NO SOLO A PEMEX DEBE REORDENAR CALDERÓN, TAMBIÉN A LAS TELEVISORAS

La prioridad del gobierno de Calderón no debe solo reordenar a PEMEX sino a los grupos de interés que compiten con las instituciones, entre ellos el predominio de las televisoras sobre la gobernación, el sindicalismo de Elba Esther sobre la educación, el sindicato petrolero sobre la transparencia y el monopolio de Telmex sobre la competencia.

Así lo señaló Javier Corral Jurado, al recordar que tanto el Ejecutivo como el Congreso tienen el compromiso histórico de dar cumplimiento al “fallo patriótico” de la Corte y “no andar pidiendo favores a las televisoras para que los saquen de problemas coyunturales en que se colocan las conductas vulnerables que se acreditan”.

En la inauguración del Foro Internacional sobre Reforma de los Medios, “Un Debate Abierto” el Presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) señaló que aplazar un derecho social como el de la comunicación en aras de una reforma económica, o intercambiar una por la otra, “sería repetir el error histórico del expresidente Fox”.

Por su parte el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete Ruiz, dijo que los grandes consorcios mediáticos como Televisa y Azteca han alcanzado un poder económico-político “por encima incluso de la voluntad de la sociedad y el Estado Mexicano.”

El senador perredista propuso tres grandes ejes para la nueva Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones: acceso a todos los actores sociales a los medios de comunicación “sin ningún tipo de restricción”; pluralidad y libre competencia de los medios; supremacía del interés general sobre los intereses particulares.

En el evento que se realiza en el Club de Periodistas del centro histórico de la Ciudad de México, el representante de la Fundación Alemana Konrad Adenauer, Rudolph Hubert reconoció que el Foro, que se ha venido realizando desde hace 10 años, se presenta “en un panorama político difícil y espinoso, contaminado por el actual debate sobre la reforma energética que cubre todos los espacios mediáticos”.

Sobre el debate energético el propio Corral Jurado dijo que “la reforma energética nos tiene metidos en la neurosis de la escaramuza y trata de llevarse a su paso no solo la toma de la tribunas del Congreso sino las mejores condiciones que hemos tenido para una reforma de los medios de comunicación.

El Foro que realizan de manera conjunta la Fundación Konrad Adenauer, la Comisión de Radiodifusión, Telecomunicación y Cinematografía del Senado, y la propia AMEDI durará hasta el viernes 25, y contará con especialistas de Alemania, Argentina, Perú y México, además de funcionarios de las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones. Será transmitido por el Canal de Televisión del Congreso.

En su inauguración contó con la asistencia de senadores y diputados de los tres principales partidos políticos: Carlos Navarrete -presidente de la Comisión de RTC- y Pablo Gómez del PRD; Arturo Núñez Jiménez y Raúl Mejía del PRI; Ricardo García Cervantes y Marko Antonio Cortez Mendoza del PAN; además de las diputadas panistas Rocío Morgan y Claudia Cruz.

• JCJ: EL PRESIDENTE Y EL CONGRESO COMPROMETIDOS CON EL FALLO DE LA CORTE

En su intervención, Javier Corral Jurado recordó que este Foro internacional inició desde hace 10 años y que en su momento recibió “fuego cruzado” de buena parte de los medios de comunicación electrónica “que en un sentido muy clarificador de su posición dijeron defender la libertad de expresión censurando nuestras discusiones”.

Hizo un reconocimiento al periódico La Jornada “sin altibajos o virajes reprochables ha sido el medio más consistente en atender y dar cuenta de esta causa desde 1998 hasta la fecha”.

Dijo que de entonces a la fecha el tema ha ido creciendo en su interés en la sociedad: “cada día son más los mexicanos que se ocupan de la reforma de los medios y cada día son más las organizaciones que conforman el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios”.

El Presidente de AMEDI señaló que “el debate está abierto, más vivo y más hondo que nunca y concretarse en una nueva legislación” y que la “decisión patriótica” del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “compromete al Congreso y al Presidente de la República a poner la parte que les toca en la construcción de un nuevo modelo de comunicación para México”.

Recordó que hay más de treinta criterios que estableció la Suprema Corte de Justicia en su fallo sobre la Ley Televisa que “no se le pueden olvidar ni al Congreso ni al Presidente de la República”: la integración de la Cofetel, los criterios para otorgar las concesiones y su renovación; la competencia en el ramo, las contraprestaciones, los medios públicos y privados, la convergencia digital, entre otros temas que se discutirán en este Foro.

Reconoció que la reforma energética ha contaminado el tema de la Ley de Medios y de la importancia que actualmente reviste para el gobierno:

“El gobierno del Presidente Calderón ha hecho de la reforma petrolera su prioridad. No lo reprocho, incluso lo entiendo. Lo que no debemos permitir a ningún gobierno, de ningún partido, es que por una reforma económica se aplacen derechos sociales básicos, se pospongan exigencias ciudadanas como del derecho a la información y mucho menos que se intercambien o se condiciones una por la otra. Esa ruta sería repetir el error histórico del presidente Fox”.

Corral Jurado reconoció que en los hechos la reforma de los medios ha sido aplazada para este periodo de sesiones y que esto la acerca al próximo periodo electoral en que se renueve la Cámara de Diputados. Ante esa situación “urge que redoblemos esfuerzos, que acompañemos a los legisladores que sí quieren una reforma a la legislación de las telecomunicaciones y por ello es preciso mantener el debate abierto de la nueva reforma de los medios electrónicos y no permitir que ni la reforma energética ni el receso en que entra el Congreso, aplacen la discusión”.

• DARLE CABIDA A TODOS LOS ACTORES SOCIALES: COORDINADOR DEL PRD

El Senador perredista Carlos Navarrete expuso que “no es posible aspirar a un gobierno plural e incluyente sin la transformación democrática integral de los medios de comunicación colectivos, puesto que es a través de ellos como se realiza cotidianamente la principal forma de conducción, organización y participación colectiva de la comunicación”.

Señaló los medios de comunicación electrónica en México han operado con un marco jurídico discrecional, con vacíos legales, creando uno de los modelos de mayor alto grado de concentración en el mundo

Así, por ejemplo, en televisión abierta el 95% de las frecuencias se concentran en dos empresas. Televisa tiene 225 frecuencias propias y 32 afiliadas. TV Azteca 180 frecuencias propias, asunto que se ha agravado con la convergencia digital.

Otro ejemplo revelador es que en 2005 la inversión total en publicidad fue de 44.9 mil millones de pesos, de los cuales 58.0% se destinó a televisión abierta, 3.2% a Televisión restringida y 38.8% a otros medios publicitarios. Del monto global del gasto publicitario dedicado a la televisión abierta, Televisa captó el 71.2% y TV Azteca el 28.2%.

“De esta manera los grandes consorcios mediáticos han alcanzado una concentración de un enorme poder económico-político, por encima incluso de la voluntad de la sociedad y del Estado mexicano”.

Aseguró el legislador que “existe consenso” por una nueva ley que regule a los medios electrónicos de comunicación “como instrumentos para la garantía de los derechos fundamentales de la libertad de expresión y derecho a la información”.

La pluralidad en los medios de comunicación, subrayó Carlos Navarrete, permite a los ciudadanos confrontar distintos puntos de vista, contar con mayores elementos para formar su propio juicio sobre la realidad y tomar decisiones basados en una mayor cantidad de fuentes de información.

• EL VOTO RAZONADO PASA POR PLURALIDAD DE MEDIOS: HUBERT

Rudolf Hubert de la Fundación Konrad Adenauer señaló que por un lado no debe existir una radio y televisión estatal como único medio de comunicación y por otro lado “tampoco es aconsejable permitir el libertinaje absoluto dentro del mercado mediático que dé lugar a la limitación de las libertades de información, expresión y comunicación de los ciudadanos”.

Director del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica-México, de dicha Fundación –organizadora del Foro Internacional desde su inicios- expuso que los intereses económicos de las empresas no concuerdan automáticamente con los de la ciudadanía en general, por lo cual el Estado debe subsanar esas deficiencias y asegurar no solo la libre competencia sino crear las condiciones para la participación de la sociedad.

Indicó que uno de los derechos fundamentales relacionados con la comunicación se presenta en las elecciones, por lo cual es muy importante que el ciudadano tenga acceso a diferentes fuentes de comunicación que le haga razonar su sufragio y emitir un “voto informado”.
“Para gozar plenamente de la libertad de elección, pero también de la libertad de expresión, es necesario tener la posibilidad de formarse una opinión a través del acceso a información auténtica, veraz y objetiva, sin previo filtro o interpretación subjetiva del Estado o cualquier otra institución pública o privada”.

Contradicciones

Javier Corral Jurado

El inmediatismo que vive la política en México —falta de visión de largo plazo— muestra en todo esplendor las posiciones contrarias que agitan la crispación sin querer hacerse cargo de ello; porque unas lo hacen en nombre del debate, y otras bajo la bandera de la libre expresión.

Una importante fracción de diputados y senadores de PRD, PT y Convergencia visualiza un albazo legislativo en la reforma energética y exige un amplio debate nacional. Para obligar a su realización según sus criterios deciden tomar las tribunas de las cámaras del Congreso, bajo una enorme manta que sentencia su clausura. Cancelan en los hechos la palabra, descalifican el diálogo, matan el debate.

La asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno —pequeña, pero instrumento de una corriente de pensamiento más extendida— declara como su misión “renovar la política y el civismo con los principios y valores del humanismo solidario, orientarlos al servicio del bien común; con un nuevo paradigma: actitud positiva”, y para lograrlo toman la decisión de reeditar la propaganda negativa y ponen en marcha el spot que compara a López Obrador con diversos dictadores.

Esa absurda e irracional protesta de la izquierda y esa reacción intolerante de ese grupo radical de derecha sintetizan las enormes contradicciones de nuestro actual proceso político caracterizado por “la neurosis de la escaramuza”, como llamara Efraín González Luna a ese fenómeno cuando los actores del primer plano son deformados y abultados en condiciones tales, que el interés vital de la acción a fondo se abandona y se pierde por atender lo inmediato.

Más allá de coincidir con quienes han repudiado esa campaña mediática, la propaganda negra, creo menester señalar que esa conducta inmoral e ilegal no está en las competencias del IFE para su sanción, sino en los tribunales civiles y en la esfera de la Secretaría de Gobernación. En estricto sentido, los contenidos de ese anuncio no violan las leyes que prohíben a cualquier persona o grupo contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales, ni a favor o en contra de partidos o candidatos. Violan, sí, múltiples normas legales, y tienen en otras instancias el deber de sancionarlas.

Es claro, bajo el artículo 1916 del Código Civil federal, el daño moral a López Obrador al compararlo con los dictadores e imputarle un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien. Salta a la vista la magnificación de un hecho circunscrito a la toma de las tribunas con la disolución que Huerta, Hitler, Mussolini y Pinochet llevaron a cabo de los congresos en sus países. Es imbatible la comparación engañosa con el propósito de afectar la imagen del ex candidato.

No justifico ni la toma ni mucho menos el contenido del spot y su divulgación. Pero pretender hacer al IFE la instancia encargada de la vigilancia de los contenidos de la programación en radio y televisión me parece que agregaría otro yerro al cúmulo de despropósitos que se desarrollan en torno de la relación medios, Estado y sociedad. Proporcionando argumentos a quienes de por sí resisten esa legislación para los motivos que la crearon: la equidad y la transparencia de la contratación de la propaganda política en medios electrónicos de comunicación para fines electorales.

