Reformas electorales

Javier Corral Jurado

En México, las acciones de defraudación electoral en el momento de la jornada hace años que dejaron de existir como práctica consuetudinaria del sistema político que encarnó el modelo de partido único. El avance de las normas que ciudadanizaron el llamado día "D" es innegable. Otro está siendo el problema de nuestra democracia electoral, y es la equidad en la contienda, violentada por formas que van desde la falta de fiscalización del dinero, la participación de las autoridades en los procesos, la falta de transparencia y control de la contratación de la publicidad electoral en medios, y los métodos de falsificación política al integrar los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales.

Esta inequidad es tratada bajo una grave simulación política. Los actores obstaculizan o favorecen modificaciones legales si se encuentran en el ejercicio del poder o en la oposición, y la doble vara ha generado esquizofrenia discursiva -e incongruencia programática- sobre lo que se requiere reformar, motivos y alcances. Así, podemos encontrar diversas posturas entre gobiernos priístas, perredistas y panistas, reflejado en sus legislaciones locales, donde unos avanzan y otros se desfasan dramáticamente, en ocasiones hasta con propuestas regresivas.

Entidades como Chihuahua, referente de la lucha democrática y de cambios legislativos de hondo calado, han pasado a un penoso letargo en el impulso, no sólo por la pequeñez de la mirada de quienes hoy dirigen los destinos de mi querido estado, sino por la falta de contrapesos, que pasan por una desinflada organización social, así como por la ausencia de una actitud crítica e independiente de la mayoría de los medios de comunicación. Y eso acontece en no pocas entidades.

La disparidad de criterios con que actúan los gobiernos locales emanados de partidos políticos nacionales, dibuja el pragmatismo que invade a la política, y el sacrificio de principios y valores democráticos. Pero ello no puede ni debe continuar, porque la tensión social aumenta.

Será difícil superar la confrontación política postelectoral si no hay un verdadero acuerdo para reformar las reglas en las que se llevan a cabo las elecciones locales y del país. La nación no tendrá sosiego ni se hallará espacio entre las autoridades de los distintos niveles y los diferentes poderes, para llegar a acuerdos; será compleja la idea de la cooperación oposición-gobierno, congreso-ejecutivos, y el trabajo en unidad que reclaman muchos problemas sociales se verá aplazado.

El inmovilismo legislativo de la clase política hacia una reforma de la legislación electoral cobrará enormes consecuencias en la estabilidad social, y la llamada "institucionalidad democrática" se verá sustituida por otras formas de expresión y participación no pacíficas.

Además, seguir atizando como explicación postelectoral el argumento de que "estas son las reglas y con ellas aceptó competir" no sólo significa una terrible aceptación de mecanismos injustos, sino que es prueba del cinismo con que se aprueba un modelo cuyo propósito es expulsar de la vía electoral al que no acepta los términos. Luego las autoridades jurisdiccionales reconocen los elementos de inequidad, sin poderlos castigar, por falta de criterios legales y normas específicas que regulen esos fenómenos. Una provocación brutal desde la autoridad.

Es hora de un diagnóstico profundo sobre el estado que guarda la democracia en nuestro país, y un balance comparativo de la situación en las entidades. El momento es propicio para una segunda generación de reformas electorales que centren esfuerzos en regular las precampañas, reduzcan el gasto electoral, se acorten los tiempos de las campañas, y se saque a la política de la dependencia existencial del capital privado y de la tv. Reglamentar la publicidad gubernamental y la actuación de los gobernantes durante las campañas es otro imperativo. Quintana Roo dio pasos en la regulación de la publicidad oficial y prohibió su uso con propósitos de promoción de la imagen personal. Zacatecas incorporó a su legislación "el derecho exclusivo de los partidos políticos y, en su caso, de las coaliciones, de contratar por conducto del Consejo General del Instituto Estatal Electoral tiempos y espacios en los medios de comunicación social para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales".

El financiamiento de las campañas y el gasto ordinario de los partidos son de los asuntos que presentan mayor contraste en el interior de las organizaciones políticas. Hacer que prevalezca el financiamiento público sobre el privado no sólo se orienta en el sentido de garantizar la mayor independencia y autonomía de los actores políticos en el gobierno, sino asegura un control real sobre los gastos en campaña.

Metido en la promesa de una reforma electoral, el PAN en Chihuahua está proponiendo a sus contrapartes "considerar y colocarse a la vanguardia del país, en el tema de la homologación del calendario electoral local con el federal. Con intervalos muy reducidos, estamos constantemente en elecciones, y debemos darnos plazos suficientes para el acuerdo y la tarea conjunta". Vamos a ver qué pasa y luego lo comentaremos.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

Cultura democrática: ¿avance o retroceso?

José Antonio Crespo

Es lugar común que, para que una democracia incipiente logre consolidarse, se requieren cambios sustanciales en la cultura política de la ciudadanía. Esto no garantiza, desde luego, la consolidación democrática, pero la facilita. En cambio, la ausencia de una cultura democrática dificulta ese propósito. En términos realistas e históricos, la cultura democrática es más limitada; se trata, en primer lugar, de la convicción churchilliana de que, con todas sus limitaciones y deficiencias, la democracia es la menos mala de las opciones políticas. ¿Cómo andamos en México? De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Política (Encup) que periódicamente levanta la Secretaría de Gobernación, no muy bien. En 2001, si bien un amplio segmento, 62%, pensaba en la democracia como la mejor forma de gobierno, frente a 9% que abiertamente se declaraba pro-autoritario, a la hora de dar como opciones una democracia económicamente ineficaz y un autoritarismo más promisorio, entonces los "demócratas" se reducen a 47% y quienes optarían por el autoritarismo crecen dramáticamente a 32%. Conclusión de Perogrull si una democracia no empieza a rendir frutos económica y socialmente, su legitimación y respaldo se reducen.

La consolidación democrática exige también un alto grado de "cultura de la legalidad", que consiste en confiar en el orden jurídico del país, en sus instituciones de impartición de justicia, en jueces y tribunales. Debe prevalecer un compromiso con las leyes y, si algunas partes concretas de la normatividad no resultan satisfactorias, debe buscarse su transformación dentro del marco institucional y no fuera de él. En eso tampoco andamos muy bien. El 58% de los mexicanos piensa que si una ley es injusta se tiene derecho a desobedecerla (mandarla "al diablo", como quien dice), lo que en principio se aproxima más a una postura revolucionaria que a una democrática. En cambio, sólo 28% refleja una posición altamente legalista. Otro aspecto crucial es la posición frente al uso de la fuerza pública. En virtud de nuestra propia historia, la fuerza pública se ha visto inevitablemente asociada con la arbitrariedad, el abuso y la represión. No es de extrañar que 68% en 2001 viera a la fuerza pública como instrumento de represión, no de gobernabilidad democrática. Cuando se aclara al entrevistado que el conflicto está afectando a terceros inocentes, ese porcentaje se reduce a 55%, todavía una mayoría absoluta.

¿Cómo modificar tales actitudes y avanzar en una sólida cultura democrática que contribuya a la consolidación de la democracia, si es que eso ha de acontecer algún día (lo que no se ve hoy tan claro)? Una idea mítica es que la cultura democrática se logra con base en una campaña publicitaria desplegada por los diversos agentes de socialización (escuelas, lugares de trabajo, iglesias y, sobre todo, medios de comunicación). Eso puede ayudar en cierto grado, pero si los ciudadanos no palpan por experiencia que, en efecto, se dan pasos reales en favor de todo lo que implica un orden democrático, no terminarán por convencerse que se vive en una democracia cabal. O, de creerlo, se pondrá en duda que ésta valga la pena. Es pues a partir de eventos públicos reales y visibles que puede fortalecerse sólidamente la cultura democrática, más que de celebraciones vacías por una democracia más o menos ficticia, o de demagógicos llamados a la unidad nacional.

Durante el gobierno de Fox hubo algunos acontecimientos que pudieron haber contribuido a nutrir la cultura democrática, como la alternancia misma del año 2000, el fortalecimiento del Poder Legislativo (aunque eso se ha visto gradualmente más como traba que como ventaja), la Ley de Transparencia y la ampliación de la libertad de expresión. Pero muchos otros eventos han jugado en contra del avance cultural-democrático. En primerísimo lugar viene la ausencia total de rendición de cuentas. Con la transparencia nos percatarnos en mayor medida de las corruptelas, pero si al mismo tiempo vemos que éstas no se penalizan, se refuerza la idea de que sigue prevaleciendo la impunidad —rasgo del autoritarismo— más que la rendición de cuentas —esencia de la democracia—. El evento del desafuero de Andrés López Obrador, cuando hasta 80% de la población terminó viéndolo como una maquinación política más que como un intento universalista de aplicar la ley, refuerza la idea de que la ley sirve más para promover mezquinos intereses políticos. Así lo cree hoy 60% de la población frente a un ingenuo 35% que cree que la ley sirve en México para proteger a los ciudadanos o para hacer justicia.

La reciente represión en San Salvador Atenco, comprobada y documentada por la CNDH, fortaleció a su vez la imagen de que la fuerza pública es más un instrumento de represión que para preservar legítimamente el orden social. Finalmente, la forma en que se llevó a cabo la elección presidencial y el hecho de que casi la mitad alimente dudas acerca de la fidelidad del triunfo de Felipe Calderón, merma en lugar de fortalecer la credibilidad en las instituciones electorales. Aunque también, el hecho de que López Obrador no haya acatado el dictamen del Tribunal Electoral, como lo dispone la Constitución, nutre en muchos ciudadanos la convicción de que algunos partidos —yo digo que todos— no muestran disposición real a aceptar el juego democrático. Ambos bandos, felipistas y obradoristas, están convencidos de defender la democracia, y de que el adversario violó los acuerdos tomados entre 1994 y 2000. Un clima nada propicio para la gobernabilidad democrática. Los actores políticos son responsables en distinta medida de esa situación. En suma, pese a la enorme oportunidad de fortalecer la cultura democrática que se abrió en el año 2000, el corte de caja aparentemente arroja un saldo negativo.

La importancia del orden político

Leo Zuckermann

“La diferencia política más importante entre los países no es su forma de gobierno, sino el grado de gobierno con que cuentan”. Con esta aguda frase comienza Samuel Huntington el que quizá sea su mejor libro El orden político en las sociedades en cambio. Para el politólogo estadunidense, la característica más importante que debe tener un Estado es el orden. Pero, ¿qué es lo que determina la existencia o no de este atributo en un país?

La tesis primordial de Huntington es que las sociedades que experimentan un rápido cambio social generan la movilización política de nuevos grupos que, a su vez, socavan los fundamentos de la autoridad y las instituciones políticas tradicionales. Si los “ritmos de movilización social y el auge de la participación política son elevados”, mientras que los ritmos de la “organización e institucionalización políticas son bajos”, entonces se produce la inestabilidad.

El desorden es producto del “lento desarrollo de las instituciones políticas” que respalden “los cambios económicos y sociales”.

Para Huntington, la diferencia de los sistemas políticos no está entre aquellos que son democráticos o autoritarios, sino entre los eficaces o débiles: “El problema principal no es la libertad, sino la creación de un orden público legítimo. Puede haber orden sin libertad, pero no libertad sin orden. La vigencia de la autoridad es previa a su limitación”.

