Economía política de la migración

Mario Rodarte E.

Resumen: México debe hacer menos atractiva la emigración, hacer más seguras ambas fronteras, mejorar las aduanas y combatir el tráfico ilegal. El gobierno debe aprovechar los beneficios de la emigración (remesas y mayor productividad) y de las recientes movilizaciones pro inmigrantes en Estados Unidos, entrelazando la iniciativa de reforma de Bush con argumentos económicos como el intercambio de factores en el contexto de un envejecimiento poblacional, por un lado, y crecimiento, por el otro.
Mario Rodarte E. es director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C. (CEESP). Los puntos de vista expresados aquí son del autor y no necesariamente reflejan la opinión del CEESP, del Consejo Coordinador Empresarial o de sus organismos afiliados. El autor agradece los valiosos comentarios de Celina Mier y la asistencia de Armida Valdés. Los errores son responsabilidad exclusiva del autor.

INTRODUCCIÓN

La migración es un fenómeno social que ha estado presente en todas las épocas de la historia de la humanidad, aunque no fue sino hasta finales del siglo xx, en pleno auge de la globalización, cuando se exacerbó, llegando a representar un verdadero dolor de cabeza para muchos gobiernos. Es precisamente a partir de la globalización que incontables investigadores han dedicado tiempo y esfuerzo a la comprensión del problema con el objetivo, no revelado, de tener elementos para diseñar una política migratoria adecuada y conveniente para las partes involucradas. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los flujos migratorios se han incrementado entre los tres socios comerciales, aunque el problema por el volumen del flujo de personas entre México y Estados Unidos es, por mucho, el más visible. Aquí, analizaremos algunas de las causas y consecuencias económicas y sociales de la migración. En especial, el problema se enfoca desde el punto de vista de la importancia estratégica para ambas naciones, de donde se infiere la necesidad de alcanzar un acuerdo migratorio amplio.

¿POR QUÉ EMIGRAR?

Muchas son las razones que pueden motivar a una persona a emigrar a otro país, tanto económicas como políticas o culturales. Entre las causas económicas, la razón más poderosa es la tasa de crecimiento diferencial del producto existente entre ambas economías, que implica un número mayor de nuevos empleos generados cada año. Si este crecimiento se da con estabilidad, el efecto es un rápido aumento del ingreso y, con ello, ascensos continuos en la escala de bienestar, acompañados de enorme movilidad social. Por ejemplo, un, o una, jefe de familia que, aunque hayan ocupado un cargo bajo en el escalafón de una empresa, gracias a su ingreso y estabilidad invierten en una mejor formación de sus hijos, quienes, a su vez, tendrán la posibilidad de acceder a mejores puestos. En consecuencia, por el efecto de la movilidad social mejora la situación de la población.

Las diferencias en tasas de crecimiento entre dos economías van acompañadas, por lo común, de diferencias en la productividad. La economía más rezagada dará como resultado mano de obra menos productiva. En general, una economía inicia su fase de crecimiento a partir de sus recursos naturales -- la tierra de cultivo o las minas, entre otros -- ; luego se presenta la etapa de crecimiento industrial sostenido y, al final, se alcanza la etapa de crecimiento de los servicios -- obviamente servicios de alta tecnología, entre los que se incluye, de manera privilegiada, la investigación científica y tecnológica -- . Este ciclo de crecimiento hace que en este tipo de economías muy pronto se presenten problemas de escasez de mano de obra en ciertos segmentos de la industria, el campo y los servicios, en especial en tareas de menor productividad. Por lo tanto, esto constituye otro gran atractivo para emigrar.

El crecimiento de la población y el desarrollo hacen que el recurso más escaso sea el tiempo libre, ya que una buena parte del mismo se asigna a actividades de mercado, que generan ingreso, elevando el costo de oportunidad de otras actividades, como tener una familia. Esto explica el porqué de la baja tasa de natalidad en las economías desarrolladas: las familias, en especial las mujeres, enfrentan un costo muy elevado, en términos de salarios y oportunidades perdidas, cuando deciden ser madres. De ahí la decisión de tener cuando mucho un hijo y dedicarle calidad, no cantidad. Estas decisiones tomadas en el ámbito nacional tienen el efecto de reducir notablemente las tasas de crecimiento de la población, lo que hace que eventualmente estas sociedades más desarrolladas enfrenten el problema del envejecimiento de la población, lo cual genera un nuevo atractivo para las personas que viven en otros lugares, como ocurre en Europa o América del Norte.

Otra área de oportunidad para la emigración se ha generado a partir de la firma del TLCAN. En estricto sentido teórico, la apertura comercial induce un mayor intercambio de factores productivos, entre ellos de mano de obra. Si a este atractivo agregamos las tasas de crecimiento diferencial, la mayor creación de empleos, el rápido aumento en las percepciones reales y el envejecimiento de la población, podremos observar que el flujo de gente que emigra es algo natural. Todos son incentivos poderosos que vuelven rentable la acción de emigrar para quien decide hacerlo. Con una frontera tan amplia como nuestra frontera norte, impedir que se reduzca el flujo de personas es prácticamente imposible, a menos que se llegue al extremo, como se ha sugerido, de construir un muro entre los dos países y mantenerlo permanentemente vigilado, lo cual genera costos muy elevados.

Tradicionalmente, la frontera norte ha estado abierta únicamente para determinado número de trabajadores, aunque en la práctica los flujos de personas son significativamente mayores y, como muchas cosas que suceden en México, no existe una cifra confiable sobre la magnitud del problema, lo cual hace que cada quien hable con los datos que escucha.

Los beneficios del fenómeno de la emigración son para ambas partes, así como para las personas que emigran y sus familias. La parte expulsora -- como lo señalan algunos modelos de crecimiento, en especial los que planteaban la existencia de un sector tradicional y uno industrializado en la economía -- se beneficia al elevar la productividad de las personas que permanecen, en especial en aquellas actividades y sectores donde trabajaban antes de partir. Como resulta razonable su¬poner, quienes cuentan con la mayor productividad tendrán mayores salarios, y serán quienes decidan permanecer. Esto es, primero parten las personas con menor productividad y, al sumarse a actividades en la otra economía con mayor productividad y salarios, automáticamente se benefician, generando un aumento en ambas economías. La economía que recibe a los inmigrantes se beneficia con el flujo de personas, ya que aumenta el valor agregado generado localmente así como las ventas de bienes y servicios en las localidades, y que implica aumentos en la recaudación local. Cuando finalmente inicia el flujo de remesas, las familias de los emigrantes y las localidades donde éstas residen se benefician. El intercambio de personas entre dos economías, entonces, tiene efectos benéficos en ambos lados y contribuye a elevar el bienestar de ambas poblaciones.

ALGUNAS CIFRAS REVELADORAS

Durante las últimas cuatro décadas el tamaño de la economía estadounidense ha atraído a una gran cantidad de inmigrantes. En 1970 el PIB estadounidense ascendía a 1.025 billones de dólares, poco más de 13 veces mayor que el de México, que entonces era de 76000 millones de dólares. En la década de 1990 la economía de Estados Unidos era 11 veces mayor que la de México, proporción que se ha mantenido hasta la fecha -- en 2004 la economía estadounidense alcanzó los 11.679 billones de dólares, mientras el PIB de México llegó a 1.046 billones de dólares. En este sentido, es notable el diferencial respecto al tamaño de la economía entre los dos países, mostrado claramente por el PIB per cápita. En términos comparativos, a principios de la década de 1970 el PIB per cápita en Estados Unidos ascendía a 4993 dólares anuales, el triple que el de México que entonces era de tan sólo 1566 dólares; dos décadas después (1990) Estados Unidos alcanzaba los 22887 dólares anuales, casi cuatro veces más que nuestro país, que llegó a 6136 dólares. Esta tendencia no se ha revertido en términos de bienestar social, ya que el PIB per cápita de Estados Unidos continúa manteniendo hasta la fecha una proporción de cuatro a uno. Para 2003, el ingreso per cápita del vecino del norte era de 37582 dólares, mientras el de México era de 9382 (OCDE, 2006).

El crecimiento y el desarrollo económico de Estados Unidos han contribuido a mantener altos niveles de vida en su población. Sin embargo, como en todas las economías industrializadas, la tasa de natalidad ha disminuido, en parte debido a la mayor participación de la sociedad en actividades productivas. A principios de la década de 1980 la población mayor de 60 años representaba tan sólo 16% del total, tendencia que ha ido en aumento, sobre todo al considerar la menor tasa de natalidad y la consecuente disminución en la tasa de crecimiento poblacional. Según datos y estimaciones del Censo de Estados Unidos, para 2025 la proporción de adultos mayores respecto del total de la población estadounidense será de alrededor de 24% y se mantendrá durante 25 años más hasta alcanzar cerca de 26% en 2050, por lo que más de un cuarto de la población demandará pensiones y servicios médicos en los próximos 50 años. En este sentido, la inmigración resulta benéfica en términos del crecimiento sostenible de la economía y el pago de impuestos y contribuciones para solventar las pensiones y servicios médicos.

Estados Unidos siempre ha sido el país con mayor inmigración en el mundo. País de inmigrantes cuyo atractivo económico y pluralidad social han atraído a miles de familias de todas las nacionalidades. La población de origen hispano no ha sido la excepción; recordemos que el primer programa bracero de trabajadores temporales en Estados Unidos dio inicio en 1917 a causa del estallido de la Primera Guerra Mundial, y desde entonces esa población en el país del norte ha ido en aumento. Para 1980 la proporción ya era de 6%. Actualmente representa 13% del total, conformando el grupo minoritario más importante del país, incluso por encima de los afroestadounidenses. Las estimaciones más recientes, realizadas por el Pew Hispanic Center en 2004, señalan que 48% de los hispanos contribuye a la fuerza de trabajo del país, y que más de la mitad (63%) de ese grupo de población hispana en Estados Unidos es de origen mexicano.

La incorporación de los inmigrantes hispanos a la economía estadounidense ha dado lugar a una mejora en términos de oportunidades dentro de la estructura productiva, lo que arroja una ganancia sustancial en capital humano -- respecto al nivel educativo de los inmigrantes que originalmente llegaron al país -- , cuyos resultados se aprecian con mayor claridad en las generaciones siguientes, pues hoy sus descendientes cuentan con mayor acceso a la educación, mayor preparación y mejores oportunidades para integrarse en la economía. De acuerdo con datos de 1980, de la Oficina del Censo de Estados Unidos, 47% de la población hispana contaba con acceso a la educación, desde la educación básica hasta la profesional. Entre los hispanos con acceso a servicios educativos, 18.8% se encontraba en educación primaria, 6.6% en secundaria, 13%, en preparatoria y sólo 9% podía acceder a estudios superiores o tenía título profesional. Para 2003, más de la mitad de la población hispana (55.3%) contaba con acceso a la educación: 13% primaria; 9.5% secundaria; 14.6% preparatoria y aumentos notables a nivel profesional, y 18.2% se encontraba realizando estudios superiores o tenía un título, cifra que prácticamente duplica a la de hace 20 años.

INMIGRACIÓN Y SEGURIDAD FRONTERIZA

El tema migratorio ha estado en el primer lugar de la lista de prioridades del gobierno foxista; mientras que la prioridad número uno del gobierno de Bush, después del 11-S, ha sido la seguridad nacional, lo que ha dado como resultado, desde el punto de vista estadounidense más conservador, que los inmigrantes indocumentados sean vistos como una amenaza. Sin embargo, el tema ha retomado impulso, al incorporar a la negociación dos elementos que habían estado ausentes hasta hace relativamente poco tiempo: el cabildeo político y la constante amenaza terrorista.

Hoy más que nunca los estrategas y negociadores mexicanos deben valorar los elementos que podrían favorecer la postura negociadora de México con Estados Unidos en este tema. Se ha avanzado mucho, porque buena parte del camino correspondía a los estadounidenses en su proceso de reforma migratoria interna, proceso en el que México se ha mostrado propositivo, dispuesto a colaborar y cauteloso en cuanto a no politizar la causa de los inmigrantes en términos "nacionalistas", sino más bien en términos económicos, maniobra realizada por un grupo de nuevos actores en la negociación política, que en tiempos del TLCAN tan sólo se limitaba a los recién creados mecanismos institucionales. Sin embargo, hoy contamos también con la movilización pacífica de cientos de organizaciones civiles pro inmigrantes que, además de residir en Estados Unidos, son grupos que han explotado el peso específico que tienen en la economía y en la política al tomar conciencia de que conforman la minoría más grande del país. Millones de hispanos se imponen a millones de afroestadounidenses. Estas organizaciones se han involucrado en el proceso político, acudiendo a las oficinas de sus representantes en el Congreso, con marchas multitudinarias fuera del Capitolio y mayor conocimiento de sus leyes y derechos.

