28 de abril de 2008

Más iniciativas, pocas leyes

Javier Corral Jurado

El actual periodo ordinario de sesiones que está a punto de concluír, segundo del segundo año de ejercicio legal de la actual legislatura del Congreso de la Unión, ha visto pasar como ningún otro, un conjunto de iniciativas de reforma, de adición y de creación de nuevas leyes en materia de información, medios de comunicación, imprenta, telecomunicaciones y acceso a la información pública. Sin embargo, la iniciativa mayor que se esperaba, impulsada por la sentencia de la SCJN que invalidó la ley televisa y que se ofreció como compromiso político de los líderes del Senado, no llegó.

El Grupo plural que se conformó en esa cámara para la reforma de la legislación en materia de telecomunicaciones, radio y televisión, ha pospuesto para septiembre su formulación, toda vez que planteada como reforma integral y sujeta a los criterios que planteó nuestro tribunal constitucional, la sola presentación de un proyecto por parte de ese grupo de legisladores requiere de un procesamiento más amplio entre los partidos y de un ambiente propicio para su discusión, lo que hoy no permite el debate sobre la propuesta energética.

En cambio, a lo largo de estos tres meses – incluido el lapso en que estuvieron tomadas las tribunas de ambas cámaras y las sesiones se llevaron acabo en sedes alternas -, se fueron desgranando algunas posiciones partidistas y particulares de senadores y diputados en torno a propuestas desagregadas o específicas de esa necesaria modernización del orden jurídico en torno de la información y los medios.

Son una decena de propuestas legislativas presentadas en ambas cámaras que por un lado, ponen de manifiesto la importancia creciente que los legisladores asignan a este tema, la inquietud que se ahonda entre los miembros del cuerpo legislativo por la dispersión, las lagunas, la obsolescencia, las contradicciones y el desfasamiento de las normas en este derecho social permanentemente aplazado; pero también permiten identificar con toda claridad las posturas diferentes que existen no sólo entre un partido y otro, sino entre miembros de un mismo partido. Y más allá de esas diferencias entre correligionarios, planteadas de un modo natural, brota también con toda claridad a qué intereses sirven algunos de los legisladores en la relación audiencias y empresas de comunicación, cómo incluso se introducen en el proceso legislativo ciertas propuestas para detener otras.

De manera singular, tanto legisladores del PRI como alguno de los que se ostentan serlo del Partido Verde, han sido instrumentos para incorporar dentro de sus iniciativas temas que, en otra circunstancia, podría haberlas presentado Televisa o Televisión Azteca, si en efecto ya se hubiera garantizado en nuestro país el derecho de iniciativa ciudadana y si no fuera tan creciente el desprestigio que acumulan todos los días, tanto por el abuso y el exceso cometido hace más de dos años como por su mantenida resistencia a la reforma electoral . Pero fuera de esos, menores por cierto, casos de encubrimiento legislativo, en general se han presentado planteamientos razonables y propuestas acertadas. En las próximas semanas iremos desmenuzando esos proyectos, para entresacar la letra chiquita.

Particularmente en el estudio y análisis que las comisiones legislativas hagan de esos proyectos, se han depositado cuatro iniciativas de ley que buscan reconocer el derecho de réplica que tiene toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los medios de comunicación en general. Tras la reforma constitucional en materia electoral, que incorporó al artículo sexto la garantía de este fundamental derecho, se desplegó un encomiable esfuerzo reglamentario.

La primera iniciativa que se presentó, fue la del Senador panista, Alejandro Zapata Perogordo, el jueves 13 de diciembre de 2007 y se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. El viernes 4 de abril de 2008, ya en el actual periodo, los grupos de trabajo de la Cámara de Diputados y del Senado involucrados en la Reforma del Estado entregaron un proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 6 de la Constitución y quedó como uno más de los aportes de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA).

El 8 de abril de 2008, los diputados José Antonio Díaz García, Dora Alicia Martínez Valero y Rocío del Carmen Morgan Franco, del grupo parlamentario del PAN presentaron la iniciativa que expide la Ley para Garantizar el Derecho de Réplica, con la rara concurrencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública también fue turnada a la Comisión de Gobernación.

El Senador Javier Orozco Gómez, presumiblemente a nombre del PVEM hizo lo propio el 21 de abril, y presentó una iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta; deroga el artículo 186, numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y expide la Ley Reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica a través de los medios de comunicación impresos y de radiodifusión. Cuatro comisiones la estudiarán: de Justicia; de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

Es de esperarse que las comisiones legislativas especializadas en la materia, aprovechen el receso legislativo para analizar y debatir las iniciativas, y en ocasión de la posposición de una nueva ley en materia de Telecomunicaciones y radiodifusión, se coordine un trabajo de dictaminación sobre una materia que hasta hoy acumula muchas iniciativas y tiene pocas leyes.

25 de abril de 2008

País de topes múltiples

José A. Crespo

En México tenemos una cultura que rinde pleitesía a toda índole de topes y obstáculos, mismos que en parte explican nuestro rezago en varios ámbitos. Hace semanas apareció una nota que, si bien no tiene la misma trascendencia que otros temas de la cargada agenda actual, refleja un problema de fondo. Relata cómo en la ruta de evacuación en las faldas del Popocatépetl, es necesario recorrer tramos de terracería, entre hoyos y baches, que no permiten una velocidad mayor a los 40 kilómetros por hora y, además, está obstruida por 200 topes, algunos de hasta 37 centímetros de altura. De modo tal que, lo reconoce Protección Civil, en una situación de emergencia los autos que respetaran los topes fácilmente podrían ser golpeados por otros vehículos. Un diseño absolutamente irracional. Este absurdo vial prevalece, no sólo en ese tramo en particular, sino prácticamente en todo el país, cruzado a lo largo y ancho por topes de todas variedades, alturas, materiales, tanto en calles sin asfalto como en vías de alta velocidad. Desde hace mucho me ha intrigado esta peculiaridad de nuestra cultura, que no se ve en otros países, ni siquiera los del tercero o cuarto mundos.


¿Cuál se supone que es la racionalidad de los topes? Que los autos no vayan muy aprisa, y así evitar accidentes. Suena lógico y la mayoría de la población da por válido eso. Lo que implicaría que, dado el número de topes que pueblan nuestro territorio, el número de accidentes y atropellos debería ser muy inferior al registrado en el resto del mundo, que casi no tiene topes. No hay nada que así lo demuestre. En cambio, los topes no visibles (lo mismo de noche que de día), los que están en vías de alta velocidad o los que se interponen en una ruta de evacuación (como la del Popo), tienden a provocar, más que a evitar, accidentes. Los topes constituyen pequeños retenes que castigan a los automóviles transgresores, dañándolos (así como la retina de sus conductores) y generando más tráfico del necesario. Varias calles de la capital tienen un flujo aceptable (en ciertas horas del día, por supuesto) hasta que aparece un tope (lo cual no exige mucho tiempo). Entonces se forma una fila de vehículos, cada uno de los cuales tomándose varios segundos con el fin de atravesar el obstáculo, sólo para encontrarse a pocos metros con un nuevo tope, que provoca otro pequeño pero absurdo atasco vehicular.

Su presunta racionalidad mengua también cuando los vemos en caminos que no se pueden recorrer a más de 20 kilómetros por hora. Preferible poner un tope más, antes que tapar múltiples baches que también son parte de nuestra cotidianidad vial. De hecho, es permitido y hasta bien visto que los particulares levanten topes. Cada ciudadano se siente más seguro si su calle está “protegida” por topes en cada esquina o, mejor aún, frente a su casa. Por eso están en todos lados. Poco falta para encontrar topes también en las pistas de nuestros aeropuertos.

Más allá de la irracionalidad específica de los miles (o millones) de topes que entorpecen nuestros caminos y calles, el problema radica en lo que reflejan en términos idiosincrásicos; ¿qué clase de país incurre en semejante despropósito sin percatarse de ello?, ¿por qué en otros países no ocurre lo mismo?, ¿cuál fue el origen de la cultura del tope en México?, ¿por qué prendió con tanto entusiasmo tan obstructiva práctica? He ahí un reto para algún antropólogo social (quizás extranjero, pues los mexicanos probablemente verán el fenómeno como una práctica normal y hasta inteligente). Lo malo no son los topes físicos en sí, sino la cultura que los genera, pues topes semejantes se hallan también en otros ámbitos sociales: en la economía, el comercio, la educación, la política, la información, la ciencia, la justicia, la administración pública o la organización energética. Topes burocráticos, institucionales, legales, políticos e ideológicos que, como los callejeros, se legitiman a través de una extraña racionalidad, pero terminan generando lentitud, parálisis, impedimentos de mil tipos, obstáculos que entorpecen la fluidez social.

Los topes callejeros parecen hechos ex profeso para obstaculizarnos a nosotros mismos, generando un tránsito menos fluido y más accidentado (contrariamente a su propósito declarado). Parecería que igualmente los múltiples topes legales, burocráticos, económicos, administrativos y políticos son levantados para bloquearnos tanto como sea posible. Eso lo hacemos muy bien, provocando la parálisis del país, el empantanamiento y el rezago que padecemos. Ese es el problema de fondo. Así, los topes no sólo están en las calles y avenidas. Están en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida pública, en nuestra cultura, en nuestra esencia nacional. Topes mentales que se caracterizan por tomar como algo perfectamente racional, lógico y explicable, procesos y costumbres que esencialmente no lo son.

Probablemente por esa cultura del bloqueo es que, al adoptar modelos que en otras latitudes funcionan razonablemente bien, aquí los desvirtuamos en un santiamén. O si diseñamos un esquema novedoso y funcional, no pasa mucho tiempo antes de que nuestros topes mentales se materialicen para impedir que cumplan su propósito original. Dos ejemplos de muchos, a) el IFE funcionó muy bien desde 1994, ante lo cual los partidos decidieron rebajarlo dramáticamente en 2003. b) El sistema electoral había hecho grandes avances, que por tanto había que frenar, como lo hicimos en 2006, para regresarlo varios años atrás. De modo tal que nuestro lema nacional parecería ser: “Si algo funciona bien, es porque algo anda mal”. Y acto seguido, le ponemos una zancadilla, levantando topes donde no los había.

¿De la mediocracia a la partidocracia?

Pablo Arredondo Ramírez

Democracia y medios masivos de comunicación tienen infinidad de puentes. La radio y la televisión, además de desempeñar su papel de espacios y conductos para la deliberación, se constituyeron en actores políticos. La reforma electoral de 2007 es incomprensible sin ese contexto, en el que se impuso la necesidad de acotar el poder de los medios y del dinero en la vida política. Este ensayo da aliento a la reflexión sobre los roles de los medios de comunicación electrónica en democracia.