Huntington publicó su libro en 1968 y, en ese entonces, consideraba que había un país que si bien contaba con un régimen autoritario, había podido instaurar el orden político. Se trataba de México, nación que había experimentado una revolución, la cual terminó por desarrollar un entramado institucional que pudo canalizar y resolver los conflictos sociales asociados al crecimiento económico.

El autor, de hecho, dedica toda una sección a analizar el caso mexicano, donde relata cómo la Revolución ocasionó un cambio en la cultura y en las instituciones políticas, lo cual, a su vez, produjo orden. “El sistema político que emergió después de la Revolución suministró a México una estabilidad política sin precedente en América Latina y la estructura política necesaria para un nuevo periodo de crecimiento económico rápido en los cuarenta y cincuenta”. El México posrevolucionario se convirtió en un caso de éxito de modernización política. Se crearon instituciones complejas, autónomas, coherentes y adaptables, que son los cuatro criterios que utiliza Huntington para evaluar el “grado” de gobierno.

Pues bien, en las últimas tres décadas, México dejó atrás su régimen autoritario con estabilidad política, para pasar a ser uno democrático donde no queda del todo claro cómo procurará el orden. Mientras que el sistema anterior tenía la capacidad de canalizar y resolver los conflictos sociales, el actual está entrampado. Ahí están los casos de Oaxaca o de los territorios gobernados por la violencia del narcotráfico, como ejemplos.

El nuevo gobierno debe entender que la endeble democracia peligra si comienzan a extenderse los bolsones de violencia e inestabilidad política que hoy existen en diversas regiones del país. Y, más allá del uso de la fuerza pública legítima, urge desarrollar nuevas instituciones sólidas, flexibles y coherentes que aseguren el orden político necesario.

Poderes subordinados

Juan Francisco Escobedo

La disputa que desencadenaron las reformas intempestivas de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley de Telecomunicaciones ha entrado en reflujo. Será la Suprema Corte de Justicia la que determine el curso de acción que en materia de regulación de medios audiovisuales deberá tomar el país.

Entre las consecuencias no deseadas, provocadas por la disputa, es necesario subrayar la pérdida de relevancia de ciertos temas asociados con la normatividad en materia de medios, que simplemente fueron ignorados por los legisladores, como es el caso de los medios audiovisuales actualmente gestionados por los poderes públicos locales.

La transición mediática se ha quedado desfasada respecto del proceso de democratización, no obstante las limitaciones y problemas de este último que se han hecho evidentes por las inadecuadas decisiones y el impreciso manejo de información por parte del IFE.

Diversas son las causas que explican el desfase entre la transición electoral y la transición mediática. En primer lugar, sobresale la pérdida de centralidad y poder del gobierno federal, frente a la capacidad de presión y cabildeo de que disponen las empresas privadas que gestionan medios audiovisuales.

La trama corporativa que han forjado los concesionarios de radio y televisión se ha revelado en el actual contexto de incertidumbre política, como una de las organizaciones privadas con mayor eficacia en la defensa de sus intereses.

La enorme capacidad de movilización de recursos mediáticos y de otros géneros que han desplegado las empresas televisoras y la CIRT, han exhibido la debilidad estructural del gobierno y de los actores políticos para reconducir una disputa inevitable, en los términos más razonables y bajo un marco de referencia equilibrado, en el que se tengan en cuenta las dimensiones democráticas, el interés público, el desarrollo del mercado mediático y las exigencias tecnológicas.

Con las reformas aludidas saltó por los aires el viejo pacto de relación subordinada¹ y acomodaticia que prevaleció durante cuatro décadas, entre el gobierno federal y los concesionarios de radio y televisión. Pero el vacío ha sido llenado por el poder fáctico de los empresarios que manejan las concesiones de radio y televisión más rentables. El viejo pacto no ha sido sustituido por uno nuevo, ni tampoco existen pautas de referencia para reconducir las relaciones entre el poder público y los empresarios, en el marco de la legalidad.

Es importante reconocer los hechos, pues de otra manera no se podría comprender por qué el proceso de reforma de la normatividad en la materia estuvo marcado por la discrecionalidad y la operación política al estilo de los mejores días del autoritarismo. Negar a los actores sociales es la mejor manera de perder todas las disputas.

En materia mediática, en los últimos años ha ocurrido un proceso muy complejo de inserción de las empresas de radio y televisión en los procesos de desarrollo tecnológico y generación de negocios de una altísima tasa de ganancia, que hizo crecer su influencia en la economía y en la política de manera exorbitante.

Negar el proceso y negar a dichos actores sólo ha conducido al debilitamiento de los enfoques alternativos y a la disminución de la capacidad de negociación, como quedó claro en el último lance entre los bandos que disputaron el sentido de las reformas a las leyes aludidas. Todo ello con la complacencia de los tres principales partidos políticos y de los tres principales candidatos a la Presidencia de la República.

Es importante recordar que ninguno de estos candidatos se pronunció de manera categórica sobre las reformas en curso. La pregunta a resolver radica en saber las causas de la prudencia o de las omisiones deliberadas de los principales actores políticos sobre este tema tan importante para el país.

Mientras el gobierno federal, los legisladores y los actores políticos se encontraban distraídos en otras disputas que consideraban más importantes que la formulación de una regulación adecuada para fomentar la coexistencia de las distintas formas de explotación y uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico; los empresarios desplegaron con soltura y gran eficacia un intenso cabildeo, hasta conseguir la aprobación de las reformas de manera vertiginosa.

Los hechos son tercos. Los empresarios desplegaron una batalla estratégica, cuyo primer objetivo consistió en establecer posiciones de predominio en el debate teórico y doctrinario sobre los diversos temas que implicaba la reforma de la normatividad vigente.

Es importante reconocer que la estrategia de los empresarios para simplificar el tema resultó eficaz. Sus voceros sembraron en todos los foros posibles la idea de que con el fomento a las estaciones de radio comunitarias y gubernamentales se pretendía constreñir el desarrollo de la industria audiovisual, de manera tan restrictiva que estas medidas terminarían provocando su incompetencia frente a los desafíos de la competencia internacional y del desarrollo tecnológico.

El falso y maniqueo dilema entre medios privados y medios comunitarios y gubernamentales se convirtió en el enfoque predominante para aproximarse al tema de la regulación. En ese contexto se deslizaron ciertas falacias que adoptaron todos los interlocutores. Se llegó a decir que se pretendía disminuir el acceso al mercado de la publicidad gubernamental y al mismo tiempo incrementar los flujos de recursos públicos hacia las estaciones permisionadas, y que de esa manera éstas librarían una competencia desleal por la audiencia.

Nada más lejos de la verdad. Los recursos públicos que se dedican a las estaciones comunitarias son marginales en el presupuesto de las instituciones que las gestionan, y no obstante que tienen audiencia muy leal que tiende a crecer, el mercado social al que dirigen sus mensajes es realmente menor frente a las grandes audiencias a las que llegan las estaciones de radio y televisión comerciales.

Para legitimar una decisión política y justificar el proceso de cabildeo que vendría más tarde, era necesario ganar el debate o por lo menos introducir temas y enfoques que sirvieran a esos propósitos. Es importante reconocer que la estrategia dio los resultados esperados, pues evitó que frente a la trama de intereses que se movieron para impulsar las reformas a las leyes referidas, se articulara una coalición política capaz de detenerla. Y lo lograron.

Ni siquiera los legisladores del PRD tuvieron la capacidad de reaccionar ante tan eficaz despliegue político. NI tampoco tuvieron la entereza para explicar su deliberado apoyo, que luego justificaron como una distracción, ciertamente inaceptable.

Los tres candidatos de entonces calcularon que su deliberada prudencia y silencio sobre el tema sería visto con buenos ojos por los concesionarios, y ello les facilitaría negociaciones favorables para obtener mayor y mejor tiempo aire en la disputa por los electores. Ninguno de los actores políticos que pudo haber reorientado el sentido de la reforma ha dado una explicación acerca de su silencio.

Todos jugaban a la guerra electoral, pensando ingenuamente que tendrían la capacidad de calcular sus efectos y que una vez que ganaran las elecciones, tendrían la posibilidad de renegociar los términos de la relación con las empresas de la industria audiovisual. Todos hicieron una lectura equivocada. Y actualmente no hay forma de reconsiderar la reforma, salvo que la Suprema Corte de Justicia allane esa posibilidad.

Los senadores que se resistieron al alud desplegado para aprobar la denominada Ley Televisa fueron dejados a su suerte por los partidos a los que pertenecen, y jamás consiguieron que el tema entrase en la agenda de sus respectivos candidatos a la Presidencia.

El problema nunca ha sido entre mercado y Estado, ni entre estaciones comerciales, comunitarias y gubernamentales. El problema es más complejo y por lo tanto debió discutirse lejos de las visiones maniqueas. Se trataba y se trata de actualizar la legislación en la materia, para permitir la coexistencia asimétrica entre las formas privadas de uso y operación de las frecuencias del espectro radioeléctrico con las modalidades de gestión comunitaria y pública.

Se trataba de establecer incentivos para el desarrollo de la industria audiovisual, bajo el marco de la legalidad. No de subordinar la operación de las instituciones públicas a las pautas y a la tasa de ganancia de las empresas privadas.

Si los partidos y los candidatos no hubiesen estado obnubilados por la obsesión de ganar las elecciones a cualquier precio, la reforma hubiese tenido otra orientación, las relaciones entre los medios privados y el Estado no fuesen tan desiguales y favorables a las empresas privadas como se encuentran actualmente, y la sociedad mexicana estuviese en condiciones de recibir una oferta audiovisual de mejor calidad.

La perspectiva maniquea borró del debate la historia del modelo de radiodifusión mixto que ha prevalecido en el país. Aprovechando el momento de distracción y debilidad del gobierno y de pérdida de perspectiva de los actores políticos, los empresarios decidieron pujar por quedarse con todo el pastel radioeléctrico, y están a punto de lograrlo, si la Suprema Corte de Justicia no entra al fondo de la cuestión y reconduce el proceso de reforma.

No estoy seguro que en el corto plazo existan condiciones para revisar la cuestión con perspectiva de Estado. Por lo pronto, se dejó fuera del debate asuntos relacionados con la gestión de los medios de los poderes locales y de instituciones educativas.

El excluyente dilema entre el mercado y el Estado borró la discusión sobre el alto interés público que tiene la gestión de medios audiovisuales, independientemente de quienes los administren. Se relegó la experiencia de los modelos mixtos y asimétricos que funcionan con éxito en otros países, en los que coexisten sin mayor problema los medios privados con los públicos, sin que el Estado abdique de su obligación de árbitro y regulador de la industria audiovisual.

También se dejó de lado el tema de las transformaciones en los medios administrados por los poderes ejecutivos locales con la excepción del caso de Morelos,² administrado por el Poder Legislativo. Con ello se minimizó el debate acerca de la necesidad de impulsar la transformación de los medios gubernamentales regionales en medios públicos.

El marco doctrinario y las experiencias comparadas de las que se nutre el modelo de medios públicos han sido ignorados por el gobierno federal y los actores políticos. Para las empresas privadas el tema simplemente no existe.

La perspectiva democrática que tienen los actores políticos es insuficiente y acomodaticia. Mientras no llegaba el momento electoral y calculaban que con negociaciones especiales podían ganar las elecciones, los partidos y los candidatos presidenciales se abstuvieron de pronunciarse sobre tan importante asunto.