Demostrar esa finalidad en los contenidos del multicitado spot es tarea compleja, cuando la debida sanción a quienes la diseñaron y la difundieron puede ser más sencilla. Con todo y su obsolescencia, no faltan tampoco en la Ley Federal de Radio y Televisión disposiciones que contemplen estos supuestos. El artículo quinto establece la función social de la radio y la tv: “Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares”; el artículo 10 obliga a la Secretaría de Gobernación a vigilar que las transmisiones se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad y no ataquen los derechos de terceros, provoquen la comisión de algún delito o perturben la paz pública.

Ese spot, además de que afecta su dignidad, siembra el odio, alienta la intolerancia y no atiende la promoción del diálogo que sí está considerado en las responsabilidades de los medios. No es admisible que se diga que el ex candidato merece ese trato porque es uno de sus más asiduos practicantes; claro que lo es, pero ese combate no se ganará asemejándonos a quienes hacen descalificaciones generalizadas, magnifican los hechos o mienten a sabiendas de que lo hacen. Y esa y no otra es la oportunidad de las autoridades judiciales y de la Secretaría de Gobernación de expresar con toda claridad que aún hay campo de acción para la civilidad, aunque desde la izquierda y la derecha se actúe contra ella.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

Polarización y dramatismo

José A. Crespo

Me parece sumamente reprobable e injustificable el bloqueo parlamentario que hacen los legisladores del FAP. Por más importante que sea el tema del petróleo (que lo es), no creo que ello autorice a pasar por alto el entramado institucional. Una institucionalidad, es cierto, poco creíble y sumamente deficiente, pero que puede y debe ser mejorada dentro de sus propios cauces (algo no fácil, pero tampoco imposible). En todo caso, la anarquía o la dictadura son opciones infinitamente peores. Pero muchas de las interpretaciones sobre ese bloqueo me parecen desproporcionadas. Y es que si bien los furibundos detractores de Andrés López Obrador lo acusan (con razón) de maniqueo, su discurso cae frecuentemente en el mismo maniqueísmo que condenan. Los radicales de cada bando se parecen más de lo que suponen. Así, si bien es un despropósito comparar a los senadores del FAP con Belisario Domínguez y afirmar que con la reforma energética seremos de nuevo una colonia, como lo afirma López Obrador, igualmente lo es comparar la toma de tribunas con los cierres del Congreso ordenados por Hitler o Mussolini.

En países políticamente desarrollados de vez en vez también ocurren camorras legislativas, pero suele haber mayor serenidad y moderación en la forma de interpretar los hechos. Por ejemplo, hace 12 años, durante una visita a Japón, me enteré de que los legisladores de un partido opositor (no recuerdo cuál) se habían encadenado a las puertas del recinto legislativo (de la Cámara baja), lo que impidió la entrada a sus colegas. Mis anfitriones japoneses me explicaron que lo hacían para evitar que se discutiera y aprobara una reforma con la que no estaban de acuerdo (y que no podían impedir con sus pocos votos en la dieta). El conflicto duró varios días y pudo destrabarse con algún tipo de negociación. Seguí con interés el desenlace y no recuerdo que entre las condenas y los análisis hubiera quien comparara a ese partido con los militares que en 1938 inutilizaron políticamente a la dieta. Es que aquí somos muy dados al melodrama (de ahí el éxito de las telenovelas y los culebrones). No digo que no se trate de algo grave y reprobable, pero no me parece equivalente a un golpe militar de los muchos que registra nuestra historia. Así, Enrique Krauze (a quien respeto y aprecio, además de coincidir con él en muchos temas) ofreció un diálogo a sus pares del otro lado, pero no sin antes comparar la acción del FAP con la disolución del Congreso bajo Iturbide, Santa Anna y Huerta (equiparando indirectamente a sus colegas de hoy con quienes en su momento legitimaron aquellos golpes). Eso está bien para los yunques, pero ¿Krauze? ¿Así se allana el terreno para un diálogo sereno y razonable como el propuesto por el historiador? No parece.

Las necesarias y útiles comparaciones históricas entrañan el riesgo de traspolar indebidamente las circunstancias y llevar demasiado lejos los paralelismos. Me parece por ejemplo tan excesivo acusar de nazis a los frentistas como hacerlo con los panistas (incluso, los tentados a desenfundar su pistola para hacer prevalecer el orden). No porque no haya en uno y otro lados huevos de serpiente que justo se incuban en la polarización, sino porque parece que ya se nos olvidó lo que en realidad significó el nazismo. En todo caso, y ante el riesgo de incurrir también en un exceso, el bloqueo parlamentario a propósito de un tema que el FAP considera ontológicamente inmutable, me recuerda los cercos y amagos al Congreso en 1838, provocados por algunos legisladores “nacionalistas” durante la Guerra de los Pasteles. El gobierno mexicano se había negado a pagar una suma que le pareció injusta para indemnizar a ciudadanos franceses afectados por nuestras permanentes reyertas. Por lo cual la escuadra francesa bloqueó varios meses Veracruz y nos causó grandes pérdidas comerciales. Una vez derrotados militarmente, conforme se prolongara el litigio, tendríamos que cubrir una indemnización mucho mayor que la original. Y ya no había forma de ganar esa guerra. Por lo cual, el gobierno y varios legisladores consideraron prudente mejor pagar, antes de que siguiera subiendo el costo de la compensación. Pero eso desató una ola patriotera en la que diversos legisladores se negaban a ceder. Era preferible derramar hasta la última gota de sangre mexicana que sufrir la humillación de la derrota (no había de por medio, como sí ocurrió después, la propiedad del territorio ni un imperio impuesto desde Europa). Incluso, los legisladores “nacionalistas” amenazaban con una revolución si el gobierno aceptaba pagar a los franceses. Y convocaron a sus adeptos a rodear el Congreso para intimidarlo. Uno de los patrioteros amenazó a un diputado que favorecía el pago: “Sepa usted que todos perecen si no se niegan a las pretensiones de los franceses”. El gobierno titubeaba, pero, pese a la “presión patriótica” contra el armisticio, finalmente decidió saldar cuentas con Francia y terminar con tan absurda situación. Sólo que, según Francisco Bulnes, en lugar de 200 mil pesos que originalmente pedían los franceses, tuvimos que pagar casi siete millones de pesos, sin contar las pérdidas comerciales por los meses de bloqueo portuario. Un nacionalismo mal entendido, dogmático al grado de impedir una reflexión racional de lo que más convenía al país. Aunque aquel episodio histórico tampoco es idéntico a la crisis actual, y el paralelismo pueda resultar excesivo, al menos parece menos extravagante que hacerlo con la disolución del Congreso por Huerta o Hitler. El caso es que traemos el melodrama en la sangre, qué le vamos a hacer. Un dramatismo malsano que abona el encono y la inestabilidad. De hecho, la actual rijosidad es en buena parte consecuencia de las campañas de lodo de 2006.

Visitante Uribe

¿Y si Pemex tomara el ejemplo de PDVSA?

"Para que una petrolera estatal sea eficiente debe tener autonomía de gestión", afirma Giusti

Luis Giusti hoy es uno de los gurús más influyentes en la industria petrolera global.

Giusti fue presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) de 1994 hasta 1999, cargo desde el cual emprendió una de las transformaciones más profundas que se conozcan en la industria petrolera mundial.

Desde 1990, año en que empezó a ocupar diversos cargos ejecutivos en PDVSA, Giusti comenzó el diseño de un ambicioso plan de apertura a la inversión privada y de incremento en la producción petrolera.

Cuando asumió la presidencia, consolidó sus reformas incorporando a una docena de compañías extranjeras en la explotación del crudo venezolano, lo que al país le ha representado un incremento de más de 40% en su producción petrolera e inversiones que superan los 35,000 millones de dólares (mdd).

En marzo de 1999, poco después de que Hugo Chávez asumiera la presidencia, Giusti fue despedido como presidente de PDVSA por el propio mandatario y en televisión.

Sin embargo, a casi ocho años del despido de Giusti, en Venezuela siguen operando las mismas petroleras extranjeras, y PDVSA continúa con las mismas alianzas y programas de ganancias compartidas que le han dado tantos réditos.

Contra la ortodoxia

Para llevar a cabo las reformas, Giusti tuvo que enfrentarse a un sentimiento nacionalista profundamente arraigado en el imaginario venezolano, que asociaba la apertura de la explotación petrolera con la pérdida de la soberanía nacional.

"Primero había que sacarle la carga dogmática al tema, y ese objetivo se logró precisamente ampliando la participación privada en las actividades petroleras", dice Giusti en entrevista con Expansión.

Esas y otras iniciativas le permitieron a Giusti ir cambiando poco a poco la mentalidad de los ciudadanos en torno al tema del petróleo; y al final de su presidencia, PDVSA se había ganado la confianza de los venezolanos como empresa eficiente y bien administrada.

Hoy en día, los resultados de esas iniciativas introducidas durante la administración de Giusti le significan a Venezuela 1.1 millones de barriles adicionales por día, 42% de su producción total, y han llevado a PDVSA a ubicarse como la segunda petrolera del mundo.

Pemex, paraestatal, precios…

A juicio de Giusti, para que una empresa petrolera estatal sea eficiente y tenga éxito, debe tener autonomía de gestión bajo un ente regulador, esquema dentro del cual destacó los ejemplos de la brasileña Petrobras y de la noruega Stat Oil.

"Eso, aquí en México, no existe. Yo me atrevo a decir que Pemex no es una empresa, sino un instituto paraestatal", dijo Giusti.

Para el directivo, la petrolera mexicana sobrelleva "una carga fiscal gigantesca que la tiene maniatada" y para conseguir recursos "tiene que estar haciendo cola con todos los programas propios de una democracia como la mexicana".

Sin embargo, dijo que la industria petrolera de México tiene un gran potencial, sobre todo en aguas profundas, y que hay una gran cantidad de empresas extranjeras que tienen sumo interés en invertir en el sector, pero el marco legal mexicano se los impide. "Es muy difícil invertir en México en las condiciones actuales. El espacio para invertir es muy restringido, no hay por dónde meterse", sostuvo.

Reconoció que Venezuela poseía un marco legal un tanto más flexible cuando llevó a cabo su apertura, y que el sentimiento nacionalista contra la participación de empresas privadas en el sector petrolero no estaba tan arraigado como en México.

Según Giusti, los mexicanos tendrán que decidir entre quedarse con Pemex como está (sometida a enormes presiones fiscales, sin recursos para invertir en exploración, importando gasolina), o buscar que otras firmas inviertan y corran el riesgo, sin perder la soberanía sobre el recurso.

¿Con la mirada perdida?

Míreme a los ojos

Hey, senador, míre a la cámara

Espérame tantito

¡¡Ah, caray!!

No se vaya a caer gobernador

¿Qué hacemos con López Obrador?

JORGE ZEPEDA PATTERSON

Ciertamente no es Hitler o Mussolini, pero es sorprendente la capacidad que tiene López Obrador para provocar ronchas a muchos ciudadanos, particularmente entre los sectores conservadores. Una y otra vez reaccionan de tal manera que terminan por vigorizar la figura pública de El Peje.