¿Debería interpretarse como una vendetta? ¿Se trata de la revancha de la clase política sobre uno de los poderes fácticos que más peso han adquirido en el México de la transición democrática? ¿De qué manera concebir una reforma político-electoral que escandalizó a los concesionarios del espectro electromagnético y que obligó al relevo —antes de tiempo— de una parte de los miembros del órgano responsable de organizar y arbitrar las contiendas federales? ¿Avance o retroceso?

Las respuestas a estas interrogantes no son sencillas, tienen una base compleja que se alimenta, por una parte, de las experiencias recientes y, por la otra, de tendencias de largo aliento. Son las inercias que han ayudado a construir históricamente un patrón de articulaciones en el campo de la comunicación política nacional y que ahora mismo atraviesan por un periodo crítico de redefiniciones.

La contribución mediática al saldo rojo de la elección

El malestar heredado por el proceso electoral de 2006 no es ajeno al papel jugado por los medios de comunicación antes, durante y, en alguna medida, después de la contienda para renovar los poderes federales. Una tajada nada desdeñable de los señalamientos en torno a las precariedades del proceso y a la polarización exacerbada del electorado recayó precisamente en las maneras de intervención asumidas por los medios junto con otros actores de la esfera del poder. La ciudadanía fue testigo de un proceso en el que se inauguraron muchos de los vicios de los que adolecen las campañas en ciertas democracias consolidadas y que han llevado a acuñar el concepto de “malestar mediático” entre algunos analistas.1

No hay que soslayar, sin embargo, que la campaña por la presidencia de la República y las cuestionables prácticas comunicativas operadas en ella, representaron un momento —si se quiere climático— de un proceso que arrancó con antelación. El preámbulo a lo observado durante los meses de la contienda presidencial del 2006 se puede ubicar en una política mediática que privilegió desde tiempo atrás los escándalos en el mundo de los actores del poder, con filtraciones anónimas y videos que exhibían las corruptelas de unos y de otros. Incursionamos en la “modernidad democrática” recurriendo a esa ya vieja práctica del escándalo político que hace de la visibilidad vergonzosa de los contendientes un recurso para la obtención o el mantenimiento del poder.2

Con la política del escándalo llegaron también nuevas modalidades de comunicación pública. Por ejemplo, las precampañas electorales —muy en particular las diseñadas y operadas desde múltiples ámbitos del territorio gubernamental— adquirieron notoriedad. La campaña se tornó permanente. Difícil distinguir entre desempeño de la administración pública y promoción de la imagen oficial. Y por si no fuera suficiente la personalización del ejercicio de gobierno se consolidó como modo de operación cotidiana. Gobierno, gobernante y aspiraciones políticas se mezclaron bajo el principio de que la confusión producida por esta amalgama en la opinión pública terminaría generando dividendos favorables al posible candidato. Este escenario se multiplicó prácticamente en todos los niveles y ámbitos del gobierno, desde los municipios hasta las distintas ramas del gobierno federal.

La urgencia por ganar visibilidad positiva y por anticipar a los otros aspirantes a ocupar el cargo de marras produjo en los años recientes una creciente inversión publicitaria de naturaleza gubernamental en los medios, muy en particular en los electrónicos. Bastaba asomar la mirada a las pantallas de televisión o a las páginas de los diarios en cualquier parte del territorio nacional para cotejar las bondades de la publicidad oficial y para corroborar la personalización de la política como estrategia del gobernante en turno.

La popularidad fue intercambiada por el sentido de la eficiencia en los ámbitos de gobierno. Lo relevante no era hacer sino parecer o, mejor dicho, (a)parecer. Por eso, junto con los esfuerzos de promoción personal los actores del poder público pusieron un énfasis especial en la medición periódica de su imagen frente al sentir de la ciudadanía. Las encuestas —antaño relativamente escasas— se multiplicaron y se convirtieron en otro más de los espejos en los que el poder deseaba contemplar narcisistamente todo su esplendor.

Pero no habría que extrañarse. Lo que a final de cuentas se pudo palpar desde antes de que la contienda formal del 2006 arrancara fue, básicamente, ese fenómeno que en muchas latitudes se conoce como “mediatización de la política”.3 Es decir, la dependencia creciente de la acción política con respecto a los medios de comunicación, que en los escenarios democráticos (consolidados y emergentes) se alimenta del escándalo, de la idea de que la campaña es permanente, de la imagen y la personalización de la política, del intento por establecer las prioridades de la agenda informativa, y de los esfuerzos por incidir en la opinión de la ciudadanía.

La campaña del 2006 fue la corroboración de que la política mediatizada, con sus implícitos riesgos, había anidado en la incipiente democracia mexicana, con su endeble sistema de partidos y una cultura cívica plagada de contrastes y desigualdades. La espectacularización de la vida pública y las estrategias de mercadeo político encontraron un campo fértil en un entorno político en el que la liberalización informativa y la creciente competencia partidista se habían convertido en una realidad. Y en ese campo recién abonado fue posible desarrollar una de las campañas políticas más cuestionables desde 1988. Guerra de encuestas, guerra de spots, descalificaciones, despilfarro de dineros públicos en publicidad, injerencia abierta de gobernantes en las campañas, intervención de organizaciones corporativas y privadas en la lucha propagandística, difusión de rumores, y una exacerbada polarización ciudadana fueron el sello de la casa. El resultado: una elección que socavó la credibilidad de nuestra incipiente democracia y de las autoridades responsables de organizar y sancionar la propia contienda. De hecho, se puede decir que las autoridades electorales fueron rebasadas por el vértigo de las campañas, sin que al parecer pudieran restablecer la mesura necesaria. El saldo a todas luces fue deficitario para el futuro de la democracia mexicana.

El posicionamiento de los medios

Con el advenimiento del nuevo escenario de la política en México, desde hace poco más de una década, todos los actores de la vida pública iniciaron un proceso de reacomodo a las condiciones emergentes. Los medios no fueron la excepción. Por el contrario, si en algún territorio se evidenció el signo de los tiempos —los de la alternancia y la competencia partidista— fue en el de la comunicación. Además el proceso de liberalización informativa propio de las sociedades en transición, 4 se reflejó también en una centralidad acelerada de los medios en los juegos del poder. Sobre todo en relación con la televisión, la que amplió frente a los actores tradicionales de la política su margen de autonomía. La tradicional función de las empresas televisoras que se circunscribía a servir como caja de resonancia del poder en turno fue mutando ligeramente para convertirse en arena de confrontaciones entre las fuerzas políticas, sin que ello significara la renuncia a los propios intereses de las televisoras.

Fue así como la lucha por el poder y el ejercicio de gobierno sufrió un proceso intenso de mediatización. Y en virtud de concenello las formas tradicionales de articulación entre los medios y el poder político experimentaron mutaciones. La alternancia supuso nuevas maneras de relacionar a los medios con las audiencias y a éstas con el mundo de la política. Quizá lo más significativo de esta relación fue y ha sido, como ya se mencionó, la ampliación de los márgenes de autonomía que los actores mediáticos adquirieron de cara al poder público. Es decir, la intensificación de su condición de poderes fácticos.

Paradójicamente, la centralidad mediática en la arena pública mexicana ha crecido a la par del desprestigio de la clase política. De la misma manera en que, irónicamente, esa tendencia se ha empatado con un crecimiento acelerado de los gastos publicitarios de los actores políticos. Iniciativa realizada bajo el supuesto de que la visibilidad otorgada por los medios tarde o temprano genera réditos positivos o, al menos, la posibilidad de no subsistir en la marginalidad.5

Como sea, todo indica que el peso específico de los medios de comunicación —especialmente de la televisión y en menor medida de la radio— está vinculado al espacio que ocupan en la esfera pública nacional. Es decir, en el espacio en el que hipotéticamente debería coincidir la ciudadanía para analizar y discutir los asuntos que conciernen a todos y donde el resultado final debería ser el argumento más convincente, racionalmente hablando.6 Es un espacio propio de la sociedad civil en el que al decir de Vallespín, “los individuos, actuando como ciudadanos y formando el público, entablan una discusión racional subvertida del poder y del dinero sobre asuntos de interés general”.

Sin embargo, no es un secreto para nadie que la esfera pública de las democracias modernas está condicionada significativamente por los actores mediáticos quienes de una u otra forma pretenden orientar y fijar los términos del debate ciudadano y que tal condicionamiento ha sido juzgado de manera negativa. A los medios se les señala como una fuente importante de degradación de la esfera pública en las democracias contemporáneas.

De acuerdo con esta tesis, la degradación de la esfera pública se produce por factores tales como la creciente concentración de los medios en pocas manos —lo que atenta contra el acceso de la mayoría a la información y a establecer las prioridades del debate público—, por la banalización de la vida pública en los contenidos informativos, por la ruptura de las fronteras entre los público y lo privado, por el fomento al voyerismo y al escándalo político y por el énfasis otorgado a los factores emocionales por sobre los racionales entre las audiencias. Ésas son, precisamente, algunas de las tendencias observadas que han llevado a cimentar la idea de que los medios de comunicación con su actuación atentan contra la sustentabilidad democrática.

No obstante, los medios se han tornado imprescindibles y, en la misma medida, centrales en la vida cotidiana de millones de individuos. Su presencia en la sociedad no sólo es indiscutible sino en algunos casos abrumadora. México ejemplifica bien esta situación, muy en particular cuando el referente es la televisión. El nuestro es un país en donde sin importar el grado de desarrollo de las regiones y las localidades, su riqueza o su marginalidad, la televisión es prioritaria como servicio en el ámbito doméstico. Hasta el año 2005, las viviendas con aparato de televisión (91%) superaban a las que contaban con agua entubada (87.8%) y con drenaje (84.8%). En el mismo caso se encontraban las viviendas con refrigerador (79%) y con lavadora (62.7%). Y aunque las diferencias varían de acuerdo a las entidades, la tendencia prevalece lo mismo en Jalisco que en Oaxaca.7

A la vista de esta realidad se explica, también, la conformación de la “dieta mediática” de los mexicanos. Somos devoradores de contenidos televisivos de forma desproporcionada. Veamos. Se calcula que en los 28 principales centros urbanos del país en donde radica el 48% de la población y se concentra casi el 57% de los televidentes, el aparato televisor está encendido un promedio de ocho horas al día. Y si acaso esa vivienda cuenta con servicio de televisión restringida (26% de las viviendas), entonces el promedio se eleva a nueve horas 40 minutos por día. Cabría además señalar que en promedio cada uno de los hogares de esas zonas cuenta con dos aparatos de televisión. Los televidentes tienen un promedio de exposición individual de cuatro horas y media al día que suele incrementarse ligeramente cuando se cuenta con televisión de paga. En pocas palabras, los mexicanos asiduos a la televisión le dedican al medio la tercera parte del tiempo en que no están dormidos. No es un dato menor. Y aunque el volumen de la audiencia varía de acuerdo con los horarios y con las características sociodemográficas de la población, no hay momento del día en este país en el que se deje de ver televisión.8

