El desafío que imponen a la humanidad y los saldos que dejan al proceso democrático las nuevas tecnologías de la comunicación, sobre todo en el proceso de la convergencia digital, no están siendo escrutados debidamente en la opinión pública, ni siquiera en la academia, pues el debate social no tiene ahí su mirada. La imposición de reglas en este tema ha sido dominado bajo la lógica de lo técnico y del mercado.
Dice Armand Mattelart, uno de los mayores teóricos de la comunicación política en el mundo, que "mientras los lobbys, los grupos de presión, trabajan presionando a los políticos, no hay respuestas de la sociedad. De esa manera todo se convierte en un problema técnico. En realidad, eso es el pensamiento único: no existen problemas políticos ni sociales desde los cuales abordar este mundo".
En efecto, la reducción del proceso de convergencia entre redes y espectro a un mero asunto técnico y económico -que oferta multiplicidad de servicios para transacciones financieras, entretenimiento y telecomunicaciones, pero no más actores para la pluralidad política y la diversidad cultural- ha permitido consagrar esquemas legales a la medida de los intereses dominantes en este sector a lo largo de América Latina, como sucedió en nuestro país con la ley Televisa, sin ahondar en las repercusiones que en lo cultural, político, social y educativo tiene la concentración que se produce en nombre de la "compresión digital".
Recordemos que la base de este proceso se encuentra en la digitalización de señales de televisión y radio sobre las principales plataformas de transmisión: cable, satélite y red terrestre de radiodifusión, o televisión abierta.
Ahondar en esas vertientes de la discusión es lo que se ha propuesto el foro internacional "Concentración o pluralidad: el reto de la convergencia", organizado esta semana en la rectoría general de la Universidad Autónoma Metropolitana, y al que fueron convocados expertos de gran prestigio provenientes de diversos países de Europa y América Latina.
De alguna manera el foro es una extensión de las "Conferencias de Mayo" que en el Congreso mexicano se organizaron anualmente desde 1998 a 2004 en torno del derecho a la información, bajo el genérico "La reforma del Estado en México". Es la continuación de un compromiso que hemos mantenido, en el debate de cara a la nación, de varias de las instituciones que desde entonces han alentado la discusión y el debate social en torno del derecho a la información, a partir de una consideración fundamental: la información es un bien público y por lo tanto nos debe pertenecer a todos. Somos los que nos hemos alejado del modelo y de esa lógica mercantilista que orienta a la empresa comunicacional actual, y mantiene fascinada a la política.
De nueva cuenta, juntos, la Fundación Konrad Adenauer bajo el impulso de Karla Sponar, la UAM bajo la rectoría de José Lema Labadie, la AIDIC con el liderazgo de Miguel Julio Villafañe, y la Asociación Mexicana del Derecho a la Información que en una nueva etapa me toca encabezar, reforzamos nuestra alianza, con la presencia ahora de Open Society y EL UNIVERSAL, el diario que alberga en sus páginas la mayor pluralidad política e ideológica del pensamiento mexicano, y ha sido espacio libertario en el debate sobre los monopolios económicos y las concentraciones de poder.
Para las organizaciones convocantes, el de la convergencia debe ser un asunto de la agenda pública y debate plural, que permita orientar las políticas que garanticen la neutralidad tecnológica que favorezca el desarrollo de la sociedad.
El análisis del potencial que representa la multiplicación de centros de emisión, y su consecuente apertura en la oferta de contenidos que expresen la pluralidad y diversidad cultural de nuestras sociedades, también debe tomar en consideración los retos que representan las tendencias internacionales de reforzamiento de las empresas concentradoras de estos servicios, básicos para la comunicación de los ciudadanos. La apertura a la competencia, tanto de los medios de transmisión como los de la producción de contenidos, es un mecanismo que debe estar garantizado en las normas y principios de la convergencia.
Es necesario que los países de América Latina den la debida prioridad al tema de la digitalización, y en consecuencia, adopten las medidas necesarias para asegurar una transición exitosa, accesible, participativa e incluyente. La digitalización de la radiodifusión y la convergencia tecnológica representan una significativa oportunidad para cerrar la brecha digital y ampliar y mejorar el acceso de los ciudadanos a servicios públicos indispensables para elevar su nivel de vida y garantizar así su derecho a la información. Precisamente el motivo que reimpulsa el debate.
