En medio de su empeño por sacar adelante la reforma energética, el gobierno del presidente Felipe Calderón deberá enfrentar el asunto más relevante del informe que la Auditoría Superior de la Federación reportó de la cuenta pública 2006: el caso Unefon. La actuación que tengan en este asunto tanto la Secretaría de la Función Pública como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes marcará un derrotero para el conjunto de la administración federal en el combate a la corrupción, porque se pone a prueba uno de los compromisos presidenciales más señalados.
Aunque el caso de Unefon se ha ventilado en últimos días, sobre todo en Televisa, no está demás advertir que el asunto atraviesa tres gobiernos —Zedillo, Fox y Calderón— y cruza de alguna manera los intereses de las televisoras. De ahí que cada versión, según el medio o columnista, ponga mayor énfasis en el origen o en el final de la historia. Para mí es una sola historia, de la que conocí elementos desde cuando presidí la comisión de RTC de la Cámara de los Diputados, porque el asunto data de 1998 y lo que hoy vivimos no es casual, sino una suma de faltas éticas y jurídicas.
Unefon obtuvo en 1998, mediante subasta, concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico para operar telefonía móvil; presentó una oferta alta y se llevó excelentes posiciones de mercado. Era el tránsito digital de la telefonía celular a través de los personal communications systems, PCS. Del total de las nueve zonas en que se dividió el país para esa licitación, el gobierno pretendió obtener mil millones de dólares. No lo logró porque un ganador, Unefon, no cumplió con el pago de la contraprestación ofrecida. Pidió una prórroga y la autoridad, en lugar de hacer respetar las bases de la licitación —la primera de espectro que se daba en el país— y revocarle la concesión, le autorizó no una, sino dos prórrogas en distintos momentos.
Con ignorancia supina o conocimiento deliberado, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el entonces secretario de Comunicaciones de Zedillo “condicionaron” las prórrogas al pago de intereses, lo que Unefon aceptó hábilmente. Meses después iniciaba ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa un juicio de nulidad sobre el pago indebido de esos intereses, por ser una contraprestación que ni Cofetel ni SCT podían fundamentar con base en la ley. En efecto, seis años después, ese tribunal declaró ilegales los intereses, pero dejó constancia de que lo procedente era el cobro de recargos “para los casos de prórroga”. Luego volvió a confirmar, en sentencia en 2006, la ilegalidad de ese cobro de intereses.
Desde que se emitió la primera sentencia del TJFA hasta la segunda sentencia interlocutoria, la SCT recibió diversas opiniones de los distintos responsables de la unidad de asuntos jurídicos en el sentido de que tales sentencias “no ordenan que se devuelva cantidad alguna”, o “no se desprende que el TJFA… haya condenado a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, es decir, únicamente declaró la nulidad de la negativa ficta, cuyo alcance sería para el efecto de que esta secretaría entrara al estudio de revisión interpuesto por la actora”.
Sin embargo, de manera súbita, procesado en un día y medio, mediante seis oficios que fueron y vinieron en cuestión de horas entre la SCT y la empresa, y en el último día de la administración Fox, Unefon recibió 550 millones de pesos por devolución del pago indebido de intereses. No se le requirió recibo alguno, y mucho menos un finiquito legal. Se le dejó abierta una contingencia al Estado por 3 mil 057 millones de pesos, cantidad adicional que ahora reclama Unefon, pues cuando recibió la notificación del pago de los 550 millones de pesos asentó con su puño y letra el representante legal: “Recibí original y quedo notificado de su contenido, bajo reserva expresa del derecho a reclamar los accesorios de la cantidad histórica que se devuelve”. Y aun así se le pagaron.
Tanto en 1998 como en 2006 los funcionarios responsables argumentan que Hacienda autorizó en un caso el cobro de los intereses y fijó su tasa, y que en la devolución de éstos estuvo su instrucción. Peor aún, pues de la lectura de éste se desprende que una de las funcionarias que firmó esa instrucción, Ana Bertha Thierry Aguilera, fue acreditada por Operadora Unefon el 24 de marzo pasado como una de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones en su nombre en el juicio que se sigue en la sexta sala regional metropolitana del TJFA para el cobro de los “accesorios”.