Si se compara a la televisión con otros medios se manifiesta la centralidad de que goza la pantalla chica en el entorno de la comunicación social. Por ejemplo, en una entidad como Jalisco, mientras el 93.5% de la población afirma ser televidente, sólo 66.5% sostiene ser radioescucha. El escenario es aún más preocupante cuando la comparación se establece con el mundo de los medios impresos: 46% declara que lee revistas (de entre las cuales las más atendidas son aquellas que remiten al mundo de la televisión y del espectáculo), y apenas 32.6 % se confiesa lector de periódicos, ello sin considerar que los contenidos favoritos de los lectores de diarios son los deportes, el aviso de ocasión y los espectáculos. Además habría que tomar en cuenta que sólo 16% de ese 32% declara ser lector de todos los días.9 No sería descabellado imaginar que de una u otra forma estos datos repliquen la realidad de muchos rincones del país. Por eso al hablar de la centralidad de los medios en la vida pública mexicana es menester introducir los matices. Cada medio tiene un peso ponderado y específico. La televisión, hasta nuevo aviso, es reina incuestionable del territorio mediático nacional.10

A pesar del acelerado impacto social de las innovaciones tecnológicas, de la rápida penetración de internet en el escenario de la comunicación mexicana, la televisión mantiene su hegemonía en el mundo de los medios y en la sociedad en su conjunto. Hoy por hoy, es la más importante fuente de información y de entretenimiento de la mayoría de los mexicanos. En ella se condensan los principales nutrientes de la dieta simbólica de los habitantes de nuestro país, y de ella emanan las representaciones dominantes de la vida pública. Para la sociedad civil la televisión es la puerta principal de entrada a la esfera pública, a la zona de debate de los asuntos que conciernen a unos y otros. Para la sociedad política —como lo ha demostrado la experiencia reciente— representa la posibilidad de existir o, en su defecto, ser condenada a la marginalidad pública.

No obstante, más que por su capacidad de manipulación y de imposición sobre las audiencias, el poder de los medios —comenzando por la televisión— emana de su potencialidad para establecer las agendas de lo que presuntamente es relevante sobre lo que no lo es; surge también de la posibilidad de hacer visibles a los actores sociales y de la clase política o en su defecto de facilitar su desdibujamiento de la escena pública, y de servir como arena (interesada) de las confrontaciones de quienes aspiran al poder. Todo esto sin hablar del impacto económico y cultural que acarrea la actuación cotidiana de los medios.

Sólo en esa medida es que la mediocracia —sobre todo la que remite a la radio y la televisión— puede ser caracterizada. Y en México ese poder llamado fáctico opera en condiciones de privilegio. Se trata de un poder regido por leyes anacrónicas, dispuesto a utilizar su influencia y poder disuasivo (por ejemplo, el golpe de una campaña pública) para diseñar marcos normativos acordes a sus intereses particulares tanto en el ámbito estrictamente político como en el económico. El affaire conocido como Ley Televisa fue un verdadero paradigma de ese comportamiento. En México, el poder mediático de la televisión, y en menor medida de la radio, es además un poder altamente concentrado, oligopólico, y por tanto aún más riesgoso para la sociedad. La mediocracia, pues, está lejos de ser una quimera.

La reforma electoral: ¿El tiempo de los partidos?

A los medios de comunicación no se les puede responsabilizar por las iniciativas y las acciones emprendidas por los partidos políticos, que en el caso de la elección federal del 2006 derivaron en una campaña plagada de signos negativos para la democracia. Tampoco puede ignorarse que la “guerra sucia” y el manejo desaseado del proceso fueron ante todo una responsabilidad de las partes en contienda, ya fuese que asumieran una postura reactiva o una propositiva con el fin de llevar a cabo las cuestionables prácticas electorales. Los medios no son culpables de ello. Sin embargo, los medios supieron aprovechar las circunstancias y cosechar importantes dividendos políticos y económicos a partir del escenario que se construyó en la más polarizada, desaseada y conflictiva elección de los muy recientes tiempos de la democracia mexicana.

El escenario del 2006 facilitó una creciente subordinación o dependencia de los institutos políticos vis à vis la industria de las comunicaciones. Agudizó la mediatización de la política en una democracia que además de emergente puede calificarse en muchos sentidos como inmadura. Junto a ello, es evidente que un sistema de partidos endeble o si se prefiere en construcción sirvió de abono para imponer una lógica perversa en la contienda. Estar en campaña sin estar en los más importantes espacios mediáticos equivalía a bordar en el vacío. ¿Quién podría atreverse a semejante osadía? Ya estaba probado, además, que las prerrogativas otorgadas por la ley en este sentido serían insuficientes. No habría —y de hecho así se probó— mejor acceso a los espacios mediáticos y a la esfera pública del electorado que a través de la chequera propia y la de los amigos. El resultado: un despilfarro de recursos públicos, la intromisión de grupos de interés transgrediendo el espíritu de la ley electoral, y el debilitamiento de los partidos frente al poder de los medios. Nada más alejado del ideal de una democracia sustentable.

A partir de esas realidades, la iniciativa de reformar el marco legal electoral desde su base constitucional no puede ser más que bienvenida por quienes apuestan por la consolidación de la democracia en el país. En el terreno que concierne directamente a la comunicación mediada lo más trascendente de las reformas constitucionales atañen al derecho de réplica (artículo 6) y a las disposiciones para garantizar el acceso permanente de los partidos políticos a los medios (artículo 41). Dentro de éstas, sin duda alguna, los aspectos clave se refieren a la prohibición impuesta a los partidos y a particulares de adquirir o contratar tiempos en radio y televisión, en campaña o fuera de ella. De igual manera, la prohibición de la publicidad gubernamental en los tiempos de campaña viene a contrarrestar una de las prácticas comunicativas perversas que más conflicto generaron durante la pasada contienda presidencial.

Las reacciones y acciones emprendidas por los empresarios de la radio y la televisión a partir de la iniciativa de reforma electoral y con la redacción de la ley secundaria, no tienen precedente. Desde sus privilegiadas tribunas han pretendido denostar los cambios a la Constitución argumentando que detrás de estas reformas se manifiesta la instauración de un poder exacerbado de los partidos, es decir, de una “partidocracia”. Misma que atentaría contra las libertades de expresión y (sin explicitarlo) de comercio. Sin argumentos sólidos pero ampliamente difundidos, los concesionarios de la radio y la televisión han buscado sembrar en la opinión pública una semilla de desconfianza hacia los partidos mayoritarios del sistema político. Es una actitud riesgosa para la democracia en construcción. Como sea, la actitud de los concesionarios raya en una paradoja: acostumbrados a ser gestores del conflicto entre terceros, han terminado siendo parte fundamental del conflicto.11

Pero más allá de esa irónica situación, lo cierto es que tal actuación de los medios parece contravenir no sólo su pretendida naturaleza de partes “desinteresadas”, neutrales y objetivas en los juegos del poder, sino quizá lo más delicado es que busca socavar a través de la reiterada descalificación (“partidocracia”) un fundamento de la democracia moderna: la existencia de un sistema de partidos políticos maduro y sólido. Sin ser un poder institucionalmente legitimado por otras vías que no sean el rating y una mediana credibilidad en las audiencias, las cabezas de los medios —las televisoras— juegan un papel que rebasa por mucho su condición de agentes mediadores y de arenas públicas para el encuentro de terceros. Ello sin ignorar que su influencia se sostiene en la explotación de un recurso público concesionado.

Desde cualquier perspectiva es evidente que los partidos políticos, al menos en lo que concierne a las reglas de acceso a los medios han actuado responsablemente en el diseño de la reforma electoral. Edificar una barrera de contención a la lógica del dinero en la zona que más recursos absorbe durante las campañas (la propaganda) y extender tal barrera al financiamiento privado, contribuirá sin duda a neutralizar distorsiones que tarde o temprano atentan contra el sostenimiento de un sistema democrático viable. En este sentido, el argumento de los concesionarios en torno a la “partidocracia” no empata con una realidad incuestionable: la reforma, consensada por los principales partidos, los obligará a amarrarse las manos, a contener cualquier tentación de convertirse en organizaciones cautivas de otras lógicas (las mediáticas o las de cualquier poder fáctico) al precio que sea con el fin de obtener el poder.

No se trata pues de una reforma que excluya o limite la libertad de expresión, sino de una legislación que frena de tajo a la parte más perniciosa de los procesos electorales mediatizados. Esa zona que hace de la elección un simple juego de mercado, en donde el acceso a la esfera pública está directamente relacionado con la capacidad económica de los contendientes. En contraste, los partidos han optado por una solución que a ellos mismos puede afectar negativamente en determinadas coyunturas, pero que sin duda beneficia al sistema político en su conjunto. No queda claro en dónde se sostiene la “dictadura de los partidos” en este aspecto. Antes bien, subyace en la reforma emprendida una visión de Estado, una solución que rebasa los intereses particulares de uno u otro partido en beneficio de la colectividad.

Se afirma que a partir de esta reforma el ahorro económico será significativo.12 Si se consideran, por una parte, las limitaciones impuestas al tiempo de precampañas y de campañas, y se suma la imposibilidad de contratación de publicidad, más la reducción de la publicidad gubernamental durante esos periodos, entonces el resultado seguramente redundará en beneficio del ciudadano y de los contribuyentes en general. Ése sin duda será uno de los grandes aportes de la reforma. Pero junto con el aspecto financiero, el gran aporte de la reforma electoral —al menos esa parecería ser la apuesta— radica en la posibilidad de generar contiendas políticas que eviten, en lo posible, la degradación del entorno cívico. Campañas sustentadas menos en la descalificación del contrario y más en la calificación de las propias ofertas programáticas de los partidos. Ésa es la apuesta y la moneda está en el aire.

La lucha electoral del 2006 tuvo un sello característico en materia de comunicación: el spot se convirtió en el espacio privilegiado de la contienda. La preocupación de los partidos se centró mucho menos en pugnar por una cobertura equilibrada de los noticiarios (los que, por cierto, en términos generales no presentaron mayores problemas) pero sustancialmente más en adquirir espacios publicitarios para difundir sus campañas. Lo que observamos fue prácticamente la “spotización” de la política, con todas sus “bondades”: simplificación, manejo de emociones, el triunfo de la imagen por sobre las razones, etcétera. Observamos una orgía de mensajes propagandísticos que terminó por saturar al electorado y por rebasar cualquier control por parte de la autoridad electoral.

Las nuevas disposiciones de la Constitución evitarán que tal francachela se repita, pero los riesgos ahora podrían remitirse nuevamente, como hace tiempo, a los espacios estrictamente informativos. Ya se ha advertido, y no está de más enfatizarlo, que con la prohibición del mercadeo propagandístico se levanta el riesgo de gestar un “mercado negro” de la noticia, en donde por intercambio monetario encubierto o simplemente por simpatía, determinados partidos y candidatos reciban un trato preferencial en las noticias. El peligro no es menor. No olvidemos que ésa fue la situación que en su momento llevó a establecer como obligación de ley para la autoridad electoral el monitoreo de noticiarios de radio y televisión en todo el país. El monitoreo se pensó, así, como una forma de neutralización de los desequilibrios imperantes en la radio y la televisión.