El spot de televisión transmitido en horario triple A en que se le compara a Victoriano Huerta, Pinochet y similar calaña por haber ordenado tomar el salón de sesiones de la Cámara, es tan desproporcionado y abusivo que ha resultado contraproducente. Para El Peje ha sido oro molido, pues confirma la noción de que existe una suerte de conspiración de odio en su contra. De verdugo del Congreso ha pasado a ser víctima de la derecha todopoderosa.

No coincido con varias decisiones de López Obrador y me parece que su estilo de liderazgo deja mucho que desear. Pero estoy convencido de que AMLO y las causas que representa son absolutamente indispensables para la salud de la República. Cada vez que el tabasqueño habla en contra de las instituciones y convoca a la movilización, una legión de analistas y comentaristas se queja de su irresponsabilidad y primitivismo político. Como si se tratase de una anomalía trasnochada en una sociedad democrática. “Hay problemas pero estos deben resolverse mediante el diálogo”, se dice; “los bloqueos y tomas de instituciones no caben en una sociedad con Estado de Derecho”, se afirma, con la convicción que sólo podría tener un alemán o un sueco.

El problema es que no vivimos en un Estado de Derecho, ni los problemas se resuelven con el diálogo, salvo que usted pertenezca al 20% de la población de mayores ingresos. Todos los días miles de mexicanos humildes son víctimas de tribunales y autoridades que operan a favor del poderoso o del que ofrece más. Háblenle del Estado de Derecho a Lydia Cacho, a las víctimas de Ulises Ruiz en Oaxaca, a los campesinos que suplican a un funcionario que ya vendió su caso. Más que un Estado de Derecho lo que padecemos es “el derecho al Estado” del que gozan algunos sectores privilegiados. ¿Cómo podemos hablar de “someterse al imperio de la ley” cuando los que se enriquecieron con el Fobaproa, el mayor robo en la historia de la Nación, lo hicieron legalmente? La reforma energética ofrece el mejor ejemplo. Si López Obrador y sus contingentes no hubieran irrumpido con sus sudores y malas maneras (cito a un crítico) la reforma habría sido acordada entre futuros beneficiarios, funcionarios federales y legisladores priístas. Fueron los gritos y sombrerazos, las denuncias fundadas e infundadas de El Peje, lo que obligó a definir esta reforma en un espacio verdaderamente público.

No sé si al final de todo esto tendremos una buena reforma, pero estoy convencido de que será mejor de la que podría haberse firmado tras bambalinas. En todo caso habrá de ser más representativa del sentimiento de la comunidad en su conjunto y mucho menos cupular de la que tenían cocinada. ¿Qué no trata de eso la democracia? Desde luego, los métodos de AMLO no son democráticos, pero son comprensibles si consideramos que los acuerdos “democráticos” son los que tienen que pasar y ser resueltos por Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa a partir de los intereses muy poco democráticos que ellos representan.

Insisto en que los mexicanos tenemos todo el derecho de desconfiar de la apertura al capital privado, habida cuenta de la cantidad de abusos que han generado privatizaciones y concesiones en el pasado. Eso no significa que debamos satanizarlas. Podrían ser la única solución para el quebranto energético que se avecina. Pero el Estado mexicano hasta ahora ha sido incapaz de impedir los excesos y abusos de los grupos privilegiados cada vez que ha abierto al mercado ámbitos de la esfera pública. No es posible encarar la apertura de Pemex sin antes agotar la discusión de las maneras en que habremos de asegurarnos de que no se multipliquen los Carlos Slim o Roberto Hernández, o peor aún, los Bribiescas. Que tome 50 días ó 100 ventilar estos asuntos es irrelevante si consideramos lo mucho que está en juego.

Es desagradable ver a los perredistas convertir la tribuna máxima en un tianguis. Pero, bien mirado, es un costo menor si ello obligó a examinar con atención el futuro del petróleo, nada más y nada menos que el mayor patrimonio de este País.

Hay un linchamiento mediático de López Obrador que muchos están “comprando”. Algunos se preguntan qué hacer con esta piedra en el zapato que constituye su movimiento. Yo diría que pese a su retórica y su populismo, López Obrador es imprescindible. No empareja el marcador pero impide la goliza. Lo peor que podemos hacer es pretender que la inconformidad social no existe. ¿Nos parecen de mal gusto sus expresiones? ¿Y de qué gusto son las inequidades e injusticias que padece la mitad más pobre del País? ¿Qué creíamos, que iban a votar cada seis años y sentarse a esperar a que llegue un empleo, un abogado honesto o un programa de Gobierno?

López Obrador no representa a los verdaderos pobres del País, se dice con frecuencia. Quizá. Pero canaliza la irritación que entre muchos mexicanos genera esa pobreza. Su desconfianza hacia la apertura al capital privado es la desconfianza de muchos. Antes de lincharlo y repudiar sus métodos habría que escuchar lo que nos está tratando de decir esa república olvidada que intenta hacerse presente.

El estancamiento tecnológico

ANDRÉS OPPENHEIMER

El principal problema de América Latina no es el presidente narcisista-leninista venezolano Hugo Chávez ni los líderes populistas que siguen sus pasos, sino el estancamiento de la región en tecnología de la información y del crecimiento en el área de la economía del conocimiento

Efectivamente, un nuevo ranking del Foro Económico Mundial muestra que México, Brasil, Argentina y muchos otros países latinoamericanos están perdiendo terreno a nivel mundial frente a las naciones de Medio Oriente, Asia y Europa del Este en materia de conectividad de internet.

¿Por qué es inquietante esta noticia? Los autores del ranking, titulado Índice Global de Tecnología de la Información, me señalaron que la conectividad es, cada vez más, la clave para lograr crecimiento a largo plazo.

Así como en el pasado los países necesitaban carreteras y puentes para exportar sus productos, en la actualidad también necesitan una buena infraestructura de internet para ser más competitivos en la economía global.

“La tecnología de la información se ha convertido en la tecnología base para todas las demás industrias”, me aseguró en una entrevista telefónica la coautora del informe, Irene Mía.

El ranking, que abarca 127 países, no sólo mide el nivel de acceso a internet en cada País, sino también el marco regulatorio, la burocracia estatal y el clima de negocios que les permiten ser, o no ser, tecnológicamente competitivos.

La lista ubica a Dinamarca, Suecia, Suiza, Estados Unidos y Singapur, en ese orden, a la cabeza de los países más “conectados” del mundo.

Dinamarca y Suecia ya encabezaban la lista en 2007, mientras que Suiza y Estados Unidos han ascendido varios lugares durante el último año.

La mayoría de los países latinoamericanos, por el contrario, han perdido terreno en este año:

• Chile, el País de la región que aparece más alto en la lista, cayó en el último año del puesto 31 al puesto 34.

• México descendió del lugar 49 al 58.

• Argentina tuvo una de las mayores caídas de la región, del puesto 63 al 77.

• Colombia cayó de la posición 64 a la 69.

• Perú descendió del puesto 78 al 84.

• Venezuela bajó del lugar 83 al 86.

¿Cómo se explica el descenso de América Latina en este ranking?

Los autores del estudio me señalaron que la caída de la región no se debe a que sus países hayan dejado de invertir en infraestructura de internet, educación o innovación, sino a que otros, en diferentes regiones, lo están haciendo a mayor velocidad.

O sea, los países latinoamericanos están avanzando, pero no tan rápido como los demás.

Corea del Sur, por ejemplo, está en el puesto número 9 a nivel mundial en este ranking, y Estonia (20), Eslovenia (30), Qatar (32) y Lituania (33) son todos países que se ubican por encima de Chile y los demás países latinoamericanos.

Soumitra Dutta, coautor del informe, me comentó que los países latinoamericanos pagarán un alto costo si no modernizan su área de tecnología de la información, en especial en lo que se refiere a la burocracia gubernamental y las trabas a las inversiones que impiden que el sector crezca a más velocidad.

“Hace cinco años, cuando visitaba Brasil o México y hablaba del éxito de las empresas de tecnología de la información de la India, me respondían: “Muy interesante, pero irrelevante”, afirma Dutta.

“Hoy, las empresas de tecnología de la información de la India ya les están robando negocios a las empresas locales en América Latina”, abundó.

La empresa india Tata Consulting, por ejemplo, acaba de ganar importantes licitaciones estatales en la Ciudad de México, Brasil y Chile.

Las compañías latinoamericanas corren el riesgo de seguir perdiendo negocios en sus países y el resto del mundo si no se modernizan, afirmó Dutta.

Mi opinión: el estancamiento tecnológico latinoamericano reflejado en el ranking se debe en parte a la bonanza de las exportaciones de materias primas de la región, que ha hecho que muchos países se duerman sobre sus laureles.

En muchas capitales de la zona existe la creencia de que los actuales precios récord del petróleo, la soya y otras materias primas durarán para siempre.

No será así. Y aunque así fuese, las materias primas no salvarán a América Latina.

No es casual que Singapur, Corea del Sur, Taiwan, Israel, Luxemburgo, y muchos otros países que ocupan los primeros puestos del ranking no tengan materias primas y, sin embargo, gocen de un bienestar mucho mayor al de países latinoamericanos ricos en recursos naturales.

La verdadera amenaza para el futuro de Latinoamérica, mucho más que Chávez y sus seguidores en Ecuador, Bolivia y Nicaragua, es la falta de inversión en educación, ciencia y tecnología.

Vivimos en la era de la economía del conocimiento, en que los productos de alta tecnología son los que más se cotizan, aunque muchos países de la región aún no se hayan dado cuenta.

La revolución de la bicicleta

Cada cierto tiempo, los ecologistas piden sobre sus bicicletas una humanización de la ciudad. En contra del caos del tráfico.

Los ciclistas cruzan una calle china de forma caótica… La escena se extrae de Return of the Scorcher, un documental a favor de la ecología filmado en 1992 por el realizador americano Ted White. Al principio, el espectador solo ve ciclistas aislados y dudosos. Poco a poco van siendo más numerosos, hasta formar, al final, eso que se llama una masa crítica. Llegan sin señal, esperando hasta que un grupo suficiente de ciclistas se les hayan unido. Una manera de oponerse a los automovilistas y a los conductores de camiones. Sin que el asunto degenere en altercado o accidente, los ciclistas infiltrados en la circulación, acaban por ser mayoría. La fuerza evocativa de esta escena, que cambia las tornas a una situación que ocurre a diario, es el origen de un movimiento mundial, la critical mass, la masa crítica. Este tipo de encuentros nació en San Francisco en los Estados Unidos, y se propagó por otras grandes ciudades del mundo, regularizándose poco a poco.

”Nostros somos la circulación”




La evolución bici-revolucionaria (Beyond20khz/flickr)


En Europa, el movimiento se ha hecho popular y ha encontrado adeptos en todas las grandes ciudades. Los participantes actúan sin ser capitaneados por ningún organizador, asociación u otro responsable. Estos encuentros tienen lugar cuando una convocatoria ha reunido a suficientes participantes. Pero el éxito de un encuentro es también fruto de la distribución de octavillas, del boca a boca y de anuncios difundidos por Internet.