México debe aprovechar la oportunidad que tiene ante sí, ya que la sensibilidad de Estados Unidos sobre su seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo marca las pautas con las que México puede actuar para favorecer sus intereses, que van desde una mayor cooperación en la administración de la frontera hasta la aprobación de la reforma migratoria. Para ello, mucho contribuirá reforzar la seguridad fronteriza, en ambos lados, así como los mecanismos para mejorar los servicios de logística en las aduanas, para combatir el tráfico indocumentado y el contrabando de todo tipo y, finalmente, para combatir a los "coyotes" y "polleros", que representan una verdadera lacra para ambos países.

A nuestro favor, contamos con: las movilizaciones de inmigrantes en Estados Unidos, el respaldo y la iniciativa presidencial del presidente Bush en cuanto a lograr una reforma migratoria abarcadora y la evidente prioridad que representa la seguridad nacional. Además, contamos con la complementariedad económica, el crecimiento poblacional en México, el baby boom en Estados Unidos y el envejecimiento de su población, la contribución económica de los inmigrantes y el hecho de que la problemática migratoria se haya convertido en un tema de debate nacional. Desde cualquier punto de vista, lo que está sucediendo es crítico tanto para Estados Unidos como para México.

Por lo anterior, las acciones concretas que hay que emprender son claras, algunas se han puesto en práctica sin éxito, otras se han quedado en el papel.

LA COOPERACIÓN

En México, el flagelo de la corrupción no permite que las agencias especializadas, las fuerzas policiales, las autoridades competentes y el ejército sean fuentes confiables para detener el tráfico de personas a través de la frontera, el narcotráfico y mucho menos la violencia en los focos rojos del país (por ejemplo, el caso de las muertas de Ciudad Juárez, Chih.). Los operativos de la policía mexicana son ineficientes y existen fuertes fundamentos del otro lado de la frontera sobre su complicidad y corrupción, incluso de estar involucrados en cárteles y organizaciones criminales. De ahí que la sospecha de la infiltración de redes terroristas sea mayor y constituya una amenaza a la seguridad y la integridad de ambos países. Las autoridades mexicanas tendrían que asegurar su cooperación con operativos, vigilancia y resultados eficientes, desde garantizar la destrucción total de los decomisos de narcóticos hasta resolver los casos de violencia en la frontera y el tráfico de personas. Esto implica serias medidas para cambiar la imagen de desconfianza, inseguridad, violencia y caos que prevalece en la opinión de los estadounidenses sobre las autoridades mexicanas, en especial en cuanto a la administración fronteriza. Es necesario neutralizar el unilateralismo estadounidense, que despliega a la Guardia Nacional, aumenta los recursos a la patrulla fronteriza o construye muros que a la larga representan un gasto de cuantiosos recursos que al final no logrará su objetivo. Debe prevalecer, más bien, la responsabilidad compartida a partir de la confianza y eficiencia de las fuerzas del orden y del respeto a la ley en nuestro propio territorio.

Para apoyar la propuesta de trabajadores temporales y visas especiales, con opción de obtener la ciudadanía, México tiene que estar dispuesto a diseñar mecanismos confiables que permitan que la migración se lleve a cabo de manera ordenada y legal. Si México no coopera, Estados Unidos difícilmente logrará lo que considera de vital importancia, pues reforzar la frontera no detendrá el cruce de indocumentados; por el contrario, incrementará las muertes y la desesperación de los inmigrantes. Un paso al frente ha sido la adopción de la matrícula consular, documento que permite a los inmigrantes con y sin documentos identificarse de manera oficial en el territorio estadounidense (se trata de un documento expedido por el gobierno de México a través de sus embajadas, y que acredita la identidad de los mexicanos con el fin de que realicen trámites, como la apertura de cuentas bancarias, sin que se sospeche que se trata de terroristas). Mecanismos como éste facilitarían las gestiones ante las autoridades estadounidenses y darían mayor confiabilidad, al acreditar la estancia para fines lícitos en el país vecino. La regularización migratoria de los mexicanos en Estados Unidos también significaría una importante contribución, ya que se podría contar con un padrón que incluyera la información necesaria, como nombres y domicilios, de los inmigrantes residentes en ese país. Estos registros favorecerían la seguridad nacional, siempre y cuando el gobierno estadounidense aprobara una reforma que no discrimine ni persiga a los mexicanos o intente deportarlos, además de permitirles continuar trabajando de manera legal en su país y reunirse con sus familiares, como se ha venido haciendo en los últimos años. Es necesario diseñar un mecanismo para que se deje de considerar delincuentes a los inmigrantes. Si bien no es concebible violentar la ley, sí se pueden tomar medidas que no signifiquen un perdón automático ni sean imposibles de cumplir, como la idea de la bancada republicana en el senado estadounidense de deportar y luego permitir un reingreso ordenado.

El presidente Fox está obligado a cumplir su gran promesa de campaña: el famoso acuerdo migratorio. Su responsabilidad terminará el próximo 1 de diciembre. Por lo pronto, debe aprovechar la relación que ha cultivado durante los últimos seis años con el gobierno estadounidense para que la reforma se apruebe dentro de su mandato, y que no quede en la congeladora parlamentaria estadounidense. Fox, incluso, habló de un TLCAN-plus, que incorporaría un capítulo migratorio que regulara los flujos de personas, la oferta y demanda de trabajo transfronterizo y otra serie de cuestiones que interesan a nuestro gobierno, como garantizar los derechos laborales de los trabajadores, que se respeten sus derechos humanos y se establezcan las cuotas de trabajadores elegibles en el marco de un programa de trabajadores temporales. Todos esos temas quedan por negociar por parte de las autoridades mexicanas y deben vincularse al TLCAN, mecanismo que tiene tantos asuntos pendientes.

Es fundamental la cooperación a través de canales institucionales. Estados Unidos espera que México tome la iniciativa y ofrezca ir un paso más adelante en los temas de la seguridad fronteriza, la migración y el narcotráfico; espera que fluyan las propuestas para nuestra colaboración en su lucha contra el terrorismo. No faltó quien llamara títere a Fox por cooperar en un tema que nos afecta a ambos países, pero los discursos nacionalistas y antiimperialistas de numerosos renegados no ofrecen ninguna solución a nuestros problemas comunes. En México sabemos que sin cooperación entre ambos países nunca se solucionarán muchos de los problemas pendientes y urgentes, y que los beneficios que representa el intercambio de mercancías son múltiples. No hemos considerado que lo peor que podría pasar a México es que hubiera un nuevo ataque terrorista en territorio estadounidense y que se descubriera que los terroristas hubieran ingresado por nuestra frontera por descuido de las autoridades. Tampoco hemos analizado que ese hipotético nuevo ataque a Estados Unidos podría significar poner en riesgo la vida de los mexicanos que radican allá, además del impacto negativo y de magnitudes catastróficas en nuestra economía. Si no insertamos en la agenda bilateral los temas que también afectan e interesan a nuestros socios comerciales, estaremos -- como dicen los estadounidenses -- simplemente disparándonos en el pie. Además, todo lo que se ha avanzado hasta ahora en la solución de temas prioritarios, como el migratorio, se perdería.

Estados Unidos espera que nuestra economía genere los incentivos suficientes para hacer que la emigración deje de ser atractiva para el resto de la población. Esto significa romper un rezago histórico de atraso y marginación, en especial por parte de los principales estados expulsores. Se trata de un problema que no resolveremos de la noche a la mañana, pero en definitiva necesitamos generar oportunidades para el grueso de la población a fin de incrementar nuestra competitividad y productividad. La prosperidad de México es el único factor que podría desincentivar a los emigrantes a exponer sus vidas con tal de lograr, del otro lado, una expectativa mejor para sus familias. Esto significa, además, conciliar las diferencias entre norte y sur. Estados Unidos tiene un gran interés por que México se convierta en un país próspero. En primer lugar por la vecindad; segundo, porque somos uno de sus principales socios comerciales; tercero, por el grado de interdependencia que existe entre las dos economías, y cuarto porque ambiciona la consolidación del Área de Libre Comercio de las Américas que englobe a todo el continente. El hemisferio ha sido su zona de influencia histórica, y por eso México tiene una importancia estratégica; de ahí derivan muchos otros esfuerzos de estabilización en la región, como el Plan Puebla-Panamá, la firma de tratados comerciales bilaterales con algunos países de América del Sur, etc. Por lo tanto, deberíamos sacar el mejor provecho de la relación en vez de dispararnos un día en un pie y al día siguiente en el otro.

Monopolio y democracia

Felipe Vicencio Álvarez

"Es el dinero el que hace el poder en democracia. Lo escoge, lo crea, lo engendra. Es el árbitro del poder democrático porque en su ausencia dicho poder se precipita a la nada o al caos. Nada de dinero, nada de periódicos. Nada de dinero, nada de electores. Nada de dinero, nada de opinión manifestada. El dinero es el progenitor y el padre de todo poder democrático, de todo poder electo, de todo poder que dependa de la opinión". Como Charles Maurras parecen pensar muchos políticos de nuestro tiempo; pero a diferencia de aquél --que escribió lo anterior en 1937-- éstos se asumen como demócratas de nuestros tiempos.

La cínica constatación de que el dinero es el factor determinante del poder, por encima de cualquier procedimiento formal que pretenda legitimarlo dándole soporte institucional, golpea el eje que articula las reglas de nuestra convivencia democrática, pese a lo cual se repite frecuentemente como certificado de lucidez política. No obstante, sólo desde un desapego por la democracia y sus formas se puede asumir --como explicablemente lo hizo Maurras desde sus convicciones monárquicas-- que así deban ser las cosas.

Precisamente para evitar esa distorsión el propio sistema democrático ha desarrollado diversas modalidades de contrapesos que tienden fundamentalmente a la distribución del poder, como garantía elemental de participación en la toma de decisiones y como contención a propósitos autocráticos. Y por eso también en la arena económica procura garantizar la libre concurrencia y evitar las concentraciones monopólicas, pues éstas resultan contrarias al interés general que el propio sistema por principio busca preservar.

Cuando se evalúa el impacto de las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones recientemente aprobadas, tendría que tomarse en cuenta precisamente la forma en que tales disposiciones contribuyen a favorecer los equilibrios necesarios en un régimen democrático o, por el contrario, si tales reformas los alteran en provecho sólo de algunos.

En la demanda que 47 senadores presentaron ante la Suprema Corte para pedir la anulación de las reformas aprobadas en el Congreso, cuya resolución todavía está pendiente, se sostiene con diversas pruebas y argumentos que tales reformas representan para los concesionarios radiodifusores una ventaja competitiva de entrada al mercado de telecomunicaciones, en perjuicio de los particulares y de concesionarios de telecomunicaciones que pudieran incursionar en la radiodifusión; además de entorpecer la concurrencia y la libre competencia y de fomentar la concentración de los servicios.

En su oportunidad la propia Comisión Federal de Competencia hizo saber su opinión sobre las reformas señalando claramente que las mismas están formuladas de manera tal que no evitan fenómenos de concentración. Si a lo anterior se añade que se pretende abatir la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones disponiendo que sea la subasta pública ascendente el criterio definitivo para ello, tenemos entonces que se completa el embudo que vierte todos los beneficios de los ajustes legales en unas cuantas empresas en detrimento del resto de los competidores y, lo que es más grave, de los intereses del Estado y de la sociedad en su conjunto.

Sin límite legal a su ímpetu expansionista y sin contención eficaz a su tenaz y multifacético afán comercializador, las principales corporaciones mediáticas resultan altamente lucrativas y se afianzan con una alta concentración en menoscabo de las exigencias comunicacionales de una sociedad auténticamente democrática. Cuando hemos dejado atrás el sistema de partido hegemónico, dice con razón Muñoz Ledo que lo estamos sustituyendo por un "sistema de dinero hegemónico", capaz de moldear la opinión de quien participa en el juego democrático, como advirtió oportunamente Maurras.

El balance de esta condición es dramáticamente deficitario en términos de democracia. A una explosión de medios electrónicos con ese perfil -cada vez menos y más poderosos- se apareja una implosión de la vida pública. Como dice Fischisella, nuestra polis está transformándose en apolis, vamos hacia una democracia sin ciudadanos, o mejor, una declinación de la democracia inversamente proporcional al ascenso de los monopolios y su concentración económica y de intereses.

De ahí la relevancia de la resolución de la Suprema Corte, y la posibilidad que puede abrir para resarcir el daño que empieza a provocar ese paquete de cambios a la ley hecho a la medida de sus autores y con muy poca consideración por el vigor democrático del país.