Eludieron por conveniencia el tema y al hacerlo se convirtieron en patrocinadores de la reforma intempestiva de la legislación vigente. Ninguno de los tres principales partidos y de los tres principales candidatos presidenciales se salva de las responsabilidades que lleva implícita la aprobación de una reforma, que se realizó de espaldas al proceso de democratización del país. Digamos que ingenuamente los actores políticos se distrajeron con las disputas electorales, para ceder en la disputa mediática.

No hay democracia que sea viable en el largo plazo, que no haya domeñado los intereses de las corporaciones mediáticas. Los excesos de la campaña presidencial, incluidos los excesos de la guerra sucia, en la que todos los actores concurrieron, fue posible en buena medida por el margen tan laxo de actuación en el que operan las empresas de medios audiovisuales.

Las reglas las pone el Estado democrático y no los actores privados. En el caso de las reformas aludidas, los legisladores actuaron como interpósitas personas de los concesionarios. Y esta reforma habrá de consumarse, salvo que la Suprema Corte de Justicia resuelva la reconducción del proceso legislativo que dio origen a la reforma legal intempestiva a la que me he referido

¹ Ver José Carreño Carlón, "Un modelo de la relación entre prensa y poder en México en el siglo XX", en www.saladeprensa.org

² Ver María Dolores Rosales, "Hacia un modelo regional de medios públicos: el caso de Morelos", en www.bib.uia.mx/tesis/programas.html

De la periferia al centro, de nuevo

César Cansino

Siempre creí que una vez que la alternancia llegara a nivel federal, después de abrirse camino trabajosamente en varios estados de la República, el siguiente paso de la transición, o sea el rediseño institucional y normativo del nuevo régimen democrático, se gestaría del nivel federal a los estados, es decir, del centro a la periferia. Sin embargo, la reforma del Estado no tuvo lugar durante el sexenio del cambio y no hay indicios de que la nueva Legislatura federal esté a la altura del desafío, pese a que las elecciones federales pasadas mostraron la imperiosa necesidad de introducir cambios profundos en nuestro arreglo normativo para recuperar credibilidad y eficacia institucionales.

Frente a esta parálisis del Congreso de la Unión, varios congresos locales han iniciado promisorias reformas de sus constituciones, sobre todo en materia electoral, que nos obligan a replantear la tesis descrita arriba. Tal parece que, al igual que la transición en su momento, la reforma del Estado también avanzará de la periferia al centro, es decir, los estados irán introduciendo modificaciones democráticas cada vez más profundas y avanzadas en sus legislaciones que tarde o temprano el Congreso federal tendrá que considerarlas a nivel de nuestra Carta Magna si no quiere verse rebasado por la historia.

Entre otras entidades que se han subido al tren de las reformas institucionales destacan la de Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Zacatecas, Guerrero, Yucatán y el DF. No en todos estos casos las reformas y los procedimientos han sido los más adecuados ni han generado consensos claros. Empero, indican un camino al que se irán sumando nuevos proyectos de reforma locales, hasta resonar en el nivel federal.

En ocasiones se ha avanzado solicitando a la Suprema Corte de Justicia que falle sobre la constitucionalidad de ciertas prerrogativas, como el asunto de las candidaturas independientes presentado a iniciativa del Congreso de Yucatán, lo cual sienta un precedente, sobre todo cuando los tribunales se pronuncian favorablemente, como en este caso.

Por ello, así como no se puede subestimar el peso que tuvieron en su momento varias experiencias de alternancia a nivel estatal para que la transición democrática en México avanzara al gobierno central, tampoco se puede restar importancia a todas estas experiencias de reforma institucional locales en la perspectiva de que finalmente se avance hacia la reforma del Estado a nivel federal. Con todo, cabe subrayar que la única posibilidad para consolidar lo alcanzado hasta ahora pasa necesariamente por una reforma integral del actual entramado normativo e institucional, es decir, por una reforma del Estado a nivel federal, y de ahí, de regreso, a todas las entidades de la federación.

Es decir, si la transición democrática en nuestro país avanzó de la periferia al centro, la instauración de la democracia y su eventual consolidación sólo podrá concretarse si finalmente las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y los demás protagonistas de la vida política del país son capaces de llegar a acuerdos que pongan al día a nuestras leyes e instituciones en sintonía con las exigencias y condiciones propias de un régimen democrático.

En ausencia de estas reformas a nuestra Carta Magna, la transición seguirá instalada en la ambigüedad, atrapada por las inercias autoritarias del pasado, con señales de inestabilidad e ingobernabilidad, de parálisis y traslape de funciones, por no haberse adecuado a tiempo nuestra normatividad a una lógica de funcionamiento democrático. Basta echar una mirada a los principales conflictos que se han experimentado a lo largo del sexenio de la alternancia, para constatar que la mayoría de ellos nace de la incompatibilidad entre, por una parte, una normatividad que se edificó y modificó constantemente durante décadas, para favorecer la continuidad en el poder de una élite política y para asegurar la persistencia de un régimen no democrático, y, por la otra, la afirmación en el país de un pluralismo y una participación políticas que no encajan de manera virtuosa en el marco institucional existente.

No por casualidad, un signo de nuestro tiempo son las innumerables controversias constitucionales que ha debido resolver el Poder Judicial, considerando que muchas leyes vigentes, además de obsoletas y contradictorias, admiten múltiples interpretaciones.

El mal gobierno...corporativo

Luis Miguel González

Hablando de grandes cambios en el gobierno, ¿por qué no tomar en serio la reinvención del gobierno… corporativo?

La mayoría de los consejos de administración son clubes de parientes, amigos y personas que no saben decir no. Esto afecta la forma en que toman decisiones. No hay contrapesos efectivos ante los excesos o carencias del grupo que controla la empresa.
Eso no parecía tan malo ni excepcional en 1960, porque así era en todo el mundo. En los últimos decenios el mundo ha cambiado mucho y México, sólo un poco.

El ritmo de cambio se ha acelerado en los últimos años, como consecuencia de los escándalos corporativos. El ideal es ahora la reducción al mínimo de los miembros de las familias propietarias en el consejo. Se recomienda el reclutamiento de especialistas independientes, además de la incorporación de proveedores y accionistas minoritarios.
Las deficiencias en gobierno corporativo es un asunto estratégico porque le quitan competitividad a México. Para atraer inversión extranjera estas carencias son un factor tan importante como la ausencia del Estado de Derecho o la demora en las reformas energética y fiscal.

Mejorar la calidad de los consejos de administración otorgaría más confianza a los inversionistas institucionales. Impulsaría la inversión extranjera directa y la transferencia de tecnología.
En ese sentido, el reto para los próximos años va mucho más allá de mejorar el consejo de las empresas públicas como Pemex o CFE. Somos un país de monopolios y estamos condenados a padecer una mala decisión tomada en el consejo de cualquiera de las empresas dominantes. La quiebra de cualquiera de las grandes empresas monopólicas significa ruina para una región y desabasto de un producto o servicio.

Tenemos derecho a demandar una mayor supervisión pública de los consejos de los corporativos. Ellos reciben subsidios y ventajas regulatorias, pero no asumen que las corporaciones son ciudadanos con tantas obligaciones como derechos. La avaricia es necesaria, decía Gordon Gekko, el personaje de Michael Douglas en la película Wall Street. No sería tan nociva si hubiera contrapesos en los consejos de administra-ción donde se manifiesta.

Malas notas para las universidades latinoamericanas

Andrés Oppenheimer

Olvídense de los petro-demagogos y de los retro-progresistas que gobiernan varios países latinoamericanos: el principal obstáculo de la región para competir en la economía global será la baja calidad de sus universidades.

Acaban de salir los dos principales rankings de las mejores universidades del mundo -el del Suplemento Educativo del London Times y el de la Universidad de Shanghai -y ambos le dan muy malas calificaciones a las universidades de América Latina.

La lista de ''Las 200 mejores universidades del mundo, 2006'' del Suplemento Educativo del London Times de Londres, que salió el viernes, está encabezada por la Universidad de Harvard, e incluye sólo una universidad latinoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La Universidad de Sao Paulo, Brasil, que el año pasado estaba entre las mejores 200, ya no aparece en la lista este año.

''Para ser honesto, estoy sorprendido que no veamos más universidades latinoamericanas'', me dijo Martin Ince, el director del ranking del London Times. ``Parte de la razón es que un 40 por ciento de la calificación depende de la reputación que tienen las universidades en medios académicos, y no se ve mucha investigación saliendo de las universidades latinoamericanas''.

Efectivamente, incluso la UNAM de México, que subió del lugar 95 el año pasado al 74 este año, obtiene la peor clasificación posible -cero- en trabajos de investigación aparecidos en publicaciones académicas internacionales. La UNAM ''no produce mucho en materia de trabajos científicos de alto nivel. Es una universidad más dedicada a la enseñanza que a la investigación,'' dice Ince.

El ranking de la Universidad de Shanghai, a su vez, también está encabezado por Harvard y otras universidades de Estados Unidos y Gran Bretaña, e incluye a sólo tres universidades de América Latina entre las 200 mejores del mundo.

La lista, que después de los primeros 100 puestos agrupa al resto en grupos de 50 universidades, coloca a la Universidad de Sao Paulo, de Brasil, en el grupo del 102-150, mientras la Universidad de Buenos Aires en Argentina y la UNAM son colocadas en la categoria de 151-200.

Ambos rankings dan poco para celebrar en América Latina. La tres universidades latinoamericanas están muy por debajo de las universidades de China (la Universidad de Beijing es la número 15 del mundo en la lista del London Times) Singapur, India, Corea del Sur y varios otros países.

¿Cómo se explica que China, con un ingreso per cápita de $1,943 al año, tiene 10 veces más universidades entre las mejores 200 del mundo del London Times que México, que tiene un ingreso per cápita de $7,593? ¿O que India, con un ingreso per cápita de solo $769 al año, tiene tres universidades en el ranking, mientras que Brasil y Argentina - con un ingreso per cápita de mas de $5,100 cada una -no tienen ninguna?

No es una cuestión de cuanto dinero gastan los países en sus universidades, sino de como lo gastan, dicen los expertos. Mientras que en Estados Unidos, Europa y los países emergentes de Asia las universidades tienen grandes incentivos para mejorarse, en Latinoamérica están acostumbradas a recibir dinero de sus gobiernos sin tener que rendir cuentas.

''No hay duda de que América Latina se está quedando atrás en educación superior'', dice Jeffrey Puryear, un experto en educacion del Diálogo Inter-Americano en Washington D.C. ``Parte del problema es que los gobiernos no exigen estándares más elevados de sus universidades. Tienen mucho poder político, y se resisten a ser evaluadas''.

Asimismo, los gobiernos latinoamericanos dan la mayoría de los fondos para la educación superior a las universidades, en lugar de dárselo a los estudiantes. Esto último le permitiría a los estudiantes escoger dónde quieren estudiar, e incentivaria la competencia entre las universidades por mejorar la calidad de la enseñanza, dice Puryear.

Finalmente, las grandes universidades públicas latinoamericanas, como la UNAM o la UBA, son gratuitas, lo que significa que la clase trabajadora está subsidiando a los estudiantes ricos con sus impuestos.

Un porcentaje significativo de graduados de estas universidades son estudiantes de clase media o clase media alta, que perfectamente podrían pagar sus estudios, como ocurre en China comunista, España y la mayoría de los países europeos. En China, los universitarios pudientes pagan la nada despreciable suma de $600 anuales, que son usados para becar a los estudiantes pobres.