Sin embargo, la masa crítica no debe ser considerada como una manifestación pública. Por otro lado, podemos leer sobre el sitio de Internet del grupo berlinés del movimiento: “No hacemos manifestaciones organizadas. ¡Nosotros somos la circulación!”. Los participantes de la masa crítica se reúnen simplemente porque quieren. No persiguen ningún objetivo político, no se unen por la defensa de una misma causa. Las manifestaciones no están anunciadas, cada uno debe respetar escrupulosamente las reglas de circulación y es responsable de sí mismo.

Este es el principio que diferencia a la masa crítica de otros grupos de ciclistas, como por ejemplo los rallies de bicicleta, que organizan la Allgemeine Deustche Fahrrad Club Berlin e.V. (ADFC) la Federación Alemana de ciclismo de Berlín. Así que, una vez al año, los ciclistas salen de todas partes en dirección a la Gran Estrella, la plaza central de la calle del 17 de junio de Berlín, la ADFC de Berlín anuncia el evento como una manifestación. Durante la última Sternfahrt, en español, circuito de la estrella, en junio de 2007, se reunieron 250.000 participantes venidos de toda Europa. Coincidió de forma intencionada con el día mundial del medio ambiente, para significar el compromiso de estos ciclistas por la protección del clima. Pero el movimiento reivindica también la bici como un medio seguro y bueno para la salud.

La bici-revolución en Budapest en 2007



¡Viva la revolución!

En Francia la ’bici-revolución’ se une a la masa crítica. En la llamada de París, los bici-revolucionarios piden la prohibición de los coches. Según ellos, toda la ciudad está hecha a la medida de los vehículos, que son la principal fuente de ruido, contaminación, de estrés y accidentes. Ellos acusan a los coches de una doble contaminación, visual y medioambiental. Los activistas señalan también que, al contrario que la bici, los vehículos concebidos para cinco personas son de media utilizados por 1,2 personas.

Los bici-revolucionarios reivindican, entre otras cosas, la colocación de zonas verdes que unan los barrios de la ciudad: pistas generosas para los patinadores, los ciclistas, los peatones y todos los otros medios de transporte no motorizados. Los bici-revolucionarios están atentos al compromiso de la ciudad, y no dudan en manifestarse en contra de proyectos de construcción concretos.

Bicicletas multicolor, sí. Coches contaminantes, no.

Aunque algunos están más politizados que otros, este combate común une a todo el mundo por la defensa de los derechos del ciclista contra la motorización general que reina en las ciudades. En la cabeza de los activistas ronda la idea de un nuevo urbanismo ecológico, en el que las bicicletas ocuparían un lugar central. El punto en común de todos estos movimientos es la petición de una reapropiación colectiva de la calle. De un lado, un desfile multicolor de ciclistas, haciendo ruido y adornados con banderas. Del otro, la tristeza de un trozo de metal que apesta.

En Hanover, la primera manifestación en bici organizada por los habitantes, en mayo de 2007

Riqueza ilegítima

Javier Corral Jurado

En medio de su empeño por sacar adelante la reforma energética, el gobierno del presidente Felipe Calderón deberá enfrentar el asunto más relevante del informe que la Auditoría Superior de la Federación reportó de la cuenta pública 2006: el caso Unefon. La actuación que tengan en este asunto tanto la Secretaría de la Función Pública como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes marcará un derrotero para el conjunto de la administración federal en el combate a la corrupción, porque se pone a prueba uno de los compromisos presidenciales más señalados.

Aunque el caso de Unefon se ha ventilado en últimos días, sobre todo en Televisa, no está demás advertir que el asunto atraviesa tres gobiernos —Zedillo, Fox y Calderón— y cruza de alguna manera los intereses de las televisoras. De ahí que cada versión, según el medio o columnista, ponga mayor énfasis en el origen o en el final de la historia. Para mí es una sola historia, de la que conocí elementos desde cuando presidí la comisión de RTC de la Cámara de los Diputados, porque el asunto data de 1998 y lo que hoy vivimos no es casual, sino una suma de faltas éticas y jurídicas.

Unefon obtuvo en 1998, mediante subasta, concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico para operar telefonía móvil; presentó una oferta alta y se llevó excelentes posiciones de mercado. Era el tránsito digital de la telefonía celular a través de los personal communications systems, PCS. Del total de las nueve zonas en que se dividió el país para esa licitación, el gobierno pretendió obtener mil millones de dólares. No lo logró porque un ganador, Unefon, no cumplió con el pago de la contraprestación ofrecida. Pidió una prórroga y la autoridad, en lugar de hacer respetar las bases de la licitación —la primera de espectro que se daba en el país— y revocarle la concesión, le autorizó no una, sino dos prórrogas en distintos momentos.

Con ignorancia supina o conocimiento deliberado, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el entonces secretario de Comunicaciones de Zedillo “condicionaron” las prórrogas al pago de intereses, lo que Unefon aceptó hábilmente. Meses después iniciaba ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa un juicio de nulidad sobre el pago indebido de esos intereses, por ser una contraprestación que ni Cofetel ni SCT podían fundamentar con base en la ley. En efecto, seis años después, ese tribunal declaró ilegales los intereses, pero dejó constancia de que lo procedente era el cobro de recargos “para los casos de prórroga”. Luego volvió a confirmar, en sentencia en 2006, la ilegalidad de ese cobro de intereses.

Desde que se emitió la primera sentencia del TJFA hasta la segunda sentencia interlocutoria, la SCT recibió diversas opiniones de los distintos responsables de la unidad de asuntos jurídicos en el sentido de que tales sentencias “no ordenan que se devuelva cantidad alguna”, o “no se desprende que el TJFA… haya condenado a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, es decir, únicamente declaró la nulidad de la negativa ficta, cuyo alcance sería para el efecto de que esta secretaría entrara al estudio de revisión interpuesto por la actora”.

Sin embargo, de manera súbita, procesado en un día y medio, mediante seis oficios que fueron y vinieron en cuestión de horas entre la SCT y la empresa, y en el último día de la administración Fox, Unefon recibió 550 millones de pesos por devolución del pago indebido de intereses. No se le requirió recibo alguno, y mucho menos un finiquito legal. Se le dejó abierta una contingencia al Estado por 3 mil 057 millones de pesos, cantidad adicional que ahora reclama Unefon, pues cuando recibió la notificación del pago de los 550 millones de pesos asentó con su puño y letra el representante legal: “Recibí original y quedo notificado de su contenido, bajo reserva expresa del derecho a reclamar los accesorios de la cantidad histórica que se devuelve”. Y aun así se le pagaron.

Tanto en 1998 como en 2006 los funcionarios responsables argumentan que Hacienda autorizó en un caso el cobro de los intereses y fijó su tasa, y que en la devolución de éstos estuvo su instrucción. Peor aún, pues de la lectura de éste se desprende que una de las funcionarias que firmó esa instrucción, Ana Bertha Thierry Aguilera, fue acreditada por Operadora Unefon el 24 de marzo pasado como una de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones en su nombre en el juicio que se sigue en la sexta sala regional metropolitana del TJFA para el cobro de los “accesorios”.

Esta es la historia de otro abuso mediático sobre el erario que le ha permitido a esa compañía incrementar ilegítimamente su patrimonio; nadie puede beneficiarse de un acto ilegal. Esto pone a prueba a la actual administración federal, primero para recuperar ese pago indebido y luego para sentar un antecedente ejemplar en materia de responsabilidades públicas. De lo contrario el mensaje de impunidad sería suicida y autodestructivo para el proyecto de gobierno.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

Pemex vs otras paraestatales

En los últimos años Pemex dejó la lista de las 10 empresas petroleras más grandes del mundo, debido a su menor producción, pero también a sus menores activos, a las mayores pérdidas después de impuestos y a sus crecientes pasivos.

En el siguiente cuadro se muestra la situación de la paraestatal mexicana frente a las petroleras estatales brasileña, Petrobras; la venezolana, PDVSA; y la noruega Statoil.

Pemex destaca por estar prácticamente en lo que se llama quiebra técnica, ya que sus pasivos son similares a sus activos, incluso en años pasados los superaron.

En tanto, las ventas de la compañía mexicana son ligeramente superiores a la noruega, pero la plataforma de producción de Statoil es la mitad de la de Pemex.

Situación financiera 2007	Pemex	Petrobras	PDVSA	Statoil
Activos	122,502	129,715	107,672	77,563
Pasivos	117,799	37,736	51,610	48,820
Ventas	104,500	112,425	96,242	96,053
Producción de petróleo	3.4 mdbd	1.9 mdbd*	3.3 mdbd	1.7 mdbd
Reservas probadas	14.7 mmdb	11.5 mmdb	16.9 mmdb	6.0 mmdb
Costo por barril	4.3 dólares	8.6 dólares	3.93 dólares	3.93 dólares

Petrobras

Petrobras fue fundada en 1953 como una empresa 100% estatal. Actualmente tiene cuatro divisiones: Exploración y Producción; Abastecimiento; Gas y Energía; y Petrobrás Internacional. Tiene además dos áreas de apoyo: Financiera y Servicios.

En 1997 la empresa estatal se abrió al capital privado y vendió al público inversionista 61% de sus acciones. Aunque el gobierno mantuvo sólo 39% de las acciones, conservó 56% de los votos en el Consejo de Administración.

Este Consejo tiene nueve miembros, cinco de los cuales representan al gobierno brasileño y cuatro al capital privado. La base accionista de la empresa está altamente diversificada: cuenta con 150,000 accionistas brasileños, y ninguno de los mayores accionistas extranjeros ostenta más de 5% del capital de la empresa.

En 1997, el Congreso brasileño también aprobó la Ley de Hidrocarburos, que creó a su vez a la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), una entidad autónoma responsable de la regulación, fiscalización y contratación de las actividades energéticas. También crearon el Consejo Nacional de Política Energética, que se encarga de formular las políticas públicas del sector.

Desde entonces, Petrobras ha establecido alianzas para la explotación del crudo con más de 20 compañías extranjeras -entre las que figuran Shell, Exxon, Chevron, British Gas, Statoil y muchas más- y ha emprendido un agresivo proceso de internacionalización que la ha llevado a una veintena de países, con inversiones en casi todo el continente, la costa este de África, Europa, Japón y ahora también en el sudeste asiático. Sus inversiones internacionales ascienden a 12,100 millones de dólares hasta 2011, lo que ha contribuido al actual posicionamiento de la empresa como una de las 10 mayores compañías de energía del mundo.

El otro gran cambio se produjo en 2000, cuando el gobierno brasileño vendió acciones de Petrobras al mercado internacional a través de ADR’s. Su ingreso al NYSE la colocó en un sitial de alta competitividad a nivel global: en 2006, fue la empresa extranjera con mayor volumen negociado en ese mercado bursátil.

El año pasado su producción fue 2.3 millones de barriles. Tiene 109 plataformas de producción, 32 de las cuales son estructuras marinas, y 15 refinerías en las que puede procesar hasta 2.2 millones de barriles de crudo diarios. Cuenta además con 5,973 estaciones de servicio dentro de Brasil y 990 fuera del país.

PDVSA

A principios de los 70 el Congreso venezolano promulgó una Ley para recuperar sin indemnización los bienes de toda la industria petrolera. Estas concesiones fueron otorgadas bajo el amparo de una legislación aprobada en 1943, cuyo vencimiento sucedería en 1983.