Candidaturas independientes en el mundo

José Antonio Crespo

Con una decisión dividida, la Suprema Corte dejó abierta la posibilidad de que se presenten candidatos independientes para ocupar cargos de elección popular, por lo pronto en Yucatán, que ya legisló al respecto, pero ello podría ampliarse a todo el país, previa reforma electoral. La conclusión es que la Constitución no impide que se presenten tales candidaturas. Es un tema largamente discutido desde hace años. Y muchos interpretaban que la Constitución impedía esa posibilidad. Ahora la Corte ha dicho que no. ¿Qué sucede en el resto de las democracias? ¿De verdad estamos totalmente rezagados en esa materia, como sí lo estamos en lo que hace a la reelección consecutiva de los legisladores? No. Hay muchos países que no contemplan las candidaturas independientes y cuyo carácter democrático nadie osaría poner en duda, como lo son Uruguay, Brasil o Costa Rica y, más sorprendente aún, Noruega, Islandia, Suecia y Austria. Las candidaturas independientes no están entonces inevitablemente asociadas a la idea de la democracia. Pero puede decirse que en la mayoría de las democracias sí está contemplada la posibilidad de que ciudadanos apartidistas se postulen como candidatos a legislador, y en muchos casos a presidente. Es el caso de países como Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania, Italia, Portugal, España, Suiza, Bélgica, Gran Bretaña, Irlanda, India, Holanda, Dinamarca, Canadá o Finlandia. Y también sucede en múltiples democracias incipientes, como Albania, Armenia, Bolivia, Chile, República Checa, Georgia, Hungría, Corea, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Venezuela, Turquía, Ucrania, Filipinas y Polonia, entre otras más.

Viene después el grado de facilidad o dificultad para presentar tales candidaturas, en lo que prevalece una gran variedad de modalidades. Es algo que tiene que quedar bien regulado para evitar que postularse sea excesivamente difícil (y que la disposición quede en letra muerta) o demasiado fácil (y entonces lleguen filas de candidatos espontáneos buscando obtener alguna ganancia, así sepan que no ganarán el cargo en disputa). En Yucatán se solicita, por ejemplo, el respaldo de al menos 2% del electorado inscrito en la demarcación que se busca representar. Si, por ejemplo, alguien desea postularse como diputado federal del distrito tres, en Mérida, tendría que recabar el apoyo de aproximadamente cinco mil ciudadanos. En Sonora, el umbral es mucho más elevad diez por ciento. De modo que quien quiera representar al distrito cinco, en Hermosillo, tendría que obtener la firma de 22 mil ciudadanos. Y si buscara contender para gobernador de esa entidad tendría que ser respaldado por 170 mil electores.

En varios países se piden requisitos similares. En Polonia se exige el reapaldo de cinco mil ciudadanos para contender por una diputación. En Portugal, la cifra oscila de siete mil 500 a 15 mil firmas, dependiendo del tamaño de la demarcación. En Australia se exigen seis mil apoyos. En España, Rusia y Ecuador se requiere, para ser diputado, el visto bueno de 1% de los electores de la circunscripción por la que se quiere contender. En Rumania, si se busca ser legislador, se pide el respaldo de 5% de los electores, pero si se desea competir por la presidencia, entonces se requieren 300 mil firmas. En Rusia y Ucrania se necesita un millón de respaldos debidamente documentados, lo que no parece muy fácil.

En muchos otros países, sin embargo, el número requerido de firmas es bastante bajo. Mil en Italia, para ser diputado; 750 en Hungría; en Dinamarca, sólo 200 respaldos, y 300 en Albania. En Finlandia se exige sólo 100 (y 20 mil si se quiere competir por la presidencia). En otros países, más que firmas, se requiere la recomendación de un cierto número de legisladores, lo que tampoco podría ser muy complicado. En la República Checa basta con ser postulado por diez diputados o senadores. En Bélgica, se piden cinco mil firmas de electores y el aval de dos legisladores. Y en algunos países se exige depositar una determinada suma de dinero, a veces reembolsable y otras no. Este requisito suele combinarse, aunque no siempre, con la presentación de firmas de electores. En Turquía deben depositarse 30 mil dólares, que no serán devueltos bajo ninguna circunstancia. En Holanda deben aportarse 11 mil euros, que pueden ser reembolsables, de obtenerse cierta votación, aunque no se obtenga la curul. En Australia deben dejarse en prenda sólo 185 dólares, mismos que serán devueltos si se alcanza al menos 4% de la votación en el distrito en el que se contiende. Y en Canadá, aunque sólo se piden 100 firmas para ser registrado, hay que agregar 650 dólares. En Inglaterra la suma es 500 libras esterlinas. Hay pues una gran variedad de requisitos para que candidatos sin partido puedan contender por un cargo de elección popular.

Volviendo a México, mi posición es a favor de las candidaturas independientes como vía para romper el rígido monopolio partidista, pero veo con inquietud dicha posibilidad en el caso de gobernadores y, sobre todo, del Presidente, pues se abriría la posibilidad de que arribaran a esos cargos ciudadanos sin ningún respaldo en el Congreso. Y se supone que estamos explorando fórmulas para dar a los jefes de gobierno justamente un respaldo mayoritario en el Legislativo, que haga gobernable nuestra hasta ahora ineficaz democracia. Algunos legisladores, molestos con la resolución de la Corte, han dicho ya que modificarán la Constitución para impedir que algún ciudadano sin partido les arrebate sus preciados cargos, con todo y jugosos salarios, bonos, aguinaldos y prerrogativas. No me sorprende. Saben que están en la escala más baja de confianza y credibilidad. Incluso por debajo de la impopular policía.

Reforma ideal

SERGIO SARMIENTO

Lo ideal sería hacer una reforma fiscal a fondo que estableciera una tasa única en el Impuesto Sobre la Renta de alrededor de un 15 por ciento, pero que eliminara todas las exenciones y deducciones que hoy llenan de agujeros nuestro sistema fiscal. La tasa reducida nos permitiría ser competitivos con países como China, que tiene un gravamen corporativo de 15 por ciento, o con Irlanda y Rusia, que lo tienen de 13 por ciento. Quedaríamos lejos de Hong Kong, que tiene una tasa cero en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero habríamos avanzado mucho en el propósito de dejar de castigar la competitividad como hoy lo hacemos. La experiencia en países como Irlanda y Rusia es que la recaudación aumenta en vez de disminuir cuando las tasas del impuesto al ingreso bajan y se simplifican.

Ideal sería también reducir el Impuesto al Valor Agregado a 10 por ciento, pero aplicándolo a todos los productos y servicios, incluidos alimentos y medicinas. Esto nos daría un solo IVA en todo México. No tendríamos la injusta situación actual en la que hemos creado mexicanos de primera y de segunda. De primera son quienes viven en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Los Cabos o en Cancún, quienes pagan un 10 por ciento de IVA. De segunda, somos el resto, quienes vivimos en la ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en la sierra tarahumara o en Oaxaca, ya que debemos pagar el 15 por ciento por los mismos productos.

La aplicación del 10 por ciento de IVA a alimentos y medicinas simplificaría radicalmente el sistema fiscal y eliminaría muchos de los abusos que hoy se cometen por las exenciones y tasas cero de este impuesto. Es un absurdo, por otra parte, que en un país con tantas carencias como el nuestro se mantenga una exención al impuesto al consumo que en buena medida favorece a las clases pudientes.

Si somos realistas, sin embargo, tendremos que aceptar que las posibilidades de que se haga la reforma fiscal ideal son muy limitadas. La reducción y la simplificación del ISR serán cuestionadas por quienes piensan que el sistema fiscal debe ser “progresivo”, sin darse cuenta de que la complejidad de los sistemas con muchas tasas, deducciones y exenciones no sólo termina beneficiando a los más poderosos, a los que tienen los mejores abogados y cabilderos que les permiten salir beneficiados de las excepciones que ordenan los legisladores, sino que se revierte perversamente en contra de quienes menos tienen al desmotivar la inversión y reducir la creación de empleos.

El realismo político sugiere también que no se logrará la simplificación del IVA. Es cierto que la baja del 15 al 10 por ciento en la tasa general será aplaudida, como se aplaude cualquier reducción de impuestos sea buena o mala; pero el intento de cobrar un gravamen al consumo de alimentos y medicinas se ha convertido ya en un tabú en la política mexicana. Poco importa si esta medida ayuda a simplificar y volver más justo el sistema. Las fuerzas conservadoras de nuestro país han encontrado en este tema una causa populista que no abandonarán con facilidad.

Es importante que no olvidemos la reforma ideal, la que sería mejor para nuestro país, aun cuando sea sólo para que sigamos esforzándonos por avanzar gradualmente hacia ese ideal. En el próximo sexenio, sin embargo, habrá que ser mucho más modestos, o políticamente realistas, en cuanto a los límites de la reforma fiscal.

Si bien resultará imposible lograr una disminución de la tasa del ISR a niveles de alrededor del 15 por ciento, quizá podamos conseguir que continúe la tendencia a la baja que comenzó hace ya algunos años. Y si bien la simplificación radical es imposible, ya que implicaría eliminar los privilegios que poderosos grupos empresariales y sindicales gozan a costa del resto de los contribuyentes, sí podremos ir avanzando en la eliminación de algunos de los tratos preferenciales más injustos, como la exención a las “prestaciones” de los trabajadores sindicalizados o la que beneficia las ganancias de las operaciones bursátiles.

En el IVA será todavía más difícil avanzar. Pero quizá si se aplica un impuesto pequeño, de 2 ó 3 por ciento, en alimentos y medicinas se pueda empezar a avanzar en la homologación ideal. El problema es que mientras no se cobre IVA a alimentos y medicinas será imposible reducir la tasa general del 15 al 10 por ciento, lo cual sería la parte más importante de esta reforma.

México ha entrado al Siglo XXI con un sistema fiscal injusto e ineficaz. Es responsabilidad de los políticos modificarlo para permitir el surgimiento de un país más competitivo con capacidad para combatir la pobreza. No es ningún misterio lo que se debe hacer para ello en el tema fiscal. El gran problema es cómo vencer a los grandes intereses de sindicatos y empresarios que se oponen a la simplificación y racionalización de los impuestos. Lo importante es que sigamos avanzando, aun cuando la reforma ideal siga siendo eso, un ideal.

Política entre muros y barreras

SERGIO MUÑOZ BATA

Dice el canon que en una sociedad democrática, la política exterior debe ser extensión y reflejo de la política interna. A menudo, sin embargo, el llamado ''interés nacional'' se enreda en contradicciones que enturbian el panorama doméstico y entorpecen el entendimiento en las relaciones internacionales.

Tal es el caso de la reciente aprobación en el Congreso estadounidense de una ley que debe conducir a la construcción de un muro que cubriría la tercera parte de la frontera que comparte con México. Lamentablemente, pocos en ese cuerpo legislativo se han percatado de que el muro es una afrenta para los mexicanos, contradice la profundidad de la integración económica entre ambos países y enfatiza su brutal separación política.

Hacia el interior del país, la ley es también desafortunada porque en vez de resolver el problema central del actual sistema migratorio lo agrava. Da un falso sentido de seguridad porque no blinda al país contra un ataque terrorista y desalienta la imprescindible cooperación con el vecino del sur.

La amenaza terrorista y la presencia ilegal de millones de personas en el país demandan que las autoridades intenten retomar el control de las fronteras. Pero el complejo fenómeno de la migración exige considerar su dimensión laboral. La competitividad en ciertos sectores de la economía necesita de la mano de obra barata que el inmigrante ofrece y obliga a incluir en la reforma del sistema migratorio un programa de trabajadores huéspedes; programas de inversión intensiva en las regiones expulsoras de mano de obra, y un plan racional para integrar a los 12 millones de indocumentados que por razones de logística no pueden ser deportados a sus países de origen.

Desafortunadamente, los congresistas norteamericanos, temerosos de verse retratados por sus oponentes en la elección de noviembre como débiles en seguridad nacional, optaron por la propuesta que ofende a los vecinos y deja pendientes los problemas de un sistema migratorio desvencijado e inoperante.

Lo más deleznable es que la nueva ley responde sólo a los intereses inmediatos de congresistas que cegados por la ambición electorera se niegan a considerar las consecuencias de una política exterior sustentada en muros y barreras. Esta nueva ley se aprueba justo cuando el proteccionismo norteamericano toma auge y amenaza con descarrilar el único proyecto de política exterior en el que la administración de George W. Bush ha logrado importantes avances: los tratados de libre comercio con países de la región.

Hace unos meses, los proteccionistas demócratas y republicanos casi impiden la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana. Hoy, esos mismos mantienen incierto el futuro de los tratados de libre comercio con Perú y Colombia. Dentro de tres meses se vence el acuerdo de preferencias arancelarias al comercio entre Estados Unidos y Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú (TPDEA por sus siglas en inglés) y todo indica que no habrá una nueva extensión temporal. La suspensión del acuerdo tendría repercusiones indeseables en los cuatro países andinos, pero en el caso de Bolivia sería catastrófico.

La administración de George W. Bush no puede quedarse cruzada de brazos mientras el Congreso se ensaña con países que han sido sus mejores aliados en un hemisferio cada día más hostil hacia Estados Unidos, y con otros cuya complicada situación política y económica demanda la generosidad del país más rico del mundo.

¡Hay esperanza para Latinoamérica!

ANDRÉS OPPENHEIMER

A pesar de los sombríos titulares sobre América Latina en la prensa internacional, hay algunos motivos para ser optimistas sobre el futuro de la región.

