a travás de la United States Information Agency (USIA). El capital financiero, la industria, la tecnología y las producciones culturales estadounidenses controlan el corazón mismo del sistema mediático latinoamericano, pues son hegemónicos entre los grandes anunciantes, las principales agencias publicitarias y, cada vez más, los propios medios de comunicación hegemónicos. En efecto, la penetración mediática estadounidense y europea en Amárica Latina y en la península ibárica ha entrado ya en una nueva fase, a travás de formas directas de actuación, sobre todo en la prensa diaria (especialmente la gratuita), en las revistas (de consumo y tácnicas), en las emisoras radiofónicas y en la televisión vía satálite.
c) En tercer lugar, las iglesias, especialmente la católica y las evangálicas, desempeñan tambián un importante papel. Estas confesiones tienen unos respetables antecedentes en la defensa del derecho a la libertad de expresión (particularmente en América Latina), promueven el acceso de la comunidad a los medios y, en algunos casos, incluso dirigen medios nacionales, aunque cada vez les resulta más difícil competir con los grupos multimedios comerciales.
La región iberoamericana suele estar por debajo de la media mundial en todo tipo de indicadores de carácter sociográfico. Ciertamente, tiene dos países que han alcanzado un nivel de desarrollo aceptable España y Portugal, que se sitúan entre los más débiles de la Unión Europea pero los demás se encuentran claramente entre los países en vías de desarrollo, aunque tres de ástos tienen un mercado más grande y un grado de equipamiento generalmente superior al resto: Brasil, Máxico y Argentina.
Por tanto, las distintas industrias culturales y comunicativas contemporáneas tienen un nivel de implantación desigual en el área. Cuentan con unas raíces y una trayectoria autónoma, pues pertenecen a ápocas diferentes, y corresponden a ramas industriales que tienen algunos elementos comunes, aunque todas ellas se dedican a la producción y distribución de bienes culturales (prensa y libro, cine y video, televisión por cable y por satálite, disco compacto musical y multimedios, telecomunicaciones e Internet). De todas maneras, en los últimos años se está produciendo una creciente integración tecnológica y empresarial (generalmente a cargo de grandes grupos multimedios transnacionales, intra o extra iberoamericanos) y tambián una mayor penetración de los productos a travás de su venta conjunta en grandes superficies comerciales, en tiendas multimedios y, cada vez más, a travás de Internet.
Estas diferentes industrias, asimismo, tienen una importancia económica, social y cultural distinta en el área iberoamericana a comienzos del siglo XXI. A continuación se explica brevemente la situación de la industria televisiva en relación con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), comparándola con otras grandes áreas del planeta.
Televisión hertziana, cable y satálite
En las últimas tres dácadas la televisión iberoamericana se ha erigido como el medio hegemónico particularmente en las grandes áreas urbanas de los países más desarrollados. La gran transformación de la comunicación pública se produjo, precisamente, con la expansión de la televisión, y ásta llegó tempranamente a los países iberoamericanos: en 1949, es decir ocho años despuás del nacimiento de la NBC en Nueva York, apareció el Canal 6 de la Televisión Cubana; al año siguiente nació la TVS Canal 4 de São Paulo y el Canal 4 de la ciudad de México; en 1951 apareció LS82 TV Canal 7 de Buenos Aires; en 1952 la Radio TV Dominicana y la Televisora Nacional de Caracas; en 1954 la Cadena Uno de Bogotá y el primer canal de San Juan de Puerto Rico; en 1956 la Televisión Española en Madrid, y en 1957 la Radiotelevisão Portuguesa en Lisboa. Las emisoras más tardías fueron TV Cerro Corá Canal 9, de Asunción (Paraguay), y la Empresa Nacional de TV Canal 7, de La Paz (Bolivia).