Mi opinión: las universidades latinoamericanas tienen gente de muchísimo talento, y podrían ser infinitamente mejores. Pero para lograrlo tendrían que empezar por admitir que tienen que rendir cuentas a sus sociedades, y modernizarse. Hasta ahora, no lo han hecho, y por eso no aparecen -o aparecen tan abajo - entre las mejores del mundo.

Economía política de la migración

Mario Rodarte E.

Resumen: México debe hacer menos atractiva la emigración, hacer más seguras ambas fronteras, mejorar las aduanas y combatir el tráfico ilegal. El gobierno debe aprovechar los beneficios de la emigración (remesas y mayor productividad) y de las recientes movilizaciones pro inmigrantes en Estados Unidos, entrelazando la iniciativa de reforma de Bush con argumentos económicos como el intercambio de factores en el contexto de un envejecimiento poblacional, por un lado, y crecimiento, por el otro.
Mario Rodarte E. es director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C. (CEESP). Los puntos de vista expresados aquí son del autor y no necesariamente reflejan la opinión del CEESP, del Consejo Coordinador Empresarial o de sus organismos afiliados. El autor agradece los valiosos comentarios de Celina Mier y la asistencia de Armida Valdés. Los errores son responsabilidad exclusiva del autor.

INTRODUCCIÓN

La migración es un fenómeno social que ha estado presente en todas las épocas de la historia de la humanidad, aunque no fue sino hasta finales del siglo xx, en pleno auge de la globalización, cuando se exacerbó, llegando a representar un verdadero dolor de cabeza para muchos gobiernos. Es precisamente a partir de la globalización que incontables investigadores han dedicado tiempo y esfuerzo a la comprensión del problema con el objetivo, no revelado, de tener elementos para diseñar una política migratoria adecuada y conveniente para las partes involucradas. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los flujos migratorios se han incrementado entre los tres socios comerciales, aunque el problema por el volumen del flujo de personas entre México y Estados Unidos es, por mucho, el más visible. Aquí, analizaremos algunas de las causas y consecuencias económicas y sociales de la migración. En especial, el problema se enfoca desde el punto de vista de la importancia estratégica para ambas naciones, de donde se infiere la necesidad de alcanzar un acuerdo migratorio amplio.

¿POR QUÉ EMIGRAR?

Muchas son las razones que pueden motivar a una persona a emigrar a otro país, tanto económicas como políticas o culturales. Entre las causas económicas, la razón más poderosa es la tasa de crecimiento diferencial del producto existente entre ambas economías, que implica un número mayor de nuevos empleos generados cada año. Si este crecimiento se da con estabilidad, el efecto es un rápido aumento del ingreso y, con ello, ascensos continuos en la escala de bienestar, acompañados de enorme movilidad social. Por ejemplo, un, o una, jefe de familia que, aunque hayan ocupado un cargo bajo en el escalafón de una empresa, gracias a su ingreso y estabilidad invierten en una mejor formación de sus hijos, quienes, a su vez, tendrán la posibilidad de acceder a mejores puestos. En consecuencia, por el efecto de la movilidad social mejora la situación de la población.

Las diferencias en tasas de crecimiento entre dos economías van acompañadas, por lo común, de diferencias en la productividad. La economía más rezagada dará como resultado mano de obra menos productiva. En general, una economía inicia su fase de crecimiento a partir de sus recursos naturales -- la tierra de cultivo o las minas, entre otros -- ; luego se presenta la etapa de crecimiento industrial sostenido y, al final, se alcanza la etapa de crecimiento de los servicios -- obviamente servicios de alta tecnología, entre los que se incluye, de manera privilegiada, la investigación científica y tecnológica -- . Este ciclo de crecimiento hace que en este tipo de economías muy pronto se presenten problemas de escasez de mano de obra en ciertos segmentos de la industria, el campo y los servicios, en especial en tareas de menor productividad. Por lo tanto, esto constituye otro gran atractivo para emigrar.

El crecimiento de la población y el desarrollo hacen que el recurso más escaso sea el tiempo libre, ya que una buena parte del mismo se asigna a actividades de mercado, que generan ingreso, elevando el costo de oportunidad de otras actividades, como tener una familia. Esto explica el porqué de la baja tasa de natalidad en las economías desarrolladas: las familias, en especial las mujeres, enfrentan un costo muy elevado, en términos de salarios y oportunidades perdidas, cuando deciden ser madres. De ahí la decisión de tener cuando mucho un hijo y dedicarle calidad, no cantidad. Estas decisiones tomadas en el ámbito nacional tienen el efecto de reducir notablemente las tasas de crecimiento de la población, lo que hace que eventualmente estas sociedades más desarrolladas enfrenten el problema del envejecimiento de la población, lo cual genera un nuevo atractivo para las personas que viven en otros lugares, como ocurre en Europa o América del Norte.

Otra área de oportunidad para la emigración se ha generado a partir de la firma del TLCAN. En estricto sentido teórico, la apertura comercial induce un mayor intercambio de factores productivos, entre ellos de mano de obra. Si a este atractivo agregamos las tasas de crecimiento diferencial, la mayor creación de empleos, el rápido aumento en las percepciones reales y el envejecimiento de la población, podremos observar que el flujo de gente que emigra es algo natural. Todos son incentivos poderosos que vuelven rentable la acción de emigrar para quien decide hacerlo. Con una frontera tan amplia como nuestra frontera norte, impedir que se reduzca el flujo de personas es prácticamente imposible, a menos que se llegue al extremo, como se ha sugerido, de construir un muro entre los dos países y mantenerlo permanentemente vigilado, lo cual genera costos muy elevados.

Tradicionalmente, la frontera norte ha estado abierta únicamente para determinado número de trabajadores, aunque en la práctica los flujos de personas son significativamente mayores y, como muchas cosas que suceden en México, no existe una cifra confiable sobre la magnitud del problema, lo cual hace que cada quien hable con los datos que escucha.

Los beneficios del fenómeno de la emigración son para ambas partes, así como para las personas que emigran y sus familias. La parte expulsora -- como lo señalan algunos modelos de crecimiento, en especial los que planteaban la existencia de un sector tradicional y uno industrializado en la economía -- se beneficia al elevar la productividad de las personas que permanecen, en especial en aquellas actividades y sectores donde trabajaban antes de partir. Como resulta razonable su¬poner, quienes cuentan con la mayor productividad tendrán mayores salarios, y serán quienes decidan permanecer. Esto es, primero parten las personas con menor productividad y, al sumarse a actividades en la otra economía con mayor productividad y salarios, automáticamente se benefician, generando un aumento en ambas economías. La economía que recibe a los inmigrantes se beneficia con el flujo de personas, ya que aumenta el valor agregado generado localmente así como las ventas de bienes y servicios en las localidades, y que implica aumentos en la recaudación local. Cuando finalmente inicia el flujo de remesas, las familias de los emigrantes y las localidades donde éstas residen se benefician. El intercambio de personas entre dos economías, entonces, tiene efectos benéficos en ambos lados y contribuye a elevar el bienestar de ambas poblaciones.

ALGUNAS CIFRAS REVELADORAS

Durante las últimas cuatro décadas el tamaño de la economía estadounidense ha atraído a una gran cantidad de inmigrantes. En 1970 el PIB estadounidense ascendía a 1.025 billones de dólares, poco más de 13 veces mayor que el de México, que entonces era de 76000 millones de dólares. En la década de 1990 la economía de Estados Unidos era 11 veces mayor que la de México, proporción que se ha mantenido hasta la fecha -- en 2004 la economía estadounidense alcanzó los 11.679 billones de dólares, mientras el PIB de México llegó a 1.046 billones de dólares. En este sentido, es notable el diferencial respecto al tamaño de la economía entre los dos países, mostrado claramente por el PIB per cápita. En términos comparativos, a principios de la década de 1970 el PIB per cápita en Estados Unidos ascendía a 4993 dólares anuales, el triple que el de México que entonces era de tan sólo 1566 dólares; dos décadas después (1990) Estados Unidos alcanzaba los 22887 dólares anuales, casi cuatro veces más que nuestro país, que llegó a 6136 dólares. Esta tendencia no se ha revertido en términos de bienestar social, ya que el PIB per cápita de Estados Unidos continúa manteniendo hasta la fecha una proporción de cuatro a uno. Para 2003, el ingreso per cápita del vecino del norte era de 37582 dólares, mientras el de México era de 9382 (OCDE, 2006).

El crecimiento y el desarrollo económico de Estados Unidos han contribuido a mantener altos niveles de vida en su población. Sin embargo, como en todas las economías industrializadas, la tasa de natalidad ha disminuido, en parte debido a la mayor participación de la sociedad en actividades productivas. A principios de la década de 1980 la población mayor de 60 años representaba tan sólo 16% del total, tendencia que ha ido en aumento, sobre todo al considerar la menor tasa de natalidad y la consecuente disminución en la tasa de crecimiento poblacional. Según datos y estimaciones del Censo de Estados Unidos, para 2025 la proporción de adultos mayores respecto del total de la población estadounidense será de alrededor de 24% y se mantendrá durante 25 años más hasta alcanzar cerca de 26% en 2050, por lo que más de un cuarto de la población demandará pensiones y servicios médicos en los próximos 50 años. En este sentido, la inmigración resulta benéfica en términos del crecimiento sostenible de la economía y el pago de impuestos y contribuciones para solventar las pensiones y servicios médicos.

Estados Unidos siempre ha sido el país con mayor inmigración en el mundo. País de inmigrantes cuyo atractivo económico y pluralidad social han atraído a miles de familias de todas las nacionalidades. La población de origen hispano no ha sido la excepción; recordemos que el primer programa bracero de trabajadores temporales en Estados Unidos dio inicio en 1917 a causa del estallido de la Primera Guerra Mundial, y desde entonces esa población en el país del norte ha ido en aumento. Para 1980 la proporción ya era de 6%. Actualmente representa 13% del total, conformando el grupo minoritario más importante del país, incluso por encima de los afroestadounidenses. Las estimaciones más recientes, realizadas por el Pew Hispanic Center en 2004, señalan que 48% de los hispanos contribuye a la fuerza de trabajo del país, y que más de la mitad (63%) de ese grupo de población hispana en Estados Unidos es de origen mexicano.

La incorporación de los inmigrantes hispanos a la economía estadounidense ha dado lugar a una mejora en términos de oportunidades dentro de la estructura productiva, lo que arroja una ganancia sustancial en capital humano -- respecto al nivel educativo de los inmigrantes que originalmente llegaron al país -- , cuyos resultados se aprecian con mayor claridad en las generaciones siguientes, pues hoy sus descendientes cuentan con mayor acceso a la educación, mayor preparación y mejores oportunidades para integrarse en la economía. De acuerdo con datos de 1980, de la Oficina del Censo de Estados Unidos, 47% de la población hispana contaba con acceso a la educación, desde la educación básica hasta la profesional. Entre los hispanos con acceso a servicios educativos, 18.8% se encontraba en educación primaria, 6.6% en secundaria, 13%, en preparatoria y sólo 9% podía acceder a estudios superiores o tenía título profesional. Para 2003, más de la mitad de la población hispana (55.3%) contaba con acceso a la educación: 13% primaria; 9.5% secundaria; 14.6% preparatoria y aumentos notables a nivel profesional, y 18.2% se encontraba realizando estudios superiores o tenía un título, cifra que prácticamente duplica a la de hace 20 años.