No hay duda de que los titulares de la semana pasada pueden dar la impresión de que - mientras la China, India avanzan exitosamente con su inserción en la economía global - Latinoamérica no va para ningún lado.

Los pesimistas citan los últimos titulares como ejemplos de que en Latinoamérica está avanzando una izquierda reaccionaria, liderada por gobernantes que, envalentonados por un incremento temporal de los precios de las materias primas que exportan, están ahuyentando las inversiones, generando más fuga de capitales, más cierres de fábricas y más pobreza.

El viernes, en lo que quizás pase a la historia como un golpe constitucional, el presidente boliviano Evo Morales, dio un paso más hacia una democracia autoritaria al estilo venezolano. El partido de Morales en la nueva Asamblea Constituyente aprobó por 156 votos a 77 darle a esa institución poderes “fundacionales”, lo que le permitirá redactar una nueva Constitución a su propia medida.

La oposición dice que la medida fue ilegal, porque según la ley boliviana Morales, necesitaría dos tercios de los 255 votos de la Asamblea para dictar una nueva Constitución, cosa que no obtuvo.

Mientras tanto, en Ecuador, una nueva encuesta mostró que el candidato populista de izquierda Rafael Correa, pasó al frente de las encuestas para las elecciones del 15 de octubre. Correa, un aliado de Chávez, promete convocar a una Asamblea Constituyente para “refundar” la nación, tal como lo hicieron Venezuela y Bolivia. En Nicaragua, el ex presidente izquierdista radical Daniel Ortega, está primero en las encuestas para las elecciones del 5 de noviembre.

Si Chávez logra ganar el asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que está buscando, y si sus aliados ganan en Ecuador y Nicaragua, el Presidente venezolano tendrá un escenario mundial desde donde difundir su discurso narcisista-leninista, y tendrá un bloque integrado por Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua desde donde expandir su influencia en América Latina.

Sin embargo, mientras leía todas estas noticias esperando un avión en el aeropuerto de México, me tropecé con una noticia más pequeña pero potencialmente más significativa: el 24 de octubre, México va a lanzar su primer bono a 30 años emitido en pesos mexicanos.

El Ministerio de Finanzas confía en que habrá suficiente confianza de los inversionistas para comprar esos bonos. Si el plan resulta, México podrá -como lo hacen los países ricos- ofrecer bonos de largo plazo para financiar sus carreteras, escuelas, y hospitales, algo que la mayoría de los países latinoamericanos todavía no pueden hacer, porque nadie los compraría.

Más importante aún, en la víspera de la elección presidencial de hoy en Brasil, no había en la prensa internacional titulares alertando sobre un posible cambio radical en el país más grande de Sudamérica. Por el contrario, los artículos resaltaban que el presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva - un ex-izquierdista de línea dura - se ha corrido tan hacia el centro que Brasil seguiría creciendo con estabilidad independientemente de quién ganara la elección.

En Perú, el presidente Alan García, quien en su anterior Presidencia había suspendido el pago de la deuda externa, ha regresado al poder como un izquierdista moderno que busca la inversión. En Chile, la presidenta socialista Michelle Bachelet, está continuando con la exitosa apertura económica de su país.

La buena noticia es que hay una nueva estabilidad democrática en una buena parte de Latinoamérica, en muchos países liderada por la izquierda. Los inversionistas no están huyendo de países como México, Brasil, Perú o Chile. Y lo que es aún más esperanzador, hay indicios de que esta nueva estabilidad democrática está dando resultados.

Según cifras oficiales, Chile ha reducido la pobreza del 39 por ciento de la población al 18 por ciento en los últimos 15 años. Perú ha reducido la pobreza del 54 por ciento al 48 por ciento en los últimos cinco años, y Brasil, según un nuevo estudio del Instituto Data-folha, ha sacado a más de 6 millones de personas de la pobreza extrema en los últimos cinco años. En México, la pobreza bajó en un 20.5 por ciento en los últimos seis años, sacando de la pobreza a 4.8 millones de personas, según estimados oficiales. “Claramente, los sectores más pobres han sido los que más han ganado”, me dijo el vocero presidencial de México, Rubén Aguilar. Está claro que queda muchísimo por hacer para reducir la obscena inequidad en la región y sus niveles de pobreza extrema. Sin embargo, sin discursos polarizantes ni reprimiendo a la oposición, ni coartando libertades esenciales, estos países están empezando a hacer más por elevar el nivel de vida de los pobres que Chávez, Morales, Fidel Castro y sus aliados. ¡Esas son buenas noticias!

¿Puede ser el muro bueno?

Leo Zuckermann

En lugar de estar pensando en cómo seguir integrando sus economías y sociedades en un bloque regional, Estados Unidos y México quedarán divididos por un muro de 1,126 kilómetros en su frontera. Esto ya lo ratificó el Senado estadunidense de acuerdo con una iniciativa previamente aprobada por la Cámara de Representantes. Es, por supuesto, una medida triste y deplorable, pero también puede ser un acicate para que los mexicanos finalmente hagamos la tarea que nos corresponde de mejorar nuestra economía.

Así lo aseveró el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, en una nota publicada por The Dallas Morning News. Sobre el controvertido muro fronterizo y las medidas para hacer más difícil el acceso de mexicanos ilegales a Estados Unidos, el banquero central dijo que "en el largo plazo seguramente serían buenas" ya que incentivarán "a México para crear los trabajos que son necesarios". No es una declaración políticamente correcta pero toca el fondo del tema.

Ortiz también dijo que nuestro país necesita una mayor flexibilidad y competitividad en los sectores energético y de telecomunicaciones para "facilitar el crecimiento y los negocios" de tal suerte que la economía pueda absorber el creciente número de trabajadores que dejan México en búsqueda de trabajo en Estados Unidos.

Es evidente que los políticos estadunidenses, por razones electorales, cada vez harán más difícil que los mexicanos crucen a su país a trabajar. De esta forma, el vecino del norte está cerrando la válvula de escape que ha permitido que no explote la olla de presión que es México. Muchos argumentan que en este país ya hubiera explotado una revolución si no existiera la posibilidad de que millones de desempleados emigraran a Estados Unidos. Sin embargo, otra posibilidad es que los políticos mexicanos ya se hubieran puesto de acuerdo para bajarle a la presión social haciendo una serie de reformas estructurales con el fin de elevar la competitividad de la economía nacional.

Hasta hoy, gracias a que Estados Unidos ha recibido a millones de nuestros compatriotas, nuestra clase política ha retrasado la posibilidad de mejorar la economía del país, limitando la competencia y protegiendo monopolios. Y ahora que los políticos estadunidenses comienzan a endurecer su política migratoria, pues no habrá muchos pretextos que digamos para seguir dilatando el desarrollo económico, a menos que se quiera tener una revolución de desempleados en México.

Creo que ha llegado el momento en que los mexicanos partamos de la premisa de que la válvula de escape estadunidense se irá cerrando paulatinamente y que, entonces, lo que tenemos que hacer es resolver nuestros problemas. Cada vez será más difícil exportar nuestra mano de obra excedente a Estados Unidos. Con todo y lo que me chocan los comentaristas de la ultraderecha de ese país, en un punto sí tienen razón: en que los estadunidenses no están para arreglarnos nuestros problemas. Que somos los mexicanos quienes tenemos la responsabilidad de generar los empleos en nuestro país. Ojalá que el execrable muro que nos van a poner enfrente sirva para ello. Que podamos demostrar que no necesitamos a los estadunidenses para resolver nuestros problemas. Esa sería la mejor prueba de que de verdad somos una nación soberana.

Intercambio epistolar

Javier Corral Jurado

¿Cuál es la causa forzosa e inevitable que obligue a Telmex y al gobierno federal a modificar las condiciones 1-9 y 2-2 del título de concesión de la primera?, le pregunta el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, al de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, en el tercer oficio del intercambio epistolar que mantienen ambos funcionarios del gobierno federal en torno de esa probable modificación.

Gil Díaz se contesta: "Sería difícil considerar que el anteproyecto de Acuerdo de Convergencia se ajuste a dicho supuesto, ya que desde la modificación del título de concesión de Telmex en 1990 se conocía la posibilidad tecnológica para utilizar la red telefónica para prestar servicios de televisión; tan es así que de ahí se estableció la prohibición de la condición 1-9".

La SCT ha manifestado que tiene la facultad de revisar el título de concesión de Telmex, porque así quedó estipulado en la condición 8-1: "La presente concesión estará vigente por 50 años contados a partir del 10 de marzo de 1976, fecha de su otorgamiento, y será revisable por acuerdo de la partes cuando fuere necesario".

La discusión entraña una de las más delicadas decisiones que la administración de Fox podría tomar antes de irse, como una especie de golpe de salida: mediante el Acuerdo de Convergencia eliminarle las restricciones a Telmex para que pueda dar televisión a través de su misma red, sin motivar la necesidad de esa modificación -y lo peor de todo, sin que la empresa entregue pagos o contraprestaciones al Estado por añadir a sus ingresos las ganancias multimillonarias de esos nuevos servicios-. A lo anterior se suma la alianza Televisa-Telmex, para lograr una sociedad en materia de contenidos. Lo que no sólo no representaría competencia al monopolio televisivo, sino una de las concentraciones más peligrosas para la democracia.

La SHCP solicitó el 4 de septiembre de este año "los estudios y dictámenes económico-financieros que se refieran a los beneficios económicos que, en su caso, deberá recibir el gobierno federal a cambio de suprimir las prohibiciones que se contienen en el título de concesión de Telmex a la luz del proceso de desincorporación del gobierno federal de dicha empresa".

Dos días después, la SCT respondió: las prohibiciones del título de concesión no fueron factores económicos relevantes para la integración de las posturas de los participantes en la subasta pública, y que en ésta "el objeto fue única y exclusivamente la transmisión de acciones, y el valor técnico de referencia de las mismas se determinó por el gobierno federal con base en criterios financieros, derivando el valor estimado de dichas acciones y no en cuestiones relativas a los términos y condiciones de la concesión". Respuesta que pretende dejar de lado el que la valuación de las acciones de una empresa -antiguo monopolio estatal- se hace con base en los servicios que tiene autorizados en su concesión, y que conforme más servicios pueda ofrecer, más flujo de capital pueda obtener, y por lo tanto vale más si multiplica su oferta de servicios de telefonía básica, red superpuesta, telefonía rural, teléfonos públicos, telefonía celular, anuncios en directorios, hasta servicio de televisión.

La discusión a través de largos oficios en torno del tema de las telecomunicaciones ha sido una característica en la relación de estos dos secretarios, aunque, al final, termina imponiéndose el poder de Telmex, que cruza a partidos, poderes y niveles de gobierno. Y más que el método por el que deciden dirimir sus diferencias, el fondo revela cosas que no podemos dejar de señalar: exhibe los problemas y las contradicciones que se generan al interior de un gobierno cuando no se define una política nacional de largo plazo, con visión de Estado e independencia de los grupos de poder económico, acerca del desarrollo y regulación de las comunicaciones y del derecho a la información; y el juego de intereses que estos funcionarios públicos han demostrado ante dos asuntos de gran similitud, la Ley Televisa y el Acuerdo de Convergencia para Telmex, pero en el que mantienen posiciones distintas según sea la empresa beneficiada, pues se supone que debieran tomarlos desde la "neutralidad tecnológica".

El secretario de Hacienda aplaudió la Ley Televisa -mediante opinión enviada al Senado-, que minó al Estado de cuantiosos recursos por virtud de asegurarle a las televisoras un régimen especial de autorización para ofrecer servicios adicionales de telecomunicaciones, y permitirles la autoadjudicación del espectro radioeléctrico. El secretario de Comunicaciones se opuso a dicha reforma -mediante opinión enviada al Presidente- y consideró que se ponía en riesgo la rectoría del Estado en tan importante sector. Ahora el secretario Gil Díaz se opone, y el secretario Cerisola quiere pase automático para Telmex.

Tanto Televisa como Telmex deben pagar, cumplir a plenitud su título de concesión, y enfrentar una verdadera regulación asimétrica: de condiciones especiales en términos de su poder sustancial de mercado, no como privilegios o exenciones fiscales. Pues así, cómo no van a andar en los primeros lugares entre los ricos del mundo, dueños del monopolio y recibiendo regalo tras regalo del Estado.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

Candidaturas independientes

Francisco Valdés ugalde

Es indispensable una reforma electoral. Pero no deberíamos pensar, al estilo Zedillo, en una que fuese definitiva. No hay nada "definitivo" en la construcción del orden social o jurídico. Hay que pensar en los avances necesarios, hay que usar la imaginación para llevar a cabo una reforma que propicie la consolidación de las instituciones democráticas, que facilite la participación de los ciudadanos en la vida política, que induzca a los partidos y a los candidatos a rendir cuentas al electorado, y que haga posible que la sociedad controle más y mejor el ejercicio del poder por la clase política.

