Javier Corral Jurado
El actual periodo ordinario de sesiones que está a punto de concluír, segundo del segundo año de ejercicio legal de la actual legislatura del Congreso de la Unión, ha visto pasar como ningún otro, un conjunto de iniciativas de reforma, de adición y de creación de nuevas leyes en materia de información, medios de comunicación, imprenta, telecomunicaciones y acceso a la información pública. Sin embargo, la iniciativa mayor que se esperaba, impulsada por la sentencia de la SCJN que invalidó la ley televisa y que se ofreció como compromiso político de los líderes del Senado, no llegó.
El Grupo plural que se conformó en esa cámara para la reforma de la legislación en materia de telecomunicaciones, radio y televisión, ha pospuesto para septiembre su formulación, toda vez que planteada como reforma integral y sujeta a los criterios que planteó nuestro tribunal constitucional, la sola presentación de un proyecto por parte de ese grupo de legisladores requiere de un procesamiento más amplio entre los partidos y de un ambiente propicio para su discusión, lo que hoy no permite el debate sobre la propuesta energética.
En cambio, a lo largo de estos tres meses – incluido el lapso en que estuvieron tomadas las tribunas de ambas cámaras y las sesiones se llevaron acabo en sedes alternas -, se fueron desgranando algunas posiciones partidistas y particulares de senadores y diputados en torno a propuestas desagregadas o específicas de esa necesaria modernización del orden jurídico en torno de la información y los medios.
Son una decena de propuestas legislativas presentadas en ambas cámaras que por un lado, ponen de manifiesto la importancia creciente que los legisladores asignan a este tema, la inquietud que se ahonda entre los miembros del cuerpo legislativo por la dispersión, las lagunas, la obsolescencia, las contradicciones y el desfasamiento de las normas en este derecho social permanentemente aplazado; pero también permiten identificar con toda claridad las posturas diferentes que existen no sólo entre un partido y otro, sino entre miembros de un mismo partido. Y más allá de esas diferencias entre correligionarios, planteadas de un modo natural, brota también con toda claridad a qué intereses sirven algunos de los legisladores en la relación audiencias y empresas de comunicación, cómo incluso se introducen en el proceso legislativo ciertas propuestas para detener otras.
De manera singular, tanto legisladores del PRI como alguno de los que se ostentan serlo del Partido Verde, han sido instrumentos para incorporar dentro de sus iniciativas temas que, en otra circunstancia, podría haberlas presentado Televisa o Televisión Azteca, si en efecto ya se hubiera garantizado en nuestro país el derecho de iniciativa ciudadana y si no fuera tan creciente el desprestigio que acumulan todos los días, tanto por el abuso y el exceso cometido hace más de dos años como por su mantenida resistencia a la reforma electoral . Pero fuera de esos, menores por cierto, casos de encubrimiento legislativo, en general se han presentado planteamientos razonables y propuestas acertadas. En las próximas semanas iremos desmenuzando esos proyectos, para entresacar la letra chiquita.
Particularmente en el estudio y análisis que las comisiones legislativas hagan de esos proyectos, se han depositado cuatro iniciativas de ley que buscan reconocer el derecho de réplica que tiene toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los medios de comunicación en general. Tras la reforma constitucional en materia electoral, que incorporó al artículo sexto la garantía de este fundamental derecho, se desplegó un encomiable esfuerzo reglamentario.
La primera iniciativa que se presentó, fue la del Senador panista, Alejandro Zapata Perogordo, el jueves 13 de diciembre de 2007 y se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. El viernes 4 de abril de 2008, ya en el actual periodo, los grupos de trabajo de la Cámara de Diputados y del Senado involucrados en la Reforma del Estado entregaron un proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 6 de la Constitución y quedó como uno más de los aportes de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA).
El 8 de abril de 2008, los diputados José Antonio Díaz García, Dora Alicia Martínez Valero y Rocío del Carmen Morgan Franco, del grupo parlamentario del PAN presentaron la iniciativa que expide la Ley para Garantizar el Derecho de Réplica, con la rara concurrencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública también fue turnada a la Comisión de Gobernación.
El Senador Javier Orozco Gómez, presumiblemente a nombre del PVEM hizo lo propio el 21 de abril, y presentó una iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta; deroga el artículo 186, numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y expide la Ley Reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica a través de los medios de comunicación impresos y de radiodifusión. Cuatro comisiones la estudiarán: de Justicia; de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.
Es de esperarse que las comisiones legislativas especializadas en la materia, aprovechen el receso legislativo para analizar y debatir las iniciativas, y en ocasión de la posposición de una nueva ley en materia de Telecomunicaciones y radiodifusión, se coordine un trabajo de dictaminación sobre una materia que hasta hoy acumula muchas iniciativas y tiene pocas leyes.