INMIGRACIÓN Y SEGURIDAD FRONTERIZA

El tema migratorio ha estado en el primer lugar de la lista de prioridades del gobierno foxista; mientras que la prioridad número uno del gobierno de Bush, después del 11-S, ha sido la seguridad nacional, lo que ha dado como resultado, desde el punto de vista estadounidense más conservador, que los inmigrantes indocumentados sean vistos como una amenaza. Sin embargo, el tema ha retomado impulso, al incorporar a la negociación dos elementos que habían estado ausentes hasta hace relativamente poco tiempo: el cabildeo político y la constante amenaza terrorista.

Hoy más que nunca los estrategas y negociadores mexicanos deben valorar los elementos que podrían favorecer la postura negociadora de México con Estados Unidos en este tema. Se ha avanzado mucho, porque buena parte del camino correspondía a los estadounidenses en su proceso de reforma migratoria interna, proceso en el que México se ha mostrado propositivo, dispuesto a colaborar y cauteloso en cuanto a no politizar la causa de los inmigrantes en términos "nacionalistas", sino más bien en términos económicos, maniobra realizada por un grupo de nuevos actores en la negociación política, que en tiempos del TLCAN tan sólo se limitaba a los recién creados mecanismos institucionales. Sin embargo, hoy contamos también con la movilización pacífica de cientos de organizaciones civiles pro inmigrantes que, además de residir en Estados Unidos, son grupos que han explotado el peso específico que tienen en la economía y en la política al tomar conciencia de que conforman la minoría más grande del país. Millones de hispanos se imponen a millones de afroestadounidenses. Estas organizaciones se han involucrado en el proceso político, acudiendo a las oficinas de sus representantes en el Congreso, con marchas multitudinarias fuera del Capitolio y mayor conocimiento de sus leyes y derechos.

México debe aprovechar la oportunidad que tiene ante sí, ya que la sensibilidad de Estados Unidos sobre su seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo marca las pautas con las que México puede actuar para favorecer sus intereses, que van desde una mayor cooperación en la administración de la frontera hasta la aprobación de la reforma migratoria. Para ello, mucho contribuirá reforzar la seguridad fronteriza, en ambos lados, así como los mecanismos para mejorar los servicios de logística en las aduanas, para combatir el tráfico indocumentado y el contrabando de todo tipo y, finalmente, para combatir a los "coyotes" y "polleros", que representan una verdadera lacra para ambos países.

A nuestro favor, contamos con: las movilizaciones de inmigrantes en Estados Unidos, el respaldo y la iniciativa presidencial del presidente Bush en cuanto a lograr una reforma migratoria abarcadora y la evidente prioridad que representa la seguridad nacional. Además, contamos con la complementariedad económica, el crecimiento poblacional en México, el baby boom en Estados Unidos y el envejecimiento de su población, la contribución económica de los inmigrantes y el hecho de que la problemática migratoria se haya convertido en un tema de debate nacional. Desde cualquier punto de vista, lo que está sucediendo es crítico tanto para Estados Unidos como para México.

Por lo anterior, las acciones concretas que hay que emprender son claras, algunas se han puesto en práctica sin éxito, otras se han quedado en el papel.

LA COOPERACIÓN

En México, el flagelo de la corrupción no permite que las agencias especializadas, las fuerzas policiales, las autoridades competentes y el ejército sean fuentes confiables para detener el tráfico de personas a través de la frontera, el narcotráfico y mucho menos la violencia en los focos rojos del país (por ejemplo, el caso de las muertas de Ciudad Juárez, Chih.). Los operativos de la policía mexicana son ineficientes y existen fuertes fundamentos del otro lado de la frontera sobre su complicidad y corrupción, incluso de estar involucrados en cárteles y organizaciones criminales. De ahí que la sospecha de la infiltración de redes terroristas sea mayor y constituya una amenaza a la seguridad y la integridad de ambos países. Las autoridades mexicanas tendrían que asegurar su cooperación con operativos, vigilancia y resultados eficientes, desde garantizar la destrucción total de los decomisos de narcóticos hasta resolver los casos de violencia en la frontera y el tráfico de personas. Esto implica serias medidas para cambiar la imagen de desconfianza, inseguridad, violencia y caos que prevalece en la opinión de los estadounidenses sobre las autoridades mexicanas, en especial en cuanto a la administración fronteriza. Es necesario neutralizar el unilateralismo estadounidense, que despliega a la Guardia Nacional, aumenta los recursos a la patrulla fronteriza o construye muros que a la larga representan un gasto de cuantiosos recursos que al final no logrará su objetivo. Debe prevalecer, más bien, la responsabilidad compartida a partir de la confianza y eficiencia de las fuerzas del orden y del respeto a la ley en nuestro propio territorio.

Para apoyar la propuesta de trabajadores temporales y visas especiales, con opción de obtener la ciudadanía, México tiene que estar dispuesto a diseñar mecanismos confiables que permitan que la migración se lleve a cabo de manera ordenada y legal. Si México no coopera, Estados Unidos difícilmente logrará lo que considera de vital importancia, pues reforzar la frontera no detendrá el cruce de indocumentados; por el contrario, incrementará las muertes y la desesperación de los inmigrantes. Un paso al frente ha sido la adopción de la matrícula consular, documento que permite a los inmigrantes con y sin documentos identificarse de manera oficial en el territorio estadounidense (se trata de un documento expedido por el gobierno de México a través de sus embajadas, y que acredita la identidad de los mexicanos con el fin de que realicen trámites, como la apertura de cuentas bancarias, sin que se sospeche que se trata de terroristas). Mecanismos como éste facilitarían las gestiones ante las autoridades estadounidenses y darían mayor confiabilidad, al acreditar la estancia para fines lícitos en el país vecino. La regularización migratoria de los mexicanos en Estados Unidos también significaría una importante contribución, ya que se podría contar con un padrón que incluyera la información necesaria, como nombres y domicilios, de los inmigrantes residentes en ese país. Estos registros favorecerían la seguridad nacional, siempre y cuando el gobierno estadounidense aprobara una reforma que no discrimine ni persiga a los mexicanos o intente deportarlos, además de permitirles continuar trabajando de manera legal en su país y reunirse con sus familiares, como se ha venido haciendo en los últimos años. Es necesario diseñar un mecanismo para que se deje de considerar delincuentes a los inmigrantes. Si bien no es concebible violentar la ley, sí se pueden tomar medidas que no signifiquen un perdón automático ni sean imposibles de cumplir, como la idea de la bancada republicana en el senado estadounidense de deportar y luego permitir un reingreso ordenado.

El presidente Fox está obligado a cumplir su gran promesa de campaña: el famoso acuerdo migratorio. Su responsabilidad terminará el próximo 1 de diciembre. Por lo pronto, debe aprovechar la relación que ha cultivado durante los últimos seis años con el gobierno estadounidense para que la reforma se apruebe dentro de su mandato, y que no quede en la congeladora parlamentaria estadounidense. Fox, incluso, habló de un TLCAN-plus, que incorporaría un capítulo migratorio que regulara los flujos de personas, la oferta y demanda de trabajo transfronterizo y otra serie de cuestiones que interesan a nuestro gobierno, como garantizar los derechos laborales de los trabajadores, que se respeten sus derechos humanos y se establezcan las cuotas de trabajadores elegibles en el marco de un programa de trabajadores temporales. Todos esos temas quedan por negociar por parte de las autoridades mexicanas y deben vincularse al TLCAN, mecanismo que tiene tantos asuntos pendientes.

Es fundamental la cooperación a través de canales institucionales. Estados Unidos espera que México tome la iniciativa y ofrezca ir un paso más adelante en los temas de la seguridad fronteriza, la migración y el narcotráfico; espera que fluyan las propuestas para nuestra colaboración en su lucha contra el terrorismo. No faltó quien llamara títere a Fox por cooperar en un tema que nos afecta a ambos países, pero los discursos nacionalistas y antiimperialistas de numerosos renegados no ofrecen ninguna solución a nuestros problemas comunes. En México sabemos que sin cooperación entre ambos países nunca se solucionarán muchos de los problemas pendientes y urgentes, y que los beneficios que representa el intercambio de mercancías son múltiples. No hemos considerado que lo peor que podría pasar a México es que hubiera un nuevo ataque terrorista en territorio estadounidense y que se descubriera que los terroristas hubieran ingresado por nuestra frontera por descuido de las autoridades. Tampoco hemos analizado que ese hipotético nuevo ataque a Estados Unidos podría significar poner en riesgo la vida de los mexicanos que radican allá, además del impacto negativo y de magnitudes catastróficas en nuestra economía. Si no insertamos en la agenda bilateral los temas que también afectan e interesan a nuestros socios comerciales, estaremos -- como dicen los estadounidenses -- simplemente disparándonos en el pie. Además, todo lo que se ha avanzado hasta ahora en la solución de temas prioritarios, como el migratorio, se perdería.

Estados Unidos espera que nuestra economía genere los incentivos suficientes para hacer que la emigración deje de ser atractiva para el resto de la población. Esto significa romper un rezago histórico de atraso y marginación, en especial por parte de los principales estados expulsores. Se trata de un problema que no resolveremos de la noche a la mañana, pero en definitiva necesitamos generar oportunidades para el grueso de la población a fin de incrementar nuestra competitividad y productividad. La prosperidad de México es el único factor que podría desincentivar a los emigrantes a exponer sus vidas con tal de lograr, del otro lado, una expectativa mejor para sus familias. Esto significa, además, conciliar las diferencias entre norte y sur. Estados Unidos tiene un gran interés por que México se convierta en un país próspero. En primer lugar por la vecindad; segundo, porque somos uno de sus principales socios comerciales; tercero, por el grado de interdependencia que existe entre las dos economías, y cuarto porque ambiciona la consolidación del Área de Libre Comercio de las Américas que englobe a todo el continente. El hemisferio ha sido su zona de influencia histórica, y por eso México tiene una importancia estratégica; de ahí derivan muchos otros esfuerzos de estabilización en la región, como el Plan Puebla-Panamá, la firma de tratados comerciales bilaterales con algunos países de América del Sur, etc. Por lo tanto, deberíamos sacar el mejor provecho de la relación en vez de dispararnos un día en un pie y al día siguiente en el otro.

Monopolio y democracia

Felipe Vicencio Álvarez

"Es el dinero el que hace el poder en democracia. Lo escoge, lo crea, lo engendra. Es el árbitro del poder democrático porque en su ausencia dicho poder se precipita a la nada o al caos. Nada de dinero, nada de periódicos. Nada de dinero, nada de electores. Nada de dinero, nada de opinión manifestada. El dinero es el progenitor y el padre de todo poder democrático, de todo poder electo, de todo poder que dependa de la opinión". Como Charles Maurras parecen pensar muchos políticos de nuestro tiempo; pero a diferencia de aquél --que escribió lo anterior en 1937-- éstos se asumen como demócratas de nuestros tiempos.

La cínica constatación de que el dinero es el factor determinante del poder, por encima de cualquier procedimiento formal que pretenda legitimarlo dándole soporte institucional, golpea el eje que articula las reglas de nuestra convivencia democrática, pese a lo cual se repite frecuentemente como certificado de lucidez política. No obstante, sólo desde un desapego por la democracia y sus formas se puede asumir --como explicablemente lo hizo Maurras desde sus convicciones monárquicas-- que así deban ser las cosas.