Este último objetivo, en particular, es fundamental y estamos lejos de haberlo conseguido. La democracia no es únicamente una forma de representación de los ciudadanos en los órganos del poder público; es eso y mucho más, una manera de controlar el ejercicio del poder. Contra lo que pudiera pensarse, los políticos y los ciudadanos comunes y corrientes no tienen los mismos intereses. Mientras que los primeros están ocupados fundamentalmente de seducirnos para obtener nuestros votos y llegar a los puestos públicos para disfrutar de sus beneficios expresados en dinero, reputación, influencia y poder, los segundos nos interesamos en que los problemas que nos afectan en el orden de lo público sean atendidos y resueltos con eficiencia, diligencia y honradez. Una vez que los políticos obtienen nuestros votos y consiguen los puestos, tienden a olvidarse de nosotros, al menos hasta la siguiente elección, cuando los votos vuelven a ser indispensables. Visto así, no puede haber intereses más encontrados que los de políticos y ciudadanos. Creer lo contrario es hacerse ilusiones.

¿Entonces, por qué suponemos que la democracia es un buen sistema de gobierno? La respuesta es sencilla aunque es difícil alcanzarla: porque la democracia brinda libertad a los individuos y permite mejor que ningún otro sistema el control del poder político por parte de la sociedad. De acuerdo, pero a condición de que se presentan algunos ingredientes esenciales. Elecciones periódicas entre por lo menos dos alternativas en competencia por los mismos puestos; presencia de partidos políticos que propongan programas basados en sistemas de ideas que puedan ser conocidos y analizados por los ciudadanos; información abundante acerca de quiénes son los candidatos, de cómo están compuestos y organizados los partidos y cómo ejercen el poder; ciudadanos conscientes de todo lo anterior y con capacidad de allegarse el máximo posible de información objetiva acerca de los problemas de la sociedad y de los políticos y partidos que intentan darle solución.

Nada de esto se consigue sin la presencia de reglas jurídicas de cumplimiento obligatorio que produzcan dos efectos: inhibir conductas inapropiadas para el interés público y castigar severamente estas conductas cuando la inhibición es insuficiente para someter a los políticos al cumplimiento de su deber.

Es evidente a todas luces la insuficiencia del marco jurídico que organiza el comportamiento de los políticos, los partidos y los gobernantes. A lo largo de la transición democrática hemos visto de todo, desde Amigos de Fox y el señor de la ligas hasta el misterio financiero y técnico de los segundos pisos. El lector también podrá identificar algunas cosas buenas: progresos en materia de combate a la pobreza, estabilidad de precios, pensiones para los adultos mayores, etcétera.

Pero al examinar el tema del control social sobre el ejercicio del poder político siempre llegamos a la conclusión de que nos hemos quedado demasiado cortos. Para emprender la reforma electoral necesaria es imprescindible un diagnóstico de este complejo problema. Entre los asuntos que están implicados en él está sin duda la forma en que se han edificado los partidos políticos y la relación de éstos con las candidaturas a los puestos de elección popular.

Mientras que el artículo 35 de la Constitución señala que todo ciudadano mexicano goza de la prerrogativa de "poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley", el código electoral estipula que para ser candidato con registro y acceso al financiamiento público, es imprescindible ser postulado por un partido político. Muy pronto la Suprema Corte de Justicia se pronunciará sobre este tema y, al parecer, la mayoría de sus ministros se inclina por modificar esta disposición de ley para garantizar el derecho constitucional y abrir el camino a las candidaturas independientes.

Aunque no es la única dimensión relacionada con el control del poder por la sociedad, el monopolio de los partidos sobre las candidaturas a los puestos de elección es uno de sus componentes. Romper este monopolio enfrentaría a los partidos a un desafío de mayor competitividad, pues deberán poner más cuidado en sus funciones de gobierno si quieren mantener el favor ciudadano en lugar de ser reemplazados por otro partido o por una alternativa independiente. Esto puede lograrse mediante la apertura legal a candidaturas independientes sujetas a reglas de representatividad como, por ejemplo, ser postuladas por una fracción significativa de la lista nominal de electores de una unidad electoral (municipios, distritos, entidades federativas).

No existe una regla universal en este respecto. Hay democracias que funcionan bien con o sin candidaturas independientes. Lo que debemos examinar integralmente es si este sería un componente que ayude a romper lo que en el lenguaje cotidiano hemos denominado "partidocracia" y que está asociada no solamente al monopolio de las candidaturas sino a la corrupción política que ese monopolio contribuye a propiciar.

Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

La agenda posible

Jorge Fernández Menéndez

Ayer, el presidente electo Felipe Calderón presentó su propuesta de agenda nacional a los partidos políticos, con la intención de poder llegar a una agenda legislativa respaldada por una mayoría en el Congreso que permita, tanto al gobierno como a los partidos que la apoyen, avanzar en sus objetivos.


Es una buena idea porque se aprendió del error cometido por el equipo de transición del presidente Fox que, sin asumir que no tenía mayoría propia en el Congreso, comenzó a dar por hechas propuestas que nunca fueron aprobadas, desde la generalización del IVA hasta la reforma energética. Ahora Calderón plantea, según lo que ha trascendido de los documentos entregados a la dirigencia de cada uno de los partidos, una serie de medidas que parecen estar destinadas a encontrar acuerdos de base por lo menos con el PRI y la mayoría de los partidos pequeños, incluido alguno de los que participaron en la coalición Por el Bien de Todos. Hasta el PRD, si no estuviera atrapado en la cárcel que él mismo se impuso (¿qué sentirán los verdaderos dirigentes perredistas cuando cita López Obrador a los legisladores para darles órdenes de qué pueden hacer y qué no en el futuro?, ¿recordarán los verdaderos hombres y mujeres de izquierda cuando se burlaban de los priistas levantadedos?), podría participar ampliamente en muchos de los puntos de esta agenda, que coincide con varios de los intereses de su partido.


Lo importante es comenzar por lo que no propone la agenda: no propone IVA en medicinas y alimentos ni la privatización de Pemex, la CFE y Luz y Fuerza del Centro. Si cualquiera de esos puntos hubiera estado en esta agenda nacional cualquier otro capítulo de la misma se hubiera estancado, sobre todo en la negociación con el priismo que, a su vez, como ocurrió en la pasada Legislatura, se dividiría por ello. Paradójicamente, hoy para la futura administración de Calderón no sólo es importante mantener una buena relación con el PRI sino lograr que exista por lo menos un polo hegemónico en ese partido con el que pueda llegar a acuerdos, independientemente de las negociaciones que pudiera establecer con otros partidos: recordemos que con 206 diputados, al PAN le faltan apenas 45 votos para tener mayoría en la Cámara baja.


¿Qué es, entonces, lo que se propone? En el ámbito energético reformas profundas a las empresas públicas para hacerlas mucho más eficientes. Probablemente se podrán regular mejor, para bajar los costos, los contratos de servicios múltiples, una propuesta en la que están trabajando desde semanas atrás los senadores Francisco Labastida y Fernando Lozano. En el tema fiscal no se aborda el IVA, pero ahí está para debatir la propuesta de Calderón de establecer una reducción del ISR (siguiendo la línea que adoptó Irlanda, un país que en Calderón y en muchos otros observadores despierta profundo interés, por la rapidez con que pasó de un grado bajo de calidad de vida a tener uno de los más altos de Europa) que, complementada con otras medidas que amplíen la recaudación, puede ser atractiva para distintos grupos políticos y de interés. Pero sobre todo en la agenda se habla de simplificación de procesos, de aumentar la eficiencia recaudatoria e impedir la evasión fiscal, tres objetivos que será difícil que no cuenten con el apoyo de los otros partidos. También se incluye en lo presupuestal reformular los esquemas de distribución de recursos a estados y municipios, que es una demanda de muchos gobernadores. Ello implicaría mayor descentralización pero tendría que exigir mayor control y transparencia.


Es importante que uno de los capítulos centrales de la propuesta gire en torno a la seguridad pública y el combate al crimen organizado. En el equipo de transición del Presidente electo saben que en los próximos meses los parámetros de la administración se establecerán, en buena medida, de la actitud que tome al respecto. Es prácticamente unánime la opinión de que esta administración, a pesar de los esfuerzos realizados y de algunos funcionarios que realmente trabajaron bien en esos temas, jamás le supo y le pudo tomar el pulso a la seguridad interna y ésta se les fue una y otra vez de las manos. En la propuesta se impulsan varias de las medidas planteadas en el reciente acuerdo adoptado entre las autoridades y la Conago (medidas que, y eso explica por qué estamos tan mal en este ámbito, ya habían sido aprobadas desde 1996-98 y nunca se terminaron de concretar por la displicencia de los estados y los municipios y por la poca atención que desde 2000 y hasta el año pasado le puso al sistema de seguridad pública la presente administración), pero va mucho más allá en aspectos centrales ligados a la coordinación policial, la centralización de mandos y las coordinaciones sobre las distintas agencias, entre muchos otros aspectos. Un capítulo clave se relaciona con el Estado de derecho y el Poder Judicial: sin reformas allí ninguna labor policial mejorará sustancialmente la seguridad pública.


Hay un capítulo muy amplio de reformas políticas en las que están más interesados los partidos que la sociedad: allí existen pendientes de tiempo atrás, como la existencia de fechas únicas para los procesos electorales (Michoacán acaba de aprobar una reforma en ese sentido; antes lo han realizado otros estados y esa sería, sin duda, una medida que ayudaría a reducir los costos de la política y aumentaría la gobernabilidad) y la reducción del número de legisladores, incluida la posibilidad de su reelección, algo tan necesario como resistido por las burocracias partidarias. Hay mucho más (en forma destacada esa bomba de tiempo que es el sistema de pensiones en instituciones públicas), pero lo importante es que esta agenda se basa en las reformas posibles y de amplio espectro, no en las ideales, que no tienen, por buenas o malas razones, viabilidad política.

Los límites de la democracia

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Precariedad fiscal

Jesús Reyes-Heroles G.G.

Desde inicios de los 80 la economía mexicana no ha sido capaz de crecer con rapidez y generar empleos bien remunerados para quienes cada año se incorporan al mercado de trabajo. El resultado ha sido la permanencia terca de una pobreza (capacidades) que abarca a 24.6% de la población y de una distribución del ingreso extraordinariamente concentrada: 10% de las familias más acomodadas recibe 36.6% del ingreso total. Ambos fenómenos han dado lugar a una marca da polarización social cuyos efectos políticos fueron evidentes el 2 de julio de 2006.

Los intentos por explicar este insatisfactorio desempeño de la economía del país se han dado desde todos los ángulos y atalayas intelectuales. Las coincidencias son muchas, sobre todo en cuanto a la insuficiencia de la inversión total como motor del crecimiento, a ineficiencias heredadas del periodo proteccionista, a concesiones excesivas a sindicatos y grupos de interés en el estilo corporativista de gobiernos priístas, a la prevalencia de estructuras de mercado no competitivas, esto es, de monopolios y oligopolios que ejercen su poder de mercado en detrimento de la competitividad de la economía y del bienestar de los consumidores. Recientemente se ha puesto mayor énfasis en identificar las causas de la lenta mejora de la productividad, que se ha reflejado en un deterioro de la competitividad. Es alarmante la velocidad a la cual la posición relativa de México se ha deteriorado en prácticamente todos los rankings de competitividad. Esta semana se divulgó que en el último ejercicio del WEF, el país se ubicó en la posición 58 de 125.

Este último enfoque ha arrojado luz acerca de la contribución del gobierno al desarrollo económico y a políticas de apoyo a las clases más necesitadas. Salvo contadas excepciones (Progresa/Oportunidades), las opiniones coinciden en que el sector público no está cumpliendo con sus funciones o que lo hace en términos muy deficientes por su eficacia o calidad.

Estas innegables fallas de la actividad gubernamental han generado una irreflexiva satanización del rol del gobierno, que se proyecta como el peor de los males. Sectores importantes de la población perciben que el gobierno es una carga para los ciudadanos, que funciona mal, que su contribución al crecimiento y bienestar es nimia, y que ineficiencia y corrupción caracterizan su operación. A partir de esto concluyen y postulan que lo mejor para el país sería contener sus actividades a mínimos que, por cierto, pocas veces se definen en términos objetivos.

Esta concepción del gobierno, su situación y su misión han producido una gran resistencia para allegarle los ingresos necesarios a fin de que pueda cumplir las funciones que le corresponden, lo que se traduce en una deficiente gestión, que a su vez genera más rechazo a pagar impuestos y otras cuotas. México ha perdido claridad acerca del rol del sector público y su complementariedad con el privado. Su sociedad está confundida. Sus ciudadanos exigen un gobierno de primer mundo sin tener que pagarlo. Si se lo cobran, no lo pagan, en un alarde de cinismo fiscal.