Asimismo, la televisión en color apareció con bastante prontitud en estos países. El sistema NTSC había nacido en Estados Unidos en 1953 y ya en 1959 se había implantado en Cuba, en 1966 en Puerto Rico, en 1968 en Máxico y en 1969 en la República Dominicana. Pero hubo países en los que se adoptó el sistema alemán PAL (nacido en 1967): en Brasil en 1972, en España en 1975, en Argenti-na en 1978 y en Uruguay en 1981.
Entre 1960 y 1992, la tasa de receptores de televisión por mil habitantes pasó de 15 a 186, según la Unesco (1963-), mientras que las emisoras se acercaban ya al medio millar. El crecimiento ha sido imparable hasta la actualidad, con una tasa de 314 televisores por cada mil habitantes y 655 canales en toda el área en 2005 (Agencia Efe, 2006). La mayoría de canales son tambián de propiedad privada: de los 491 canales censados en 1990, 70% eran privados, 20% públicos, 1% de la Iglesia católica y 9% de otros tipos de propiedad.
Asimismo, la televisión iberoamericana está atravesando en los últimos años un proceso de importantes cambios de orden tecnológico, económico, político y de contenidos como probablemente no haya vivido nunca en etapas anteriores. A uno y a otro lado del Atlántico están apareciendo realidades nuevas producto de la desregulación administrativa (la ruptura del monopolio público en España y en Portugal), la aparición de nuevos canales internacionales, temáticos, regionales y locales, la competencia del video domástico, la implantación acelerada del cable y de la televisión de pago (especialmente en Argentina, Uruguay y España2), la consolidación creciente de la televisión directa por satálite y, más recientemente, las plataformas de televisión digital por satálite. Por su parte, los grandes grupos empresariales de la comunicación oriundos del área iberoamericana, además de los estadounidenses de cobertura global, con intereses crecientes en la región (emisión directa por satálite), están modificando en la actualidad el panorama televisivo.
Este comienzo de siglo se caracteriza por el nacimiento de alianzas empresariales internacionales de carácter estratágico,3 la implantación de nuevas tecnologías cada vez más sofisticadas (la migración analógica a la digital), la creciente integración entre televisor, ordenador personal y teláfono móvil, la creación de mercados especializados (sectoriales, regionales, locales), la aparición de nuevos usos sociales del medio, la ruptura de todo tipo de monopolios, la crisis de las inversiones publicitarias debido a la multiplicación y diversificación de la oferta,4 la aparición de la televisión de pago y la necesidad de nuevas producciones originales para atender a una demanda cada vez más fraccionada y diversificada.
Todo este agitado panorama se desenvuelve en medio de un capitalismo agresivo y omnipresente, con el consiguiente abandono de antiguas políticas de comunicación que intentaban regular los mercados nacionales (en plena crisis de los servicios públicos), con la desaparición de todo tipo de fronteras (ideológicas, políticas, geográficas, lingüísticas) y con una aceleración de las transformaciones tecnológicas imprevisible a medio plazo.
Indudablemente, el parque de televisores5 más importante del área es el brasileño, con aproximadamente 60.7 millones de aparatos en 2005, seguido del mexicano (28 millones) y el español (24 millones), sin contar con el parque de los "latinos" en Estados Unidos.
Sin embargo, con las tasas de posesión más altas en 2005 figuraban Chile, con 645 televisores por cada mil habitantes, seguido de Portugal, con 599, y España, con 544; en el extremo opuesto aparecían Nicaragua, con 64 televisores, y Guatemala, con 53. Ese mismo año, Estados Unidos tenía una tasa de mil 63 televisores por cada mil habitantes (Agencia Efe, 2006). España está en un gran proceso de renovación de su parque de televisores, y a fina-les de 2006 unos seis millones de personas veían ya en sus casas la emisión de la Televisión Digital Terrestre (TDT), según un cálculo del Ministerio de Fomento (El País, 25 de noviembre de 2006).