Precisamente para evitar esa distorsión el propio sistema democrático ha desarrollado diversas modalidades de contrapesos que tienden fundamentalmente a la distribución del poder, como garantía elemental de participación en la toma de decisiones y como contención a propósitos autocráticos. Y por eso también en la arena económica procura garantizar la libre concurrencia y evitar las concentraciones monopólicas, pues éstas resultan contrarias al interés general que el propio sistema por principio busca preservar.

Cuando se evalúa el impacto de las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones recientemente aprobadas, tendría que tomarse en cuenta precisamente la forma en que tales disposiciones contribuyen a favorecer los equilibrios necesarios en un régimen democrático o, por el contrario, si tales reformas los alteran en provecho sólo de algunos.

En la demanda que 47 senadores presentaron ante la Suprema Corte para pedir la anulación de las reformas aprobadas en el Congreso, cuya resolución todavía está pendiente, se sostiene con diversas pruebas y argumentos que tales reformas representan para los concesionarios radiodifusores una ventaja competitiva de entrada al mercado de telecomunicaciones, en perjuicio de los particulares y de concesionarios de telecomunicaciones que pudieran incursionar en la radiodifusión; además de entorpecer la concurrencia y la libre competencia y de fomentar la concentración de los servicios.

En su oportunidad la propia Comisión Federal de Competencia hizo saber su opinión sobre las reformas señalando claramente que las mismas están formuladas de manera tal que no evitan fenómenos de concentración. Si a lo anterior se añade que se pretende abatir la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones disponiendo que sea la subasta pública ascendente el criterio definitivo para ello, tenemos entonces que se completa el embudo que vierte todos los beneficios de los ajustes legales en unas cuantas empresas en detrimento del resto de los competidores y, lo que es más grave, de los intereses del Estado y de la sociedad en su conjunto.

Sin límite legal a su ímpetu expansionista y sin contención eficaz a su tenaz y multifacético afán comercializador, las principales corporaciones mediáticas resultan altamente lucrativas y se afianzan con una alta concentración en menoscabo de las exigencias comunicacionales de una sociedad auténticamente democrática. Cuando hemos dejado atrás el sistema de partido hegemónico, dice con razón Muñoz Ledo que lo estamos sustituyendo por un "sistema de dinero hegemónico", capaz de moldear la opinión de quien participa en el juego democrático, como advirtió oportunamente Maurras.

El balance de esta condición es dramáticamente deficitario en términos de democracia. A una explosión de medios electrónicos con ese perfil -cada vez menos y más poderosos- se apareja una implosión de la vida pública. Como dice Fischisella, nuestra polis está transformándose en apolis, vamos hacia una democracia sin ciudadanos, o mejor, una declinación de la democracia inversamente proporcional al ascenso de los monopolios y su concentración económica y de intereses.

De ahí la relevancia de la resolución de la Suprema Corte, y la posibilidad que puede abrir para resarcir el daño que empieza a provocar ese paquete de cambios a la ley hecho a la medida de sus autores y con muy poca consideración por el vigor democrático del país.

Candidaturas independientes en el mundo

José Antonio Crespo

Con una decisión dividida, la Suprema Corte dejó abierta la posibilidad de que se presenten candidatos independientes para ocupar cargos de elección popular, por lo pronto en Yucatán, que ya legisló al respecto, pero ello podría ampliarse a todo el país, previa reforma electoral. La conclusión es que la Constitución no impide que se presenten tales candidaturas. Es un tema largamente discutido desde hace años. Y muchos interpretaban que la Constitución impedía esa posibilidad. Ahora la Corte ha dicho que no. ¿Qué sucede en el resto de las democracias? ¿De verdad estamos totalmente rezagados en esa materia, como sí lo estamos en lo que hace a la reelección consecutiva de los legisladores? No. Hay muchos países que no contemplan las candidaturas independientes y cuyo carácter democrático nadie osaría poner en duda, como lo son Uruguay, Brasil o Costa Rica y, más sorprendente aún, Noruega, Islandia, Suecia y Austria. Las candidaturas independientes no están entonces inevitablemente asociadas a la idea de la democracia. Pero puede decirse que en la mayoría de las democracias sí está contemplada la posibilidad de que ciudadanos apartidistas se postulen como candidatos a legislador, y en muchos casos a presidente. Es el caso de países como Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania, Italia, Portugal, España, Suiza, Bélgica, Gran Bretaña, Irlanda, India, Holanda, Dinamarca, Canadá o Finlandia. Y también sucede en múltiples democracias incipientes, como Albania, Armenia, Bolivia, Chile, República Checa, Georgia, Hungría, Corea, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Venezuela, Turquía, Ucrania, Filipinas y Polonia, entre otras más.

Viene después el grado de facilidad o dificultad para presentar tales candidaturas, en lo que prevalece una gran variedad de modalidades. Es algo que tiene que quedar bien regulado para evitar que postularse sea excesivamente difícil (y que la disposición quede en letra muerta) o demasiado fácil (y entonces lleguen filas de candidatos espontáneos buscando obtener alguna ganancia, así sepan que no ganarán el cargo en disputa). En Yucatán se solicita, por ejemplo, el respaldo de al menos 2% del electorado inscrito en la demarcación que se busca representar. Si, por ejemplo, alguien desea postularse como diputado federal del distrito tres, en Mérida, tendría que recabar el apoyo de aproximadamente cinco mil ciudadanos. En Sonora, el umbral es mucho más elevad diez por ciento. De modo que quien quiera representar al distrito cinco, en Hermosillo, tendría que obtener la firma de 22 mil ciudadanos. Y si buscara contender para gobernador de esa entidad tendría que ser respaldado por 170 mil electores.

En varios países se piden requisitos similares. En Polonia se exige el reapaldo de cinco mil ciudadanos para contender por una diputación. En Portugal, la cifra oscila de siete mil 500 a 15 mil firmas, dependiendo del tamaño de la demarcación. En Australia se exigen seis mil apoyos. En España, Rusia y Ecuador se requiere, para ser diputado, el visto bueno de 1% de los electores de la circunscripción por la que se quiere contender. En Rumania, si se busca ser legislador, se pide el respaldo de 5% de los electores, pero si se desea competir por la presidencia, entonces se requieren 300 mil firmas. En Rusia y Ucrania se necesita un millón de respaldos debidamente documentados, lo que no parece muy fácil.

En muchos otros países, sin embargo, el número requerido de firmas es bastante bajo. Mil en Italia, para ser diputado; 750 en Hungría; en Dinamarca, sólo 200 respaldos, y 300 en Albania. En Finlandia se exige sólo 100 (y 20 mil si se quiere competir por la presidencia). En otros países, más que firmas, se requiere la recomendación de un cierto número de legisladores, lo que tampoco podría ser muy complicado. En la República Checa basta con ser postulado por diez diputados o senadores. En Bélgica, se piden cinco mil firmas de electores y el aval de dos legisladores. Y en algunos países se exige depositar una determinada suma de dinero, a veces reembolsable y otras no. Este requisito suele combinarse, aunque no siempre, con la presentación de firmas de electores. En Turquía deben depositarse 30 mil dólares, que no serán devueltos bajo ninguna circunstancia. En Holanda deben aportarse 11 mil euros, que pueden ser reembolsables, de obtenerse cierta votación, aunque no se obtenga la curul. En Australia deben dejarse en prenda sólo 185 dólares, mismos que serán devueltos si se alcanza al menos 4% de la votación en el distrito en el que se contiende. Y en Canadá, aunque sólo se piden 100 firmas para ser registrado, hay que agregar 650 dólares. En Inglaterra la suma es 500 libras esterlinas. Hay pues una gran variedad de requisitos para que candidatos sin partido puedan contender por un cargo de elección popular.

Volviendo a México, mi posición es a favor de las candidaturas independientes como vía para romper el rígido monopolio partidista, pero veo con inquietud dicha posibilidad en el caso de gobernadores y, sobre todo, del Presidente, pues se abriría la posibilidad de que arribaran a esos cargos ciudadanos sin ningún respaldo en el Congreso. Y se supone que estamos explorando fórmulas para dar a los jefes de gobierno justamente un respaldo mayoritario en el Legislativo, que haga gobernable nuestra hasta ahora ineficaz democracia. Algunos legisladores, molestos con la resolución de la Corte, han dicho ya que modificarán la Constitución para impedir que algún ciudadano sin partido les arrebate sus preciados cargos, con todo y jugosos salarios, bonos, aguinaldos y prerrogativas. No me sorprende. Saben que están en la escala más baja de confianza y credibilidad. Incluso por debajo de la impopular policía.

Reforma ideal

SERGIO SARMIENTO

Lo ideal sería hacer una reforma fiscal a fondo que estableciera una tasa única en el Impuesto Sobre la Renta de alrededor de un 15 por ciento, pero que eliminara todas las exenciones y deducciones que hoy llenan de agujeros nuestro sistema fiscal. La tasa reducida nos permitiría ser competitivos con países como China, que tiene un gravamen corporativo de 15 por ciento, o con Irlanda y Rusia, que lo tienen de 13 por ciento. Quedaríamos lejos de Hong Kong, que tiene una tasa cero en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero habríamos avanzado mucho en el propósito de dejar de castigar la competitividad como hoy lo hacemos. La experiencia en países como Irlanda y Rusia es que la recaudación aumenta en vez de disminuir cuando las tasas del impuesto al ingreso bajan y se simplifican.

Ideal sería también reducir el Impuesto al Valor Agregado a 10 por ciento, pero aplicándolo a todos los productos y servicios, incluidos alimentos y medicinas. Esto nos daría un solo IVA en todo México. No tendríamos la injusta situación actual en la que hemos creado mexicanos de primera y de segunda. De primera son quienes viven en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Los Cabos o en Cancún, quienes pagan un 10 por ciento de IVA. De segunda, somos el resto, quienes vivimos en la ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en la sierra tarahumara o en Oaxaca, ya que debemos pagar el 15 por ciento por los mismos productos.

La aplicación del 10 por ciento de IVA a alimentos y medicinas simplificaría radicalmente el sistema fiscal y eliminaría muchos de los abusos que hoy se cometen por las exenciones y tasas cero de este impuesto. Es un absurdo, por otra parte, que en un país con tantas carencias como el nuestro se mantenga una exención al impuesto al consumo que en buena medida favorece a las clases pudientes.

Si somos realistas, sin embargo, tendremos que aceptar que las posibilidades de que se haga la reforma fiscal ideal son muy limitadas. La reducción y la simplificación del ISR serán cuestionadas por quienes piensan que el sistema fiscal debe ser “progresivo”, sin darse cuenta de que la complejidad de los sistemas con muchas tasas, deducciones y exenciones no sólo termina beneficiando a los más poderosos, a los que tienen los mejores abogados y cabilderos que les permiten salir beneficiados de las excepciones que ordenan los legisladores, sino que se revierte perversamente en contra de quienes menos tienen al desmotivar la inversión y reducir la creación de empleos.