Y precisamente porque ya se han dado pasos y definiciones muy perjudiciales para la relación tecnología y derecho a la información, es fundamental que los sectores sociales se involucren, y no se diga que sólo la Universidad. En el centro de la discusión está la distribución democrática del espectro radioeléctrico, y la legislación sobre los nuevos servicios de telecomunicación.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
Dice Armand Mattelart, uno de los mayores teóricos de la comunicación política en el mundo, que "mientras los lobbys, los grupos de presión, trabajan presionando a los políticos, no hay respuestas de la sociedad. De esa manera todo se convierte en un problema técnico. En realidad, eso es el pensamiento único: no existen problemas políticos ni sociales desde los cuales abordar este mundo".
En efecto, la reducción del proceso de convergencia entre redes y espectro a un mero asunto técnico y económico -que oferta multiplicidad de servicios para transacciones financieras, entretenimiento y telecomunicaciones, pero no más actores para la pluralidad política y la diversidad cultural- ha permitido consagrar esquemas legales a la medida de los intereses dominantes en este sector a lo largo de América Latina, como sucedió en nuestro país con la ley Televisa, sin ahondar en las repercusiones que en lo cultural, político, social y educativo tiene la concentración que se produce en nombre de la "compresión digital".
Recordemos que la base de este proceso se encuentra en la digitalización de señales de televisión y radio sobre las principales plataformas de transmisión: cable, satélite y red terrestre de radiodifusión, o televisión abierta.
Ahondar en esas vertientes de la discusión es lo que se ha propuesto el foro internacional "Concentración o pluralidad: el reto de la convergencia", organizado esta semana en la rectoría general de la Universidad Autónoma Metropolitana, y al que fueron convocados expertos de gran prestigio provenientes de diversos países de Europa y América Latina.
De alguna manera el foro es una extensión de las "Conferencias de Mayo" que en el Congreso mexicano se organizaron anualmente desde 1998 a 2004 en torno del derecho a la información, bajo el genérico "La reforma del Estado en México". Es la continuación de un compromiso que hemos mantenido, en el debate de cara a la nación, de varias de las instituciones que desde entonces han alentado la discusión y el debate social en torno del derecho a la información, a partir de una consideración fundamental: la información es un bien público y por lo tanto nos debe pertenecer a todos. Somos los que nos hemos alejado del modelo y de esa lógica mercantilista que orienta a la empresa comunicacional actual, y mantiene fascinada a la política.
De nueva cuenta, juntos, la Fundación Konrad Adenauer bajo el impulso de Karla Sponar, la UAM bajo la rectoría de José Lema Labadie, la AIDIC con el liderazgo de Miguel Julio Villafañe, y la Asociación Mexicana del Derecho a la Información que en una nueva etapa me toca encabezar, reforzamos nuestra alianza, con la presencia ahora de Open Society y EL UNIVERSAL, el diario que alberga en sus páginas la mayor pluralidad política e ideológica del pensamiento mexicano, y ha sido espacio libertario en el debate sobre los monopolios económicos y las concentraciones de poder.
Para las organizaciones convocantes, el de la convergencia debe ser un asunto de la agenda pública y debate plural, que permita orientar las políticas que garanticen la neutralidad tecnológica que favorezca el desarrollo de la sociedad.
El análisis del potencial que representa la multiplicación de centros de emisión, y su consecuente apertura en la oferta de contenidos que expresen la pluralidad y diversidad cultural de nuestras sociedades, también debe tomar en consideración los retos que representan las tendencias internacionales de reforzamiento de las empresas concentradoras de estos servicios, básicos para la comunicación de los ciudadanos. La apertura a la competencia, tanto de los medios de transmisión como los de la producción de contenidos, es un mecanismo que debe estar garantizado en las normas y principios de la convergencia.
Es necesario que los países de América Latina den la debida prioridad al tema de la digitalización, y en consecuencia, adopten las medidas necesarias para asegurar una transición exitosa, accesible, participativa e incluyente. La digitalización de la radiodifusión y la convergencia tecnológica representan una significativa oportunidad para cerrar la brecha digital y ampliar y mejorar el acceso de los ciudadanos a servicios públicos indispensables para elevar su nivel de vida y garantizar así su derecho a la información. Precisamente el motivo que reimpulsa el debate.
Y precisamente porque ya se han dado pasos y definiciones muy perjudiciales para la relación tecnología y derecho a la información, es fundamental que los sectores sociales se involucren, y no se diga que sólo la Universidad. En el centro de la discusión está la distribución democrática del espectro radioeléctrico, y la legislación sobre los nuevos servicios de telecomunicación.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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