El actual periodo ordinario de sesiones que está a punto de concluír, segundo del segundo año de ejercicio legal de la actual legislatura del Congreso de la Unión, ha visto pasar como ningún otro, un conjunto de iniciativas de reforma, de adición y de creación de nuevas leyes en materia de información, medios de comunicación, imprenta, telecomunicaciones y acceso a la información pública. Sin embargo, la iniciativa mayor que se esperaba, impulsada por la sentencia de la SCJN que invalidó la ley televisa y que se ofreció como compromiso político de los líderes del Senado, no llegó.
El Grupo plural que se conformó en esa cámara para la reforma de la legislación en materia de telecomunicaciones, radio y televisión, ha pospuesto para septiembre su formulación, toda vez que planteada como reforma integral y sujeta a los criterios que planteó nuestro tribunal constitucional, la sola presentación de un proyecto por parte de ese grupo de legisladores requiere de un procesamiento más amplio entre los partidos y de un ambiente propicio para su discusión, lo que hoy no permite el debate sobre la propuesta energética.
En cambio, a lo largo de estos tres meses – incluido el lapso en que estuvieron tomadas las tribunas de ambas cámaras y las sesiones se llevaron acabo en sedes alternas -, se fueron desgranando algunas posiciones partidistas y particulares de senadores y diputados en torno a propuestas desagregadas o específicas de esa necesaria modernización del orden jurídico en torno de la información y los medios.
Son una decena de propuestas legislativas presentadas en ambas cámaras que por un lado, ponen de manifiesto la importancia creciente que los legisladores asignan a este tema, la inquietud que se ahonda entre los miembros del cuerpo legislativo por la dispersión, las lagunas, la obsolescencia, las contradicciones y el desfasamiento de las normas en este derecho social permanentemente aplazado; pero también permiten identificar con toda claridad las posturas diferentes que existen no sólo entre un partido y otro, sino entre miembros de un mismo partido. Y más allá de esas diferencias entre correligionarios, planteadas de un modo natural, brota también con toda claridad a qué intereses sirven algunos de los legisladores en la relación audiencias y empresas de comunicación, cómo incluso se introducen en el proceso legislativo ciertas propuestas para detener otras.
De manera singular, tanto legisladores del PRI como alguno de los que se ostentan serlo del Partido Verde, han sido instrumentos para incorporar dentro de sus iniciativas temas que, en otra circunstancia, podría haberlas presentado Televisa o Televisión Azteca, si en efecto ya se hubiera garantizado en nuestro país el derecho de iniciativa ciudadana y si no fuera tan creciente el desprestigio que acumulan todos los días, tanto por el abuso y el exceso cometido hace más de dos años como por su mantenida resistencia a la reforma electoral . Pero fuera de esos, menores por cierto, casos de encubrimiento legislativo, en general se han presentado planteamientos razonables y propuestas acertadas. En las próximas semanas iremos desmenuzando esos proyectos, para entresacar la letra chiquita.
Particularmente en el estudio y análisis que las comisiones legislativas hagan de esos proyectos, se han depositado cuatro iniciativas de ley que buscan reconocer el derecho de réplica que tiene toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los medios de comunicación en general. Tras la reforma constitucional en materia electoral, que incorporó al artículo sexto la garantía de este fundamental derecho, se desplegó un encomiable esfuerzo reglamentario.
La primera iniciativa que se presentó, fue la del Senador panista, Alejandro Zapata Perogordo, el jueves 13 de diciembre de 2007 y se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. El viernes 4 de abril de 2008, ya en el actual periodo, los grupos de trabajo de la Cámara de Diputados y del Senado involucrados en la Reforma del Estado entregaron un proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 6 de la Constitución y quedó como uno más de los aportes de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA).
El 8 de abril de 2008, los diputados José Antonio Díaz García, Dora Alicia Martínez Valero y Rocío del Carmen Morgan Franco, del grupo parlamentario del PAN presentaron la iniciativa que expide la Ley para Garantizar el Derecho de Réplica, con la rara concurrencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública también fue turnada a la Comisión de Gobernación.
El Senador Javier Orozco Gómez, presumiblemente a nombre del PVEM hizo lo propio el 21 de abril, y presentó una iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta; deroga el artículo 186, numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y expide la Ley Reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica a través de los medios de comunicación impresos y de radiodifusión. Cuatro comisiones la estudiarán: de Justicia; de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.
Es de esperarse que las comisiones legislativas especializadas en la materia, aprovechen el receso legislativo para analizar y debatir las iniciativas, y en ocasión de la posposición de una nueva ley en materia de Telecomunicaciones y radiodifusión, se coordine un trabajo de dictaminación sobre una materia que hasta hoy acumula muchas iniciativas y tiene pocas leyes.
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