La medida se adelantó algunos años (se hizo en 1975) porque según el gobierno venezolano los concesionarios estaban desmantelando la industria petrolera. Un día después de la estatización, fue fundada la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA, conocida como PDVSA.

A mediados de la década de los 80 la industria volvió al régimen de concesiones gracias a que la ley vigente permitía los convenios operativos y las asociaciones estratégicas. Ya en los 90, PDVSA inició un proceso masivo de terciarizar los servicios de esta industria, lo que generó una inversión inicial de 2,000 millones de dólares.

Los convenios eran por 20 años. Así, inversionistas y operadores privados asumieron la producción de crudo de algunos campos inactivos o que requerían inversiones para aumentar su nivel de extracción. En 1996, las exploraciones en áreas petroleras de Venezuela estaban a cargo de consorcios extranjeros como Mobil, Dupont Conoco, British Petroleum y Repsol.

Cuando Hugo Chavez llegó al gobierno se promulgaron dos leyes que derogaron toda la legislación previa y crearon un nuevo marco legal: la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Entre otros cambios destaca la forma en que se fijaba la renta a los hidrocarburos.

Por un lado, la nueva legislación incrementó la regalía y por el otro equiparó los impuestos sobre la renta con el resto de las actividades económicas en el país. Para el gas la regalía mínima es 20% y para los hidrocarburos líquidos es 30%. Esto tenía como objetivo garantizar un ingreso fiscal más estable, compartiendo los riesgos de precios bajos entre el Estado propietario y la industria petrolera inversionista, de modo que la actividad de valor agregado no fuera estimulada a fugarse del país.

Entre diciembre 2002 y enero 2003, PDVSA fue la cuna de la insurrección en contra del régimen de Hugo Chávez, cuando la firma estatal paró sus labores durante varios días, lo que provocó una fuerte caída de la economía venezolana. En marzo de 2003, el gobierno de Chávez volvió a tomar el control de la petrolera.

El año pasado, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la creación de “empresas mixtas”, un esquema que otorga a PDVSA la mayoría accionaria en las compañías trasnacionales de Francia, Noruega, Gran Bretaña y Estados Unidos para explotar crudo en la Faja del Orinoco.

Este tipo de empresas debe reinvertir un porcentaje de sus ingresos brutos al desarrollo de la región en donde operan. También incorporaron un “impuesto sombra” mediante el cual en ningún caso el Estado venezolano deja de percibir menos de 50% del ingreso bruto petrolero.

Entre las primeras empresas mixtas autorizadas figuran Petrocedeño, donde participan Total y Statoil; Petromonagas, que tiene capital de British Petroleum y Veba Oil & Gas; y Petropiar, en la que PDVSA trabaja con Chevron-Texaco. En promedio, PDVSA tiene casi 80% de la propiedad de estas empresas.

Estas asociaciones, cuya duración es 25 años, son para actividades de exploración y producción. La Faja Petrolífera del Orinoco es una extensión de 55,314 kilómetros cuadrados con reservas de crudo pesado y extrapesado, calculadas de forma preliminar en 236.000 millones de barriles.



Statoil Hydro

StatoilHydro es una compañía noruega establecida en octubre de 2007 como consecuencia de la fusión entre la estatal Statoil ASA y las divisiones de petróleo y gas de Norsk Hydro ASA.

El origen de Statoil, que es la simplificación del término ‘petróleo estatal’ (State’s Oil) se remonta a 1972 y llegó a ser la principal empresa petrolera de los países nórdicos, así como la empresa más grande de Noruega. La compañía, a pesar de ser estatal, cotizaba desde 2001 en la bolsa de Noruega así como en el NYSE. Sin embargo, 64% del capital se mantuvo en manos del estado noruego.

Hydro, por su parte, fue fundada en 1905 y antes de la fusión con Statoil era el cuarto fabricante de aluminio más grande del mundo, con operaciones en 40 países en todos los continentes. En 1999 fusionó la petrolera Saga Petroleum, una firma privada que fue fundada en 1972. El gobierno noruego tenía casi 44% del capital de esta compañía.

SatoilHydro es ahora la empresa más grande de la región nórdica, con operaciones de producción petrolera en 13 países y presencia en 40. Suma 29,000 empleados y su promedio de producción es de 1.7 millones de barriles de petróleo al día. Sus reservas probadas superan los 6,000 millones de barriles de crudo equivalente y sus ventas lo colocan como el tercer vendedor de petróleo crudo más grande del mundo.

La empresa tiene seis divisiones: Exploración y Producción Noruega; Exploración y Producción Internacional; Gas Natural; Marketing y Manufactura; Proyectos, Tecnología y Nueva Energía. El consejo de administración de StatoilHydro se compone de 11 miembros, seis elegidos por los accionistas y cinco por los trabajadores.

La industria considera que StatoilHydro es uno de los principales jugadores en exploración y producción de aguas profundas.

Shell y Chevron ponen sus ojos en México

CIUDAD DE MÉXICO — La petrolera holandesa Shell manifestó su interés por apoyar a Pemex en su desarrollo, aunque advirtió que aún es prematuro hacer planes ente el reciente inicio del proceso legislativo para discutir la reforma energética.

La compañía, socia de Pemex en Estados Unidos, está estudiando la iniciativa del Ejecutivo, pero resaltó que en otros países, como Brasil, Malasia y Noruega apoya a las empresas petroleras estatales.

“Nos gustaría también poder ayudar más a Pemex, siempre que Pemex nos pida esta ayuda”, dijo en entrevista Cornelis van der Bom, presidente de Shell México.

Esta firma es socia de Pemex desde 1993 en la planta de refinación Deer Park, ubicada en Texas, Estados Unidos, en la que procesa crudo pesado y que recientemente ganó una licitación para proveer turbosina al ejército norteamericano.

“Nosotros ya somos socios de Pemex, los socios hablan y en su día a día hablamos sobre las posibilidades que podría generar una nueva ley”, dijo Van der Bom.

El presidente Felipe Calderón propuso al Congreso dotar a Pemex de un régimen especial de contrataciones, adquisiciones y obras que le permita convenir con empresas privadas para maquilar petroquímicos y explorar y explotar crudo mientras que el Estado mantiene la propiedad del petróleo.

Las posibilidades de negocio llegaron a las puertas de Chevron Corp. que presentó propuestas para explotar reservas de petróleo y gas natural.

Chevron quiere convertir a México “en una gran parte de nuestra cartera”, junto con Brasil y los productores africanos tales como Nigeria y Angola, dijo Ali Moshiri, quien supervisa los yacimientos de petróleo y gas de la empresa estadounidense en África y América Latina.

Las limitaciones que hay en México probablemente no cambiarán hasta que Pemex reduzca su monopolio y presione a los políticos a cambiar la legislación, dijo Moshiri en una entrevista con la agencia de noticias Bloomberg.

Para Shell, México empieza a tomar medidas que de aprobarse por el Congreso enfrentaran la declinación de la producción petrolera.

“Tiene mucha lógica de buscar la solución en un fortalecimiento de Pemex como lo esta haciendo la propuesta del presidente”, dijo Van der Bom.

La firma holandesa comparó el crecimiento de México con el de la India ya que el crecimiento de la población y de su ingreso aumenta la demanda de energía.

Decepción

Aunque la propuesta del Ejecutivo no es la que los empresarios de la industria química en México hubieran deseado, ya que insisten en la necesidad de modificar el Artículo 27 Constitucional, la consideran un paso adelante, siempre y cuando los servicios que contrate Pemex sean a precios de mercado.

La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) coincide en que de aprobarse las reformas a Pemex se podrán reducir las importaciones de petroquímicos que alcanzaron un monto de 16,000 millones de dólares en 2007, lo que dejó un déficit en este rubro de 9,000 millones de dólares.

Además, los industriales celebraron que la Secretaría de Hacienda pueda salir del comité que fija los precios de los petroquímicos de primera mano, responsabilidad que sólo recaerá en la Comisión Reguladora de Energía.

“A Hacienda le importa un ‘bledo’ si bajan o suben los precios (a nivel internacional), sino más bien le importa cómo colecta más”, dijo José Luis Zepeda, presidente de la ANIQ.

El organismo empresarial espera que se respeten las condiciones para fijar los precios, ya que tan solo el costo del combustóleo sería 30% menor si Hacienda no modificara “arbitrariamente” la referencia del precio de Estados Unidos a la de Asia cuyos precios son más elevados.

Pemex y sus orígenes

1901 El ingeniero mexicano Ezequiel Ordóñez descubre un yacimiento petrolero llamado La Pez, ubicado en el Campo de El Ébano en San Luis Potosí. En ese mismo año el Presidente Porfirio Díaz expide la Ley la que se logra impulsar la actividad petrolera, otorgando amplias facilidades a los inversionistas extranjeros.

1912 A la caída de Porfirio Díaz, el gobierno del presidente Francisco I. Madero expidió, el 3 de junio, un decreto para establecer un impuesto especial del timbre sobre la producción petrolera, y posteriormente ordenó realizar un registro de las compañías que operaban en el país, y que en ese entonces, controlaban el 95% del negocio.

1915 Venustiano Carranza creó la Comisión Técnica del Petróleo.

1917 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina el control directo de la Nación sobre todas las riquezas del subsuelo.

1918 El gobierno de Carranza estableció un impuesto sobre los terrenos petroleros y los contratos para ejercer control de la industria y recuperar algo de lo enajenado por Porfirio Díaz; este hecho ocasionó la protesta y resistencia de las empresas extranjeras.

Con el auge petrolero, las compañías se adueñaron de los terrenos con petróleo. Por ello, el gobierno de Carranza dispuso que todas las compañías petroleras y las personas que se dedicaran a exploración y explotación del petróleo se registraran ante el gobierno, ante lo que era en ese momento la Secretaría de Fomento.

1920 Operan en México 80 compañías petroleras productoras y 17 exportadoras, cuyo capital era integrado en un 91.5% anglo-norteamericanos.

1921 México se convirtió en el segundo productor mundial de petróleo gracias al descubrimiento de yacimientos terrestres de lo que se llamó la "Faja de Oro", al norte del Estado de Veracruz, que se extendían hacia el Estado de Tamaulipas.

Uno de los pozos más espectaculares en los anales de la historia petrolera del mundo fue el "Cerro Azul No. 4", localizado en terrenos de las haciendas de "Toteco" y "Cerro Azul", propiedad de la "Huasteca Petroleum Company", que ha sido uno de los mantos más productivos a nivel mundial, al obtener una producción -al 31 de diciembre de 1921- de poco más de 57 millones de barriles.

En realidad, la segunda década del siglo fue una época de febril actividad petrolera, con una trayectoria ascendente de producción de poco más de 193 millones de barriles.


1934 Nace Petróleos de México, A. C., como encargada de fomentar la inversión nacional en la industria petrolera.

1935 Se constituye en Sindicato de Trabajadores Petroleros en la República Mexicana, cuyos antecedentes se remontan a 1915.

1937 Tras una serie de eventos que deterioraron la relación entre trabajadores y empresarios, estalla una huelga en contra de las compañías petroleras extranjeras que paraliza al país, la Junta de Conciliación y Arbitraje falla a favor de los trabajadores, pero las compañías se amparan ante la Suprema Corte de Justicia del la Nación.