No hay duda de que cualquier intento por regular los espacios noticiosos nos lleva a un terreno delicado y pantanoso. Aun en defensa del equilibrio (que no la objetividad) de la información, la sola idea de regular tal tipo de contenidos corre el riesgo de pisar zonas vedadas para el espíritu democrático. Todo indica que la legislación secundaria buscará conciliar la obligada libertad de los comunicadores con el sentido de la equidad que los espacios informativos deben manifestar. La tarea no será sencilla.

Pero cualquier instrumento regulador que la ley electoral vislumbre para contrarrestar los riesgos de un “mercado negro” de noticias e informaciones (por ejemplo, entrevistas exclusivas o coberturas privilegiadas) será insuficiente para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Me explico. Las reformas constitucionales en materia electoral deben considerarse como una condición necesaria pero no suficiente en el complejo camino de la democratización de las comunicaciones en México. La neutralización de los sesgos en que puedan incurrir los medios radica en un espacio diferente a la estrictamente electoral. Depende en buena medida de la posibilidad de romper las tendencias monopólicas que predominan en la comunicación electrónica, de multiplicar las opciones de emisión, de abrir el mercado de la televisión a nuevos competidores, de apoyar a las organizaciones civiles y educativas para que se sumen a la oferta de contenidos informativos.

En pocas palabras, el mejor antídoto a largo plazo contra el “mercado negro” de la noticia y contra los desequilibrios informativos se encuentra en la eventualidad de una reforma legal paralela: la reforma de los medios y de las telecomunicaciones. Y el destino de esta reforma, al igual que sucedió con la electoral, está en manos del poder legislativo. La pluralidad mediática exige cambios en este terreno de la magnitud operada en la reforma electoral. La palabra la tienen los legisladores.

1 Cfr., Norris, Pippa (2000): A Virtuous Circle. Political Communications in Post Industrial Societies, Cambridge University Press, Cambridge; Paramio, Ludolfo (2000): “Democracia y ciudadanía en el tiempo de los medios audiovisuales”, Documento de trabajo 00-07, Unidad de Políticas Comparadas, CSIC, Madrid.

2 Cfr., Thompson, B. John (2001): El escándalo político. Poder y visibilidad en sufrió un proceso intenso de mediatización. Y en virtud de la era de los medios de comunicación, Editorial Paidós, Barcelona.

3 Cfr., Castells, Manuel (1999): “La política informacional y la crisis de la democracia”, en La Era de la Información. El poder de la identidad, vol. II, Siglo XXI Editores, México; también, Mazzoleni, Gianpietro y Shulz, Winifred (1999): “Mediatization of politics: a challenge for democracy?”, en Political Communication, vol. 16, julio-septiembre.

4 Cfr., O`Donell, Guillermo, Schmitter, C. Philippe y Whitehead, Laurence (1994): Transiciones desde un gobierno autoritario, Editorial Paidós, Barcelona; también, Chalaby, K. Jean (1998): “Political communication in presidential regimes in non-consolidated democracies”, en Gazzette, vol. 60, núm. 5.

5De acuerdo con información de Ibope y Advertising Age, en 2004 tanto la presidencia de la República como la Cámara de Diputados se encontraron entre las diez instituciones públicas y/o privadas que más gastos publicitarios erogaron en el país. Cfr., Advertising Age´s 20th Annual Global Marketers, noviembre, 2006.

6 Cfr., Vallespín, Fernando (1999): “Los desafíos de la democracia”, en El futuro de la política, Editorial Taurus, Madrid.

7 INEGI, Conteo Nacional de Población, 2005.

8 Jara Elías, Rubén y Garnica Andrade, Alejandro (2007): ¿Cómo la ves? La televisión mexicana y su público, Ibope-AGB, México.

9 Arredondo Ramírez, Pablo (2006): Encuesta Estatal sobre Medios y Audiencias en Jalisco, reporte de investigación, CUCSH-Universidad de Guadalajara.

10 De acuerdo con la Confederación de la Industria Mercadotécnica, la televisión concentró en 2004 el 70% de la inversión publicitaria en medios de comunicación.

11 Para una explicación conceptual de este proceso, cfr., Borrat, Héctor (1989): “El periódico, actor de conflictos”, en El periódico, actor político, Gustavo Gilli Editores, Barcelona.

12 Algunos cálculos hablan de que el ahorro derivado de la prohibición de contratar tiempos comerciales en radio y televisión podría llegar aproximadamente a tres mil 300 millones de pesos en los siguientes dos procesos electorales. Cfr., La Jornada, 13 de septiembre de 2007.

24 de abril de 2008

Los días y los medios

Febrero

27 Un monitoreo de la Cámara de Senadores señala que después de la aprobación de la reforma electoral, la información relacionada con el Senado bajó notablemente en los noticiarios de Televisa y TV Azteca.

28 El Grupo Plural encargado de elaborar el proyecto de reforma a la ley de radiodifusión entrega el llamado "libro blanco" ­que integra propuestas de 43 organismos e instituciones durante una consulta pública­, a fin de que el Senado discuta la nueva legislación en la materia.

Marzo

7 El reglamento del IFE en materia de propaganda institucional y político electoral determina que ningún funcionario ­incluido el presidente de la República­ podrá usar su fotografía, silueta, imagen o voz en difusión oficial pagada con recursos públicos o privados que se vincule con proselitismo o promoción personal.

Para distribuir el tiempo disponible de forma equitativa y armonizando los criterios que marca la ley con los compromisos comerciales de las empresas, el IFE ordena a los concesionarios de radio y televisión transmitir los spots de los partidos en horarios estelares, particularmente en tiempos de campañas electorales.

9 El Senado concluye que ni en la Constitución ni en el código electoral se prohíbe a los servidores públicos promocionar su imagen a través de Internet, teléfono, correo y telégrafo.

11 Tras desechar por "notoriamente improcedente" la demanda de amparo interpuesta por Proceso con el argumento de que se trata de un asunto eminentemente electoral y que el juicio de amparo no procede en estos asuntos, el pleno de la Suprema Corte da luz verde al IFE para que se destruyan las boletas de la elección presidencial de 2006.

Grupo ACIR recompra a Sinca Inbursa ­grupo financiero de Carlos Slim­ 20% de las acciones que éste tenía en la empresa, con lo que ACIR vuelve a ser en su totalidad de la familia Ibarra.

12 Concesionarios de radio y televisión inician la transmisión de los spots a que tienen derecho los partidos. Pero la CIRT señala que es "imposible técnicamente" transmitir éstos.

Sergio Uzeta, director de Notimex, anuncia la instalación de la Junta de Gobierno de la agencia de noticias para el jueves 13 de marzo, con lo que, en su opinión, se dará un paso fundamental en el proceso de desincorporación de este medio oficial.

13 El IFE confirma el incumplimiento en la transmisión de spots de partidos políticos en Televisa, TV Azteca y Grupo Imagen. Con el argumento de que el IFE excedió los límites constitucionales y legales y "pretende imponer horarios a la transmisión de propaganda de los partidos políticos", TV Azteca anuncia que interpondrá un juicio de amparo en contra de la disposición.

14 En respuesta a la solicitud de amparo de TV Azteca para no transmitir los spots de los partidos en horarios estelares, el IFE inicia un proceso que podría derivar en sanciones a esa televisora. Asimismo, envía oficios a Televisa y Grupo Imagen, para pedir explicaciones por su incumplimiento.

17 Telemundo se alía con Televisa para difundir su programación en México vía televisión abierta, restringida y plataformas digitales emergentes a partir de abril.

18 Con una semana de retraso, Televisa comienza a transmitir los promocionales de 20 segundos a los que tienen derecho los partidos.

Televisa y la Constitución

Ciro Murayama

Dice a la letra el artículo 134 constitucional: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. La anterior disposición entró en vigor el 13 de noviembre de 2007, cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los cambios a la Constitución como producto de la reforma electoral que el Constituyente Permanente llevó a cabo.

Por su parte la ley reglamentaria, esto es, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), define en el numeral cinco de su artículo 228: “Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral”. Es decir, el nombre, la imagen, la voz o algún símbolo que identifique a un gobernante sólo podrán aparecer en la propaganda gubernamental a propósito de su informe de gobierno, siete días antes y cinco después de ese evento anual, y exclusivamente en las estaciones y los canales locales.

El Cofipe puede ser menos categórico que la Constitución, y darles un breve paréntesis anual a los gobernadores para que desplieguen campañas de comunicación social con su imagen, pero ese levantamiento de la veda es de unos cuantos días y en los medios de comunicación electrónica locales. Nada más.

No obstante, el jueves 28 de febrero, la semana pasada, durante la transmisión de “El Noticiero” con Joaquín López Dóriga en el canal 2 de Televisa, se emitió un anuncio del gobierno de Tamaulipas, donde se mencionó al gobernador, Eugenio Hernández Flores, y se pasaron imágenes suyas en un evento del DIF local con personas de la tercera edad, donde la esposa del mandatario, Adriana González de Hernández, fue oradora, por lo que también escuchamos parte del mensaje de la señora. Al final del anuncio, apareció brevemente en pantalla el escudo de aquella entidad federativa. No se trataba, como permite el Cofipe, de la promoción o glosa del Informe de Gobierno del mandatario en Tamaulipas (que, por cierto, se celebra al final del mes de noviembre), ni el Canal 2 que se transmite a toda la República mexicana desde la capital del país es un canal local. A diferencia de lo que viene ocurriendo con las frecuentes menciones a mandatarios como Enrique Peña Nieto del Estado de México y como Marcelo Ebrard de la capital, en el caso que refiero el promocional del gobernador tamaulipeco no se intentó presentar como noticia; en todo caso se trató de un “infomercial”, es decir, información de un acto público vuelta propaganda, que resulta claramente violatoria de la Constitución al ser un instrumento de (auto)promoción personal.

En el pasado reciente, gobernadores como Arturo Montiel gastaron ingentes sumas de dinero público para promover sus proyectos políticos personales. Ese tipo de excesos en el manejo de las arcas públicas, cuyo contenido se transfería directamente a las empresas de la radio y televisión, propició la reforma constitucional que se plasmó en el artículo 134 para que los gobernadores no puedan utilizar su cargo en búsqueda de otros nuevos y a costa del erario público.

En la campaña de 2006 fuimos testigos además de violaciones a lo que la ley disponía en materia de compra de publicidad en radio y televisión con fines políticos. El Consejo Coordinador Empresarial desplegó una agresiva campaña contra López Obrador, violando entonces el Cofipe, tal como determinó la máxima instancia judicial en materia electoral en el país. Pocos han reparado en que esa falta del CCE tuvo un cómplice directo: los concesionarios que permitieron la emisión de esa campaña prohibida por la ley. El legislador, ante tan flagrante alteración de la norma secundaria, decidió llevar a la Constitución la restricción para la compra de publicidad electoral por parte de terceros.

En el episodio del anuncio del gobernador de Tamaulipas hay, al menos, dos actores que violan la Constitución: el que compra lo que no está permitido y el que vende lo que tiene prohibido vender, publicidad a favor de la persona de un gobernante. Una sanción oportuna y aleccionadora resulta indispensable. Antes de que gobernantes y televisoras hagan de las modificaciones a la Constitución papel mojado.

México, el país que menos crecerá en AL

México presentará el menor desempeño económico de América Latina, mientras que la región crecerá alrededor de 4.7% en este año, pronosticó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

“México y Ecuador registrarían los crecimientos más bajos, con 2.7% y 3%, respectivamente”, dijo el organismo en el análisis “Posibles escenarios e impactos de la crisis externa en la economía latinoamericana”

El crecimiento de la región se prevé sea 0.2% menor respecto al último pronóstico dado por el organismo de Naciones Unidas en diciembre pasado (4,9%).

De acuerdo a las proyecciones de la CEPAL, los países que más crecerían durante 2008 son Panamá (8%) y Argentina, Perú y Cuba, los que alcanzarían una cifra de 7%.

En tanto, los países que se acercarían al promedio regional serían Bolivia y Paraguay (5%), Brasil (4,8%) y Chile, Costa Rica, Honduras y Guatemala con 4,5%.

El año pasado el producto interno bruto de América Latina y el Caribe alcanzó 5.7% y se completaron cinco años consecutivos de crecimiento.

El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Luis Machinea, señaló que existe incertidumbre global causada por la entrada en recesión de la economía de Estados Unidos.

Los países latinoamericanos más pobres, en los que se observa una marcada alza en los precios de los alimentos, serán los más afectados por la desaceleración mundia, dijo el organismo.

También aquellas naciones exportadoras de manufacturas, las que reciben altos flujos de remesas y las que muestran grandes necesidades de financiamiento, como México, aunque la región en su conjunto se aprecia menos vulnerable que en el pasado.

23 de abril de 2008

NO SOLO A PEMEX DEBE REORDENAR CALDERÓN, TAMBIÉN A LAS TELEVISORAS

La prioridad del gobierno de Calderón no debe solo reordenar a PEMEX sino a los grupos de interés que compiten con las instituciones, entre ellos el predominio de las televisoras sobre la gobernación, el sindicalismo de Elba Esther sobre la educación, el sindicato petrolero sobre la transparencia y el monopolio de Telmex sobre la competencia.

Así lo señaló Javier Corral Jurado, al recordar que tanto el Ejecutivo como el Congreso tienen el compromiso histórico de dar cumplimiento al “fallo patriótico” de la Corte y “no andar pidiendo favores a las televisoras para que los saquen de problemas coyunturales en que se colocan las conductas vulnerables que se acreditan”.

En la inauguración del Foro Internacional sobre Reforma de los Medios, “Un Debate Abierto” el Presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) señaló que aplazar un derecho social como el de la comunicación en aras de una reforma económica, o intercambiar una por la otra, “sería repetir el error histórico del expresidente Fox”.

Por su parte el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete Ruiz, dijo que los grandes consorcios mediáticos como Televisa y Azteca han alcanzado un poder económico-político “por encima incluso de la voluntad de la sociedad y el Estado Mexicano.”

El senador perredista propuso tres grandes ejes para la nueva Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones: acceso a todos los actores sociales a los medios de comunicación “sin ningún tipo de restricción”; pluralidad y libre competencia de los medios; supremacía del interés general sobre los intereses particulares.

En el evento que se realiza en el Club de Periodistas del centro histórico de la Ciudad de México, el representante de la Fundación Alemana Konrad Adenauer, Rudolph Hubert reconoció que el Foro, que se ha venido realizando desde hace 10 años, se presenta “en un panorama político difícil y espinoso, contaminado por el actual debate sobre la reforma energética que cubre todos los espacios mediáticos”.

Sobre el debate energético el propio Corral Jurado dijo que “la reforma energética nos tiene metidos en la neurosis de la escaramuza y trata de llevarse a su paso no solo la toma de la tribunas del Congreso sino las mejores condiciones que hemos tenido para una reforma de los medios de comunicación.

El Foro que realizan de manera conjunta la Fundación Konrad Adenauer, la Comisión de Radiodifusión, Telecomunicación y Cinematografía del Senado, y la propia AMEDI durará hasta el viernes 25, y contará con especialistas de Alemania, Argentina, Perú y México, además de funcionarios de las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones. Será transmitido por el Canal de Televisión del Congreso.

En su inauguración contó con la asistencia de senadores y diputados de los tres principales partidos políticos: Carlos Navarrete -presidente de la Comisión de RTC- y Pablo Gómez del PRD; Arturo Núñez Jiménez y Raúl Mejía del PRI; Ricardo García Cervantes y Marko Antonio Cortez Mendoza del PAN; además de las diputadas panistas Rocío Morgan y Claudia Cruz.

• JCJ: EL PRESIDENTE Y EL CONGRESO COMPROMETIDOS CON EL FALLO DE LA CORTE

En su intervención, Javier Corral Jurado recordó que este Foro internacional inició desde hace 10 años y que en su momento recibió “fuego cruzado” de buena parte de los medios de comunicación electrónica “que en un sentido muy clarificador de su posición dijeron defender la libertad de expresión censurando nuestras discusiones”.

Hizo un reconocimiento al periódico La Jornada “sin altibajos o virajes reprochables ha sido el medio más consistente en atender y dar cuenta de esta causa desde 1998 hasta la fecha”.

Dijo que de entonces a la fecha el tema ha ido creciendo en su interés en la sociedad: “cada día son más los mexicanos que se ocupan de la reforma de los medios y cada día son más las organizaciones que conforman el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios”.

El Presidente de AMEDI señaló que “el debate está abierto, más vivo y más hondo que nunca y concretarse en una nueva legislación” y que la “decisión patriótica” del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “compromete al Congreso y al Presidente de la República a poner la parte que les toca en la construcción de un nuevo modelo de comunicación para México”.

Recordó que hay más de treinta criterios que estableció la Suprema Corte de Justicia en su fallo sobre la Ley Televisa que “no se le pueden olvidar ni al Congreso ni al Presidente de la República”: la integración de la Cofetel, los criterios para otorgar las concesiones y su renovación; la competencia en el ramo, las contraprestaciones, los medios públicos y privados, la convergencia digital, entre otros temas que se discutirán en este Foro.

Reconoció que la reforma energética ha contaminado el tema de la Ley de Medios y de la importancia que actualmente reviste para el gobierno:

“El gobierno del Presidente Calderón ha hecho de la reforma petrolera su prioridad. No lo reprocho, incluso lo entiendo. Lo que no debemos permitir a ningún gobierno, de ningún partido, es que por una reforma económica se aplacen derechos sociales básicos, se pospongan exigencias ciudadanas como del derecho a la información y mucho menos que se intercambien o se condiciones una por la otra. Esa ruta sería repetir el error histórico del presidente Fox”.

Corral Jurado reconoció que en los hechos la reforma de los medios ha sido aplazada para este periodo de sesiones y que esto la acerca al próximo periodo electoral en que se renueve la Cámara de Diputados. Ante esa situación “urge que redoblemos esfuerzos, que acompañemos a los legisladores que sí quieren una reforma a la legislación de las telecomunicaciones y por ello es preciso mantener el debate abierto de la nueva reforma de los medios electrónicos y no permitir que ni la reforma energética ni el receso en que entra el Congreso, aplacen la discusión”.

• DARLE CABIDA A TODOS LOS ACTORES SOCIALES: COORDINADOR DEL PRD

El Senador perredista Carlos Navarrete expuso que “no es posible aspirar a un gobierno plural e incluyente sin la transformación democrática integral de los medios de comunicación colectivos, puesto que es a través de ellos como se realiza cotidianamente la principal forma de conducción, organización y participación colectiva de la comunicación”.

Señaló los medios de comunicación electrónica en México han operado con un marco jurídico discrecional, con vacíos legales, creando uno de los modelos de mayor alto grado de concentración en el mundo

Así, por ejemplo, en televisión abierta el 95% de las frecuencias se concentran en dos empresas. Televisa tiene 225 frecuencias propias y 32 afiliadas. TV Azteca 180 frecuencias propias, asunto que se ha agravado con la convergencia digital.

Otro ejemplo revelador es que en 2005 la inversión total en publicidad fue de 44.9 mil millones de pesos, de los cuales 58.0% se destinó a televisión abierta, 3.2% a Televisión restringida y 38.8% a otros medios publicitarios. Del monto global del gasto publicitario dedicado a la televisión abierta, Televisa captó el 71.2% y TV Azteca el 28.2%.

“De esta manera los grandes consorcios mediáticos han alcanzado una concentración de un enorme poder económico-político, por encima incluso de la voluntad de la sociedad y del Estado mexicano”.

Aseguró el legislador que “existe consenso” por una nueva ley que regule a los medios electrónicos de comunicación “como instrumentos para la garantía de los derechos fundamentales de la libertad de expresión y derecho a la información”.

La pluralidad en los medios de comunicación, subrayó Carlos Navarrete, permite a los ciudadanos confrontar distintos puntos de vista, contar con mayores elementos para formar su propio juicio sobre la realidad y tomar decisiones basados en una mayor cantidad de fuentes de información.

• EL VOTO RAZONADO PASA POR PLURALIDAD DE MEDIOS: HUBERT

Rudolf Hubert de la Fundación Konrad Adenauer señaló que por un lado no debe existir una radio y televisión estatal como único medio de comunicación y por otro lado “tampoco es aconsejable permitir el libertinaje absoluto dentro del mercado mediático que dé lugar a la limitación de las libertades de información, expresión y comunicación de los ciudadanos”.

Director del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica-México, de dicha Fundación –organizadora del Foro Internacional desde su inicios- expuso que los intereses económicos de las empresas no concuerdan automáticamente con los de la ciudadanía en general, por lo cual el Estado debe subsanar esas deficiencias y asegurar no solo la libre competencia sino crear las condiciones para la participación de la sociedad.

Indicó que uno de los derechos fundamentales relacionados con la comunicación se presenta en las elecciones, por lo cual es muy importante que el ciudadano tenga acceso a diferentes fuentes de comunicación que le haga razonar su sufragio y emitir un “voto informado”.
“Para gozar plenamente de la libertad de elección, pero también de la libertad de expresión, es necesario tener la posibilidad de formarse una opinión a través del acceso a información auténtica, veraz y objetiva, sin previo filtro o interpretación subjetiva del Estado o cualquier otra institución pública o privada”.

22 de abril de 2008

Contradicciones

Javier Corral Jurado

El inmediatismo que vive la política en México —falta de visión de largo plazo— muestra en todo esplendor las posiciones contrarias que agitan la crispación sin querer hacerse cargo de ello; porque unas lo hacen en nombre del debate, y otras bajo la bandera de la libre expresión.

Una importante fracción de diputados y senadores de PRD, PT y Convergencia visualiza un albazo legislativo en la reforma energética y exige un amplio debate nacional. Para obligar a su realización según sus criterios deciden tomar las tribunas de las cámaras del Congreso, bajo una enorme manta que sentencia su clausura. Cancelan en los hechos la palabra, descalifican el diálogo, matan el debate.

La asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno —pequeña, pero instrumento de una corriente de pensamiento más extendida— declara como su misión “renovar la política y el civismo con los principios y valores del humanismo solidario, orientarlos al servicio del bien común; con un nuevo paradigma: actitud positiva”, y para lograrlo toman la decisión de reeditar la propaganda negativa y ponen en marcha el spot que compara a López Obrador con diversos dictadores.

Esa absurda e irracional protesta de la izquierda y esa reacción intolerante de ese grupo radical de derecha sintetizan las enormes contradicciones de nuestro actual proceso político caracterizado por “la neurosis de la escaramuza”, como llamara Efraín González Luna a ese fenómeno cuando los actores del primer plano son deformados y abultados en condiciones tales, que el interés vital de la acción a fondo se abandona y se pierde por atender lo inmediato.

Más allá de coincidir con quienes han repudiado esa campaña mediática, la propaganda negra, creo menester señalar que esa conducta inmoral e ilegal no está en las competencias del IFE para su sanción, sino en los tribunales civiles y en la esfera de la Secretaría de Gobernación. En estricto sentido, los contenidos de ese anuncio no violan las leyes que prohíben a cualquier persona o grupo contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales, ni a favor o en contra de partidos o candidatos. Violan, sí, múltiples normas legales, y tienen en otras instancias el deber de sancionarlas.

Es claro, bajo el artículo 1916 del Código Civil federal, el daño moral a López Obrador al compararlo con los dictadores e imputarle un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien. Salta a la vista la magnificación de un hecho circunscrito a la toma de las tribunas con la disolución que Huerta, Hitler, Mussolini y Pinochet llevaron a cabo de los congresos en sus países. Es imbatible la comparación engañosa con el propósito de afectar la imagen del ex candidato.

No justifico ni la toma ni mucho menos el contenido del spot y su divulgación. Pero pretender hacer al IFE la instancia encargada de la vigilancia de los contenidos de la programación en radio y televisión me parece que agregaría otro yerro al cúmulo de despropósitos que se desarrollan en torno de la relación medios, Estado y sociedad. Proporcionando argumentos a quienes de por sí resisten esa legislación para los motivos que la crearon: la equidad y la transparencia de la contratación de la propaganda política en medios electrónicos de comunicación para fines electorales.

Demostrar esa finalidad en los contenidos del multicitado spot es tarea compleja, cuando la debida sanción a quienes la diseñaron y la difundieron puede ser más sencilla. Con todo y su obsolescencia, no faltan tampoco en la Ley Federal de Radio y Televisión disposiciones que contemplen estos supuestos. El artículo quinto establece la función social de la radio y la tv: “Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares”; el artículo 10 obliga a la Secretaría de Gobernación a vigilar que las transmisiones se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad y no ataquen los derechos de terceros, provoquen la comisión de algún delito o perturben la paz pública.

Ese spot, además de que afecta su dignidad, siembra el odio, alienta la intolerancia y no atiende la promoción del diálogo que sí está considerado en las responsabilidades de los medios. No es admisible que se diga que el ex candidato merece ese trato porque es uno de sus más asiduos practicantes; claro que lo es, pero ese combate no se ganará asemejándonos a quienes hacen descalificaciones generalizadas, magnifican los hechos o mienten a sabiendas de que lo hacen. Y esa y no otra es la oportunidad de las autoridades judiciales y de la Secretaría de Gobernación de expresar con toda claridad que aún hay campo de acción para la civilidad, aunque desde la izquierda y la derecha se actúe contra ella.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

21 de abril de 2008

Polarización y dramatismo

José A. Crespo

Me parece sumamente reprobable e injustificable el bloqueo parlamentario que hacen los legisladores del FAP. Por más importante que sea el tema del petróleo (que lo es), no creo que ello autorice a pasar por alto el entramado institucional. Una institucionalidad, es cierto, poco creíble y sumamente deficiente, pero que puede y debe ser mejorada dentro de sus propios cauces (algo no fácil, pero tampoco imposible). En todo caso, la anarquía o la dictadura son opciones infinitamente peores. Pero muchas de las interpretaciones sobre ese bloqueo me parecen desproporcionadas. Y es que si bien los furibundos detractores de Andrés López Obrador lo acusan (con razón) de maniqueo, su discurso cae frecuentemente en el mismo maniqueísmo que condenan. Los radicales de cada bando se parecen más de lo que suponen. Así, si bien es un despropósito comparar a los senadores del FAP con Belisario Domínguez y afirmar que con la reforma energética seremos de nuevo una colonia, como lo afirma López Obrador, igualmente lo es comparar la toma de tribunas con los cierres del Congreso ordenados por Hitler o Mussolini.

En países políticamente desarrollados de vez en vez también ocurren camorras legislativas, pero suele haber mayor serenidad y moderación en la forma de interpretar los hechos. Por ejemplo, hace 12 años, durante una visita a Japón, me enteré de que los legisladores de un partido opositor (no recuerdo cuál) se habían encadenado a las puertas del recinto legislativo (de la Cámara baja), lo que impidió la entrada a sus colegas. Mis anfitriones japoneses me explicaron que lo hacían para evitar que se discutiera y aprobara una reforma con la que no estaban de acuerdo (y que no podían impedir con sus pocos votos en la dieta). El conflicto duró varios días y pudo destrabarse con algún tipo de negociación. Seguí con interés el desenlace y no recuerdo que entre las condenas y los análisis hubiera quien comparara a ese partido con los militares que en 1938 inutilizaron políticamente a la dieta. Es que aquí somos muy dados al melodrama (de ahí el éxito de las telenovelas y los culebrones). No digo que no se trate de algo grave y reprobable, pero no me parece equivalente a un golpe militar de los muchos que registra nuestra historia. Así, Enrique Krauze (a quien respeto y aprecio, además de coincidir con él en muchos temas) ofreció un diálogo a sus pares del otro lado, pero no sin antes comparar la acción del FAP con la disolución del Congreso bajo Iturbide, Santa Anna y Huerta (equiparando indirectamente a sus colegas de hoy con quienes en su momento legitimaron aquellos golpes). Eso está bien para los yunques, pero ¿Krauze? ¿Así se allana el terreno para un diálogo sereno y razonable como el propuesto por el historiador? No parece.

Las necesarias y útiles comparaciones históricas entrañan el riesgo de traspolar indebidamente las circunstancias y llevar demasiado lejos los paralelismos. Me parece por ejemplo tan excesivo acusar de nazis a los frentistas como hacerlo con los panistas (incluso, los tentados a desenfundar su pistola para hacer prevalecer el orden). No porque no haya en uno y otro lados huevos de serpiente que justo se incuban en la polarización, sino porque parece que ya se nos olvidó lo que en realidad significó el nazismo. En todo caso, y ante el riesgo de incurrir también en un exceso, el bloqueo parlamentario a propósito de un tema que el FAP considera ontológicamente inmutable, me recuerda los cercos y amagos al Congreso en 1838, provocados por algunos legisladores “nacionalistas” durante la Guerra de los Pasteles. El gobierno mexicano se había negado a pagar una suma que le pareció injusta para indemnizar a ciudadanos franceses afectados por nuestras permanentes reyertas. Por lo cual la escuadra francesa bloqueó varios meses Veracruz y nos causó grandes pérdidas comerciales. Una vez derrotados militarmente, conforme se prolongara el litigio, tendríamos que cubrir una indemnización mucho mayor que la original. Y ya no había forma de ganar esa guerra. Por lo cual, el gobierno y varios legisladores consideraron prudente mejor pagar, antes de que siguiera subiendo el costo de la compensación. Pero eso desató una ola patriotera en la que diversos legisladores se negaban a ceder. Era preferible derramar hasta la última gota de sangre mexicana que sufrir la humillación de la derrota (no había de por medio, como sí ocurrió después, la propiedad del territorio ni un imperio impuesto desde Europa). Incluso, los legisladores “nacionalistas” amenazaban con una revolución si el gobierno aceptaba pagar a los franceses. Y convocaron a sus adeptos a rodear el Congreso para intimidarlo. Uno de los patrioteros amenazó a un diputado que favorecía el pago: “Sepa usted que todos perecen si no se niegan a las pretensiones de los franceses”. El gobierno titubeaba, pero, pese a la “presión patriótica” contra el armisticio, finalmente decidió saldar cuentas con Francia y terminar con tan absurda situación. Sólo que, según Francisco Bulnes, en lugar de 200 mil pesos que originalmente pedían los franceses, tuvimos que pagar casi siete millones de pesos, sin contar las pérdidas comerciales por los meses de bloqueo portuario. Un nacionalismo mal entendido, dogmático al grado de impedir una reflexión racional de lo que más convenía al país. Aunque aquel episodio histórico tampoco es idéntico a la crisis actual, y el paralelismo pueda resultar excesivo, al menos parece menos extravagante que hacerlo con la disolución del Congreso por Huerta o Hitler. El caso es que traemos el melodrama en la sangre, qué le vamos a hacer. Un dramatismo malsano que abona el encono y la inestabilidad. De hecho, la actual rijosidad es en buena parte consecuencia de las campañas de lodo de 2006.

Visitante Uribe

¿Y si Pemex tomara el ejemplo de PDVSA?



"Para que una petrolera estatal sea eficiente debe tener autonomía de gestión", afirma Giusti

Luis Giusti hoy es uno de los gurús más influyentes en la industria petrolera global.

Giusti fue presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) de 1994 hasta 1999, cargo desde el cual emprendió una de las transformaciones más profundas que se conozcan en la industria petrolera mundial.

Desde 1990, año en que empezó a ocupar diversos cargos ejecutivos en PDVSA, Giusti comenzó el diseño de un ambicioso plan de apertura a la inversión privada y de incremento en la producción petrolera.

Cuando asumió la presidencia, consolidó sus reformas incorporando a una docena de compañías extranjeras en la explotación del crudo venezolano, lo que al país le ha representado un incremento de más de 40% en su producción petrolera e inversiones que superan los 35,000 millones de dólares (mdd).

En marzo de 1999, poco después de que Hugo Chávez asumiera la presidencia, Giusti fue despedido como presidente de PDVSA por el propio mandatario y en televisión.

Sin embargo, a casi ocho años del despido de Giusti, en Venezuela siguen operando las mismas petroleras extranjeras, y PDVSA continúa con las mismas alianzas y programas de ganancias compartidas que le han dado tantos réditos.