El realismo político sugiere también que no se logrará la simplificación del IVA. Es cierto que la baja del 15 al 10 por ciento en la tasa general será aplaudida, como se aplaude cualquier reducción de impuestos sea buena o mala; pero el intento de cobrar un gravamen al consumo de alimentos y medicinas se ha convertido ya en un tabú en la política mexicana. Poco importa si esta medida ayuda a simplificar y volver más justo el sistema. Las fuerzas conservadoras de nuestro país han encontrado en este tema una causa populista que no abandonarán con facilidad.

Es importante que no olvidemos la reforma ideal, la que sería mejor para nuestro país, aun cuando sea sólo para que sigamos esforzándonos por avanzar gradualmente hacia ese ideal. En el próximo sexenio, sin embargo, habrá que ser mucho más modestos, o políticamente realistas, en cuanto a los límites de la reforma fiscal.

Si bien resultará imposible lograr una disminución de la tasa del ISR a niveles de alrededor del 15 por ciento, quizá podamos conseguir que continúe la tendencia a la baja que comenzó hace ya algunos años. Y si bien la simplificación radical es imposible, ya que implicaría eliminar los privilegios que poderosos grupos empresariales y sindicales gozan a costa del resto de los contribuyentes, sí podremos ir avanzando en la eliminación de algunos de los tratos preferenciales más injustos, como la exención a las “prestaciones” de los trabajadores sindicalizados o la que beneficia las ganancias de las operaciones bursátiles.

En el IVA será todavía más difícil avanzar. Pero quizá si se aplica un impuesto pequeño, de 2 ó 3 por ciento, en alimentos y medicinas se pueda empezar a avanzar en la homologación ideal. El problema es que mientras no se cobre IVA a alimentos y medicinas será imposible reducir la tasa general del 15 al 10 por ciento, lo cual sería la parte más importante de esta reforma.

México ha entrado al Siglo XXI con un sistema fiscal injusto e ineficaz. Es responsabilidad de los políticos modificarlo para permitir el surgimiento de un país más competitivo con capacidad para combatir la pobreza. No es ningún misterio lo que se debe hacer para ello en el tema fiscal. El gran problema es cómo vencer a los grandes intereses de sindicatos y empresarios que se oponen a la simplificación y racionalización de los impuestos. Lo importante es que sigamos avanzando, aun cuando la reforma ideal siga siendo eso, un ideal.

Política entre muros y barreras

SERGIO MUÑOZ BATA

Dice el canon que en una sociedad democrática, la política exterior debe ser extensión y reflejo de la política interna. A menudo, sin embargo, el llamado ''interés nacional'' se enreda en contradicciones que enturbian el panorama doméstico y entorpecen el entendimiento en las relaciones internacionales.

Tal es el caso de la reciente aprobación en el Congreso estadounidense de una ley que debe conducir a la construcción de un muro que cubriría la tercera parte de la frontera que comparte con México. Lamentablemente, pocos en ese cuerpo legislativo se han percatado de que el muro es una afrenta para los mexicanos, contradice la profundidad de la integración económica entre ambos países y enfatiza su brutal separación política.

Hacia el interior del país, la ley es también desafortunada porque en vez de resolver el problema central del actual sistema migratorio lo agrava. Da un falso sentido de seguridad porque no blinda al país contra un ataque terrorista y desalienta la imprescindible cooperación con el vecino del sur.

La amenaza terrorista y la presencia ilegal de millones de personas en el país demandan que las autoridades intenten retomar el control de las fronteras. Pero el complejo fenómeno de la migración exige considerar su dimensión laboral. La competitividad en ciertos sectores de la economía necesita de la mano de obra barata que el inmigrante ofrece y obliga a incluir en la reforma del sistema migratorio un programa de trabajadores huéspedes; programas de inversión intensiva en las regiones expulsoras de mano de obra, y un plan racional para integrar a los 12 millones de indocumentados que por razones de logística no pueden ser deportados a sus países de origen.

Desafortunadamente, los congresistas norteamericanos, temerosos de verse retratados por sus oponentes en la elección de noviembre como débiles en seguridad nacional, optaron por la propuesta que ofende a los vecinos y deja pendientes los problemas de un sistema migratorio desvencijado e inoperante.

Lo más deleznable es que la nueva ley responde sólo a los intereses inmediatos de congresistas que cegados por la ambición electorera se niegan a considerar las consecuencias de una política exterior sustentada en muros y barreras. Esta nueva ley se aprueba justo cuando el proteccionismo norteamericano toma auge y amenaza con descarrilar el único proyecto de política exterior en el que la administración de George W. Bush ha logrado importantes avances: los tratados de libre comercio con países de la región.

Hace unos meses, los proteccionistas demócratas y republicanos casi impiden la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana. Hoy, esos mismos mantienen incierto el futuro de los tratados de libre comercio con Perú y Colombia. Dentro de tres meses se vence el acuerdo de preferencias arancelarias al comercio entre Estados Unidos y Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú (TPDEA por sus siglas en inglés) y todo indica que no habrá una nueva extensión temporal. La suspensión del acuerdo tendría repercusiones indeseables en los cuatro países andinos, pero en el caso de Bolivia sería catastrófico.

La administración de George W. Bush no puede quedarse cruzada de brazos mientras el Congreso se ensaña con países que han sido sus mejores aliados en un hemisferio cada día más hostil hacia Estados Unidos, y con otros cuya complicada situación política y económica demanda la generosidad del país más rico del mundo.

¡Hay esperanza para Latinoamérica!

ANDRÉS OPPENHEIMER

A pesar de los sombríos titulares sobre América Latina en la prensa internacional, hay algunos motivos para ser optimistas sobre el futuro de la región.

No hay duda de que los titulares de la semana pasada pueden dar la impresión de que - mientras la China, India avanzan exitosamente con su inserción en la economía global - Latinoamérica no va para ningún lado.

Los pesimistas citan los últimos titulares como ejemplos de que en Latinoamérica está avanzando una izquierda reaccionaria, liderada por gobernantes que, envalentonados por un incremento temporal de los precios de las materias primas que exportan, están ahuyentando las inversiones, generando más fuga de capitales, más cierres de fábricas y más pobreza.

El viernes, en lo que quizás pase a la historia como un golpe constitucional, el presidente boliviano Evo Morales, dio un paso más hacia una democracia autoritaria al estilo venezolano. El partido de Morales en la nueva Asamblea Constituyente aprobó por 156 votos a 77 darle a esa institución poderes “fundacionales”, lo que le permitirá redactar una nueva Constitución a su propia medida.

La oposición dice que la medida fue ilegal, porque según la ley boliviana Morales, necesitaría dos tercios de los 255 votos de la Asamblea para dictar una nueva Constitución, cosa que no obtuvo.

Mientras tanto, en Ecuador, una nueva encuesta mostró que el candidato populista de izquierda Rafael Correa, pasó al frente de las encuestas para las elecciones del 15 de octubre. Correa, un aliado de Chávez, promete convocar a una Asamblea Constituyente para “refundar” la nación, tal como lo hicieron Venezuela y Bolivia. En Nicaragua, el ex presidente izquierdista radical Daniel Ortega, está primero en las encuestas para las elecciones del 5 de noviembre.

Si Chávez logra ganar el asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que está buscando, y si sus aliados ganan en Ecuador y Nicaragua, el Presidente venezolano tendrá un escenario mundial desde donde difundir su discurso narcisista-leninista, y tendrá un bloque integrado por Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua desde donde expandir su influencia en América Latina.

Sin embargo, mientras leía todas estas noticias esperando un avión en el aeropuerto de México, me tropecé con una noticia más pequeña pero potencialmente más significativa: el 24 de octubre, México va a lanzar su primer bono a 30 años emitido en pesos mexicanos.

El Ministerio de Finanzas confía en que habrá suficiente confianza de los inversionistas para comprar esos bonos. Si el plan resulta, México podrá -como lo hacen los países ricos- ofrecer bonos de largo plazo para financiar sus carreteras, escuelas, y hospitales, algo que la mayoría de los países latinoamericanos todavía no pueden hacer, porque nadie los compraría.

Más importante aún, en la víspera de la elección presidencial de hoy en Brasil, no había en la prensa internacional titulares alertando sobre un posible cambio radical en el país más grande de Sudamérica. Por el contrario, los artículos resaltaban que el presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva - un ex-izquierdista de línea dura - se ha corrido tan hacia el centro que Brasil seguiría creciendo con estabilidad independientemente de quién ganara la elección.

En Perú, el presidente Alan García, quien en su anterior Presidencia había suspendido el pago de la deuda externa, ha regresado al poder como un izquierdista moderno que busca la inversión. En Chile, la presidenta socialista Michelle Bachelet, está continuando con la exitosa apertura económica de su país.

La buena noticia es que hay una nueva estabilidad democrática en una buena parte de Latinoamérica, en muchos países liderada por la izquierda. Los inversionistas no están huyendo de países como México, Brasil, Perú o Chile. Y lo que es aún más esperanzador, hay indicios de que esta nueva estabilidad democrática está dando resultados.

Según cifras oficiales, Chile ha reducido la pobreza del 39 por ciento de la población al 18 por ciento en los últimos 15 años. Perú ha reducido la pobreza del 54 por ciento al 48 por ciento en los últimos cinco años, y Brasil, según un nuevo estudio del Instituto Data-folha, ha sacado a más de 6 millones de personas de la pobreza extrema en los últimos cinco años. En México, la pobreza bajó en un 20.5 por ciento en los últimos seis años, sacando de la pobreza a 4.8 millones de personas, según estimados oficiales. “Claramente, los sectores más pobres han sido los que más han ganado”, me dijo el vocero presidencial de México, Rubén Aguilar. Está claro que queda muchísimo por hacer para reducir la obscena inequidad en la región y sus niveles de pobreza extrema. Sin embargo, sin discursos polarizantes ni reprimiendo a la oposición, ni coartando libertades esenciales, estos países están empezando a hacer más por elevar el nivel de vida de los pobres que Chávez, Morales, Fidel Castro y sus aliados. ¡Esas son buenas noticias!

¿Puede ser el muro bueno?

Leo Zuckermann

En lugar de estar pensando en cómo seguir integrando sus economías y sociedades en un bloque regional, Estados Unidos y México quedarán divididos por un muro de 1,126 kilómetros en su frontera. Esto ya lo ratificó el Senado estadunidense de acuerdo con una iniciativa previamente aprobada por la Cámara de Representantes. Es, por supuesto, una medida triste y deplorable, pero también puede ser un acicate para que los mexicanos finalmente hagamos la tarea que nos corresponde de mejorar nuestra economía.

Así lo aseveró el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, en una nota publicada por The Dallas Morning News. Sobre el controvertido muro fronterizo y las medidas para hacer más difícil el acceso de mexicanos ilegales a Estados Unidos, el banquero central dijo que "en el largo plazo seguramente serían buenas" ya que incentivarán "a México para crear los trabajos que son necesarios". No es una declaración políticamente correcta pero toca el fondo del tema.

Ortiz también dijo que nuestro país necesita una mayor flexibilidad y competitividad en los sectores energético y de telecomunicaciones para "facilitar el crecimiento y los negocios" de tal suerte que la economía pueda absorber el creciente número de trabajadores que dejan México en búsqueda de trabajo en Estados Unidos.

Es evidente que los políticos estadunidenses, por razones electorales, cada vez harán más difícil que los mexicanos crucen a su país a trabajar. De esta forma, el vecino del norte está cerrando la válvula de escape que ha permitido que no explote la olla de presión que es México. Muchos argumentan que en este país ya hubiera explotado una revolución si no existiera la posibilidad de que millones de desempleados emigraran a Estados Unidos. Sin embargo, otra posibilidad es que los políticos mexicanos ya se hubieran puesto de acuerdo para bajarle a la presión social haciendo una serie de reformas estructurales con el fin de elevar la competitividad de la economía nacional.