1938 La Suprema Corte les niega el amparo a las compañías petroleras, obligándolas a conceder demandas laborales. Éstas se niegan a cumplir con el mandato judicial y en consecuencia, el 18 de marzo, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río decreta la expropiación a favor de la Nación, declarando la disponibilidad de México para indemnizar a las compañías petroleras el importe de sus inversiones.

El 7 de junio se crea Petróleos Mexicanos como organismo encargado de explotar y administrar los hidrocarburos en beneficio de la nación.

1942 Se firma el primer Contrato Colectivo de Trabajo entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

1962 Se cubre anticipadamente el último abono de la deuda contraída por la expropiación de 1938.

1971 Se expide la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos. En la década de los 70 se le da además un impulso a la refinación y se experimenta un auge en la industria petrolera, producto del descubrimiento de diversos yacimientos petroleros.

1971 Un pescador campechano, Rudecindo Cantarell informa a PEMEX el descubrimiento de una mancha de aceite que brotaba desde el fondo del mar en la Sonda de Campeche. Ocho años después la producción del pozo Chac marcaría el principio de la explotación de uno de los yacimientos marinos más grandes del mundo: Cantarell.

1979 La perforación del pozo Maalob1 confirma el descubrimiento del segundo yacimiento más importante del país, después de Cantarell. El Activo Ku-Maalob-Zaap es el vigésimo tercero a nivel mundial, en términos de reservas, que equivalen a cuatro mil 786 millones de barriles de crudo.

1992 Se expide una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios donde se establecen los lineamientos básicos para definir las atribuciones de Petróleos Mexicanos en su carácter de órgano descentralizado de la Administración Pública Federal.

Esta Ley determina la creación de un órgano Corporativo y cuatro Organismos Subsidiarios, que es la estructura orgánica bajo la cual actual opera actualmente: Pemex Exploración y Producción (PEP); Pemex Refinación (PXR); Pemex Gas y Petroquímica Básica (PPQ) y Pemex Petroquímica (PPQ)


2005 Durante los meses de abril, mayo y junio Petróleos Mexicanos produjo un promedio diario de tres millones 425 mil barriles de crudo, de los cuales exportó 1,831,000 barriles a sus clientes en América, Europa y el Lejano Oriente. El resto se envió al sistema nacional de refinación.

2006 Pemex lanza al mercado nacional la gasolina Premium Ultra Bajo Azufre. La empresa está ahora coronada como la empresa más grande de México y una de las petroleras más grandes del mundo, tanto en términos de activos como de sus ingresos.

2007 Se trabaja en la reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas, la más antigua del sistema nacional de refinación. La paraestatal impulsa la recuperación de la industria petroquímica nacional y busca incrementar la producción de gas.

2008 Pemex cumple 70 años y justo en este aniversario, la empresa sale de la lista de las 10 empresas petroleras más grandes del mundo, envuelta en un mar de problemas financieros, operativos y tecnológicos. La Secretaría de Energía (Sener) anunció que si la paraestatal continúa en este estatus, en 13 años la producción de Pemex caerá en 50%.

¿Qué busca la reforma energética?

(Reuters) — Estos son los principales puntos de un plan de reforma energética enviado el martes por el Gobierno mexicano al Congreso y que será recibido el jueves por las comisiones del Senado.

* Si es aprobada, la reforma establecería un nuevo tipo de contratos de servicios para el monopolio petrolero estatal Pemex basados en incentivos, mediante los cuales se recompensaría a empresas contratadas, por eficiencia o trabajo bien realizado, con un pago adicional, pero no se compartirían producción de crudo ni nuevos yacimientos.

* Los contratos aplicarían para exploración, refinación y almacenamiento. El Gobierno espera que los incentivos permitan avanzar en proyectos de exploración y producción de crudo y deriven en la construcción de tres nuevas refinerías en los próximos 12 años.

* Bajo una completa reformulación del marco legal de Pemex, la propuesta también propone agregar cuatro directores independientes a su grupo de dirección de 11 miembros, dándole mayor autonomía presupuestal y mejorando la transparencia.

* Los cambios permitirían que Pemex mantenga una mayor porción de sus ganancias, por las que paga el 50 por ciento de impuestos actualmente.

* Pemex emitiría bonos de deuda cuyo rendimiento estaría vinculado a sus ganancias, que serían vendidos sólo a ciudadanos mexicanos pero podrían eventualmente entrar al mercado.

* El sistema impositivo para Pemex iría ajustándose gradualmente para introducir diferentes tasas según diferentes actividades en las áreas de petróleo y gas.

* Debido a que no incluye reformas a la Constitución, el proyecto de reforma puede ser aprobado con un 50 por ciento de los votos en el Congreso bicameral, donde el oficialismo tiene una mayoría relativa.

El Estado ante las adicciones

José A. Crespo

El meollo del debate sobre la llamada “ley antitabaco” radica en la pregunta: ¿hasta dónde el Estado puede y debe regular decisiones estrictamente personales, como lo es consumir algún tipo de enervante? Dicen quienes se han opuesto a esta ley que el Estado no debe intervenir en decisiones que atañen estrictamente a un adulto. Dicha injerencia es en extremo paternalista, pues afecta la decisión individual sobre ciertos hábitos que pueden ser nocivos a la salud, pero se eligen libremente. Ante la dificultad de convencer a los ciudadanos de lo que les conviene o no, el Estado legislaría sobre costumbres perjudiciales al individuo común.

Un ejemplo típico es el uso obligatorio del cinturón de seguridad. Utilizarlo reduce dramáticamente los riesgos en caso de accidente. Pero no usarlo puede ser decisión de alguien a quien moleste en exceso el cinturón y prefiera asumir ese riesgo personal.

En una visión liberal, el Estado puede y debe informar, tratando de convencer a los ciudadanos de utilizar el cinturón (o abstenerse de fumar), pero por convicción, por decisión propia, sin coerción de por medio. Aceptar la tutela paternalista del Estado implicaría permitir una obligación legal de, por ejemplo, hacer ejercicio todos los días (el Estado diseñaría un plan a cada ciudadano, según su edad y estado físico), lavarse los dientes después de los alimentos, usar preservativos en relaciones poco confiables (y eventualmente en las confiables también, por si las dudas), ajustarse a una dieta saludable y nutritiva (nada de café ni alcohol, desde luego), diseñar las vacaciones a destinos seguros y confiables (según presupuesto), etcétera. Tal injerencia podría molestarle al ciudadano, pero según la doctrina paternalista se haría en su propio beneficio.

El Estado debe proteger al individuo de sí mismo. Por eso los fumadores se quejan de la intromisión del Estado al imponerles esta visión paternalista. A diferencia de, por ejemplo, el consumo del alcohol, el fumador daña a terceros en lugares cerrados. Entonces, la ley antitabaco en realidad no parte de una perspectiva paternalista, si bien existe la tentación de caer en ella, como lo sugiere el doctor Manuel Mondragón, secretario capitalino de Salud: “No nada más hay que decir ‘no fumes’, sino cómo yo (gobierno) también te puedo ayudar (¿obligar?) a no fumar” (6/IV/06, los paréntesis son míos).

En cambio, la doctrina paternalista sí está detrás de la prohibición para consumir otro tipo de drogas diferentes del alcohol, el tabaco o el café. El paternalismo inspira la prohibición legal al consumo de marihuana, cocaína, heroína, ácidos y otras drogas. Muchas de ellas, sin duda, son sumamente destructivas, psicológica y físicamente, pero, ¿no debiera el individuo decidir qué consume o no? Al prohibirlo el Estado, ¿no está invadiendo el círculo de la libertad individual de un adulto? Algunas de esas drogas se asemejan al tabaco, dado que pueden afectar a terceros (cuando se fuman, por ejemplo), pero otras se parecen más al alcohol —también una droga muy destructiva— en tanto su consumo sólo daña al consumidor.

En apego a la doctrina liberal del Estado, se debiera permitir el consumo de drogas, con la limitante de no hacerlo en lugares públicos cerrados (cuando se fuman, como el tabaco). Y sabiendo que son perjudiciales para quien las consume (unas más que otras, sin duda), entonces el Estado debiera dedicar un gran esfuerzo y presupuesto a informar, prevenir, convencer, a los individuos, de no recurrir a ellas, en vez de intentar (además infructuosamente) obligarlos por la fuerza de ley a no consumirlas. A menos que se considere a los individuos de cualquier edad como eternos niños, en cuyo caso el Estado debiera regularles toda su vida (como se dijo antes).

Desde luego, el daño que provocan ciertos narcóticos (incluidos el tabaco y el alcohol) puede ser de tal magnitud que, si de verdad la prohibición legal impidiera eficazmente su consumo, dicha regulación bien podría aceptarse como una justificada salvedad a la doctrina liberal del Estado y la sociedad.

Pero resulta que la prohibición no impide ni resuelve el consumo ni la adicción de esos narcóticos. Y entonces el problema no es sólo doctrinario (aunque también lo es), sino de utilidad práctica. Lo único que deriva de la prohibición al consumo de drogas es la creación de un nuevo problema, monumental en comparación con el de las adicciones en sí.

La adicción a las drogas prohibidas afecta a un número relativamente pequeño de la población (y a sus familiares, no física, pero sí socialmente). En cambio, la persecución legal al narcotráfico (y sus derivados, como el crimen, la violencia, la corrupción y el debilitamiento de las instituciones) perjudica a sociedades enteras. La enorme rentabilidad de esa actividad —que no sería tal de no existir la prohibición legal— hace además imposible impedir la producción, la comercialización y el consumo de los enervantes ilícitos. Por eso ese negocio no se acaba aunque el Estado registre algunas victorias, tan limitadas (en términos relativos) como pírricas.

El pretendido remedio a la adicción de narcóticos, en este caso más que en ningún otro, resultó peor, pero mucho peor, que la enfermedad. Por ejemplo: mueren muchísimos más ciudadanos en la lucha en contra del narcotráfico —hay que ver nuestras propias cifras— que por el consumo de drogas en sí mismo.

Por supuesto, abandonar el paternalismo en este asunto sólo sería posible a nivel internacional, o al menos hemisférico. Pero me interesa al menos destacar el enorme daño que en este tema supone abandonar la doctrina liberal de la sociedad (de la que estoy convencido), para aplicar la del paternalismo estatal.

La Iglesia usó obreros en la era nazi

BERLÍN (Reuters) — La Iglesia Católica alemana explotó a casi 6,000 trabajadores forzosos en la era nazi, según dijo en un informe publicado el martes sobre un oscuro capítulo de su historia.

En el 2000, la Iglesia reconoció el uso de empleo forzoso en la época de Hitler y pagó 1.5 millones de euros en compensaciones a trabajadores extranjeros, pero el informe “Trabajo Forzoso y la Iglesia Católica 1939-1945” es el más completo sobre el tema realizado hasta ahora.

En las 703 páginas del documento oficial se relata la suerte de los 1,075 prisioneros de guerra y 4,829 civiles que fueron obligados a trabajar para los nazis en casi 800 instituciones católicas -sobre todo hospitales, hogares y jardines monásticos- para reforzar el esfuerzo bélico.

La Iglesia, que ha financiado unos 200 proyectos de “reconciliación”, dijo que nunca se conocerán los números finales.