En los hechos, esto se ha traducido en un país caracterizado por la precariedad fiscal. La seguridad pública está colapsada, en buena medida por falta de recursos. La mitad de la población no tiene acceso a servicios médicos prepagados y los recibe de un sistema público que los raciona y ofrece de calidad ínfima. La inversión pública del gobierno federal, sin considerar las empresas energéticas, ha caído a los niveles más bajos de las últimas décadas (0.7% del Producto Interno Bruto en 2005). Los cuellos de botella en carreteras e infraestructura hidráulica son agobiantes. Por si fuera poco, las inversiones de las empresas públicas del sector energía han acumulado rezagos sustanciales; en electricidad esto afecta la calidad del servicio y la respuesta oportuna a quien lo solicite; en Pemex dan lugar a un agotamiento acelerado de las reservas de hidrocarburos, importaciones sustanciales de gasolina, y a una dependencia creciente de gas natural del exterior.

La situación no es mejor a nivel estatal. Prácticamente todos los gobiernos de las entidades federativas enfrentan graves limitaciones de recursos, lo que impide que atiendan los rezagos acumulados en materia de educación, salud e infraestructura. Quizá el caso más grave sea el de los municipios, incapaces de desarrollar infraestructura urbana al ritmo que crece su población, con el consecuente deterioro del hábitat. Además, los municipios no están en condiciones de responder a demandas mínimas de su población en materia de seguridad pública, basura, agua potable, alcantarillado y saneamiento. Estas insuficiencias dañan gravemente el medio ambiente y las condiciones de vida de la población en general.

Por último, son bien conocidas las deficiencias de los servicios de las instituciones de seguridad social, así como los graves problemas financieros que enfrentan a raíz, principalmente, de regímenes pensionarios generosos para sus empleados. Si esto no es "precariedad fiscal", ¿qué es?

El fenómeno espejo de dicha precariedad es la insuficiencia de los ingresos del sector público. Durante décadas la recaudación ha sido muy inferior a la mínima necesaria para que México se desarrolle. Por ejemplo, información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que en 2003 los ingresos fiscales totales alcanzaron 19% del PIB, mientras que el promedio OCDE fue 36.2%. Además, en México esos ingresos, que incluyen impuestos vinculados con el petróleo, aumentaron de 16.0% en 1980 a 19.0% en 2003, mientras que los de Turquía aumentaron de 17.9% a 32.8%, Grecia de 24.2% a 35.3%, y Corea de 15.1% a 25.3%. En esos países el desarrollo económico se aceleró de la mano de un aumento de la recaudación, precisamente porque el desarrollo requiere que el gobierno cuente con recursos para sustentar el desenvolvimiento del país, lo que no implica tasas más altas. Mientras en México perdure el cinismo fiscal, la prosperidad se nos escapará.

Economista

Televisa-Telmex

Javier Corral Jurado

El control de las redes y la monopolización de la producción y distribución de contenidos es el eje de la nueva dominación social del modelo neoliberal capitalista. Su consolidación sería el hecho más funesto para el desarrollo igualitario y democrático de nuestro continente, puesto que en nombre de libertades, de los avances tecnológicos y de la "sociedad de la información", se está erigiendo la dictadura internacional más expoliadora de cualquier época.

En México, los dos grupos económicos que detentan redes y contenidos está a punto de concretar su alianza estratégica para asegurarse larga y poderosa vida, perpetuando sus condiciones monopólicas en el mercado de las telecomunicaciones y la televisión, a partir del acuerdo de convergencia tecnológica que plantea la posibilidad de que Telmex ofrezca también el servicio de tv. Para ese propósito cuentan con la obsecuencia, rayana en servidumbre y entreguismo, del Presidente de la República, Vicente Fox.

Al principio de la discusión sobre el acuerdo de convergencia, Telmex y Televisa simularon un desencuentro y externaron opiniones encontradas en torno al proyecto. Las discrepancias se reflejaron en el ámbito de autoridad que cada uno de esos consorcios tiene bajo su captura, Televisa dueña de la Cofetel, y Telmex mandamás en la SCT. Pero ya se pusieron de acuerdo, y Fox no tendrá de otra más que ordenar su publicación.

Si antes no importó que el secretario de Comunicaciones, Pedro Cerisola, enviara un dictamen técnico al Presidente para que vetara las reformas legales que estaban bajo su conocimiento, jurisdicción y competencia directa, ¿por qué habrían de hacerle caso a Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda, que envió hace tres semanas una carta a Cerisola solicitándole que antes de publicar el acuerdo "enviara a la SHCP los estudios y dictámenes económico-financieros de los beneficios económicos que debiera recibir el Gobierno Federal por la modificación del Título de Concesión de Telmex, y el dictamen jurídico de la SCT respecto de la viabilidad de la modificación".

Gil Díaz tiene razón, ¿cómo es posible que modificar el título de concesión a Telmex no representará ningún pago al Estado? Contradictoriamente a su posición frente a la Ley Televisa, la SCT ha salido públicamente a decir que no se necesita cobrar a Telmex por autorizarle el nuevo servicio.

Esta respuesta ignora que al vender Telmex a finales de 1990, el gobierno vendió esencialmente dos negocios: la telefonía local y de larga distancia nacional e internacional fija, y una concesión de telefonía móvil a nivel nacional. La venta excluyó explícitamente el negocio de televisión, así como la posibilidad de que los dueños de Televisa pudieran comprar Telmex. De haberse vendido sin estas restricciones, el precio de venta habría sido mayor. Esta afirmación es de sentido común y bien conocida. El valor de mercado de una empresa depende del valor esperado de su capacidad de generar flujo de efectivo. Si a Telmex se le permite entrar al negocio de televisión va a poder generar mayores ingresos.

Aparentemente Televisa estaba en contra, y eso representaba para Fox un problema. Pero ya se amarraron mediante una alianza para lograr una sociedad en materia de contenidos, y eso sí representa un peligro para México, porque se traduce en varias cosas: la empresa de Slim no va a entrar a competir con Televisa y Tv Azteca; la alianza de Telmex con ambas empresas va a ocasionar que las televisoras puedan realizar prácticas discriminatorias en favor de Telmex y en contra de otros proveedores de transporte de comunicaciones de Internet de banda ancha. Hay que recordar que la banda ancha es una infraestructura clave para el desarrollo del país en la parte económica, social y política.

La discriminación de las televisoras en favor de Telmex y/o en contra de terceros permitirá a Telmex crear un (cuasi) monopolio en la banda ancha en el país. Presas de periódicas prácticas de discriminación, las empresas de tv por cable y otras redes de transporte de banda ancha verán mermado su valor y podrán ser fácilmente adquiridas o desplazadas del mercado. Por otra parte, en la medida que Telmex obtenga el monopolio en la banda ancha permitirá a Televisa y Tv Azteca limitar el acceso a otras empresas que quieran competir en el mercado de televisión con otros contenidos. Telmex puede dificultar que sus usuarios de banda ancha tengan acceso a contenidos de otros proveedores, como actualmente restringe que sus usuarios accedan a servicios de telefonía IP.

México no tiene un marco regulatorio mínimo que impida discriminaciones entre el operador dominante de la red y proveedores oligopólicos de contenidos en contra de otras redes y proveedores de contenidos competitivos. El daño para el país del acuerdo ampliado con la alianza Telmex-Televisa-Tv Azteca es enorme de cara al futuro. ¿Quién podrá defendernos? ¿Eduardo Pérez Motta, embatido por el propio Ejecutivo Federal en una controversia constitucional? ¿El Congreso? Pobre país.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

Ser de izquierda

SERGIO SARMIENTO

Ser de izquierda no implica ser intolerante ni insultar ni agredir a aquellos que no piensan como uno.

Ser de izquierda no significa rechazar las instituciones de un país o la democracia. En otros países del mundo, la izquierda es una corriente política que construye y fortalece instituciones. Sólo en México, donde subsiste una izquierda contestataria y nihilista, piensa la izquierda que su papel es destruir las instituciones.

Ser de izquierda no quiere decir que hay que abstenerse de utilizar la fuerza pública para mantener el estado de derecho. Los partidos de izquierda que llegan al poder en otros lugares del mundo son muy conscientes de la importancia de impedir violaciones a la ley y no tienen miedo de utilizar la fuerza pública para defender los derechos de los ciudadanos.

Ser de izquierda no tiene por qué llevar a la creación de un gobierno que favorezca a grupos especiales de interés, como sindicatos, vendedores ambulantes, taxistas piratas, invasores de tierras o empresarios que financian campañas electorales. Todo lo contrario, los gobiernos que son realmente de izquierda toman medidas para beneficiar a todo el conjunto de la sociedad. Son los regímenes fascistas y corporativistas, cuya retórica busca parecerse a la de aquellos que provienen de la izquierda, los que actúan para beneficiar solamente a unos cuantos grupos especiales.

Ser de izquierda no significa que uno deba aceptar solamente los resultados de las elecciones que uno gana y rechazar los que uno pierde. La izquierda democrática en el mundo acepta las reglas de los procesos electorales. Cuando sus candidatos pierden comicios, reconocen el resultado y trabajan desde la oposición para promover sus estrategias y políticas de gobierno.

Ser de izquierda no implica exigir el derecho de privatizar las calles para beneficio de unos cuantos. Los gobiernos de izquierda entienden que las vías de comunicación pertenecen a la comunidad y que no pueden entregarse a grupos de poder para promover sus propios intereses económicos o políticos.

Ser de izquierda no le da a uno el derecho de obstaculizar el libre tránsito o la actividad económica de los demás. Por el contrario, la izquierda moderna en el mundo entiende que a toda la sociedad, pero especialmente a los más pobres, les conviene que haya libre tránsito, comercio e inversión productiva. A nadie realmente de izquierda en el mundo se le ocurriría bloquear la actividad económica de una ciudad con el fin de derrocar a un gobierno electo democráticamente.

Ser de izquierda es una responsabilidad enorme. No es un título que uno pueda asumir gratuitamente porque suena mejor en un discurso que decir que uno es de derecha.

Ser de izquierda quiere decir que uno busca combatir la pobreza y la desigualdad social. Que promueve uno políticas que buscan dar a todos, sin importar su situación económica o social al nacer, las mismas oportunidades que aquellos que nacen en una cuna más privilegiada.

Ser de izquierda implica promover una educación más amplia y de mejor calidad para todos, especialmente los más pobres. Quien defiende esta ideología no puede justificar que se deje a aquellos que más necesitan de la educación sin instrucción con el fin de promover los intereses de un grupo gremial.

Ser de izquierda significa respetar la voluntad popular reflejada en las urnas. La verdadera izquierda ha sido demócrata desde hace mucho tiempo. El estalinismo no es realmente de izquierda.

Ser de izquierda implica aplicar políticas económicas sensatas que promuevan la inversión, el crecimiento y la creación de empleos. Obliga también a mantener una tasa de inflación reducida para evitar el deterioro del poder de compra de los ingresos de quienes menos tienen.

Ser de izquierda quiere decir que uno se esfuerza por construir una sociedad mejor en el futuro y no por destruir o mandar al diablo a la sociedad del presente.

Por todas estas razones, y muchas más, me queda claro que muchos de los políticos en nuestro país que dicen ser de izquierda simplemente no lo son. Tenemos una izquierda que hunde sus raíces en el estalinismo, en el autoritarismo, en el corporativismo del viejo PRI, pero que difícilmente está dispuesto a seguir las reglas y las ilusiones de la izquierda moderna, de la izquierda demócrata, de la izquierda que hemos visto prosperar en España, en Francia, en Chile y en otros países más.

Ser de izquierda es un privilegio pero también una obligación. Pero nuestra izquierda mexicana, con pocas excepciones, simplemente no es de izquierda.

No perder el partido

Javier Corral Jurado

El pasado fin de semana, Acción Nacional cumplió 67 años de su fundación, obra que en infatigable animación e inteligente convocatoria contó con la generosidad de don Manuel Gómez Morín, el chihuahuense que además de darle vida, lo dirigió en sus primeros diez años. Etapa en la que don Manuel, dicho por otro ilustre de los fundadores, Efraín González Luna, "instauró métodos y estilos, definió objetivos, fue jefe y recluta, maestro y aprendiz, propagandista y candidato, periodista y tribuno".

Por su conducta ética y la coherencia de su trayectoria, Gómez Morín pudo fundar al PAN, y precisamente por ello "fue el primero en defender del peligro de la dependencia personal" al partido que organizó para la tarea esencial que marcó su destino: la rehabilitación moral de la política, la democratización de la vida pública, el establecimiento del bien común, como el conjunto de condiciones materiales y espirituales que permiten a la persona desarrollarse en la comunidad.

Esa definición nutrió el origen del PAN, y en el momento actual es muy conveniente saber con qué tanto de aquel aliento seguimos respirando, cuántos de aquellos principios nos siguen inspirando, en qué parte del camino, por qué y por quiénes se abandonaron algunos de los motivos originales que nos convocaron. Sobre todo ahora, en que nuestra celebración ha tenido un discreto cumpleaños, y quizá lo más terrible, el que no podamos pronunciar como el fundador que, "conmemoramos con regocijo sereno, y sin sombras".