Contra la ortodoxia

Para llevar a cabo las reformas, Giusti tuvo que enfrentarse a un sentimiento nacionalista profundamente arraigado en el imaginario venezolano, que asociaba la apertura de la explotación petrolera con la pérdida de la soberanía nacional.

"Primero había que sacarle la carga dogmática al tema, y ese objetivo se logró precisamente ampliando la participación privada en las actividades petroleras", dice Giusti en entrevista con Expansión.

Esas y otras iniciativas le permitieron a Giusti ir cambiando poco a poco la mentalidad de los ciudadanos en torno al tema del petróleo; y al final de su presidencia, PDVSA se había ganado la confianza de los venezolanos como empresa eficiente y bien administrada.

Hoy en día, los resultados de esas iniciativas introducidas durante la administración de Giusti le significan a Venezuela 1.1 millones de barriles adicionales por día, 42% de su producción total, y han llevado a PDVSA a ubicarse como la segunda petrolera del mundo.

Pemex, paraestatal, precios…

A juicio de Giusti, para que una empresa petrolera estatal sea eficiente y tenga éxito, debe tener autonomía de gestión bajo un ente regulador, esquema dentro del cual destacó los ejemplos de la brasileña Petrobras y de la noruega Stat Oil.

"Eso, aquí en México, no existe. Yo me atrevo a decir que Pemex no es una empresa, sino un instituto paraestatal", dijo Giusti.

Para el directivo, la petrolera mexicana sobrelleva "una carga fiscal gigantesca que la tiene maniatada" y para conseguir recursos "tiene que estar haciendo cola con todos los programas propios de una democracia como la mexicana".

Sin embargo, dijo que la industria petrolera de México tiene un gran potencial, sobre todo en aguas profundas, y que hay una gran cantidad de empresas extranjeras que tienen sumo interés en invertir en el sector, pero el marco legal mexicano se los impide. "Es muy difícil invertir en México en las condiciones actuales. El espacio para invertir es muy restringido, no hay por dónde meterse", sostuvo.

Reconoció que Venezuela poseía un marco legal un tanto más flexible cuando llevó a cabo su apertura, y que el sentimiento nacionalista contra la participación de empresas privadas en el sector petrolero no estaba tan arraigado como en México.

Según Giusti, los mexicanos tendrán que decidir entre quedarse con Pemex como está (sometida a enormes presiones fiscales, sin recursos para invertir en exploración, importando gasolina), o buscar que otras firmas inviertan y corran el riesgo, sin perder la soberanía sobre el recurso.

20 de abril de 2008

¿Con la mirada perdida?


Míreme a los ojos


Hey, senador, míre a la cámara


Espérame tantito


¡¡Ah, caray!!


No se vaya a caer gobernador


¿Qué hacemos con López Obrador?

JORGE ZEPEDA PATTERSON

Ciertamente no es Hitler o Mussolini, pero es sorprendente la capacidad que tiene López Obrador para provocar ronchas a muchos ciudadanos, particularmente entre los sectores conservadores. Una y otra vez reaccionan de tal manera que terminan por vigorizar la figura pública de El Peje.

El spot de televisión transmitido en horario triple A en que se le compara a Victoriano Huerta, Pinochet y similar calaña por haber ordenado tomar el salón de sesiones de la Cámara, es tan desproporcionado y abusivo que ha resultado contraproducente. Para El Peje ha sido oro molido, pues confirma la noción de que existe una suerte de conspiración de odio en su contra. De verdugo del Congreso ha pasado a ser víctima de la derecha todopoderosa.

No coincido con varias decisiones de López Obrador y me parece que su estilo de liderazgo deja mucho que desear. Pero estoy convencido de que AMLO y las causas que representa son absolutamente indispensables para la salud de la República. Cada vez que el tabasqueño habla en contra de las instituciones y convoca a la movilización, una legión de analistas y comentaristas se queja de su irresponsabilidad y primitivismo político. Como si se tratase de una anomalía trasnochada en una sociedad democrática. “Hay problemas pero estos deben resolverse mediante el diálogo”, se dice; “los bloqueos y tomas de instituciones no caben en una sociedad con Estado de Derecho”, se afirma, con la convicción que sólo podría tener un alemán o un sueco.

El problema es que no vivimos en un Estado de Derecho, ni los problemas se resuelven con el diálogo, salvo que usted pertenezca al 20% de la población de mayores ingresos. Todos los días miles de mexicanos humildes son víctimas de tribunales y autoridades que operan a favor del poderoso o del que ofrece más. Háblenle del Estado de Derecho a Lydia Cacho, a las víctimas de Ulises Ruiz en Oaxaca, a los campesinos que suplican a un funcionario que ya vendió su caso. Más que un Estado de Derecho lo que padecemos es “el derecho al Estado” del que gozan algunos sectores privilegiados. ¿Cómo podemos hablar de “someterse al imperio de la ley” cuando los que se enriquecieron con el Fobaproa, el mayor robo en la historia de la Nación, lo hicieron legalmente? La reforma energética ofrece el mejor ejemplo. Si López Obrador y sus contingentes no hubieran irrumpido con sus sudores y malas maneras (cito a un crítico) la reforma habría sido acordada entre futuros beneficiarios, funcionarios federales y legisladores priístas. Fueron los gritos y sombrerazos, las denuncias fundadas e infundadas de El Peje, lo que obligó a definir esta reforma en un espacio verdaderamente público.

No sé si al final de todo esto tendremos una buena reforma, pero estoy convencido de que será mejor de la que podría haberse firmado tras bambalinas. En todo caso habrá de ser más representativa del sentimiento de la comunidad en su conjunto y mucho menos cupular de la que tenían cocinada. ¿Qué no trata de eso la democracia? Desde luego, los métodos de AMLO no son democráticos, pero son comprensibles si consideramos que los acuerdos “democráticos” son los que tienen que pasar y ser resueltos por Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa a partir de los intereses muy poco democráticos que ellos representan.

Insisto en que los mexicanos tenemos todo el derecho de desconfiar de la apertura al capital privado, habida cuenta de la cantidad de abusos que han generado privatizaciones y concesiones en el pasado. Eso no significa que debamos satanizarlas. Podrían ser la única solución para el quebranto energético que se avecina. Pero el Estado mexicano hasta ahora ha sido incapaz de impedir los excesos y abusos de los grupos privilegiados cada vez que ha abierto al mercado ámbitos de la esfera pública. No es posible encarar la apertura de Pemex sin antes agotar la discusión de las maneras en que habremos de asegurarnos de que no se multipliquen los Carlos Slim o Roberto Hernández, o peor aún, los Bribiescas. Que tome 50 días ó 100 ventilar estos asuntos es irrelevante si consideramos lo mucho que está en juego.

Es desagradable ver a los perredistas convertir la tribuna máxima en un tianguis. Pero, bien mirado, es un costo menor si ello obligó a examinar con atención el futuro del petróleo, nada más y nada menos que el mayor patrimonio de este País.

Hay un linchamiento mediático de López Obrador que muchos están “comprando”. Algunos se preguntan qué hacer con esta piedra en el zapato que constituye su movimiento. Yo diría que pese a su retórica y su populismo, López Obrador es imprescindible. No empareja el marcador pero impide la goliza. Lo peor que podemos hacer es pretender que la inconformidad social no existe. ¿Nos parecen de mal gusto sus expresiones? ¿Y de qué gusto son las inequidades e injusticias que padece la mitad más pobre del País? ¿Qué creíamos, que iban a votar cada seis años y sentarse a esperar a que llegue un empleo, un abogado honesto o un programa de Gobierno?

López Obrador no representa a los verdaderos pobres del País, se dice con frecuencia. Quizá. Pero canaliza la irritación que entre muchos mexicanos genera esa pobreza. Su desconfianza hacia la apertura al capital privado es la desconfianza de muchos. Antes de lincharlo y repudiar sus métodos habría que escuchar lo que nos está tratando de decir esa república olvidada que intenta hacerse presente.

El estancamiento tecnológico

ANDRÉS OPPENHEIMER

El principal problema de América Latina no es el presidente narcisista-leninista venezolano Hugo Chávez ni los líderes populistas que siguen sus pasos, sino el estancamiento de la región en tecnología de la información y del crecimiento en el área de la economía del conocimiento

Efectivamente, un nuevo ranking del Foro Económico Mundial muestra que México, Brasil, Argentina y muchos otros países latinoamericanos están perdiendo terreno a nivel mundial frente a las naciones de Medio Oriente, Asia y Europa del Este en materia de conectividad de internet.

¿Por qué es inquietante esta noticia? Los autores del ranking, titulado Índice Global de Tecnología de la Información, me señalaron que la conectividad es, cada vez más, la clave para lograr crecimiento a largo plazo.

Así como en el pasado los países necesitaban carreteras y puentes para exportar sus productos, en la actualidad también necesitan una buena infraestructura de internet para ser más competitivos en la economía global.

“La tecnología de la información se ha convertido en la tecnología base para todas las demás industrias”, me aseguró en una entrevista telefónica la coautora del informe, Irene Mía.

El ranking, que abarca 127 países, no sólo mide el nivel de acceso a internet en cada País, sino también el marco regulatorio, la burocracia estatal y el clima de negocios que les permiten ser, o no ser, tecnológicamente competitivos.

La lista ubica a Dinamarca, Suecia, Suiza, Estados Unidos y Singapur, en ese orden, a la cabeza de los países más “conectados” del mundo.

Dinamarca y Suecia ya encabezaban la lista en 2007, mientras que Suiza y Estados Unidos han ascendido varios lugares durante el último año.

La mayoría de los países latinoamericanos, por el contrario, han perdido terreno en este año:

• Chile, el País de la región que aparece más alto en la lista, cayó en el último año del puesto 31 al puesto 34.

• México descendió del lugar 49 al 58.

• Argentina tuvo una de las mayores caídas de la región, del puesto 63 al 77.

• Colombia cayó de la posición 64 a la 69.

• Perú descendió del puesto 78 al 84.

• Venezuela bajó del lugar 83 al 86.

¿Cómo se explica el descenso de América Latina en este ranking?

Los autores del estudio me señalaron que la caída de la región no se debe a que sus países hayan dejado de invertir en infraestructura de internet, educación o innovación, sino a que otros, en diferentes regiones, lo están haciendo a mayor velocidad.

O sea, los países latinoamericanos están avanzando, pero no tan rápido como los demás.

Corea del Sur, por ejemplo, está en el puesto número 9 a nivel mundial en este ranking, y Estonia (20), Eslovenia (30), Qatar (32) y Lituania (33) son todos países que se ubican por encima de Chile y los demás países latinoamericanos.

Soumitra Dutta, coautor del informe, me comentó que los países latinoamericanos pagarán un alto costo si no modernizan su área de tecnología de la información, en especial en lo que se refiere a la burocracia gubernamental y las trabas a las inversiones que impiden que el sector crezca a más velocidad.