“No debería ocultarse que la Iglesia Católica estuvo ciega durante demasiado tiempo ante el destino y el sufrimiento de hombres, mujeres y niños de toda Europa que fueron enviados a Alemania como trabajadores forzosos”, dijo en la presentación del libro Karl Lehmann, presidente de la Conferencia Episcopal alemana hasta mediados de febrero.

Los católicos y los protestantes fueron oprimidos durante aquella época, pero a excepción de algunos personajes destacados en ambas iglesias que mostraron su oposición, se mantuvieron en línea con el régimen.

El temido cuerpo de las SS expropió más de 300 monasterios e instituciones católicas entre 1940 y 1942 y miles de católicos fueron enviados a campos de concentración, dijo Karl-Joseph Hummel, coautor del libro.

Sin embargo, en una rueda de prensa televisada en la ciudad de Maguncia, en el oeste del país, dijo que el término "antagonismo cooperativo" resumía la estrategia de la Iglesia en aquella época.

El informe dijo que un gran número de empleados -la mayoría de Polonia, Ucrania y la entonces Unión Soviética- fueron obligados a ayudar en el esfuerzo bélico nazi en hospitales militares que no habrían seguido funcionado sin su trabajo.

Régimen nazi

Los nazis trasladaron a millones de personas de los territorios que ocuparon, sobre todo en el este de Europa, para trabajar en la industria bélica en condiciones precarias.

Se calculó que hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, el empleo forzoso suponía alrededor de un 25% del total de la fuerza laboral.

Lehmann destacó que el número de empleados forzosos para la Iglesia fue una fracción mínima del total de 13 millones de víctimas que se cree tuvieron que trabajar para los nazis, y que sus condiciones no fueron tan malas como en otras organizaciones, según Hummel.

Estas revelaciones son las últimas en una serie de informes encargados por empresas, como Deutsche Bank, Volkswagen y Siemens, para exponer su pasado.

La Iglesia Protestante, que tiene un tamaño aproximado al de la Católica en Alemania, también ha admitido que usó empleo forzoso.

Reforma estatutaria

Javier Corral Jurado

Aunque falta la discu-sión y votación de la Asamblea Nacional del PAN —el 26 de abril—, es probable que lo aprobado por el Consejo Nacional permanezca en sus términos como la nueva reforma estatutaria, la tercera desde que se asumió la Presidencia de la República. Siendo Acción Nacional el partido gobernante, no es menor la importancia de valorar lo acontecido, a reserva de esperar la decisión final.

De entrada es significativo que mientras en el PRI la mayor discusión es cómo sacarle más raja a la reforma energética en términos de sus intereses, y en el PRD sigue el recuento de la votación a una velocidad de 11 votos por minuto, en el PAN se intente avanzar hacia un mayor acercamiento con las bases del partido y los ciudadanos, a partir de abrir más los procesos de selección de sus candidatos.

No es fácil intentar una reforma del partido en un tránsito tan complejo como el paso de la prédica y de una cultura de la oposición a la práctica y el ejercicio del poder. Más bien, las reformas partidarias se plantean en momentos en que sucede lo contrario. El riesgo en el primer caso es supeditar el cambio de reglas a la lógica de todo partido en el poder, y subordinar la toma de decisiones a la relación con el gobierno. Este primer paso ha cuidado al PAN de ese riesgo, y la nueva adecuación de sus métodos y organización, de los procedimientos para seleccionar mejores candidatos, y reforzar los mecanismos para dirimir las controversias se ha logrado “sin perder identidad y unidad partidaria”, como fueron los propósitos de la propuesta, a cuya cabeza se colocó, con rigor y profundidad, Carlos Abascal.

El proceso lo inició el anterior comité nacional que presidió Manuel Espino, en el que se produjo toda la etapa de diálogo y consulta a los panistas, y algunas propuestas que buscaban abrir más la elección de candidatos a los ciudadanos, y se abrazó con toda decisión por el nuevo comité que encabeza Germán Martínez Cazares. No es toda la reforma que necesita el partido para hacer frente a los retos electorales y a su compromiso de reafirmación ética en la política, ni mucho menos al necesario “empoderamiento” que debe hacer de sus militantes para designar sus dirigentes y proteger sus derechos, o la transparencia y rendición de cuentas que en general le debe el sistema de partidos a la sociedad sobre los recursos que emplean, pero dentro de los objetivos propuestos —crear una autoridad electoral interna tipo IFE, facilitar la afiliación de adherentes y simpatizantes, regular las precampañas y orear la selección de candidatos—, hay avances y se atajan prácticas muy nocivas para la institución. Es una buena reforma.

Se acabaron las convenciones para elegir candidatos y ahora todo se va a procesos de selección en centros de votación en los que pueden participar, en la mayoría de éstos, tanto militantes como adherentes. Las convenciones que en su momento dieron ejemplo de democracia y se convirtieron en referente para el debate del pensamiento del partido se habían convertido en actos priístas a los que se fue trayendo toda la tecnología corporativa y clientelar de ese partido, desde el acarreo hasta la violencia para tronar el quórum legal y provocar anulaciones que daban pie a medidas autoritarias de designación de candidatos. Ahora incluso se podrá convocar a un proceso de selección de candidatos por el método de elección abierta, cuando se actualicen algunos supuestos.

Esto fue desde el principio, y a la luz de los resultados locales, una de las metas a resolver en la reforma: “Garantizar la postulación de candidatos competitivos vinculados con la ciudadanía, con capacidad de hacer buen gobierno”. En ese apartado, así como en el que regula y restringe el uso de los puestos partidistas para promocionar y preparar las candidaturas desde el mismo cargo de dirigentes, retoma una de las ideas de don Manuel Gómez Morín, de su mejor estilo aperturista: “No estamos aquí para defender y cercar nuestro huertito de intereses o vanidades personales, ni por la jactancia de creernos sólo nosotros los capaces; sino para invitar a todos los que quieran participar de decidir responsablemente lo que sea mejor para México”.

Que AN lo entienda y lo asuma también en su condición de partido en el gobierno es una esperanza.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

Sancionará IFE a concesionarios.

Leonardo Valdés Zurita, presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), advirtió que la institución irá “hasta las últimas consecuencias” e incluso podría solicitar el retiro de la concesión a aquellos empresarios de radio y televisión que incumplan la ley con relación a la indebida difusión de mensajes de los partidos políticos.

El IFE, dijo, pretendió avisar a Televisión Azteca sobre el inicio del procedimiento en su contra por haber difundido anuncios del Frente Amplio Progresista (integrado por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia), que en su opinión son violatorios de la ley, porque se trató de propaganda política, pero la empresa se negó a recibir el aviso. “Es una actitud que este concesionario ha mantenido”, manifestó.

Ante esta negativa, agregó, vamos a esperar cinco días (que terminan este viernes) para conocer sus alegatos. Después de esto se inicia un procedimiento de investigación, y si se demuestra que el concesionario es responsable de una violación a la ley, se procederá a sancionarlo.

“Si las violaciones son reiteradas y sostenidas, el Consejo General del IFE puede solicitar a la autoridad competente que aplique sanciones que ya tienen que ver con la concesión, y en esa ruta puede llegar a pedir que se suspenda ésta”, advirtió.

No precisó si habrá la misma actitud ante la negativa de Televisa y Televisión Azteca a difundir los mensajes de los partidos enviados por el IFE.

TV Azteca: Intimidación y chantaje

En marzo, Ricardo Salinas Pliego, por medio de TV Azteca, otra vez hizo gala de prepotencia contra la ley y la autoridad, pues a ésta sólo recurre, como en la demanda de Unefon al gobierno federal, cuando (cree que) le conviene. Arbitrariamente, la televisora decidió no transmitir los anuncios de los partidos. Al hacer caso omiso del mandato constitucional y de la instrucción de la autoridad electoral, la empresa incurre en un nuevo desacato con la intención de presionar a la autoridad y negociar un acuerdo más favorable a sus intereses comerciales (cosa que, al momento de redactar esta nota, desafortunadamente, parecía factible).

Pero eso sí, el fin de semana del 21 de marzo, Azteca trasmitió, violando la norma, los anuncios pagados del Frente Amplio Progresista que a través de éstos convocó a una concentración en el zócalo de la ciudad de México. El IFE ya inició la investigación respectiva.

¿Señal con valor?

No extraña esto. La ética y el interés público son recursos escasos en Azteca, donde el lucro y el interés privado prevalecen por encima del bien social como consta en la apabullante saturación de anuncios comerciales, la emisión de programas banales y la oferta informativa que se delimita en función de esos resortes financieros. En no pocas ocasiones la empresa usa sus pantallas para llevar a la agenda pública los temas que le incumben y los reviste como si fueran de interés público. Por eso desde su origen, Azteca ha estado rodeada de escándalos y litigios que la convierten en noticia.

Las expectativas generadas por su ingreso al mercado chocaron contra la pared. Suponer que Televisa ya no sería dueño absoluto de los espacios informativos y de entretenimiento de la televisión mexicana y que habría una competencia que refrescaría la pantalla, quedó en buenos deseos. Azteca no sólo reprodujo los vicios y las miserias de Televisa, sino que se convirtió en brazo de intimidación y chantaje que rápidamente conformó en un medio que encaja bien en la definición de Raúl Trejo Delarbre: un poder salvaje dentro de una mediocracia sin contrapesos.

Fallas de origen

Desde el 18 de julio de 1993, cuando la Secretaría de Hacienda informó que la propuesta de Salinas Pliego ganó la licitación de los canales 7 y 13 al ofrecer 645 millones de dólares, frente a los 495 millones de su más cercano competidor, iniciaron las sospechas de un manejo poco transparente del proceso, los cuales se agudizaron en julio 1996 cuando se supo que Raúl Salinas hermano del ex presidente prestó a Salinas Pliego 29 mdd para que se apoderara del canal.

Desde entonces el rol de Azteca da cuenta de cómo una empresa que trabaja con una señal concesionada y que es patrimonio del Estado responde, sobre todo, a sus negocios. Incluso sin importar que incumpla sus propios principios editoriales y sus criterios informativos. La televisora ofrece una agenda noticiosa integrada por la frivolidad, la hechura de la política como espectáculo, la relevancia del discurso gubernamental y en reiteradas ocasiones en los temas de su propio interés.

Los protagonistas

Cuando el asesinato de su conductor Francisco Stanley el 7 de junio de 1999, Azteca culpó a Cuauhtémoc Cárdenas, como si él fuera responsable del crimen. En esa ocasión, por si eso fuera poco, Salinas Pliego se cuestionó ­en un caso insólito en la televisión mexicana­ la viabilidad del gobierno: "¿para qué pagamos impuestos?, ¿para qué tenemos elecciones?, ¿para qué tenemos tres poderes?".

Aquella declaración evidenció el intento de colocar a TV Azteca encima de los poderes constituidos, pero años después, esto cristalizó. En la madrugada del 27 de diciembre de 2002, un comando armado compuesto por personal de seguridad de Azteca, asaltó las instalaciones de CNI canal 40 en el cerro del Chiquihuite, para terminar así el pleito judicial que sostenía con Javier Moreno Valle. Su intención, hacerse justicia por propia mano. Pero esto no fue posible sin la complicidad del gobierno de Vicente Fox. El 4 de enero de 2003 varios trabajadores de CNI difundieron una carta que refleja cabalmente la forma de proceder de Azteca: "somos víctimas de los actos gangsteriles que TV Azteca llevó a cabo contra CNI Canal 40 el 27 de diciembre pasado, y de muchas otras acciones que TV Azteca ha realizado desde hace meses para sabotear el funcionamiento de Canal 40. Somos víctimas también.