Hasta hoy, gracias a que Estados Unidos ha recibido a millones de nuestros compatriotas, nuestra clase política ha retrasado la posibilidad de mejorar la economía del país, limitando la competencia y protegiendo monopolios. Y ahora que los políticos estadunidenses comienzan a endurecer su política migratoria, pues no habrá muchos pretextos que digamos para seguir dilatando el desarrollo económico, a menos que se quiera tener una revolución de desempleados en México.

Creo que ha llegado el momento en que los mexicanos partamos de la premisa de que la válvula de escape estadunidense se irá cerrando paulatinamente y que, entonces, lo que tenemos que hacer es resolver nuestros problemas. Cada vez será más difícil exportar nuestra mano de obra excedente a Estados Unidos. Con todo y lo que me chocan los comentaristas de la ultraderecha de ese país, en un punto sí tienen razón: en que los estadunidenses no están para arreglarnos nuestros problemas. Que somos los mexicanos quienes tenemos la responsabilidad de generar los empleos en nuestro país. Ojalá que el execrable muro que nos van a poner enfrente sirva para ello. Que podamos demostrar que no necesitamos a los estadunidenses para resolver nuestros problemas. Esa sería la mejor prueba de que de verdad somos una nación soberana.

Intercambio epistolar

Javier Corral Jurado

¿Cuál es la causa forzosa e inevitable que obligue a Telmex y al gobierno federal a modificar las condiciones 1-9 y 2-2 del título de concesión de la primera?, le pregunta el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, al de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, en el tercer oficio del intercambio epistolar que mantienen ambos funcionarios del gobierno federal en torno de esa probable modificación.

Gil Díaz se contesta: "Sería difícil considerar que el anteproyecto de Acuerdo de Convergencia se ajuste a dicho supuesto, ya que desde la modificación del título de concesión de Telmex en 1990 se conocía la posibilidad tecnológica para utilizar la red telefónica para prestar servicios de televisión; tan es así que de ahí se estableció la prohibición de la condición 1-9".

La SCT ha manifestado que tiene la facultad de revisar el título de concesión de Telmex, porque así quedó estipulado en la condición 8-1: "La presente concesión estará vigente por 50 años contados a partir del 10 de marzo de 1976, fecha de su otorgamiento, y será revisable por acuerdo de la partes cuando fuere necesario".

La discusión entraña una de las más delicadas decisiones que la administración de Fox podría tomar antes de irse, como una especie de golpe de salida: mediante el Acuerdo de Convergencia eliminarle las restricciones a Telmex para que pueda dar televisión a través de su misma red, sin motivar la necesidad de esa modificación -y lo peor de todo, sin que la empresa entregue pagos o contraprestaciones al Estado por añadir a sus ingresos las ganancias multimillonarias de esos nuevos servicios-. A lo anterior se suma la alianza Televisa-Telmex, para lograr una sociedad en materia de contenidos. Lo que no sólo no representaría competencia al monopolio televisivo, sino una de las concentraciones más peligrosas para la democracia.

La SHCP solicitó el 4 de septiembre de este año "los estudios y dictámenes económico-financieros que se refieran a los beneficios económicos que, en su caso, deberá recibir el gobierno federal a cambio de suprimir las prohibiciones que se contienen en el título de concesión de Telmex a la luz del proceso de desincorporación del gobierno federal de dicha empresa".

Dos días después, la SCT respondió: las prohibiciones del título de concesión no fueron factores económicos relevantes para la integración de las posturas de los participantes en la subasta pública, y que en ésta "el objeto fue única y exclusivamente la transmisión de acciones, y el valor técnico de referencia de las mismas se determinó por el gobierno federal con base en criterios financieros, derivando el valor estimado de dichas acciones y no en cuestiones relativas a los términos y condiciones de la concesión". Respuesta que pretende dejar de lado el que la valuación de las acciones de una empresa -antiguo monopolio estatal- se hace con base en los servicios que tiene autorizados en su concesión, y que conforme más servicios pueda ofrecer, más flujo de capital pueda obtener, y por lo tanto vale más si multiplica su oferta de servicios de telefonía básica, red superpuesta, telefonía rural, teléfonos públicos, telefonía celular, anuncios en directorios, hasta servicio de televisión.

La discusión a través de largos oficios en torno del tema de las telecomunicaciones ha sido una característica en la relación de estos dos secretarios, aunque, al final, termina imponiéndose el poder de Telmex, que cruza a partidos, poderes y niveles de gobierno. Y más que el método por el que deciden dirimir sus diferencias, el fondo revela cosas que no podemos dejar de señalar: exhibe los problemas y las contradicciones que se generan al interior de un gobierno cuando no se define una política nacional de largo plazo, con visión de Estado e independencia de los grupos de poder económico, acerca del desarrollo y regulación de las comunicaciones y del derecho a la información; y el juego de intereses que estos funcionarios públicos han demostrado ante dos asuntos de gran similitud, la Ley Televisa y el Acuerdo de Convergencia para Telmex, pero en el que mantienen posiciones distintas según sea la empresa beneficiada, pues se supone que debieran tomarlos desde la "neutralidad tecnológica".

El secretario de Hacienda aplaudió la Ley Televisa -mediante opinión enviada al Senado-, que minó al Estado de cuantiosos recursos por virtud de asegurarle a las televisoras un régimen especial de autorización para ofrecer servicios adicionales de telecomunicaciones, y permitirles la autoadjudicación del espectro radioeléctrico. El secretario de Comunicaciones se opuso a dicha reforma -mediante opinión enviada al Presidente- y consideró que se ponía en riesgo la rectoría del Estado en tan importante sector. Ahora el secretario Gil Díaz se opone, y el secretario Cerisola quiere pase automático para Telmex.

Tanto Televisa como Telmex deben pagar, cumplir a plenitud su título de concesión, y enfrentar una verdadera regulación asimétrica: de condiciones especiales en términos de su poder sustancial de mercado, no como privilegios o exenciones fiscales. Pues así, cómo no van a andar en los primeros lugares entre los ricos del mundo, dueños del monopolio y recibiendo regalo tras regalo del Estado.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

Candidaturas independientes

Francisco Valdés ugalde

Es indispensable una reforma electoral. Pero no deberíamos pensar, al estilo Zedillo, en una que fuese definitiva. No hay nada "definitivo" en la construcción del orden social o jurídico. Hay que pensar en los avances necesarios, hay que usar la imaginación para llevar a cabo una reforma que propicie la consolidación de las instituciones democráticas, que facilite la participación de los ciudadanos en la vida política, que induzca a los partidos y a los candidatos a rendir cuentas al electorado, y que haga posible que la sociedad controle más y mejor el ejercicio del poder por la clase política.

Este último objetivo, en particular, es fundamental y estamos lejos de haberlo conseguido. La democracia no es únicamente una forma de representación de los ciudadanos en los órganos del poder público; es eso y mucho más, una manera de controlar el ejercicio del poder. Contra lo que pudiera pensarse, los políticos y los ciudadanos comunes y corrientes no tienen los mismos intereses. Mientras que los primeros están ocupados fundamentalmente de seducirnos para obtener nuestros votos y llegar a los puestos públicos para disfrutar de sus beneficios expresados en dinero, reputación, influencia y poder, los segundos nos interesamos en que los problemas que nos afectan en el orden de lo público sean atendidos y resueltos con eficiencia, diligencia y honradez. Una vez que los políticos obtienen nuestros votos y consiguen los puestos, tienden a olvidarse de nosotros, al menos hasta la siguiente elección, cuando los votos vuelven a ser indispensables. Visto así, no puede haber intereses más encontrados que los de políticos y ciudadanos. Creer lo contrario es hacerse ilusiones.

¿Entonces, por qué suponemos que la democracia es un buen sistema de gobierno? La respuesta es sencilla aunque es difícil alcanzarla: porque la democracia brinda libertad a los individuos y permite mejor que ningún otro sistema el control del poder político por parte de la sociedad. De acuerdo, pero a condición de que se presentan algunos ingredientes esenciales. Elecciones periódicas entre por lo menos dos alternativas en competencia por los mismos puestos; presencia de partidos políticos que propongan programas basados en sistemas de ideas que puedan ser conocidos y analizados por los ciudadanos; información abundante acerca de quiénes son los candidatos, de cómo están compuestos y organizados los partidos y cómo ejercen el poder; ciudadanos conscientes de todo lo anterior y con capacidad de allegarse el máximo posible de información objetiva acerca de los problemas de la sociedad y de los políticos y partidos que intentan darle solución.

Nada de esto se consigue sin la presencia de reglas jurídicas de cumplimiento obligatorio que produzcan dos efectos: inhibir conductas inapropiadas para el interés público y castigar severamente estas conductas cuando la inhibición es insuficiente para someter a los políticos al cumplimiento de su deber.

Es evidente a todas luces la insuficiencia del marco jurídico que organiza el comportamiento de los políticos, los partidos y los gobernantes. A lo largo de la transición democrática hemos visto de todo, desde Amigos de Fox y el señor de la ligas hasta el misterio financiero y técnico de los segundos pisos. El lector también podrá identificar algunas cosas buenas: progresos en materia de combate a la pobreza, estabilidad de precios, pensiones para los adultos mayores, etcétera.

Pero al examinar el tema del control social sobre el ejercicio del poder político siempre llegamos a la conclusión de que nos hemos quedado demasiado cortos. Para emprender la reforma electoral necesaria es imprescindible un diagnóstico de este complejo problema. Entre los asuntos que están implicados en él está sin duda la forma en que se han edificado los partidos políticos y la relación de éstos con las candidaturas a los puestos de elección popular.

Mientras que el artículo 35 de la Constitución señala que todo ciudadano mexicano goza de la prerrogativa de "poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley", el código electoral estipula que para ser candidato con registro y acceso al financiamiento público, es imprescindible ser postulado por un partido político. Muy pronto la Suprema Corte de Justicia se pronunciará sobre este tema y, al parecer, la mayoría de sus ministros se inclina por modificar esta disposición de ley para garantizar el derecho constitucional y abrir el camino a las candidaturas independientes.

Aunque no es la única dimensión relacionada con el control del poder por la sociedad, el monopolio de los partidos sobre las candidaturas a los puestos de elección es uno de sus componentes. Romper este monopolio enfrentaría a los partidos a un desafío de mayor competitividad, pues deberán poner más cuidado en sus funciones de gobierno si quieren mantener el favor ciudadano en lugar de ser reemplazados por otro partido o por una alternativa independiente. Esto puede lograrse mediante la apertura legal a candidaturas independientes sujetas a reglas de representatividad como, por ejemplo, ser postuladas por una fracción significativa de la lista nominal de electores de una unidad electoral (municipios, distritos, entidades federativas).

No existe una regla universal en este respecto. Hay democracias que funcionan bien con o sin candidaturas independientes. Lo que debemos examinar integralmente es si este sería un componente que ayude a romper lo que en el lenguaje cotidiano hemos denominado "partidocracia" y que está asociada no solamente al monopolio de las candidaturas sino a la corrupción política que ese monopolio contribuye a propiciar.

Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM