Signo de mal agüero no sólo bajo la superstición del martes 13, sino por lo que ahí se dijo, la sesión del Senado de ese día pasó desapercibida por los medios en torno de un asunto penoso, y en un debate que proyecta sombras sobre el quehacer venidero de ese cuerpo legislativo. Llamo la atención sobre lo que ahí aconteció porque, aunque no se explican muchas de ellas, se encierran varias de las contradicciones que azotan a la política, la fragilidad ética con que se resuelve la conducta personal, y la forma tan dramática en que un poder del Estado puede responder a estrictos intereses particulares, en un ir y venir.
Además, me sigo interesando en un fenómeno que pude constatar dentro de mi paso por el Congreso federal, ese inconsciente disciplinario de los partidos que logra votaciones unánimes en las bancadas, por encima de la razón y por debajo de la dignidad.
La decisión de la semana pasada rebasó esos niveles de la autoestima personal: por 55 votos en pro, 18 en contra y tres abstenciones, la Cámara Alta aprobó un punto de acuerdo del que no creo haya antecedente en la historia del Congreso: "Externa su opinión y hace un atento exhorto al titular de la SCT, a fin de que conmine atenta y respetuosamente a Rafael del Villar Alrich y a Gonzalo Martínez Pous, ambos subordinados a su cargo, para que se desistan del juicio de amparo 619/2006, del índice del Juzgado Décimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en el DF, en aras de esclarecer y no dar motivo alguno a que se ponga en entredicho la objetividad, imparcialidad y buen desempeño que debe tener la Comisión Federal de Telecomunicaciones".
Con fundamento en el artículo 61 que consagra el fuero de los legisladores y la inviolabilidad de sus opiniones, una cámara del Congreso le pide a dos ciudadanos que se desistan del principal instrumento de defensa de sus garantías constitucionales, en un juicio que entablaron precisamente en contra del Senado en la legislatura anterior, cuando sin motivar ni fundar en derecho la Comisión Permanente los objetó como comisionados designados por el Presidente de la República para integrar la nueva Cofetel. Porque, a diferencia de lo que se dijo en el debate de la semana pasada -plagado de inexactitudes y no pocas mentiras por parte de los defensores del dictamen-, aquella ocasión se reconocía en el propio cuerpo del resolutivo que cumplían con los requisitos legales. Fueron objetados porque no convenían a los intereses de las televisoras ni de Telmex, y se presentaron nuevas propuestas que recayeron, ni más ni menos, que en dos miembros de la Comisión Permanente que los rechazó.
Pero ahora, los mismos intereses y sus mismos representantes -aunque esta vez ostentados en el cargo de senadores de la República- ni siquiera están dispuestos a concederles a los tribunales la función de decir el derecho, a quien corresponda. Ya también sentencia el Poder Legislativo, como lo dijo en la tribuna el senador José Julián Sacramento: "Es preciso destacar que el planteamiento de inconstitucionalidad emitido por los impetrantes de garantías resulta infundado". Esto conforme a una nueva tesis legislativo-jurisprudencial del cuño del senador Humberto Rueda Sánchez, en el sentido de que cuando un ciudadano, como es el caso de Del Villar y Martínez Pous, se convierte en funcionario público -el primero subsecretario de Comunicaciones y el segundo director jurídico de la SCT- pierde el carácter de ciudadano "impetrante", esto es, ya no puede solicitar protección de la justicia con base en ese derecho.
Es de replay: "Queremos también respetar, salvaguardar la autonomía de la Cofetel", explicó Rueda para, según su dicho, dejar a un lado las suspicacias.
Cuando la desmemoria alcanza esos niveles se le puede confundir con cinismo. Hablar de la autonomía de Cofetel es un acto de provocación al debate nacional sobre la forma como se integró ese órgano, una repartición a partes iguales entre las dos televisoras y los dos grupos políticos que le sacaron a Televisa su ley sin modificación alguna.
En este nuevo servicio a las televisoras -de ellas es el interés en echar abajo ese litigio judicial-, no me extraña el PRI, es intrínseco a su naturaleza; me puede particularmente la posición del PAN. Hay un abandono de una de sus mejores y más sólidas tradiciones: su cultura de la legalidad. Manuel Herrera y Lasso se sentiría profundamente decepcionado.
De algunos no nos extraña esa conducta, diestros en la faena simuladora. Pero, ¿y los demás compañeros del PAN? Me consta que en ese grupo hay biografías personales de intransitable honestidad, hombres y mujeres de gran celo por el sentido ético. ¿Fueron chamaqueados? ¿No saben para quién trabajan los defensores de ese desaguisado?
Sí, puede ser el descuido, el ritmo acelerado, la confianza ciega en los legisladores "especialistas" en sus temas. Para esta época, como ninguna otra, vale el consejo que para el rigor en el trabajo nos dejó don Manuel Gómez Morín: "Que ni la pereza, ni la rutina, ni la infelicidad, emboten la sensibilidad al ideal".
Profesor de la FCPyS de la UNAM
Además, me sigo interesando en un fenómeno que pude constatar dentro de mi paso por el Congreso federal, ese inconsciente disciplinario de los partidos que logra votaciones unánimes en las bancadas, por encima de la razón y por debajo de la dignidad.
La decisión de la semana pasada rebasó esos niveles de la autoestima personal: por 55 votos en pro, 18 en contra y tres abstenciones, la Cámara Alta aprobó un punto de acuerdo del que no creo haya antecedente en la historia del Congreso: "Externa su opinión y hace un atento exhorto al titular de la SCT, a fin de que conmine atenta y respetuosamente a Rafael del Villar Alrich y a Gonzalo Martínez Pous, ambos subordinados a su cargo, para que se desistan del juicio de amparo 619/2006, del índice del Juzgado Décimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en el DF, en aras de esclarecer y no dar motivo alguno a que se ponga en entredicho la objetividad, imparcialidad y buen desempeño que debe tener la Comisión Federal de Telecomunicaciones".
Con fundamento en el artículo 61 que consagra el fuero de los legisladores y la inviolabilidad de sus opiniones, una cámara del Congreso le pide a dos ciudadanos que se desistan del principal instrumento de defensa de sus garantías constitucionales, en un juicio que entablaron precisamente en contra del Senado en la legislatura anterior, cuando sin motivar ni fundar en derecho la Comisión Permanente los objetó como comisionados designados por el Presidente de la República para integrar la nueva Cofetel. Porque, a diferencia de lo que se dijo en el debate de la semana pasada -plagado de inexactitudes y no pocas mentiras por parte de los defensores del dictamen-, aquella ocasión se reconocía en el propio cuerpo del resolutivo que cumplían con los requisitos legales. Fueron objetados porque no convenían a los intereses de las televisoras ni de Telmex, y se presentaron nuevas propuestas que recayeron, ni más ni menos, que en dos miembros de la Comisión Permanente que los rechazó.
Pero ahora, los mismos intereses y sus mismos representantes -aunque esta vez ostentados en el cargo de senadores de la República- ni siquiera están dispuestos a concederles a los tribunales la función de decir el derecho, a quien corresponda. Ya también sentencia el Poder Legislativo, como lo dijo en la tribuna el senador José Julián Sacramento: "Es preciso destacar que el planteamiento de inconstitucionalidad emitido por los impetrantes de garantías resulta infundado". Esto conforme a una nueva tesis legislativo-jurisprudencial del cuño del senador Humberto Rueda Sánchez, en el sentido de que cuando un ciudadano, como es el caso de Del Villar y Martínez Pous, se convierte en funcionario público -el primero subsecretario de Comunicaciones y el segundo director jurídico de la SCT- pierde el carácter de ciudadano "impetrante", esto es, ya no puede solicitar protección de la justicia con base en ese derecho.
Es de replay: "Queremos también respetar, salvaguardar la autonomía de la Cofetel", explicó Rueda para, según su dicho, dejar a un lado las suspicacias.
Cuando la desmemoria alcanza esos niveles se le puede confundir con cinismo. Hablar de la autonomía de Cofetel es un acto de provocación al debate nacional sobre la forma como se integró ese órgano, una repartición a partes iguales entre las dos televisoras y los dos grupos políticos que le sacaron a Televisa su ley sin modificación alguna.
En este nuevo servicio a las televisoras -de ellas es el interés en echar abajo ese litigio judicial-, no me extraña el PRI, es intrínseco a su naturaleza; me puede particularmente la posición del PAN. Hay un abandono de una de sus mejores y más sólidas tradiciones: su cultura de la legalidad. Manuel Herrera y Lasso se sentiría profundamente decepcionado.
De algunos no nos extraña esa conducta, diestros en la faena simuladora. Pero, ¿y los demás compañeros del PAN? Me consta que en ese grupo hay biografías personales de intransitable honestidad, hombres y mujeres de gran celo por el sentido ético. ¿Fueron chamaqueados? ¿No saben para quién trabajan los defensores de ese desaguisado?
Sí, puede ser el descuido, el ritmo acelerado, la confianza ciega en los legisladores "especialistas" en sus temas. Para esta época, como ninguna otra, vale el consejo que para el rigor en el trabajo nos dejó don Manuel Gómez Morín: "Que ni la pereza, ni la rutina, ni la infelicidad, emboten la sensibilidad al ideal".
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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