“Hace cinco años, cuando visitaba Brasil o México y hablaba del éxito de las empresas de tecnología de la información de la India, me respondían: “Muy interesante, pero irrelevante”, afirma Dutta.

“Hoy, las empresas de tecnología de la información de la India ya les están robando negocios a las empresas locales en América Latina”, abundó.

La empresa india Tata Consulting, por ejemplo, acaba de ganar importantes licitaciones estatales en la Ciudad de México, Brasil y Chile.

Las compañías latinoamericanas corren el riesgo de seguir perdiendo negocios en sus países y el resto del mundo si no se modernizan, afirmó Dutta.

Mi opinión: el estancamiento tecnológico latinoamericano reflejado en el ranking se debe en parte a la bonanza de las exportaciones de materias primas de la región, que ha hecho que muchos países se duerman sobre sus laureles.

En muchas capitales de la zona existe la creencia de que los actuales precios récord del petróleo, la soya y otras materias primas durarán para siempre.

No será así. Y aunque así fuese, las materias primas no salvarán a América Latina.

No es casual que Singapur, Corea del Sur, Taiwan, Israel, Luxemburgo, y muchos otros países que ocupan los primeros puestos del ranking no tengan materias primas y, sin embargo, gocen de un bienestar mucho mayor al de países latinoamericanos ricos en recursos naturales.

La verdadera amenaza para el futuro de Latinoamérica, mucho más que Chávez y sus seguidores en Ecuador, Bolivia y Nicaragua, es la falta de inversión en educación, ciencia y tecnología.

Vivimos en la era de la economía del conocimiento, en que los productos de alta tecnología son los que más se cotizan, aunque muchos países de la región aún no se hayan dado cuenta.

15 de abril de 2008

La revolución de la bicicleta

Cada cierto tiempo, los ecologistas piden sobre sus bicicletas una humanización de la ciudad. En contra del caos del tráfico.

Los ciclistas cruzan una calle china de forma caótica… La escena se extrae de Return of the Scorcher, un documental a favor de la ecología filmado en 1992 por el realizador americano Ted White. Al principio, el espectador solo ve ciclistas aislados y dudosos. Poco a poco van siendo más numerosos, hasta formar, al final, eso que se llama una masa crítica. Llegan sin señal, esperando hasta que un grupo suficiente de ciclistas se les hayan unido. Una manera de oponerse a los automovilistas y a los conductores de camiones. Sin que el asunto degenere en altercado o accidente, los ciclistas infiltrados en la circulación, acaban por ser mayoría. La fuerza evocativa de esta escena, que cambia las tornas a una situación que ocurre a diario, es el origen de un movimiento mundial, la critical mass, la masa crítica. Este tipo de encuentros nació en San Francisco en los Estados Unidos, y se propagó por otras grandes ciudades del mundo, regularizándose poco a poco.

”Nostros somos la circulación”




La evolución bici-revolucionaria (Beyond20khz/flickr)


En Europa, el movimiento se ha hecho popular y ha encontrado adeptos en todas las grandes ciudades. Los participantes actúan sin ser capitaneados por ningún organizador, asociación u otro responsable. Estos encuentros tienen lugar cuando una convocatoria ha reunido a suficientes participantes. Pero el éxito de un encuentro es también fruto de la distribución de octavillas, del boca a boca y de anuncios difundidos por Internet.

Sin embargo, la masa crítica no debe ser considerada como una manifestación pública. Por otro lado, podemos leer sobre el sitio de Internet del grupo berlinés del movimiento: “No hacemos manifestaciones organizadas. ¡Nosotros somos la circulación!”. Los participantes de la masa crítica se reúnen simplemente porque quieren. No persiguen ningún objetivo político, no se unen por la defensa de una misma causa. Las manifestaciones no están anunciadas, cada uno debe respetar escrupulosamente las reglas de circulación y es responsable de sí mismo.

Este es el principio que diferencia a la masa crítica de otros grupos de ciclistas, como por ejemplo los rallies de bicicleta, que organizan la Allgemeine Deustche Fahrrad Club Berlin e.V. (ADFC) la Federación Alemana de ciclismo de Berlín. Así que, una vez al año, los ciclistas salen de todas partes en dirección a la Gran Estrella, la plaza central de la calle del 17 de junio de Berlín, la ADFC de Berlín anuncia el evento como una manifestación. Durante la última Sternfahrt, en español, circuito de la estrella, en junio de 2007, se reunieron 250.000 participantes venidos de toda Europa. Coincidió de forma intencionada con el día mundial del medio ambiente, para significar el compromiso de estos ciclistas por la protección del clima. Pero el movimiento reivindica también la bici como un medio seguro y bueno para la salud.

La bici-revolución en Budapest en 2007



¡Viva la revolución!

En Francia la ’bici-revolución’ se une a la masa crítica. En la llamada de París, los bici-revolucionarios piden la prohibición de los coches. Según ellos, toda la ciudad está hecha a la medida de los vehículos, que son la principal fuente de ruido, contaminación, de estrés y accidentes. Ellos acusan a los coches de una doble contaminación, visual y medioambiental. Los activistas señalan también que, al contrario que la bici, los vehículos concebidos para cinco personas son de media utilizados por 1,2 personas.

Los bici-revolucionarios reivindican, entre otras cosas, la colocación de zonas verdes que unan los barrios de la ciudad: pistas generosas para los patinadores, los ciclistas, los peatones y todos los otros medios de transporte no motorizados. Los bici-revolucionarios están atentos al compromiso de la ciudad, y no dudan en manifestarse en contra de proyectos de construcción concretos.

Bicicletas multicolor, sí. Coches contaminantes, no.

Aunque algunos están más politizados que otros, este combate común une a todo el mundo por la defensa de los derechos del ciclista contra la motorización general que reina en las ciudades. En la cabeza de los activistas ronda la idea de un nuevo urbanismo ecológico, en el que las bicicletas ocuparían un lugar central. El punto en común de todos estos movimientos es la petición de una reapropiación colectiva de la calle. De un lado, un desfile multicolor de ciclistas, haciendo ruido y adornados con banderas. Del otro, la tristeza de un trozo de metal que apesta.

En Hanover, la primera manifestación en bici organizada por los habitantes, en mayo de 2007


Riqueza ilegítima

Javier Corral Jurado

En medio de su empeño por sacar adelante la reforma energética, el gobierno del presidente Felipe Calderón deberá enfrentar el asunto más relevante del informe que la Auditoría Superior de la Federación reportó de la cuenta pública 2006: el caso Unefon. La actuación que tengan en este asunto tanto la Secretaría de la Función Pública como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes marcará un derrotero para el conjunto de la administración federal en el combate a la corrupción, porque se pone a prueba uno de los compromisos presidenciales más señalados.

Aunque el caso de Unefon se ha ventilado en últimos días, sobre todo en Televisa, no está demás advertir que el asunto atraviesa tres gobiernos —Zedillo, Fox y Calderón— y cruza de alguna manera los intereses de las televisoras. De ahí que cada versión, según el medio o columnista, ponga mayor énfasis en el origen o en el final de la historia. Para mí es una sola historia, de la que conocí elementos desde cuando presidí la comisión de RTC de la Cámara de los Diputados, porque el asunto data de 1998 y lo que hoy vivimos no es casual, sino una suma de faltas éticas y jurídicas.

Unefon obtuvo en 1998, mediante subasta, concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico para operar telefonía móvil; presentó una oferta alta y se llevó excelentes posiciones de mercado. Era el tránsito digital de la telefonía celular a través de los personal communications systems, PCS. Del total de las nueve zonas en que se dividió el país para esa licitación, el gobierno pretendió obtener mil millones de dólares. No lo logró porque un ganador, Unefon, no cumplió con el pago de la contraprestación ofrecida. Pidió una prórroga y la autoridad, en lugar de hacer respetar las bases de la licitación —la primera de espectro que se daba en el país— y revocarle la concesión, le autorizó no una, sino dos prórrogas en distintos momentos.

Con ignorancia supina o conocimiento deliberado, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el entonces secretario de Comunicaciones de Zedillo “condicionaron” las prórrogas al pago de intereses, lo que Unefon aceptó hábilmente. Meses después iniciaba ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa un juicio de nulidad sobre el pago indebido de esos intereses, por ser una contraprestación que ni Cofetel ni SCT podían fundamentar con base en la ley. En efecto, seis años después, ese tribunal declaró ilegales los intereses, pero dejó constancia de que lo procedente era el cobro de recargos “para los casos de prórroga”. Luego volvió a confirmar, en sentencia en 2006, la ilegalidad de ese cobro de intereses.

Desde que se emitió la primera sentencia del TJFA hasta la segunda sentencia interlocutoria, la SCT recibió diversas opiniones de los distintos responsables de la unidad de asuntos jurídicos en el sentido de que tales sentencias “no ordenan que se devuelva cantidad alguna”, o “no se desprende que el TJFA… haya condenado a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, es decir, únicamente declaró la nulidad de la negativa ficta, cuyo alcance sería para el efecto de que esta secretaría entrara al estudio de revisión interpuesto por la actora”.

Sin embargo, de manera súbita, procesado en un día y medio, mediante seis oficios que fueron y vinieron en cuestión de horas entre la SCT y la empresa, y en el último día de la administración Fox, Unefon recibió 550 millones de pesos por devolución del pago indebido de intereses. No se le requirió recibo alguno, y mucho menos un finiquito legal. Se le dejó abierta una contingencia al Estado por 3 mil 057 millones de pesos, cantidad adicional que ahora reclama Unefon, pues cuando recibió la notificación del pago de los 550 millones de pesos asentó con su puño y letra el representante legal: “Recibí original y quedo notificado de su contenido, bajo reserva expresa del derecho a reclamar los accesorios de la cantidad histórica que se devuelve”. Y aun así se le pagaron.

Tanto en 1998 como en 2006 los funcionarios responsables argumentan que Hacienda autorizó en un caso el cobro de los intereses y fijó su tasa, y que en la devolución de éstos estuvo su instrucción. Peor aún, pues de la lectura de éste se desprende que una de las funcionarias que firmó esa instrucción, Ana Bertha Thierry Aguilera, fue acreditada por Operadora Unefon el 24 de marzo pasado como una de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones en su nombre en el juicio que se sigue en la sexta sala regional metropolitana del TJFA para el cobro de los “accesorios”.

Esta es la historia de otro abuso mediático sobre el erario que le ha permitido a esa compañía incrementar ilegítimamente su patrimonio; nadie puede beneficiarse de un acto ilegal. Esto pone a prueba a la actual administración federal, primero para recuperar ese pago indebido y luego para sentar un antecedente ejemplar en materia de responsabilidades públicas. De lo contrario el mensaje de impunidad sería suicida y autodestructivo para el proyecto de gobierno.

Profesor de la FCPyS de la UNAM