Por lo que respecta a la televisión por cable, Iberoamárica supone aproximadamente 6% del total mundial (equivalente sólo al parque japonás), a gran distancia de Estados Unidos, con 26%, o de Alemania, con 7%. De todas maneras, existe un país iberoamericano que destaca claramente del resto y es Argentina, con unos seis millones de abonados a la televisión por cable (es decir más de la mitad de los hogares, especialmente en Buenos Aires), lo que supone 2% del total mundial y 40% de toda la región (liderados por el grupo argentino Clarín y por el estadounidense Citicorp). En Brasil han crecido tambián en los últimos años las redes de cable, sobre todo en las grandes áreas urbanas de São Paulo y Río de Janeiro (especialmente en manos de Globo Cabo), y en España existió desde finales de los años 90 un gran proyecto de implantación de segundos operadores de cable de fibra óptica en todo el país (que se debía sumar a la amplia red con la que ya contaba Telefónica), aunque ha quedado prácticamente paralizado por la implantación de la tecnología ADSL (cable de cobre).
La situación de la televisión por satálite es bien diferente, pues la tasa de penetración en América Latina (sobre todo en Brasil y Máxico), así como en la península ibárica, es bastante alta. En conjunto, Iberoamárica supone aproximadamente 12% del total mundial, es decir equivalente a la penetración en Estados Unidos o Japón, aunque muy inferior a la de Europa central y del norte (especialmente las de Alemania y Reino Unido).
Sin embargo, los canales vía satálite transmitidos directamente desde las plataformas de PanAmsat, Astra e Hispasat o a través de las redes locales de cable de más áxito en el área iberoamericana eran ya en 1994 los estadounidenses MTV en sus versiones Latino, Brasil y España, con 13.4 millones de hogares; Discovery Channel, con cinco millones, y el deportivo ESPN, con 4.3 millones; otros importantes eran los infantiles TNT y Cartoon Network, y los noticiosos CNN y NBC (Advertising Age International, Chicago, 16 de enero de 1995). Una dácada más tarde, en 2002, el crecimiento era evidente, aunque no había variado mucho el panorama general: Discovery Channel, con 16.5 millones de hogares; ESPN, con 14.6 millones; Canal Fox, con 14.5 millones; USA, con 14 millones; Nikelodeon, con 13.9 millones, y Cartoon Network, con 13.8 millones de hogares (McCann-Erikson Latin American/Caribbean, 2004).
Asimismo, hay que destacar la aparición de las plataformas digitales por satálite a mediados de los años 90, tanto las españolas Canal Satálite Digital (liderada por Prisa y Canal Plus France) y Vía Digi-tal (Telefónica), como las latinoamericanas SkyNews Latin America (News Corporation) y DirecTV Latin America (Hughes Electronics y Cisneros), con una penetración creciente en los respectivos mercados. Más recientemente, en 2003, las dos plataformas españolas se han fusionado en una nueva llamada Digital Plus y controlada por Prisa, Canal Plus France y Telefónica (con 1.3 millones de abonados en 2005). Por su parte, en febrero de 2004 se unieron SkyNews y DirecTV en Amárica Latina (que acaparan conjuntamente 3.2 millones de suscriptores).
Hegemonía de los actores globales
Desde la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en las últimas dos o tres dácadas, los grupos empresariales estadounidenses, europeos y japoneses más importantes han intentado operar en todas partes del mundo, o como mínimo en los mercados más rentables y más fácilmente "colonizables" los europeos y los latinoamericanos, especialmente debido a la fragmentación política y económica de ástos. Por tanto, la penetración de empresas extranjeras en el campo de las industrias culturales y comunicativas (con tecnologías viejas o actuales) en Iberoamárica no es un fenómeno nuevo.
La liberalización económica que se aceleró desde los años 70, culminó entre otras cosas con la entrada de España y Portugal en la Unión Europea en 1986 y con la aparición de macro-mercados regionales en Amárica, como el TLCAN y el Mercosur, entre otros. Esto provocó la consiguiente penetración de las grandes empresas europeas en el negocio de la cultura y la comunicación en la península ibárica, como puente hacia Amárica Latina, un auge de los grandes grupos estadounidenses y la aparición en los 90 de empresas transnacionales nuevas: las españolas.
