El inmediatismo que vive la política en México —falta de visión de largo plazo— muestra en todo esplendor las posiciones contrarias que agitan la crispación sin querer hacerse cargo de ello; porque unas lo hacen en nombre del debate, y otras bajo la bandera de la libre expresión.
Una importante fracción de diputados y senadores de PRD, PT y Convergencia visualiza un albazo legislativo en la reforma energética y exige un amplio debate nacional. Para obligar a su realización según sus criterios deciden tomar las tribunas de las cámaras del Congreso, bajo una enorme manta que sentencia su clausura. Cancelan en los hechos la palabra, descalifican el diálogo, matan el debate.
La asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno —pequeña, pero instrumento de una corriente de pensamiento más extendida— declara como su misión “renovar la política y el civismo con los principios y valores del humanismo solidario, orientarlos al servicio del bien común; con un nuevo paradigma: actitud positiva”, y para lograrlo toman la decisión de reeditar la propaganda negativa y ponen en marcha el spot que compara a López Obrador con diversos dictadores.
Esa absurda e irracional protesta de la izquierda y esa reacción intolerante de ese grupo radical de derecha sintetizan las enormes contradicciones de nuestro actual proceso político caracterizado por “la neurosis de la escaramuza”, como llamara Efraín González Luna a ese fenómeno cuando los actores del primer plano son deformados y abultados en condiciones tales, que el interés vital de la acción a fondo se abandona y se pierde por atender lo inmediato.
Más allá de coincidir con quienes han repudiado esa campaña mediática, la propaganda negra, creo menester señalar que esa conducta inmoral e ilegal no está en las competencias del IFE para su sanción, sino en los tribunales civiles y en la esfera de la Secretaría de Gobernación. En estricto sentido, los contenidos de ese anuncio no violan las leyes que prohíben a cualquier persona o grupo contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales, ni a favor o en contra de partidos o candidatos. Violan, sí, múltiples normas legales, y tienen en otras instancias el deber de sancionarlas.
Es claro, bajo el artículo 1916 del Código Civil federal, el daño moral a López Obrador al compararlo con los dictadores e imputarle un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien. Salta a la vista la magnificación de un hecho circunscrito a la toma de las tribunas con la disolución que Huerta, Hitler, Mussolini y Pinochet llevaron a cabo de los congresos en sus países. Es imbatible la comparación engañosa con el propósito de afectar la imagen del ex candidato.
No justifico ni la toma ni mucho menos el contenido del spot y su divulgación. Pero pretender hacer al IFE la instancia encargada de la vigilancia de los contenidos de la programación en radio y televisión me parece que agregaría otro yerro al cúmulo de despropósitos que se desarrollan en torno de la relación medios, Estado y sociedad. Proporcionando argumentos a quienes de por sí resisten esa legislación para los motivos que la crearon: la equidad y la transparencia de la contratación de la propaganda política en medios electrónicos de comunicación para fines electorales.
Demostrar esa finalidad en los contenidos del multicitado spot es tarea compleja, cuando la debida sanción a quienes la diseñaron y la difundieron puede ser más sencilla. Con todo y su obsolescencia, no faltan tampoco en la Ley Federal de Radio y Televisión disposiciones que contemplen estos supuestos. El artículo quinto establece la función social de la radio y la tv: “Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares”; el artículo 10 obliga a la Secretaría de Gobernación a vigilar que las transmisiones se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad y no ataquen los derechos de terceros, provoquen la comisión de algún delito o perturben la paz pública.
Ese spot, además de que afecta su dignidad, siembra el odio, alienta la intolerancia y no atiende la promoción del diálogo que sí está considerado en las responsabilidades de los medios. No es admisible que se diga que el ex candidato merece ese trato porque es uno de sus más asiduos practicantes; claro que lo es, pero ese combate no se ganará asemejándonos a quienes hacen descalificaciones generalizadas, magnifican los hechos o mienten a sabiendas de que lo hacen. Y esa y no otra es la oportunidad de las autoridades judiciales y de la Secretaría de Gobernación de expresar con toda claridad que aún hay campo de acción para la civilidad, aunque desde la izquierda y la derecha se actúe contra ella.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
Una importante fracción de diputados y senadores de PRD, PT y Convergencia visualiza un albazo legislativo en la reforma energética y exige un amplio debate nacional. Para obligar a su realización según sus criterios deciden tomar las tribunas de las cámaras del Congreso, bajo una enorme manta que sentencia su clausura. Cancelan en los hechos la palabra, descalifican el diálogo, matan el debate.
La asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno —pequeña, pero instrumento de una corriente de pensamiento más extendida— declara como su misión “renovar la política y el civismo con los principios y valores del humanismo solidario, orientarlos al servicio del bien común; con un nuevo paradigma: actitud positiva”, y para lograrlo toman la decisión de reeditar la propaganda negativa y ponen en marcha el spot que compara a López Obrador con diversos dictadores.
Esa absurda e irracional protesta de la izquierda y esa reacción intolerante de ese grupo radical de derecha sintetizan las enormes contradicciones de nuestro actual proceso político caracterizado por “la neurosis de la escaramuza”, como llamara Efraín González Luna a ese fenómeno cuando los actores del primer plano son deformados y abultados en condiciones tales, que el interés vital de la acción a fondo se abandona y se pierde por atender lo inmediato.
Más allá de coincidir con quienes han repudiado esa campaña mediática, la propaganda negra, creo menester señalar que esa conducta inmoral e ilegal no está en las competencias del IFE para su sanción, sino en los tribunales civiles y en la esfera de la Secretaría de Gobernación. En estricto sentido, los contenidos de ese anuncio no violan las leyes que prohíben a cualquier persona o grupo contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales, ni a favor o en contra de partidos o candidatos. Violan, sí, múltiples normas legales, y tienen en otras instancias el deber de sancionarlas.
Es claro, bajo el artículo 1916 del Código Civil federal, el daño moral a López Obrador al compararlo con los dictadores e imputarle un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien. Salta a la vista la magnificación de un hecho circunscrito a la toma de las tribunas con la disolución que Huerta, Hitler, Mussolini y Pinochet llevaron a cabo de los congresos en sus países. Es imbatible la comparación engañosa con el propósito de afectar la imagen del ex candidato.
No justifico ni la toma ni mucho menos el contenido del spot y su divulgación. Pero pretender hacer al IFE la instancia encargada de la vigilancia de los contenidos de la programación en radio y televisión me parece que agregaría otro yerro al cúmulo de despropósitos que se desarrollan en torno de la relación medios, Estado y sociedad. Proporcionando argumentos a quienes de por sí resisten esa legislación para los motivos que la crearon: la equidad y la transparencia de la contratación de la propaganda política en medios electrónicos de comunicación para fines electorales.
Demostrar esa finalidad en los contenidos del multicitado spot es tarea compleja, cuando la debida sanción a quienes la diseñaron y la difundieron puede ser más sencilla. Con todo y su obsolescencia, no faltan tampoco en la Ley Federal de Radio y Televisión disposiciones que contemplen estos supuestos. El artículo quinto establece la función social de la radio y la tv: “Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares”; el artículo 10 obliga a la Secretaría de Gobernación a vigilar que las transmisiones se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad y no ataquen los derechos de terceros, provoquen la comisión de algún delito o perturben la paz pública.
Ese spot, además de que afecta su dignidad, siembra el odio, alienta la intolerancia y no atiende la promoción del diálogo que sí está considerado en las responsabilidades de los medios. No es admisible que se diga que el ex candidato merece ese trato porque es uno de sus más asiduos practicantes; claro que lo es, pero ese combate no se ganará asemejándonos a quienes hacen descalificaciones generalizadas, magnifican los hechos o mienten a sabiendas de que lo hacen. Y esa y no otra es la oportunidad de las autoridades judiciales y de la Secretaría de Gobernación de expresar con toda claridad que aún hay campo de acción para la civilidad, aunque desde la izquierda y la derecha se actúe contra ella.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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