Esta es la historia de otro abuso mediático sobre el erario que le ha permitido a esa compañía incrementar ilegítimamente su patrimonio; nadie puede beneficiarse de un acto ilegal. Esto pone a prueba a la actual administración federal, primero para recuperar ese pago indebido y luego para sentar un antecedente ejemplar en materia de responsabilidades públicas. De lo contrario el mensaje de impunidad sería suicida y autodestructivo para el proyecto de gobierno.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
Aunque el caso de Unefon se ha ventilado en últimos días, sobre todo en Televisa, no está demás advertir que el asunto atraviesa tres gobiernos —Zedillo, Fox y Calderón— y cruza de alguna manera los intereses de las televisoras. De ahí que cada versión, según el medio o columnista, ponga mayor énfasis en el origen o en el final de la historia. Para mí es una sola historia, de la que conocí elementos desde cuando presidí la comisión de RTC de la Cámara de los Diputados, porque el asunto data de 1998 y lo que hoy vivimos no es casual, sino una suma de faltas éticas y jurídicas.
Unefon obtuvo en 1998, mediante subasta, concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico para operar telefonía móvil; presentó una oferta alta y se llevó excelentes posiciones de mercado. Era el tránsito digital de la telefonía celular a través de los personal communications systems, PCS. Del total de las nueve zonas en que se dividió el país para esa licitación, el gobierno pretendió obtener mil millones de dólares. No lo logró porque un ganador, Unefon, no cumplió con el pago de la contraprestación ofrecida. Pidió una prórroga y la autoridad, en lugar de hacer respetar las bases de la licitación —la primera de espectro que se daba en el país— y revocarle la concesión, le autorizó no una, sino dos prórrogas en distintos momentos.
Con ignorancia supina o conocimiento deliberado, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el entonces secretario de Comunicaciones de Zedillo “condicionaron” las prórrogas al pago de intereses, lo que Unefon aceptó hábilmente. Meses después iniciaba ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa un juicio de nulidad sobre el pago indebido de esos intereses, por ser una contraprestación que ni Cofetel ni SCT podían fundamentar con base en la ley. En efecto, seis años después, ese tribunal declaró ilegales los intereses, pero dejó constancia de que lo procedente era el cobro de recargos “para los casos de prórroga”. Luego volvió a confirmar, en sentencia en 2006, la ilegalidad de ese cobro de intereses.
Desde que se emitió la primera sentencia del TJFA hasta la segunda sentencia interlocutoria, la SCT recibió diversas opiniones de los distintos responsables de la unidad de asuntos jurídicos en el sentido de que tales sentencias “no ordenan que se devuelva cantidad alguna”, o “no se desprende que el TJFA… haya condenado a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, es decir, únicamente declaró la nulidad de la negativa ficta, cuyo alcance sería para el efecto de que esta secretaría entrara al estudio de revisión interpuesto por la actora”.
Sin embargo, de manera súbita, procesado en un día y medio, mediante seis oficios que fueron y vinieron en cuestión de horas entre la SCT y la empresa, y en el último día de la administración Fox, Unefon recibió 550 millones de pesos por devolución del pago indebido de intereses. No se le requirió recibo alguno, y mucho menos un finiquito legal. Se le dejó abierta una contingencia al Estado por 3 mil 057 millones de pesos, cantidad adicional que ahora reclama Unefon, pues cuando recibió la notificación del pago de los 550 millones de pesos asentó con su puño y letra el representante legal: “Recibí original y quedo notificado de su contenido, bajo reserva expresa del derecho a reclamar los accesorios de la cantidad histórica que se devuelve”. Y aun así se le pagaron.
Tanto en 1998 como en 2006 los funcionarios responsables argumentan que Hacienda autorizó en un caso el cobro de los intereses y fijó su tasa, y que en la devolución de éstos estuvo su instrucción. Peor aún, pues de la lectura de éste se desprende que una de las funcionarias que firmó esa instrucción, Ana Bertha Thierry Aguilera, fue acreditada por Operadora Unefon el 24 de marzo pasado como una de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones en su nombre en el juicio que se sigue en la sexta sala regional metropolitana del TJFA para el cobro de los “accesorios”.
Esta es la historia de otro abuso mediático sobre el erario que le ha permitido a esa compañía incrementar ilegítimamente su patrimonio; nadie puede beneficiarse de un acto ilegal. Esto pone a prueba a la actual administración federal, primero para recuperar ese pago indebido y luego para sentar un antecedente ejemplar en materia de responsabilidades públicas. De lo contrario el mensaje de impunidad sería suicida y autodestructivo para el proyecto de gobierno.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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