Desde entonces, la transnacionalización de los mercados iberoamericanos ha sido imparable, pues muchos de los grandes grupos extranjeros han ido absorbiendo gradualmente empresas nacionales en estos sectores como en otros de la economía. Una parte importante de la burguesía autóctona, particularmente la de las grandes concentraciones urbanas e industriales, parece que hubiera optado por vender sus empresas (sobre todo de la incipiente industria electrónica, editorial, fonográfica, televisiva, periodística y publicitaria) para dedicarse a actividades financieras más rentables a corto plazo.
De esta manera, el control de las gigantescas corporaciones transnacionales sobre los mecanismos de la producción y la comercialización de contenidos simbólicos en los mercados iberoamericanos es cada día más decisivo y exógeno y, consiguientemente, el margen de maniobra de las autoridades políticas, más dábil, pues la toma de decisiones se hace cada vez más en las capitales económicas y financieras globales. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en los mercados iberoamericanos de la televisión, controlados por un grupo de grandes corporaciones transnacionales. Y su peso es muy fuerte porque actúan como lobby, tanto ante instancias supranacionales como la Unión Europea o el Mercosur, como ante los diferentes gobiernos del área, vigilando para que los poderes públicos no adopten ninguna medida que afecte a sus intereses estratágicos ni cuestione su hegemonía.
Verdaderamente, nos encontramos ante un colectivo organizado, con una capacidad de presión económica y política decisiva, además de una plataforma de expresión e influencia mediática que es la más colosal de toda la historia de la humanidad. Son las siguientes corporaciones globales: las estadounidenses Time Warner, Disney, Viacom/CBS, Universal (actualmente General Electric), TeleCommunications Inc. y Hugues Electronics, la japonesa Sony y la australiana News Corporation, a las que habría que sumar tambián la alemana Bertelsmann y las francesas Lagardère Group y Vivendi, entre las más significativas.
Estas corporaciones transnacionales gigantes están integradas verticalmente y diversificadas horizontalmente en las industrias de la cultura, la comunicación, el entretenimiento y otras múltiples actividades en diferentes sectores económicos como la electrónica de consumo, Internet, los satálites y los cables de telecomunicaciones o los parques temáticos. Su facturación es en algunos casos superior al PIB de algunos países iberoamericanos. En 2005, por ejemplo, los grupos Time Warner (con 43 mil 652 millones de dólares de facturación), Disney (con 31 mil 944 millones) y News Corporation (con 23 mil 859 millones) estuvieron por encima del PIB de la mayoría de países iberoamericanos, es decir Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Panamá, Uruguay, Bolivia, Honduras, Paraguay y Nicaragua (El País, 2006; Fortune, 2006a; 2006b).
Asimismo, estos grupos ejercen un papel clave en la orientación de la opinión pública iberoamericana (a travás de múltiples diarios, revistas, libros, portales de Internet y emisoras de radiotelevisión) y al intento de conformación de sus gustos musicales o audiovisuales (con discos, películas, programas de televisión o anuncios), pero tambián a la transmisión de valores áticos, estáticos, culturales y científicos. Son, precisamente, los paladines de la globalización (es decir, "americanización") del mundo frente a cualquier hecho diferencial (lingüístico, átnico, cultural, religioso), por su claro dominio no sólo económico, sino también ideológico, informático y simbólico. Además, la compra de Time Warner por parte de America Online en enero de 2000 significó un salto cuantitativo y cualitativo hacia una integración económica y tecnológica entre las industrias culturales tradicionales y los navegadores y portales de Internet que supone un hito histórico y el inicio de una nueva era dentro del ámbito de las TIC, a pesar de los enormes problemas internos surgidos con posterioridad.