Otro caso emblemático ocurrió en mayo de 2005 cuando Salinas Pliego enfrentó un juicio con la autoridad bursátil estadounidense, porque se le acusó junto con su socio Moisés Saba, de haber utilizado información confidencial que les sirvió para ganar más de 200 millones de dólares en dos meses, afectando a los accionistas de Unefon. Cuando el caso llegó al gobierno mexicano y estaba a punto de emitir sanciones administrativas por 27 millones de pesos contra el dueño de TV Azteca y sus socios, la televisora inició un linchamiento mediático contra las autoridades financieras por el contubernio que, según Azteca, efectuaron en la venta de Banamex para que no pagara impuestos. Esto, adjudicando la responsabilidad al entonces titular de Hacienda Francisco Gil Díaz, quien antes había dirigido una empresa del grupo Banamex. A la par, Azteca se acordó de denunciar, como nunca lo había hecho, las irregularidades que hubo en el Fobaproa.

A todas luces fue una información que tenía la clara intención de chantajear a las autoridades para que desistieran en sus intentos de aplicarle la ley.

Uno de los casos más recientes fue la embestida que junto con otros medios emprendió Azteca el 12 de septiembre de 2007 en el Senado, contra la legislación electoral que en esos días se discutía y que atenta contra sus intereses. Pero no sólo eso, como en otras ocasiones también distorsionó la información e intentó confundir a la opinión pública, afirmando que la reforma atenta contra la libertad de expresión. Para ello, Azteca dispuso de los espacios noticiosos y de otros programas para dar voz a los actores afines a sus intereses y silenciar e ignorar a la contraparte. El final lo conocemos, la ley se aprobó y uno de los principales mandatos es que las televisoras y radiodifusoras deben destinar de los tiempos oficiales el espacio para que los partidos políticos transmitan sus mensajes.

El voto Azteca

Para no variar, Azteca hace gala de prepotencia, desdeña a la autoridad y decide no abrir los espacios en los tiempos estipulados por el IFE para transmitir los mensajes de los partidos que por ley debe difundir, y ahora considera el amparo como recurso leguleyo de la arbitrariedad. Javier Corral explica claramente la intención: "Quieren sentado al IFE, negociando la ley, los horarios, la duración de los spots, la frecuencia. Saben que no hay acción del Estado que los alcance, y tienen bien medida a la clase gobernante, en sus debilidades, en la estrecha mirada de sus pretensiones reformadoras". TV Azteca pretende repetir su formula exitosa de intimidación y chantaje.

Mario Ramos

El narco se pone la sotana

"Son muy generosos con las sociedades de sus pueblos habituales y, en general, meten la luz, ponen comunicaciones, carreteras, caminos, por cuenta de ellos. Son muy generosos y muchas veces también construyen alguna iglesia o una capilla"

"Comentando con algunos obispos, podemos decirlo, porque no voy a romper ningún secreto, porque no diré nombres de obispos ni de narcotraficantes. Ha habido quienes se han acercado y pedido orientación sobre cómo hacer un cambio de vida", indicó el líder religioso al término de la reunión anual de la CEM.

Las declaraciones del presidente de la CEM, que agrupa a los obispos del país, volvieron a causar polémica en México, donde desde hace años hay dudas por las reuniones que sostuvieron los hermanos Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana, con el entonces representante del Vaticano en México, Girolamo Prigione.

Colosio: 14 años sin consenso

Por Cuauhtémoc Sánchez Osio*

Uno de los saldos aún sin resolver tras su muerte es el freno al desarrollo económico.

¿Qué mexicano adulto no recuerda dónde estaba cuando recibió la noticia de que habían asesinado a Luis Donaldo Colosio? Fue impactante. El país se estremeció y México lloró. Pero hoy, 14 años después, a casi nadie importa ya, cosa propia de un pueblo con gusto por la nota roja y total amnesia histórica.

Desde el momento en que vi a Colosio en Lomas Taurinas, ensangrentado entre los brazos de sus escoltas, 10 segundos después del disparo, y hasta hoy, dos preguntas me han hecho con frecuencia. La primera es: ¿Quién lo mandó matar? No sé y hace tiempo me dejó de importar. La pantomima de investigación de los gobiernos de Salinas y Zedillo se encargó de que jamás lo lleguemos a saber.

La segunda pregunta, para mí hoy más importante, es: ¿Realmente México sería diferente si no lo hubieran matado? Y la única respuesta honesta que puedo dar es que ¡no me cabe la menor duda!

Colosio, en 1994, era el hombre idóneo para conducir a un país con evidentes riesgos de descomposición política (tantos que él mismo falleció en el proceso); y el momento histórico era crucial para dar el gran salto hacia la competitividad global. Su asesinato produjo al menos una década perdida de consensos nacionales para progresar, que pudieron evitar el estancamiento ideológico que hoy vivimos. Repasemos al hombre y su momento crucial.

El día que fue nominado candidato a la presidencia, en noviembre de 1993, Colosio hizo una síntesis de su propio ser: “Soy fruto de la cultura del esfuerzo y no del privilegio”. Para algunos, pudo parecer una frase más. Para los que trabajamos con él, no había exageración. Baste un ejemplo: Corría abril de 1988 y Carlos Salinas hacía campaña presidencial. ¿Qué función desempeñaba el joven Colosio a sus 36 años de edad? Era diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Fungía también como delegado de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Sinaloa. Fue designado Oficial Mayor del PRI. Era, nada menos, coordinador general de la campaña de Salinas de Gortari. Y él mismo era candidato a senador en campaña por su natal Sonora. ¡Todo al mismo tiempo!

Además de ser un trabajador notable, Colosio tenía un espíritu democrático poco común en las filas de su partido. Siendo presidente del PRI, resistió a las presiones internas para salir públicamente a reconocer, por primera vez en la historia, la derrota de su partido en una elección de gobernador (en Baja California).

El fin del tabú del ‘carro completo’ tuvo una enorme repercusión en el proceso de democratización de México. Seis años después, ya siendo él candidato, propuso, por iniciativa propia y antes que sus rivales, dos prácticas que ningún aspirante presidencial priista del pasado hubiera aceptado jamás: un debate entre candidatos y la presencia de observadores internacionales en la jornada electoral. O ganaba por la buena o prefería no ganar.

No era amigo de la mala fe. Todos sus colaboradores sabíamos que si alguien intentaba grillar con cualquier intriga, él cortaba en seco: “Vete de aquí. No me envenenes el alma”. En la recta final por la candidatura del PRI, le ganó a Camacho Solís precisamente por eso. Mientras el jefe del Distrito Federal se peleaba con el gabinete, Colosio se regía por la norma de que la política debería ser como el golf: “El que da menos golpes gana”.

A pesar de su don de gente y lealtad hacia Carlos Salinas, Colosio no se detuvo para criticar las insuficiencias en el trabajo de su jefe. Mientras el presidente vendía al mundo la imagen de un país moderno y casi desarrollado, Colosio señalaba en su discurso más memorable (del 6 de marzo), que veía “un México con hambre y sed de justicia… (gente) que no tiene las oportunidades que merece… y gobiernos que les cumplan”. El candidato Colosio, de manera valiente y quizá hasta temeraria, optó por distanciarse de la simulación oficial (decisión que, muchos estiman, le costó la vida).

Hay quienes pretenden disfrazar la ruptura entre Colosio y Salinas, y aseveran que Colosio discutió ese famoso discurso con el presidente en la víspera. Eso no es cierto. El día anterior al evento del 6 de marzo, Ernesto Zedillo, entonces coordinador de la campaña de Colosio, me llamó para manejar el teleprompter con el que el candidato practicaría el discurso. Colosio ensayó repetidamente su mensaje y ordenó a Zedillo modificarlo varias veces hasta la noche. Fue entonces cuando se envió una copia al presidente Salinas. Colosio prefirió asumir el riesgo y la responsabilidad de decir lo que pensaba, sin censura presidencial. El documento no se discutió previamente. Ésa es la realidad. (Lo asombroso es que hasta el propio jefe de ayudantes de Colosio, Germán González Castillo, encargado de hacer llegar al presidente el discurso la noche previa, publicó una plana entera en un periódico de circulación nacional para tratar de desvirtuar la verdad de los hechos. Sólo él sabe por qué).

Evidentemente, la capacidad de trabajo, la honestidad, el espíritu democrático, el don de gente y la valentía son cualidades que cualquier mexicano hubiera querido ver en su presidente. Sin embargo, existían otros factores que hacían de Colosio el candidato idóneo para los retos que se veían venir.

La medicina dura de los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas generaron descontento en amplios sectores de la población y en el propio partido en el poder. Se percibía la posibilidad de ruptura al interior de la clase política en México. Un candidato de corte tecnocrático difícilmente podría ser aceptado por los principales grupos de poder. A diferencia de buena parte del gabinete de Carlos Salinas, Colosio difícilmente se podría considerar tecnócrata. Si bien era economista, centró sus estudios de posgrado, en Pensilvania, en desarrollo regional y fue el encargado de crear la Secretaría de Desarrollo Social, para combatir la pobreza. Conocía bien a las fuerzas de su partido, tras haberlo dirigido años antes y era bien visto por las diversas facciones políticas del país.

Aunque era previsible una amplia mayoría priista en el Congreso, se necesitaba capacidad de generar amplios consensos, sin imposición, al interior de las fuerzas reales de poder, para avanzar en un proyecto de desarrollo que no tuviera que detenerse a discrepar en lo fundamental. Esos acuerdos, que, como nadie en su momento, Colosio estaba en condiciones de producir, no se dieron, ni con la tecnocracia de Zedillo ni con la ‘frivocracia’ de Fox. Esa falta de consensos fundamentales es la herencia maldita de los asesinos de Luis Donaldo Colosio. Sin ellos, no sólo se imposibilitó un avance económico más acelerado, que evitara caer en extremos inoperantes durante más de una década, sino que polarizó a la sociedad a tal grado que la colocó al borde del caos social durante el proceso electoral de 2006.

Luis Donaldo Colosio tenía un proyecto claro para amalgamar ese consenso nacional. Creía que había que mantener la estabilidad macroeconómica como plataforma para el despegue económico. Pero, a diferencia de Salinas, estaba convencido de que la mano invisible del mercado no lograría, por sí sola, convertir a los mexicanos en campeones de la globalización. Creía en la política industrial como instrumento para articular cadenas productivas exitosas. Sabía que no podíamos rehuir a la competencia, pero que se podrían generar acuerdos para lograr reformas que el antiguo sistema no tenía el valor de hacer y los neoliberales pretendían imponer sin consenso.

Con la muerte de Colosio se perdió al menos una década de desarrollo. El discurso actual puede parecerse al de 1994, pero hay dos diferencias fundamentales que nos colocan en una realidad más difícil: nuestros competidores han ganado terreno como nunca en los últimos 10 años, y la capacidad de generar consensos políticos con un liderazgo fuerte y legitimado está fracturada, quién sabe hasta cuándo. Ya veremos.

*El autor es MBA y MPA por la Universidad de Harvard, y fue asistente de Luis Donaldo Colosio en su campaña presidencial.