Siento que estamos en el momento más crítico de la vida del PAN, paradójicamente cuando pareciera que estamos en el mejor momento. Nos ha pasado lo que el propio Felipe Calderón alertaba con genuina angustia hace una década: que debíamos ganar el gobierno, sin perder el partido. Crece nuestra capacidad de acción en el ámbito del poder, aumenta la destreza para tejer y operar alianzas, pero perdemos fuerza moral, y nos debilitamos de lo que hemos sido siempre: referente de ética en la política.

Se sucede un deterioro mayor conforme más espacios logramos, y no necesariamente han sido estos últimos meses un encuentro con principios y valores. Sí, pienso que vivimos una ruptura de carácter ético, y que en más de un campo hemos interrumpido el estilo y la tradición democrática que dejaron plasmada los fundadores, en el ejemplo de su insobornable conducta política personal y en la meridiana visión con que expresaron propósitos y programas.

Contrario a nuestras más puras esencias, aparecen alianzas absolutamente cuestionables. La imagen de nuestro jefe nacional distribuyendo propaganda a favor del PRI en Chiapas, es una fotografía dolorosa que plantea el nivel del problema. ¿Alguna vez, alguien en el PAN se imaginó que recolectaríamos fondos para el PRI? La aceptación de la transversalidad partidaria de la profesora Elba Esther Gordillo, hoy con más influencia sobre el presidente electo que cualquier órgano estatutario del partido. El acuerpamiento a Ulises Ruiz en Oaxaca; la connivencia con Víctor Flores, uno de los representantes más prototípicos del sindicalismo corrupto.

La organización del partido se ve cada vez más centralizada. Crecen las delegaciones, y se debilita la otrora incuestionable soberanía de la militancia; cada vez se anulan más convenciones y asambleas, y se designan candidatos y autoridades partidistas afines al grupo dirigente. La absurda apuesta por la campaña del miedo deja un antecedente funesto, no sólo para la necesaria gobernabilidad de la nueva administración del presidente Calderón, sino para las siguientes elecciones locales y las intermedias del 2009. El dinero como mayor insumo en la estrategia electoral, nos coloca en manos del capital privado. Y no puedo dejar de mencionar la manera en que decisiones legislativas se han supeditado, no a los méritos de las normas sino a la conveniencia política del momento, y al intercambio de favores en campaña.

Hace un par de semanas recibí -con afecto- la sugerencia de un compañero de partido de abandonar la discusión pública de nuestras dolencias, y agotarlas en el debate interno, con la respetable fórmula de que la ropa sucia se lava en casa. Independientemente de que suscribo que con criterios de lavandera no llegaremos a ningún lado, añado que además las instancias propicias para ese debate han ido perdiendo cada vez más su capacidad y nivel deliberativo. Hace mucho que no tenemos aquellas reuniones de Consejo, tanto a nivel nacional como estatal y municipal, en donde los argumentos se disputaban entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, y no como ahora, entre el mal menor, o lo que es peor, de que el fin justifica los medios. La crítica acre con que identificábamos el irracional método de la violencia que siempre ha sido tentación en la izquierda.

Debemos orear el debate de las ideas, si en efecto queremos rescatar al partido que, "desde el fondo de su corazón", fundó Gómez Morín.

A Luis Herrera González, por su ejemplo.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

Partidos políticos y transparencia

Vanessa Díaz

Al hablar de democracia también hablamos de partidos políticos y de transparencia.

Si bien existen diversos matices, según el tratamiento que de este tema hacen diferentes intelectuales, podríamos decir que la concepción moderna de democracia, la "democracia representativa y participativa", hace referencia a un sistema político basado en el poder popular en el sentido de que la titularidad del poder pertenece al pueblo, mientras que su ejercicio es confiado a representantes periódicamente elegidos por los ciudadanos. Por consiguiente, el ejercicio del poder popular se resuelve en gran medida en el poder electoral; se reduce la función del pueblo a esta elección entre las alternativas presentadas, elección que es siempre entre personas y no entre políticas.

Este rol limitado asignado al pueblo genera un sentimiento de menor responsabilidad respecto del ejercicio del poder; pero los partidos políticos solamente son asociaciones privadas creadas en el ejercicio del derecho fundamental de asociación y tienen un papel fundamental: "promover la participación del pueblo en la vida democrática"; es precisamente este papel con el que cobran interés público. Ahora bien, hay democracia cuando hay oposición y es que los partidos políticos garantizan la pluralidad, manifiestan la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación, pero de ningún modo se debe perder de vista que los verdaderos sujetos de la democracia son los ciudadanos.

Hoy en día, los partidos no son un vínculo del ciudadano con sus representantes, son el vehículo de sus propios intereses; no existe un ordenamiento jurídico que garantice su democracia interna. El Instituto Federal Electoral por su parte tiene facultades para conocer de los recursos públicos de los partidos, porque es el organismo que los otorga, vigila su gasto para que cumpla con las normas y límites de éste según lo establece la ley y los partidos también son parte integrante del IFE según señala el artículo 41 constitucional, instancia que tiene la obligación de informar públicamente sobre el gasto realizado por éstos; la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no hace ninguna referencia a los partidos y por lo que respecta a las leyes estatales determinan que lo único que es catalogado como información pública son los informes de los partidos, no los partidos en sí. ¿Deben los partidos políticos someterse a las mismas reglas de transparencia que las entidades públicas?

En gran medida, los funcionarios electos son simplemente un reflejo de la sociedad que representan; sin embargo, los requerimientos financieros para entrar a la competencia política parecen ser cada vez mayores, creando exclusión política para quienes no pueden cubrir los altos costos; en los países que usan listas partidarias, algunos candidatos pagan fuertes sumas de dinero para ser incorporados en éstas; la regulación de transparencia de los partidos se ha desarrollado en los últimos 30 años.

Para la Organización de Estados Americanos se deben fijar claramente el ámbito de la ley y definir los términos, los procedimientos, formatos y umbrales, incluyendo las contribuciones en especie y los préstamos para el financiamiento de la actividad política; deben garantizar la rendición de cuentas designando quién es específicamente responsable del cumplimiento de la ley; establecer directrices claras para su aplicación y sanciones por incumplimiento, y que permitir que el público inspeccione la información divulgada sobre el financiamiento de la actividad política.

La transparencia exige dos condiciones: 1) que los candidatos y los partidos declaren en detalle los ingresos y gastos, y 2) que las declaraciones sobre el financiamiento de campañas y partidos se suministren al público en forma oportuna. Como resultado tendríamos un electorado más instruido e informado y por tanto mejor preparado para ejercer sus derechos en la democracia, y los medios de comunicación y la sociedad quedan mejor habilitados para dar seguimiento al dinero, estableciendo un control sobre los políticos

Demoler o reformar

Javier Corral Jurado

Es un acto de irracionalidad política descalificar de tajo a todas las instituciones en el país y, literalmente, mandarlas al diablo. Como lo es, de insensibilidad política, seguir con la cantaleta de que las cosas están bien, y que las instituciones muestran su fortaleza, que funcionan con normalidad. Son las visiones desprovistas del más mínimo ejercicio de objetividad y autocrítica, convertidas en posiciones extremas que así quieren ver dividida, o reducida, a la sociedad mexicana. Sus máximos representantes son, Andrés Manuel López Obrador y Vicente Fox, en efecto, tan distantes entre sí, pero a la vez tan parecidos.

No es conveniente que se hereden o, peor aun, se asuman esas visiones como extensión de la lucha electoral pasada. Entre la demolición y el país de las maravillas, debemos encontrarnos con el México de los avances ciertos y el de los rezagos abundantes. Una revisión de lo que realmente somos y tenemos, en comparación con lo que queremos ser y llegar a tener. No creo que México deba ser reinventado, sino redescubierto en sus potencialidades, ajustado a la dinámica política y social su régimen constitucional, en suma, la tan traída y llevada Reforma del Estado.

Ahí está desde hace más de una década, apuntada con claridad y no menos valor, la agenda de reformas legales y constitucionales para que la nación se reconcilie y sienta como propias las formas de representación política. Una evaluación objetiva de muchas de nuestras instituciones, para adecuarlas al campo de la realidad, y que se orienten a la consolidación de un sistema democrático, en el que no sólo las elecciones se resuelvan con limpieza e imparcialidad, sino que florezca y se practique una cultura democrática y una participación ciudadana amplia, con mecanismos legales que aseguren esa expresión, base fundamental de lo que llamamos vida democrática.

Este ejercicio debemos hacerlo en el país, todos los sectores a partir del reconocimiento de una realidad tan evidente que pareciera inútil insistir en ello: somos una sociedad heterogénea, con razgos cada vez más precisos de nuestra pluralidad política, con una de las mayores diversidades culturales de América Latina. El problema mayor es que el origen del poder, y la representación de nuestras instituciones, no sólo disminuye en su base social de apoyo, sino que excluye y, hasta cierto punto, expulsa al resto de los actores sociales. El grupo social más numeroso y con los mayores rezagos, no sólo resiente el abandono sino las decisiones en su contra.

El momento nos obliga a pensar más allá del escrutinio aritmético, que, sin duda, en nuestra sistema constitucional y legal es lo que convalida moral y legítimamente el poder, pero no asegura por si mismo la acción del gobierno. En la democracia se gana o se pierde por un voto, es cierto; pero la democracia es algo más que ganar elecciones, es sistema de vida y forma de gobierno, y esa visión de Estado es la que necesitamos desarrollar para los próximos años, y la que debe convertirse en un requisito fundamental tanto en la acción del Congreso, como del nuevo Ejecutivo Federal.

A propósito de las disfunciones de la representación, Miguel Carbonell ha transcrito en su libro sobre "Reforma Constitucional" un párrafo de Carl Schmidt, quien en su Tratado de Legalidad y Legitimidad, señala que "el método de formación de la voluntad por la simple verificación de la mayoría tiene sentido y es admisible cuando puede presuponerse la homogeneidad sustancial de todo el pueblo. En este caso, la votación adversa a la minoría no significa una derrota para ésta, sino que el escrutinio permite simplemente poner al descubierto una concordancia y una armonía anteriores y que existían en forma latente. Si se suprime el presupuesto de la homogeneidad nacional indivisible, entonces el funcionalismo sin objeto ni contenido, resultante de la verificación puramente aritmética de la mayoría, excluirá toda neutralidad y toda objetividad; será tan sólo el despotismo de una mayoría cuantitativamente mayor o menor sobre la minoría vencida en el escrutinio y, por tanto, subyugada. Entonces se acaba la identidad democrática entre gobernantes y gobernados, entre los que mandan y los que obedecen; la mayoría manda y la minoría tiene que obedecer. Incluso dejará de existir la aditividad aritmética, porque razonablemente sólo puede sumarse lo homogéneo".

Es la riqueza de nuestra pluralidad, y el vigor y la insistencia del reclamo de inclusión de los menos favorecidos, lo que puede convertir el momento actual en la oportunidad de llevar adelante las reformas necesarias. Los grandes intereses que a lo largo de estos años se han dedicado a parar, boicotear o descalificar diversas iniciativas legales que buscaron actualizar el orden jurídico, son hoy, paradójicamente, los mejores aliados de quienes descalifican totalmente a las instituciones. Tampoco nos asombre que, beneficiarios del inmovilismo, secunden al Presidente de la República en su abultada certidumbre de que en México los problemas se resuelven, marcha como nunca, y son los renegados de siempre quienes así no lo reconocen.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

Concordia basada en la ley

Jesús Reyes-Heroles G.G.

A partir del lunes 5 de septiembre, Felipe Calderón es el presidente electo de México. Como consecuencia de una elección muy cerrada, el triunfo de Calderón, del cual hubo múltiples indicadores desde el 2 de julio, tuvo que esperar para ser reconocido legalmente. Una elección tan cerrada, con una diferencia de 0.56%, pone a prueba a cualquier sistema electoral. Hoy, al haber concluido el proceso establecido en la ley, puede afirmarse que nuestro sistema electoral resistió una prueba sumamente extrema. Del comportamiento de la ciudadanía durante la jornada electoral, del funcionamiento de las instituciones electorales, y de que se hayan cumplido a cabalidad todas las etapas del proceso legal correspondiente, pueden estar orgullosos los mexicanos.

Sin embargo, algunos insisten en no reconocer al nuevo presidente de México. A la luz de toda la información generada y no generada durante el proceso postelectoral, ese no-reconocimiento proviene de una cultura política contestataria que encuentra fuerza en el cuestionamiento sistemático de todo aquello que no coincida exactamente con el punto de vista de la parte perdedora, lo que inevitablemente desemboca en desdén y rechazo de las instituciones y, por esa vía, en la ilegalidad.

Por eso es relevante el contenido de la intervención final que hizo el magistrado Leonel Castillo, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De sus pertinentes observaciones destaca su señalamiento de que si bien el pueblo ejerce la soberanía, es por medio de los representantes populares, Ejecutivo y Legislativo, señalando que por consiguiente en ninguna parte es posible la democracia sin reglas y que México no es excepción.