Estrategias de los actores iberoamericanos
Pero tambián, a partir de la segunda mitad de los años 90 se ha producido la aparición de grupos transnacionales de origen español, con una proyección sobre todo iberoamericana, que se han sumado a los que ya existían del otro lado del Atlántico. Algunas de las razones que explican este renovado interás de España por esta macro-área vienen dadas por el papel de este país como miembro de la Unión Europea y el liderazgo (sobre todo de carácter cultural y económico, aunque tambián político) que pretende ejercer sobre un colectivo de más de 600 millones de personas hispano o luso-hablantes en un mundo cada vez más globalizado, homogeneizado e híbrido.
Despuás de haber pasado por etapas duras y momentos históricos ciertamente difíciles, España se encuentra en estos momentos de su historia en una situación de privilegio (desarrollo económico y tecnológico, estabilidad política y auge cultural, mediático y editorial) frente a otros países más dábiles en estos campos, incluso los más destacados, como Brasil, Máxico, Argentina y Portugal.
Aunque no se puede hablar propiamente de un intento de neocolonización formal, es cierto que los grandes grupos empresariales españoles se han expandido con gran fuerza hacia los mercados de Portugal y Amárica Latina en la última dácada, como es el caso de la banca (BSCH y BBVA), la hostelería (Marsans y Meliá), la energía (Repsol, Endesa y Gas Natural), las líneas aáreas (Iberia), las telecomunicaciones (Telefónica) y las industrias culturales y mediáticas (Prisa, Planeta, Zeta, Vocento y la misma Telefónica).
Por su parte, los grupos iberoamericanos más importantes son, además de cuatro de los españoles citados (Telefónica, Prisa + Sogecable, Planeta + Antena 3 TV y Vocento + Gestevisión Telecinco), el estadounidense Univisión, los mexicanos Televisa y TV Azteca, los brasileños Globo y Abril, el venezolano Cisneros y el argentino Clarín. Pero, con la excepción de Telefónica (que facturó 48 mil 833 millones de dólares en 2005, sobre todo debido a sus actividades en telefonía fija y móvil en España y en el resto del área iberoamericana), los otros grandes grupos tienen unas ventas anuales que oscilan entre los mil y los dos mil millones de dólares cada uno. En cierta medida, sólo los españoles Telefónica y Prisa están en una fase de gran expansión nacional, transnacional y multimedios, además de haber apostado claramente por las TIC, sobre todo a travás de la televisión digital y los portales Terra e Inicia (vendido por Prisa a Tiscali), respectivamente, que son visitados por millones de usuarios de Internet de toda el área iberoamericana.
El resto de grandes grupos está todavía demasiado centrado en actividades tradicionales: Planeta en el libro (aunque tambián en la prensa y el audiovisual); Zeta, Vocento y Abril en la prensa; Televisa y Clarín en la prensa y en la televisión abierta y de pago; Globo, Univisión y Cisneros en la televisión hertziana, por cable y satélite. Algo similar pasa con las empresas de telecomunicaciones: una gran parte de compañías telefónicas latinoamericanas han sido absorbidas por Telefónica y sólo persiste una grande todavía independiente (América Telecom, de México, con una facturación de 16 mil 719 millones de dólares en 2005 y accionista de referencia de Televisa).
Sin embargo, los grupos españoles, que ya son importantes en el área iberoamericana (compitiendo abiertamente con los líderes Globo, Cisneros, Clarín, Univisión y Televisa), parecen tener estrategias tanto o más ambiciosas y maduras que los otros grandes del área. Su interés se centra ahora sobre todo en Internet y en todas las posibilidades de acceso del público (a través del ordenador, del televisor o del teléfono móvil) y la puerta que se abre a la comercialización de todo tipo de bienes y servicios propios (en especial, contenidos audiovisuales, informativos o de entretenimiento), pero tambián como intermediarios financieros.
En definitiva, el gran abanico de posibilidades de las TIC trasciende con mucho el campo de la televisión tradicional y se adentra con fuerza en sectores nuevos, todavía imprevisibles y con grandes expectativas de lucro, en los que son precisos acuerdos estratégicos con otros tipos de actores económicos o tecnológicos ajenos al negocio audiovisual. Sin ir más lejos, es lo que llevó a Telefónica a establecer en febrero de 2000 una alianza global con el grupo español BBVA para poner en marcha la banca electrónica, como están intentando hacer las principales compañías financieras y de telecomunicaciones del mundo desarrollado, aunque el resultado hasta ahora no parece significativo.
Además, Telefónica cuenta con el portal Terra Networks, de gran penetración en España y que aspira al liderazgo en toda América Latina, en competencia con el tambián español Inicia (ahora de Tiscali), los estadounidenses StarMedia Network (de Fernando Espuelas y otros) y Yupi Incorporated (de la Sony), el brasileño Universo Online (de Abril y Folha da Manhá) y el mexicano T1-msn (de Telmex y Microsoft).
En este sentido, en mayo de 2000, después del fracaso de la fusión con la empresa de telecomunicaciones holandesa KPN, Telefónica invirtió 12 mil 500 millones de dólares en la adquisición del portal estadounidense Lycos, con lo que el nuevo Terra-Lycos pasó a ser el cuarto del mundo (con una presencia importante en EU, América Latina, Europa y Asia), aunque a una cierta distancia de America Online, Yahoo!, Microsoft y de Google, y con un desarrollo posterior irregular.
Algunas conclusiones
A lo largo de este texto se han ido explicando algunas de las principales características del sector televisivo iberoamericano, hoy afectado más que nunca por el desarrollo de las nuevas TIC. Por tanto, se pueden resumir aquí los rasgos fundamentales:
a) La televisión hertziana cuenta con grandes mercados como el brasileño, el mexicano, el español y el "latino" en Estados Unidos y, en general, está muy implantada en todas las áreas urbanas. Con la excepción de Argentina, Uruguay (y en un futuro Brasil y España), el cable no se ha extendido en IberoAmérica debido a su enorme costo y a las grandes áreas territoriales por cubrir. La televisión por satélite, más barata y de fácil acceso, aunque con gran dominio de las plataformas digitales estadounidenses. Paulatinamente, los diferentes países están reconvirtiendo la tecnología televisiva y se está produciendo la migración del sistema analógico al digital, aunque más lento de lo que desearían los poderes públicos y empresariales.
b) Los grandes actores empresariales globales (fundamentalmente estadounidenses, europeos y japoneses) tienen una presencia hegemónica en toda el área iberoamericana, con un control decisivo de todo tipo de soportes y contenidos televisivos.
c) En la última década se ha producido la aparición de grupos transnacionales de origen español. Tal es el caso paradigmático de Telefónica, que ha pasado a ser no sólo el principal operador telefónico de Iberoamérica, sino que compite abiertamente en toda el área con el grupo mexicano América Telecom y con los grupos mediáticos anteriormente asentados, como Globo, Televisa, Cisneros y Clarín, sobre todo en el terreno de las nuevas TIC.
Por otra parte, conviene recordar que la "nueva economía" hacia la que irremediablemente marcha el capitalismo mundial tendrá, sin duda, repercusiones fundamentales en la estructura empresarial de la comunicación y la cultura de masas. Si durante el siglo XX se asistió a la integración vertical y a la diversificación horizontal de los grandes grupos mediáticos, en el XXI estos mismos actores dejarán de ser autónomos para formar parte de corporaciones económicas y tecnológicas mucho más poderosas, y con intereses políticos y sociales que trascenderán con mucho los meramente comunicativos y culturales. La globalización parece imparable, lo que lleva a los actores más dinámicos de las zonas más desarrolladas a adquirir un protagonismo mayor, como está ocurriendo cada vez más con el sudeste asiático.
Asimismo, da la impresión de que los grupos "nacionales" tendrán cada vez más dificultades para mantener una independencia económica y tecnológica que los desborda por todas partes. Por tanto, en un área política, social, cultural y lingüística bastante homogánea como la iberoamericana, la tendencia natural será la consolidación de los medios y empresas que operan a escala macroregional. Sin embargo, los grandes desequilibrios económicos y sociales que existen entre unos países y otros (y entre unas regiones y otras dentro de los mismos países) hacen que, inevitablemente, se tienda a una mayor marginación de las zonas más deprimidas.
Aquellos países, regiones, ciudades, zonas rurales o clases sociales más débiles (y que son una amplia mayoría en IberoAmérica) quedarán cada vez más excluidos de las TIC. Cuanto más moderna, sofisticada y cara es la tecnología que se quiere implantar, más alejada queda de las grandes capas marginales de la población. Por ello, ahora más que nunca se hace necesaria la adopción de unas políticas "iberoamericanas" o como mínimo "latinoamericanas" de comunicación que si no corrijan, por lo menos frenen los grandes desequilibrios. Éstos son mucho mayores ahora que cuando las viejas políticas "nacionales" de comunicación se intentaron poner en práctica, sin éxito, en los años 70. Han pasado ya 30 años y las desigualdades y los problemas entonces denunciados no sólo persisten, sino que han aumentado de manera alarmante.
Bibliografía
Agencia Efe, Anuario iberoamericano 2006, Madrid, Ediciones Pirámide, 2006.
Luis A. Albornoz (coord.), Al fin solos...: la nueva televisión del Mercosur, Buenos Aires, Ediciones CICCUS/La Crujía, 2000.
Alejandro Alfonzo, Televisión de servicio público y televisión lucrativa en América Latina, Caracas, Ministerio de Cultura, 1990.
Enrique Bustamante, Radio y televisión en España: historia de una asignatura pendiente de la democracia, Barcelona, Gedisa, 2006.
José de Almeida Castro, 25 años de televisión vía satálite: Organización de la Televisión Iberoamericana: hispanidad plus fútbol, São Paulo, Edipromo/Talento, 1997.
Fortune (2006a), America's Largest Corporations: 5 Hundred 2006, New York, Time Warner.
Fortune (2006b), The World's Largest Corporations: 2006 Global 500, New York, Time Warner.
Elizabeth Fox, Latin American Broadcasting: From Tango to Telenovela, Luton, University of Luton/John Libbey, 1997.
Elizabeth Fox, Silvio Waisbord (eds.), Latin Politics, Global Media, Austin, University of Texas Press, 2002.
Valerio Fuenzalida, La televisión pública en América Latina: reforma o privatización, Santiago de Chile, FCE, 2000.
Nástor García Canclini, Carlos Moneta (coords.), Las industrias culturales en la integración latinoamericana, Buenos Aires, EUDEBA, 1999.
Néstor García Canclini (coord.), Iberoamérica 2002: diagnóstico y propuestas para el desarrollo cultural, México, OEI/Santillana, 2002.
Octavio Getino, Cine y televisión en América Latina: producción y mercados, Buenos Aires, Ediciones CICCUS, 1998.
Guy Hennebelle, et al., "Les télévisions du monde: un panorama dans 110 pays", en CinémAction Télérama, núm. 48, París, Cerf-Corlet, 1987.
Edward S. Herman y Robert W. McChesney, Los medios globales: los nuevos misioneros del capitalismo corporativo, Madrid, Cátedra, 1999.
Daniel E. Jones, "Tecnologías de la comunicación en IberoAmérica: mercados, actores, estrategias", en Signo y Pensamiento, núm. 36, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2000, pp. 19-32.
Fernando Labrada (dir.), La industria audiovisual iberoamericana: datos de sus principales mercados, 1997, Madrid, Media Research & Consultancy Spain, 1997.
Ana López Arjona (dir.), Inventario de medios de comunicación en América Latina y el Caribe: análisis de resultados, Quito, CIESPAL, 1993.
Sérgio Mattos (org.), A televisão e as políticas regionais de comunicação, São Paulo, Intercom, 1997.
McCann-Erickson Latin America/Caribbean, Latin America/ Caribbean Media Fact Book 2003-2004, Miami, McCann-Erickson Latin America / Caribbean, 2004.
Simon Murray (dir.), Latin American Television, Shrub Oak, Baskerville Communications, 1995.
Rodolfo Neri Vela, Comunicaciones por satélite, México, Thomson, 2003.
Guillermo Orozco Gómez (coord.), Historias de la televisión en América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Venezuela, Barcelona, Gedisa, 2002.
El País, Anuario El País 2006, Madrid, Ediciones El País, 2006.
Sandra Reimão (org.), Televisão na América Latina. 7 estudos, São Bernardo do Campo, UMESP, 2000.
Omar Rincón (comp.), Televisión pública: del consumidor al ciudadano, Buenos Aires, La Crujía, 2005.
José Carlos Rueda Lafond, M del Mar Chicharro Merayo, La televisión en España, 1956-2006: política, consumo y cultura televisiva, Madrid, Fragua, 2006.
Graciela Schneier Madanes (dir.), L'Amerique Latine es ses télévisions: du local au mondial, París, Anthropos/INA, 1995.
Screen Digest, Screen Digest, London, Screen Digest, mensual, 1993-.
John Sinclair, Televisión: comunicación global y regionalización, Barcelona, Gedisa, 2000.
Thomas E. Skidmore (ed.), Television, Politics and Transition to Democracy in Latin America, Washington, Wooddrow
Wilson Center Press/Baltimore, John Hopkins University Press, 1993.
Unesco, Statistical Yearbook = Annuaire statistique, París, Unesco, 1963-.
Unesco, Informe mundial sobre la comunicación y la información: 1999-2000, Madrid, Ediciones Unesco/Cindoc, 2000.
Unesco, Informe mundial sobre la cultura, 2000-2001: diversidad cultural, conflicto y pluralismo, Madrid, Ediciones Unesco/Ediciones Mundi-Prensa, 2001.
1 Sin embargo, esta expansión no es nueva en el negocio editorial, porque ya desde comienzos del siglo XX se implantaron en América Latina empresas editoriales españolas, fenómeno que ha aumentado en las últimas décadas, sobre todo con los grupos Planeta y Prisa (su filial Santillana). Más recientemente, tambián se ha querido atender esta área a travás de algunos portales de Internet en lengua española y portuguesa, como los españoles Terra Networks e Inicia, el brasileño Universo Online, el argentino El Sitio, el mexicano T1-msn o los estadounidenses StarMedia Network y Yupi Inc., entre los más significativos.
2 En 2003, la penetración de la televisión de pago (por cable o satálite) en América Latina tenía una media de 16.2% de los hogares, con países con un porcentaje muy alto (Argentina, 44%, y Uruguay, 41.6%), otros con un porcentaje medio (México, 19.3%; Chile, 19.2%; Venezuela, 18%, y Colombia, 17.2%) y otros con un porcentaje muy bajo (Bolivia, 4.2%; Nicaragua, 4.1%, y Honduras, 3.6%), según datos de McCann-Erickson Latin America/Caribbean, 2004. Por su parte, en España llegaba en 2005 a 20.8% de los hogares (El País, 2006).
3 Por ejemplo, las que se dan entre Planeta y De Agostini (en toda IberoAmérica), Prisa y Televisa (en México), Prisa y Canal Plus France (en España), Televisa y Mediapro (en España) y Vocento y Mediaset (en España).
4 El medio televisivo se ha convertido en el principal soporte publicitario para los países iberoamericanos. En los principales mercados, la publicidad en televisión suponía en 2001 76% de todas las inversiones en medios en México, 62% en Venezuela, 56% en Colombia y 55% en Argentina. Por su parte, en 2003 alcanzaba 41% de las inversiones en España, que ha subido a 44% en 2005 (McCann-Erickson Latin America/Caribbean, 2004; El País, 2006).
5 A comienzos del siglo XXI, sólo tres países del área son fabricantes de televisores (aunque sea con tecnología japonesa o coreana): Brasil, España y Argentina y, en menor medida, México y Portugal.
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