Al describir las actividades del Tribunal, señaló que lo que se hizo el martes pasado, es verificar si esas reglas -cualidades- necesarias para declarar válida una elección se cumplieron o no. Agregó que es un dictamen de control de calidad de la elección, afirmando que estas se cumplieron en lo fundamental.

De particular trascendencia es su afirmación de que "la legalidad de un proceso electoral confirma y ratifica la legitimidad del representante electo". Complementó sus ideas señalando que la política electoral está sujeta a reglas, que no todos podemos intervenir ni todos somos candidatos, y que se necesita jugar un rol que conjuntamente se establece de antemano. Concluyó señalando que salirse del rol asignado implica poner en riesgo el bien de todos, que es el producto de una elección democrática, y que en ese acto llegaba a su fin un nuevo ejercicio de la soberanía popular por el pueblo en el proceso electoral.

Por otra parte, el saldo social de la elección es de lamentar. Los mexicanos quedamos muy divididos y desorientados. El proceso de reconciliación para avanzar en esta nueva etapa de la historia de México será complejo. Los eventos de los últimos dos meses hicieron aflorar las múltiples tensiones que vienen operando en la sociedad mexicana desde hace varias décadas y para las cuales el país no ha encontrado vías de solución.

En estas mismas páginas, el miércoles pasado David Ibarra nos obsequió un párrafo que resume dicha situación con extraordinaria claridad: "Los escollos a la reforma del pacto social derivan de que la estructura social arroja polarización y exclusión de grupos importantes de la población; renovación incompleta de las élites después de un cuarto de siglo de reformas; capas numerosas e importantes de la sociedad sin influencia en los asuntos públicos; brotes cotidianos de ingobernabilidad; divisiones internas que transforman a los procesos electorales en teatro de descalificaciones.

"La izquierda ya no podría identificarse simplemente con los trabajadores del sector moderno de la economía, dejando de lado las demandas de mujeres, informales, jóvenes o excluidos, ni impulsar utopías desarraigadas de las posibilidades reales de la economía. La derecha no debiera limitarse a defender la visión y privilegios de élites en proceso de extinción, sino concentrar esfuerzos en impulsar el crecimiento, cuidar del empleo y ofrecer cuanto antes concesiones distributivas aplazadas más allá de lo razonable. El diagnóstico resultante es nítido: hay mucho que reconstruir por cuanto a la descomposición del modelo proteccionista-corporativista, a lo que se añade la tarea inconclusa de conciliar la racionalidad de la mano invisible del mercado con la voluntad igualitaria, humanista de la democracia sustantiva".

La realidad del país hoy es que Felipe Calderón es el próximo presidente de México y que, por tanto, habrá de enfrentar la compleja situación económica, política y social que sintetiza David Ibarra. Para cumplir con ese mandato, requiere de la concurrencia de todos los mexicanos.

Que Calderón es el próximo presidente es un hecho definitivo aunque algunos insistan en negarlo, en un escapismo que en ese grupo se presenta con frecuencia cuando se trata de actos de autoridad, en especial de sentencias judiciales. Para ellos, el cumplimiento de la norma es optativo, y sujeto a una valoración de su pertinencia conforme a criterios políticos, sociales o de índole desconocida. La falta de "definitividad" de las resoluciones judiciales es una de las causas de la fragilidad del estado de derecho en México. Al considerarlas no definitivas, todo se vuelve negociable, elástico, discrecional y sujeto a corrupción.

Por contra, que México siga hundido en la polarización, la falta de progreso, la inseguridad y la ilegalidad no tiene que ser una condición definitiva. El desafío radica en acercar a los extremos, inventar un nuevo lenguaje para la concordia, adoptar todos una actitud de sencillez y humildad en el diálogo, reconocer y respetar la diversidad de posiciones políticas como esencia de una sociedad plural y democrática. La historia da muchas vueltas, pues como afirmó el magistrado Leonel Castillo, los que hoy ganan mañana pueden perder y los que hoy pierden pueden ganar, con la ley y las sentencias del Tribunal.

Economista

Intereses convergentes

Javier Corral Jurado

Es interesante presenciar en estos días cómo se mueven los representantes de los grandes grupos dominantes en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Cómo recibe diversos tratamientos la innovación tecnológica y de manera particular el fenómeno de la convergencia de servicios a través de las redes públicas de telecomunicaciones, que se ajustan mucho más a una idea de apropiación particular que de uso social de los bienes de la nación. En este tema abundan razones de estricto carácter técnico y mercantil, y en muy pocas ocasiones se argumenta, a partir de las potencialidades reales que tiene el encuentro entre teleco municaciones y la digitalización de la informática, la manera en que esta convergencia nos puede hacer más sociedad humana, cómo se multiplicarán y ampliarán los contenidos para que se exprese la pluralidad política y la diversidad cultural, cómo se garantizará el acceso y el servicio universal de los ciudadanos a estos servicios.

Hasta ahora el arrebato tecnológico no ha sido tratado con neutralidad, y la convergencia sirve para reforzar el mundo de los negocios, y consolidar la concentración mediática en unas cuantas manos. Es el modelo que ha distorsionado la llamada Sociedad de la Información. Esto es lo que se entresaca de la discusión actual sobre el proyecto de Acuerdo para la Convergencia de servicios fijos de telefonía local y tv y audio restringidos a través de las redes de telecomunicaciones. Los intereses particulares buscan imponer su visión por encima de la función social, se reduce a una disputa por lograr exenciones, conseguir privilegios legales, evitar contraprestaciones, eludir obligaciones consignadas en sus originales títulos de concesión, alargar los tiempos para adecuar la tecnología y evitar la competencia lo más que se pueda, y es cuando también queda clara la ausencia de una política de Estado y de autoridades comprometidas con un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones.

En el caso mexicano la distorsión es mayor, al presenciar que los reguladores o las autoridades del sector están directamente vinculadas a los intereses de los regulados, y entonces poco importan los usuarios finales de los servicios. La autoridad ligada o cooptada por las empresas, no puede establecer el necesario equilibrio del conjunto de los intereses que cada parte reclama como todo, porque atiende la consigna de quienes ahí los llevaron.

Este martes la Cofemer deberá emitir su dictamen total final sobre el proyecto de Convergencia que elaboró la SCT. No es el gran documento que requiere la competencia, pero en efecto, es mejor que su primera versión. Se trata de un acuerdo que permitirá a los operadores de sistemas de televisión y audio restringidos dar telefonía fija de servicio local, y a su vez permitirá a los operadores de telefonía fija en el servicio local ofrecer tv restringida.

Este acuerdo de convergencia tecnológica ha suscitado divergencia de posiciones, incluso entre operadores dominantes en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, que con frecuencia simulan o encubren sus diferencias, y utilizan a otros actores para presentar sus verdaderos puntos de vista; pero al final, todo recae en una negociación entre los grandes del teléfono y la tv. Mucho hay de ello en el intercambio de desplegados, opiniones y respuestas que a propósito de ese proyecto hemos visto en los últimos días. Grotesca como pocas, resulta la opinión de la "nueva" Cofetel, que en el minuto final de la discusión exige respeto a su "autonomía plena" y a sus "facultades exclusivas".

Pero también es importante señalar que a diferencia, la conducta de la Comisión Federal de Competencia es excepcional y muy ajena a ese manejo varias veces manipulador que han tenido los interesados directos y otras instancias reguladoras.

A la insistencia de ese órgano que preside Eduardo Pérez Motta le deberemos hacer avanzar cláusulas importantes. Desde octubre de 2005, en cumplimiento de su función de velar por la competencia y la libre concurrencia de esta convergencia, estableció condiciones para evitar fenómenos de concentración y prácticas discriminatorias, o barreras artificiales a la entrada de nuevos jugadores. No encontró razón técnica alguna para detener la competencia entre este tipo de prestadores de servicios, pero señaló el cumplimiento de obligaciones específicas (condiciones asimétricas) al operador dominante de la telefonía, Telmex, para entrar en el nuevo mercado de tv restringida: la interconexión de las redes, que asegure la interoperabilidad de éstas y la portabilidad de los números, esto es, el derecho del usuario a mantener su número telefónico independientemente que decida cambiarse de empresa, en cuanto a telefonía fija.

Después de un estira y afloje, y una vez que la Cofemer devolvió el 16 de julio a la SCT su primer proyecto para incorporar esas condiciones, cosa que ocurrió en la nueva entrega del pasado 26 de agosto, han quedado incorporadas las exigencias de la Cofeco, y su necesaria intervención en el proceso en que un mismo agente participe de manera simultánea, mediante dos o más concesiones, en la propiedad, operación o explotación de redes públicas de telecomunicaciones dentro de la misma localidad o área de servicio local. Luego veremos si en realidad Telmex cumple estas obligaciones o las elude, como lo ha hecho con la mitad de las que tiene incorporadas en su título de concesión.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

Balance de la apertura

Ernesto Villanueva
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM donde coordina el área de derecho de la información.


En poco más de cuatro años México ha dado un giro vertiginoso en materia de apertura informativa. La aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental por unanimidad en el Congreso de la Unión el 30 de abril de 2002 y la aprobación de 28 leyes estatales constituyen el mejor ejemplo de esta afirmación. Es una de las reformas estructurales más importantes del país, cuyos efectos poco a poco se están viendo en políticas públicas, toma de decisiones personales e institucionales, combate a la corrupción y fomento de un periodismo de investigación. En cuatro años hay un conjunto de lecciones aprendidas significativas. Veamos.

Primero. La lucha por el acceso a la información en México tuvo el sentido de la oportunidad y la pertinencia. A partir de 2000, académicos, organizaciones sociales con el acompañamiento de los principales medios de comunicación pusieron en la agenda del debate nacional el tema. No sólo eso. En lo que se denominó el Grupo Oaxaca se pasó de ideas genéricas a una estrategia puntual que supuso la redacción de un proyecto de ley y un mecanismo de socialización así como el cabildeo legislativo sobre la ley. En este punto hubo que vencer resistencias de todo tipo. Desde aquellas formadas en el desconocimiento de la trascendencia del tema hasta aquellas preocupadas precisamente por la importancia política, económica y social de la apertura. Hubo al final del día sólo dos iniciativas a debate (una tercera presentada por el diputado Luis Miguel Barbosa, del PRD, fue retomada por el documento inspirado en el Grupo Oaxaca), la de todos los partidos de oposición y la presentada por el partido en el gobierno, Acción Nacional. En un hecho histórico de compromiso con el país, la Cámara de Diputados permitió la participación directa de los expertos del gobierno y del Grupo Oaxaca para discutir artículo por artículo. Se llegó así a una redacción de consenso y se aprobó la mejor ley en la materia que las circunstancias políticas de ese momento permitieron.

Segundo. La renuncia voluntaria de los miembros del Grupo Oaxaca a formar parte del órgano regulador independiente, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, para evitar suspicacias de todo tipo, encareció los costos para que el gobierno federal designara a cualquier persona. Se pudo integrar en esa oportunidad un pleno del IFAI con una apreciable autonomía en sus decisiones y una voluntad significativa por la apertura. Acaso precisamente por eso hace poco hubo un intento fallido de un grupo de senadores del PAN por llevar a cabo una reforma legal que acotara la definitividad de las resoluciones del IFAI para los sujetos obligados a informar, quizá una de las conquistas más importantes de nuestra ley.

Tercero. En estos años paradójicamente se pudo constatar cómo en México el proceso de apertura informativa ha tenido una etapa de crecimiento, mientras en Estados Unidos (que nos sirvió de modelo inicial) ha existido una regresión a raíz de los lamentables hechos del 11 de septiembre de 2001. En América Latina parece haber buenos deseos y una coincidencia en la importancia del tema. La realidad, empero, no va por el mismo camino que las expresiones públicas. Si bien existen iniciativas de ley en todos los países de la región, no se han construido, sin embargo, los consensos necesarios para su aprobación correspondiente, salvo en Panamá, Perú y República Dominicana. En Chile y Colombia las normas de procedimientos administrativos contienen dosis importantes de transparencia de la gestión pública. En Argentina, finalmente, un decreto presidencial se ha convertido en un primer paso en el ámbito nacional de ese país sudamericano.

Cuarto. No todo en México es miel sobre hojuelas, a pesar del saldo favorable en términos generales. El diseño institucional y las políticas públicas de implementación de las 28 leyes aprobadas registran diferencias contrastantes. En algunos casos, la ley es simplemente un fetiche y cumple un cometido formal. En otros, los esfuerzos porque la ley se cumpla avanzan lentamente, pero avanzan al fin y al cabo. Y sólo excepcionalmente hay una dosis razonable de cumplimiento. únicamente en cuatro estados de la República se ha creado hasta ahora un muro infranqueable para la transparencia como derecho: Chiapas, Hidalgo, Oaxaca y Tabasco.

A pesar de todo, lentamente se ha formado una comunidad de transparencia que en sus diferencias coincide en este común denominador. Y esa unidad explica que la distancia que separa la prédica de la práctica cada día sea menos grande.